Estos son algunos de los empresarios (y las empresas) investigados por financiar a los ‘paras’

Revisamos las 40 sentencias que han salido de Justicia y Paz para contarles quiénes y por qué están en el radar de la Fiscalía.

Si el “sí” gana el plebiscito que busca refrendar los acuerdos entre el Gobierno y las Farc, el país tendrá que enfrentar importantes reformas institucionales. Una de ellas es la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el segundo escenario de justicia transicional que operará en Colombia después de una década de implementación de la ley de Justicia y Paz.

A diferencia del modelo que eligió el Congreso en 2005 para juzgar a los responsables del fenómeno paramilitar, la JEP que diseñaron el Gobierno y las Farc procesará no sólo a los excombatientes, sino también a los agentes estatales y a los civiles que financiaron o colaboraron voluntariamente con grupos paramilitares. Con el fin de ir abonando el camino para juzgar a los civiles que se involucraron con los ‘paras’, un grupo de fiscales asumió a finales de 2015 la tarea de centralizar e impulsar las pesquisas sobre “paraeconomía” en ocho regiones.

Entre los insumos con los que cuenta el equipo se encuentran más de 13 mil órdenes de investigación contra presuntos colaboradores del paramilitarismo que han expedido los fiscales y magistrados de Justicia y Paz. La última de esas solicitudes salió el pasado 11 de julio del Tribunal Superior de Bogotá, que en su sentencia contra un excomandante del frente Héctor Julio Peinado Becerra de las Autodefensas Unidas de Colombia le pidió a la Fiscalía que indagara por la presunta responsabilidad de empleados de la empresa de gaseosas Postobón en la financiación de esa estructura paramilitar.

El nombre de la compañía, que anunció medidas legales, se suma a la lista de más de 120 empresarios y empresas que han sido mencionados en las sentencias de Justicia y Paz. De ese número, los magistrados pidieron expresamente que se investigara a seis personas, conjuntos de gremios económicos e instituciones privadas por financiación de grupos paramilitares.

Estos son los seis individuos, empresas y grupos que integran esa lista y que, si así lo decide la justicia, podrán pasar a la JEP o ser incluidos en los análisis de la Comisión de la Verdad:

Chiquita Brands

En diciembre de 2011, en su sentencia contra el excomandante paramilitar Fredy Rendón Herrera, el Tribunal de Bogotá le pidió a la Fiscalía que investigara y persiguiera los bienes de las filiales o sucursales en Colombia de la multinacional del banano Chiquita Brands.

Según consta en el fallo, el desaparecido jefe de las AUC Carlos Castaño y el entonces Director General de Banadex S.A., una filial de Chiquita, se reunieron en 1997 para “acordar los montos de los aportes” que la multinacional le haría a los paramilitares a cambio de prestar seguridad en las plantaciones bananeras y acabar con los sindicatos de la agroindustria del banano en el Urabá antioqueño.

Entre ese año y 2004, cuando se desmovilizó el bloque Bananero de las AUC, la compañía le habría entregado a los ‘paras’ un millón 700 mil dólares en aportes. El cálculo lo hizo la misma empresa ante una corte federal de Estados Unidos, donde dijo que había pagado esos dineros bajo presión, por lo fue condenada a pagar una multa de 25 millones de dólares.

En la sentencia del Tribunal de Bogotá también se dijo que en 2002 las AUC ingresaron tres mil fusiles y dos y medio millones de cartuchos a territorio colombiano “a través del puerto privado de Banadex” en Turbo (Antioquia).

Los gremios del Urabá antioqueño

En su sentencia de octubre de 2013 contra el excomandante paramilitar Hébert Veloza García, alias “HH”, el Tribunal de Bogotá le ordenó a la Fiscalía que investigara “a los comerciantes, ganaderos y bananeros de Urabá que presuntamente resultaron implicados con la financiación, colaboración o máximos beneficiarios con el accionar del bloque Bananero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu)”.

Los magistrados realizaron la solicitud con base en las declaraciones que le entregaron a la justicia alias “HH” y Raúl Emilio Hasbún, un empresario del banano que comandó el frente Árlex Hurtado del bloque Bananero.

Termotasajero

En un fallo de octubre de 2014 contra el extraditado jefe paramilitar Salvatore Mancuso, el Tribunal de Bogotá le dijo a la Fiscalía que iniciara “las indagaciones tendientes a dilucidar la participación de personas pertenecientes al comercio, gremios económicos, casas de cambios, empresas prestadoras de servicios públicos y otras entidades como Termotasajero y demás personas que se dice financiaron y auspiciaron la llegada y consolidación del bloque Catatumbo”.

En la sentencia se incluyeron las declaraciones del también exjefe de las AUC Jorge Iván Laverde, alias “El Iguano”. Laverde dijo que en enero de 2001 se reunió con un emisario de Jorge Martínez, el “representante” de la Central Termoeléctrica de Tasajero (Termotasajero), una generadora de energía ubicada en Norte de Santander. En ese encuentro, el delegado de la empresa le habría entregado $300 millones y se habría comprometido a pagar $5 millones mensuales, que se habrían cancelado hasta mayo de 2004. Según el ‘expara’, con esos recursos se compraron “45.000 cartuchos para fusil AK-47 y 30 fusiles entre M-16 y FAL”.

