El Gobierno y las Farc presentaron en La Habana el acuerdo sobre el quinto punto de la agenda de negociación.
Se necesitó poco más de un año y medio para que el Gobierno y las Farc lograran un acuerdo en el punto sobre víctimas. Ese asunto, a juicio de los propios negociadores, ocupa un lugar central en el proceso para la terminación del conflicto y representó un reto mayúsculo por incluir —además de lo relacionado con verdad, reparación y garantías de no repetición— el tema de justicia.
En la declaración conjunta de las delegaciones, presentada este martes en La Habana, el Gobierno y las Farc definieron pormenores del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que se pondrá en marcha cuando haya un acuerdo que dé fin al conflicto. Además, insistieron en su compromiso con la promoción, el respeto y la garantía de los derechos humanos.
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Los principios del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no repetición
Las partes explicaron que el principio central de este Sistema es el reconocimiento de las víctimas “como ciudadanos con derechos”; que su fundamento es que “debe existir verdad plena sobre lo ocurrido,” y que quienes participaron de forma directa o indirecta en el conflicto deberán reconocer sus responsabilidades.
Para cumplir con el propósito de garantizar los derechos de las víctimas, ese sistema contempla mecanismos judiciales y extrajudiciales que serán complementarios y tendrán el objetivo de ayudar al esclarecimiento de la verdad y a la reparación integral.
El modelo de justicia transicional
La Jurisdicción Especial para la Paz “estará constituida por una serie de salas de justicia, entre las que se incluye una Sala de Amnistía e Indulto, y un Tribunal para la Paz, para administrar justicia e investigar, esclarecer, perseguir y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario”.
Esos organismos actuarán de forma autónoma y preferente sobre los asuntos de su competencia. Eso significa que serán los únicos en conocer los casos y los que tendrán la última palabra en los procesos que sean objeto de esa jurisdicción especial.
Sus objetivos, de acuerdo con lo dado a conocer este martes, son “satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, ofrecer verdad a la sociedad colombiana, proteger los derechos de las víctimas, contribuir al logro de una paz estable y duradera, adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participan de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno, y deberá hacer énfasis en el fin de la impunidad”.
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La reparación
Agrega la declaración que el Sistema tiene como principio la “premisa de no intercambiar impunidades, teniendo en cuenta además los principios básicos de la Jurisdicción Especial para la Paz, entre los que se contempla que “deberá repararse el daño causado y restaurarse cuando sea posible”.
En concreto, sobre la responsabilidad que asumirán una vez desmovilizadas, las Farc se comprometieron a contribuir a la reparación material e integral de las víctimas sobre la base de los hechos que el Tribunal para la Paz reconozca como ciertos y atribuibles a esa organización.
Amnistías e indultos
El acuerdo incluye un capítulo específico sobre los contenidos, alcances y límites de la concesión de amnistías e indultos, indicando entre otros aspectos que “el Estado colombiano puede otorgar la amnistía más amplia posible. Pero no serán objeto de amnistía, ni indulto, ni beneficios equivalentes, los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, entre otros graves crímenes y violaciones a los derechos humanos'”.
El futuro de la lucha contra el crimen
En el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz, como una forma de garantizar la no repetición, se creará una unidad de investigación y desmantelamiento de organizaciones criminales, que incluirá entre sus objetivos a las bandas sucesoras del paramilitarismo. Este ha sido un requerimiento reiterado por parte de las Farc.
El enfoque diferencial
La declaración insiste en el enfoque diferencial del sistema, partiendo de las diferentes formas de victimización en cada territorio y población, pero también de las diferencias de género.
El Gobierno y las Farc explicaron que en la construcción del acuerdo se hizo énfasis “en medidas restaurativas y reparadoras”, y que se pretende alcanzar justicia no sólo con sanciones punitivas.
Otro énfasis está en tres procesos que ya comenzaron: el compromiso, anunciado a finales de mayo, de crear una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, el desminado conjunto y la puesta en marcha de una Unidad Especial para la Búsqueda de Personas Desaparecidas.
El papel de las víctimas en la construcción del acuerdo
Más de 3.000 víctimas participaron en cuatro foros en Colombia organizados por las Naciones Unidas y la Universidad Nacional, y 60 víctimas viajaron a La Habana para dar sus testimonios directos y ofrecer sus recomendaciones.
Además, a la mesa llegaron más de 17 mil propuestas que enviaron las víctimas y demás ciudadanos; así como 18 organizaciones colombianas de mujeres y 10 expertas en violencia sexual, que fueron oídas por las delegaciones en pleno.
“Todas las propuestas que recibimos de las víctimas fueron fundamentales para el logro de los acuerdos”, dice el comunicado conjunto.
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