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La sentencia que asegura derechos fundamentales para los niños wayúu
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La sentencia que asegura derechos fundamentales para los niños wayúu

Colaborador ¡Pacifista! - junio 15, 2018

La Corte Constitucional emitió una sentencia esperanzadora para miles de niños wayúu que sufren en carne propia la crisis humanitaria de La Guajira. Un grupo de investigadores de Dejusticia visitó el departamento para entender la situación. Por: Carolina Mila - Dejusticia

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Foto: Luis Ángel – Dejusticia

La Guajira no se parece a ningún otro departamento de Colombia. Contiene la zona desértica más extensa del país y la mayor concentración de población indígena. Es rico en carbón, gas, sal y energía eólica, por los vientos alisios que soplan fuerte todo el año. Es pobre en agua, alcantarillado, infraestructura y seguridad alimentaria. En sus entrañas esconde algunas de las playas más hermosas del país y una de las peores tragedias de nuestra historia reciente: sus niños y niñas se vienen muriendo de hambre desde hace mucho tiempo.

En 2016 la CIDH reportó que según informes remitidos por distintas fuentes, en los últimos ocho años habrían muerto 4.770 niños de la comunidad wayúu por problemas asociados a la desnutrición y falta de agua potable. Y ese mismo año, múltiples entidades del Estado fueron objeto de una tutela interpuesta por el ciudadano Elson Rafael Rodríguez, por la muerte de 266 menores en el departamento, entre 2015 y 2016, por las mismas razones.

Actualmente, el departamento cuenta con la cifra más alta de mortalidad infantil por desnutrición en el país en menores de cinco años –20 niños por cada 100 mil, mientras que el promedio nacional es tan solo de 2–, y se calcula que un niño wayúu tiene sesenta veces más probabilidad de morir por desnutrición que un niño de la capital.

Por fortuna, y porque ya era hora, la Corte Constitucional acaba de emitir una sentencia sin precedentes, en la que declara el estado de cosas inconstitucional en el departamento. Esto significa que por primera vez, la Corte reconoce la vulneración de los derechos constitucionales a la salud, al agua potable, la alimentación y la participación étnica que afecta a un número significativo de personas en La Guajira, “en especial niñas y niños wayúu”, por fallas de las entidades del Estado.

Foto: Luis Ángel – Dejusticia

Una sentencia importante y esperada, en la que por primera vez se declara un estado inconstitucional de cosas “con relación a los derechos de los niños en Colombia”, y específicamente “de los niños indígenas”, como explica Mauricio Albarracín, director de litigio en Dejusticia –organización que intervino a favor de la tutela–.

En el fallo la Corte fijó unos objetivos mínimos para salir de la crisis actual que incluyen el aumento de la accesibilidad y calidad del agua, y una mejora en la calidad y cobertura de los programas de atención alimentaria. Así como el aumento y mejora de las medidas inmediatas en materia de salud a cargo del Gobierno Nacional.

Para entender mejor la situación a dos años de haberse interpuesto la tutela y para comprender el impacto que podría tener esta sentencia, seis investigadores de Dejusticia recorrimos la Alta Guajira durante una semana. Estos fueron algunos de nuestros hallazgos.

Agua

La Alta Guajira es el área más extensa y desértica del departamento, donde el 95 % de la población pertenece al pueblo wayúu. Es la zona que bordea el mar, pero donde el agua dulce es más escasa. Después de llegar a la cabecera municipal de Uribia, la carretera pavimentada se termina y se abre el desierto infinito. Para transitar en carro por la Alta Guajira es necesario conocer el camino. Los conductores wayúu lo conocen de memoria y se guían por la forma de las dunas, la vegetación, o algún leve cambio de color en el terreno.

En esta zona además de los centros poblados más grandes como Nazareth, Puerto Estrella y Tawaira, hay numerosas rancherías desperdigadas por el territorio en las que se agrupan una o dos decenas de familias. Ninguna tiene acceso a agua potable, ni alcantarillado. En el camino es muy común encontrar peajes improvisados por los niños con palos y cuerdas que solo bajan cuando los conductores de los carros les dan agua o galletas.

El antropólogo y ex gobernador encargado Wieldler Guerra explica que no es posible entender el fenómeno del hambre en La Guajira sin entender el fenómeno de la falta de agua (Guerra fue nombrado gobernador en el 2017 cuando el electo Wilmer González Brito fue removido del cargo por presunta corrupción electoral). Guerra explica que el hambre es sobre todo “un fenómeno estacional ligado a las estaciones secas”. Esto significa que el hambre se agudiza cuando no llueve. En el departamento debería llover de septiembre a diciembre pero la sequía puede extenderse hasta por dos años. Si no hay agua no hay cultivos, ni tampoco animales.

Foto: Luis Ángel – Dejusticia

En lo que corre del año no ha llovido en La Guajira y el agua recogida en los jagüeys se está terminando. Los jagüeys son unos repositorios cavados en la tierra para acumular agua lluvia, que cuando se llenan, tienen forma de lagunas artificiales. Las comunidades también utilizan pozos cavados a profundidad para extraer el agua de abajo de la tierra. Pero ninguna de estas fuentes de agua es limpia. Las cifras señalan que en la Alta Guajira cerca del 97,7 % de las comunidades rurales deben recurrir a estas fuentes contaminadas. En su sentencia, la Corte acaba de reconocer la grave vulneración del derecho al agua de las comunidades wayúu de la Alta Guajira: “No es suficiente que tengan a su disposición pozos o jagüeyes, si el agua que se obtiene de ellos no es apta para el consumo humano”.

