La guerrilla pidió a la Unión Europea que lo excluya de la lista negra. El Gobierno se sumó a la idea y le solicitó lo mismo a Estados Unidos.
El jueves de la semana anterior “Iván Márquez”, jefe de la delegación de paz de las Farc, aprovechó una videoconferencia con el Parlamento Europeo para solicitar que, teniendo en cuenta los avances del proceso de paz, se excluya a esa guerrilla del listado de organizaciones terroristas de la Unión Europea, en la que está incluida desde 2002.
“La paz en Colombia espera mucho de la Unión Europea. A nuestro juicio, lo más justo y consecuente con la búsqueda de la paz es borrar a las Farc-EP de la lista de organizaciones terroristas con la misma celeridad con la que fuimos incluidos, lo cual quitaría del camino un serio obstáculo para la normalización de la vida política colombiana y garantizaría el proceso de reincorporación a la vida civil de los antiguos combatientes rebeldes”, dijo “Márquez”.
Casi al mismo tiempo, en una entrevista para la agencia de noticias AP, el presidente Juan Manuel Santos afirmó que, una vez logrado un acuerdo definitivo, Estados Unidos debería también excluir a las Farc de su lista y que debería hacerlo “cuanto antes”: “Si lo firman es porque tenemos un calendario y las Farc se han comprometido a deponer las armas y hacer la transición a la vida legal. Así que yo diría que sí, espero que sea removida de la lista de terroristas”.
Y es que esa exclusión de las listas de terroristas parece una consecuencia lógica de un eventual desmonte de las estructuras armadas de las Farc para su posterior conversión en un movimiento político. Sin embargo, el camino para que así sea implica recoger numerosas voluntades políticas y parece muy poco probable que pueda ocurrir antes de la firma de un acuerdo final.
En el caso de Europa la decisión recae sobre el Consejo de la Unión Europea, conformado por los 28 ministros de relaciones exteriores de los países miembros. Ese organismo actualiza la lista de organizaciones terroristas periódicamente –en un plazo que no debe ser mayor a seis meses– y decide con base en las recomendaciones de un grupo de trabajo que analiza la información disponible y las solicitudes de inclusión o exclusión.
Si bien el Consejo puede incluir o excluir a una persona u organización en cualquier momento, no sería fácil lograr un consenso para que esos 28 países acepten borrar del listado a las Farc antes de su desmovilización.
En cuanto a la lista de Estados Unidos, fue Bernard Aronson, delegado del Gobierno de ese país para el proceso de paz de Colombia, quien aseguró que ese país recibió con “mucha seriedad” la solicitud de Santos.
En una entrevista para El Tiempo, Aronson aseguró, sin embargo, que antes de dar ese paso Estados Unidos debe tener la certeza de las Farc no representan ya una amenaza para ese país.
“Cuando una organización extranjera es puesta en esta lista es porque ha cumplido con ciertas condiciones, porque sus acciones ponen en riesgo la seguridad nacional de EE. UU. y a sus ciudadanos. Esa designación se puede remover cuando estas condiciones ya no existen. La Organización para la Liberación de Palestina (OLP) alguna vez estuvo pero salió de ella. Tomamos el pedido del presidente con mucha seriedad, pero las mismas leyes que se aplican a otros grupos aplican para las Farc. Es decir, tienen que desarmarse, cesar sus actividades criminales y dejar de plantear un riesgo para los intereses de EE. UU. Cuando eso suceda entonces se iniciará un proceso de revisión para determinar si las condiciones ya no existen y pueden ser removidos”, dijo el delegado del presidente Barack Obama.
El antecedente más cercano, en el caso de Estados Unidos, es el de las Autodefensas Unidas de Colombia. Esa organización fue excluida de la lista en 2014, cerca de siete años después de finalizada su desmovilización.
Así las cosas, la solicitud de las Farc, a la que se sumará el Gobierno cuando haya un acuerdo final de paz, debe pasar por una suma de voluntades y por un proceso diplomático; pero también por la continuidad del cese unilateral decretado por la guerrilla y la reducción de otras actividades violentas, que han sido evidentes desde el pasado mes de julio.