Los contactos entre paramilitares y directivos de la empresa, de acuerdo con Laverde, se habrían sostenido desde 1999, cuando las partes habrían acordado que las AUC le prestarían seguridad para frenar las “extorsiones por parte del frente 33 de las Farc y de la columna Juan Fernando Porras del ELN”.

Los gremios del Catatumbo

En el fallo de octubre de 2014 contra Salvatore Mancuso también se reportaron reuniones entre paramilitares y representantes de los ganaderos, mineros, transportadores, comerciantes, arroceros y dueños de casas de cambio del Catatumbo para acordar aportes económicos a las Autodefensas. El exparamilitar Jorge Iván Laverde aseguró que “ellos nos recibieron de una forma muy amable, muy contentos, diciendo que la guerrilla los tenía cansados, que no los dejaba ir a sus fincas, que las ‘vacunas’, que los secuestros, que el robo de ganado, etc.”.

Por esa razón, el Tribunal le pidió a la Fiscalía que investigara el papel de los gremios de Norte de Santander en el fortalecimiento del paramilitarismo.

Jorge Gnecco Cerchar

Aunque el empresario, exdiputado y paramilitar Jorge Gnecco Cerchar fue asesinado en 2001, el Tribunal de Bogotá le pidió a la Fiscalía en el fallo contra Magonez que investigara qué papel había jugado Gnecco en la conformación del bloque Norte de las Auc.

Según consta en la sentencia, a mediados de los 90, Gnecco trabajaba como contratista de la multinacional del carbón Drummond en el sector transporte. Desde esa posición, creó un grupo paramilitar para proteger los cargamentos de carbón que salían de las minas en el Cesar y se dirigían al puerto de la compañía, ubicado en Ciénaga (Magdalena). El objetivo era “evitar que la guerrilla atentara contra las caravanas de camiones”.

El fallo también asegura que Gnecco era “amigo personal” del desaparecido jefe de las AUC Vicente Castaño y que “se concertaba para delinquir” con ese paramilitar, al punto de planear asesinatos de manera conjunta. Por eso, el Tribunal le pidió a la Fiscalía que “especifique las relaciones que (Gnecco) tuvo con (los jefes de las AUC) Carlos Castaño Gil, Vicente Castaño Gil, Salvatore Mancuso Gómez y Rodrigo Tovar Pupo”.

Asimismo, le solicitó que determinara “cuáles fueron las relaciones contractuales” entre Gnecco y Vicente Castaño en temas de “compra o venta de bienes inmuebles, en negocios con palma africana, en empresas fachada para dinamizar el lavado de activos, etc.”. También, que hiciera “referencia sobre los recursos económicos que manejaba el señor Gnecco Cerchar al interior de las denominadas AUC y qué relación tenía con el narcotráfico y el lavado de activos”.

Carlos Lacouture Dangond

En julio de 2015, en sentencia contra José Gregorio Mangonez, el Tribunal de Bogotá le solicitó a la Fiscalía que investigara al terrateniente y empresario bananero del Magdalena Carlos Lacouture Dangond “por su presunta participación como promotor, financiador o auspiciador de grupos armados ilegales”.

La razón reposa en una tutela que presentó en 2003 el presidente de la seccional Ciénaga del Sindicato de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (Sintrainagro), en la que se aseguraba que Lacouture, dueño de las fincas bananeras Sara Bretaña y La Isla, había amenazado a sus trabajadores luego de que se afiliaran al sindicato para negociar mejores condiciones laborales.

Según la denuncia, el empresario les habría dicho a los empleados: “Yo no gusto de los sindicatos. Dense cuenta de los problemas que se acarrean cuando se forman los sindicatos. A mis oficinas llegaron unas personas de las autodefensas y me solicitaron la lista de todas las personas afiliadas al sindicato y particularmente de sus directivos, pues a ellos tampoco les gustan los sindicatos. Les recuerdo, una vez se intentó formar un sindicato en esta zona y llegaron las autodefensas y los amenazaron”.

En octubre de 2003, la Corte Constitucional falló la tutela a favor de los trabajadores y le exigió a Lacouture que cesara las amenazas y la persecución. La decisión motivó al Tribunal de Bogotá a pedir que se investigara al empresario.

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Recientemente, y por cuenta de la orden de investigar a empleados de Postobón, el grupo de investigación “Estado, conflictos y paz” de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana elaboró una base de datos “sobre las empresas colombianas y extranjeras que han sido mencionadas en las sentencias de Justicia y Paz como presuntas colaboradoras de los grupos paramilitares”.

Se trata de una relación de todas las personas y compañías que han sido incluidas en los análisis y contextos que hacen parte de los fallos, aunque la mayoría de ellas no hayan recibido orden de investigación por parte de los magistrados.

En el documento, el grupo aclara que la mención de las compañías “no significa que sean realmente cómplices de los delitos perpetrados por las Autodefensas y tampoco que se les haya probado culpabilidad por apoyar o incitar su accionar delictivo”.

Para efectos de visualización, presentamos la totalidad de las filas y la mayoría de las columnas de la tabla:

Vea aquí el documento completo: Base de datos sobre las empresas colombianas y extranjeras que han sido mencionadas en las sentencias de Justicia y Paz