En nuestro paso por los corregimientos de Buenos Aires, Nazareth y Tawaira, pudimos comprobar que existen pozos profundos y plantas desalinizadoras en lugares como Siapana, Nazareth, Castilletes, Flor de La Guajira y Puerto Estrella, que podrían ser la solución al problema del agua pero que en la realidad han funcionado de manera intermitente por problemas de mantenimiento y administración local.

En este momento, los recursos del departamento para la educación, la salud y el agua potable se encuentran en manos directas del Estado hasta el 2020 para evitar despilfarros. Pero Guerra, al igual que la sentencia, explica que es fundamental crear la capacidad local para administrar y concertar con las autoridades locales.

Seguridad alimentaria

La escasez de alimentos y de agua no es un tema nuevo en La Guajira. Se registra en documentos coloniales desde el siglo XVIII y está presente en la mitología wayúu en la figura Jamu, un ser atravesado por flechas que persigue a los indígenas con sus dardos de hambre.

Hoy el hambre en La Guajira se entiende como un fenómeno multicausal que está relacionado entre otras cosas con la dejación estatal, la corrupción, las difíciles condiciones climáticas del departamento, la falta de comprensión de la cultura wayúu y sus tradiciones alimentarias y, más recientemente, el desabastecimiento de alimentos que llegaban de Venezuela a la Alta Guajira, por la actual situación del vecino país.

En nuestro paso por la Alta Guajira pudimos comprobar que el cubrimiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en las escuelas de Buenos Aires, Nazareth y Tawaira ha mejorado con respecto al año pasado, pero que todavía no es total.

Foto: Luis Ángel – Dejusticia

El PAE es un programa del Ministerio de Educación que no fue creado como un programa de atención alimentaria, sino con el objetivo de incentivar el aprendizaje de los niños y disminuir el ausentismo escolar, pero se volvió fundamental en La Guajira. El Programa ofrece un complemento al desayuno que debería representar un 20 % ó 30 % de la alimentación diaria de los niños, pero ante la escasez de alimentos y agua en el departamento, en la realidad representa más de la mitad de lo que los niños consumen al día.

Además de mejorar la calidad y cobertura de este tipo de programas, junto con los programas del ICBF, la sentencia señaló la necesidad de mejorar e incentivar la seguridad alimentaria, que implica que el pueblo wayúu pueda abastecerse a sí mismo, sin volverse dependiente de la asistencialismo del gobierno.

El ex gobernador Wieldler Guerra explica que hubo un tiempo en que el modelo de la economía tradicional indígena de agricultura y pastoreo fue exitoso “durante 400 años o más”. Pero que hoy en día la relación de las familias wayúu con el entorno ha cambiado. Muchos de los programas sociales del gobierno han modificado sus usos y costumbres y hay un menor conocimiento del aprovechamiento de los recursos del desierto.

Un punto fundamental de la sentencia la Corte fue la implementación de políticas públicas que garanticen la seguridad alimentaria de los wayúu sin interferir con sus tradiciones: “de nada sirve proveerles alimentos si estos no son acordes con sus costumbres”.

Salud

Una de las mayores dificultades del territorio guajiro es su extensión y la dispersión de sus poblaciones. Existen pocos centros de salud cercanos a las rancherías y los lugares donde se asientan las comunidades indígenas. Sin vías es costoso y demorado llegar a los hospitales de las cabeceras municipales.

Por eso es común que de los hospitales municipales se hagan visitas extramurales periódicas a las comunidades. En Tawaira comprobamos que estas se hacen una vez al mes desde el Hospital de Nazareth –nivel I– pero que no son suficientes.

Guerra señala que la ley 100 afectó negativamente el manejo de la salud en La Guajira. Antes había promotores indígenas que trabajaban en las veredas y en los corregimientos, pero la ley 100 trajo un modelo mercantil y frío, que disminuyó la promoción y prevención en salud.

En el 2017, las muertes de los menores lograron reducirse en un 44 % en gran parte gracias al aumento de esos equipos extramurales que trabajan en terreno buscando a los niños y niñas desnutridos.

En la sentencia, la Corte es clara en afirmar que el Estado debe asegurar los servicios de salud a todos los habitantes del territorio nacional y en especial a los sectores más vulnerables y marginados como las minorías étnicas.

Foto: Luis Ángel – Dejusticia

La sentencia también aclara que el agua potable y la seguridad alimentaria son el primer paso para asegurar la salud de la población. Como lo explicó el gerente del hospital de Nazareth, William de Jesús Curvelo, los niños que llegan al hospital por desnutrición suelen recuperarse, pero al volver a sus rancherías reinciden por falta de alimentos y agua.

Esta sentencia llega en un momento crítico, con un detallado plan de trabajo que contempla también unos plazos. En seis meses las entidades nacionales y territoriales deberán ponerse de acuerdo en diseñar conjuntamente indicadores y acciones para el cumplimiento de los objetivos mínimos constitucionales planteados en el fallo. Un plazo del que toda la ciudadanía debería estar pendiente.