Aunque a muchos colombianos les parezca que la exsenadora no es víctima, lo es. Un recuento de los hechos que han marcado su vida.
Hace exactamente un año viajaba a La Habana, Cuba, la última delegación de víctimas que se reuniría frente a frente con la mesa de negociaciones entre las Farc y el Gobierno. El grupo de doce personas estaba conformado, entre otros, por una lideresa afro desplazada por bandas criminales, el hijo de un abogado asesinado por paramilitares y un exmilitar que perdió el ojo derecho en una explosión causada por las Farc. También estaba la exsenadora liberal Piedad Córdoba, quien ayer volvió a Cuba para acompañar la firma del acuerdo sobre el punto de Víctimas.
La inclusión de Piedad Córdoba en la delegación causó rechazo inmediato en algunos sectores de la sociedad. Los cuestionamientos más fuertes vinieron por parte de políticos del Centro Democrático, como el senador Ernesto Macías, quien dijo que “se supone que quienes deben viajar deben ser víctimas de las Farc y hasta donde se ha conocido la exsenadora no es víctima de este grupo guerrillero. Por el contrario, es muy allegada”. Ese fue el argumento más usado: que la exsenadora habría simpatizado con las Farc en lugar de haber sido su víctima.
Hay que ir por partes. Una de las premisas del argumento contra la senadora es que, por supuestos nexos con las Farc, fue destituida e inhabilitada para ejercer cargos públicos durante 18 años. El procurador, Alejandro Ordóñez, sí la sancionó en 2010, y la Corte Constitucional dejó en firme su destitución el año pasado. Sin embargo, Piedad calificó el hecho como una “persecución política” y dejó un manto de duda sobre la contundencia de las pruebas, sobre todo porque ella estaba autorizada para dialogar con las Farc y negociar la liberación de secuestrados. A pesar de su defensa, muchos sostienen que se extralimitó en su relación con las Farc y les entregó más información de la que debía.
De la premisa de la destitución sigue que no fue víctima de las Farc. En eso tienen razón quienes rechazan su viaje a La Habana. En lo que se equivocan es en que ser víctima de las Farc sea una condición necesaria para integrar la delegación. De hecho, en ese último grupo, además de víctimas de las Farc, había cinco de paramilitares, una del ELN y una del Estado.
El argumento de no ser víctima directa de las Farc habría sacado de la mesa, por ejemplo, a siete de las diez víctimas que viajaron a acompañar el anuncio del acuerdo sobre los derechos de las víctimas. No viajaría Jineth Bedoya, víctima de violencia sexual por paramilitares; ni Yanette Bautista, hermana de una desaparecida por el Estado; ni Marisol Garzón, hermana de Jaime Garzón, asesinado por sicarios de las AUC.
Desde que se anunció la creación de un grupo de 60 víctimas para hablar con el Gobierno y las Farc, la mesa de negociaciones aclaró que a través de los elegidos se debía “reflejar todo el universo de violaciones de los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario”. Es decir: había que escoger 60 personas entre al menos 7 millones de víctimas de todos los crímenes que han ocurrido durante el conflicto armado. Esos crímenes no fueron cometidos solo por las Farc, sino por otras guerrillas, por paramilitares, por bandas criminales y por miembros del Estado.
Piedad Córdoba, bajo esas condiciones, sin duda es víctima. El primero de los hechos victimizantes fue su secuestro, en 1999, por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia. Desde el 21 de mayo, y por 16 días, estuvo en cautiverio. Carlos Castaño, entonces vocero de las AUC, la llevó a un campamento en las montañas de Antioquia y la acusó de ser tesorera del ELN. Al final, decidió no matarla y dejarla libre. Poco tiempo después, Piedad terminó exiliándose en Canadá con sus hijos.
Además, en 2008, durante la presidencia de Álvaro Uribe, la exsenadora fue víctima de seguimientos e interceptaciones ilegales por parte del DAS, en lo que se conoció como “chuzadas”. La Subdirección de Contrainteligencia obtuvo ilegalmente información personal y familiar de Piedad: la siguieron en Colombia y en el exterior, le interceptaron los correos, los teléfonos y las cuentas bancarias, a ella y a algunos de sus allegados, y además recibieron información de su propio sistema de protección.
Un historial de seguimientos, amenazas, secuestro y exilio por parte de distintos actores del conflicto armado la convierten en víctima. Sus enemigos políticos podrán no compartir su pertenencia a Marcha Patriótica, un movimiento que fue señalado por el Estado y grupos de derecha de estar infiltrado por las Farc, o su cercanía con el expresidente venezolano Hugo Chávez; pero Piedad cumple las condiciones que la mesa de negociaciones exigió para que el PNUD, la Universidad Nacional y la Conferencia Episcopal escogieran las 60 víctimas que representarían a los colombianos que han sufrido la guerra.
