Los discursos polarizantes y acciones violentas son tan preocupantes como el atentado contra Imelda Daza, quien estuvo más de 20 años en el exilio.
Columnista: Andrei Gómez Suárez
Me enteré del atentado contra Imelda Daza el sábado 7 de mayo a la 1 y 23 de la mañana. Cerré el computador pensando en las percepciones negativas de diferentes sectores frente al acuerdo del punto de víctimas, presentado públicamente en diciembre de 2015; en su incapacidad de entender el momento que vive Colombia, escudándose detrás de una falsa superioridad moral. Y reafirmé mi creencia: el reconocimiento de responsabilidades pasa por construir espacios de diálogo para que múltiples sectores tramiten de manera autocrítica la memoria de su papel durante el conflicto armado. Sólo así es posible asumir la corresponsabilidad que tienen en la construcción de paz.
El impacto del atentado a Imelda me hizo revisar las reflexiones que he hecho en los últimos dos meses, pero que no he escrito públicamente. Llevaba varias semanas pensando por qué no había vuelto a escribir. Buscando la verdadera razón detrás de la excusa simplista de “falta de tiempo”. En esa búsqueda me choqué contra este muro.
Desde hace un año vengo acompañando ejercicios de pedagogía de paz impulsados por Rodeemos el Diálogo. Estos ejercicios no son auspiciados por el Gobierno. Son una apuesta desde la sociedad civil que confía en que a pesar de las falencias de los acuerdos, las partes están contribuyendo de forma seria a pasar la página del conflicto. Hemos hablado con niños y jóvenes en Cazucá, el Colegio Anglo Colombiano y la Fundación Universitaria Cafam en Bogotá, así como con adultos en Armenia. De todos los encuentros han salido mensajes que expresan la importancia de ponerle fin al uso de la violencia para intimidar y atacar a los que piensan distinto.
Después de salir de estos espacios, me choqué contra las encuestas que los grandes medios de comunicación contratan para medir el apoyo de la opinión pública al proceso de paz. Los resultados eran desesperanzadores. En la encuesta de marzo de 2016, contratada por El Tiempo, el 74% de los encuestados creía que las Farc no tenían intención de llegar a un acuerdo, a pesar de haberse comprometido a la reparación material de las víctimas, a desmantelar las economías del narcotráfico en las regiones, a dejar las armas y verificar junto con Naciones Unidas y el Gobierno el cese al fuego bilateral y definitivo. Después de leer dicha encuesta dejé de escribir.
Sé que los procesos transicionales están atravesados por lo que el profesor David Campbell, de la Universidad de Durham en el Reino Unido, llama “la política de la identidad”. Es decir, por un choque de narrativas que son producidas y reproducidas por múltiples actores, algunas de estas narrativas son construidas ahistóricamente y promueven una lectura acrítica para evitar el tratamiento del pasado y las transformaciones estructurales que amenazan intereses políticos, económicos y sociales de sectores que se benefician del conflicto armado. Los medios de comunicación nacionales y globales contribuyen a la circulación de estas narrativas. Así, amplios sectores sociales las apropian y las reproducen en su vida cotidiana.
En Colombia se han fortalecido narrativas como narcoterrorismo y castro-chavismo. Los colombianos que desconfían de las Farc no conocen su historia; más allá de repetir que son la punta de lanza del castro-chavismo y que son narcoterroristas que han secuestrado, matado y vivido del narcotráfico, no conocen su relación con las comunidades en zonas como Arauca y Putumayo, dónde según muestra un estudio de la Fundación Paz y Reconciliación han regulado la vida social y económica de los pobladores durante más de treinta años.
Este desconocimiento reforzó mi decisión de dejar de escribir. Preferí salir a encontrarme con más colombianos. Desde marzo he visitado Norte de Santander, Atlántico, Antioquia, Risaralda y Quindío. Escuché temores y esperanzas y compartí razones para el optimismo en diálogos directos. Me llevé sorpresas agradables. Muchos jóvenes consideran que el proceso de paz está abriendo la discusión política sobre el modelo de sociedad que Colombia debe ser; algunos sectores de la izquierda reconocen, a pesar de estar en desacuerdo con la política económica de Santos, que el Gobierno está haciendo un gran esfuerzo por poner fin a la guerra; varias personas que desconfían y se oponen al modelo ideológico de las Farc consideran que sus comandantes han mostrado voluntad de participar en política sin armas.
Sin embargo salí con varias preocupaciones. En muchas conversaciones escuché narrativas acríticas que minimizan las responsabilidades de sectores civiles en la prolongación del conflicto armado; en algunos casos me enfrenté con un desconocimiento absoluto sobre los acuerdos de La Habana. Muchas veces la oposición se basa en mentiras circuladas en redes sociales, como que los guerrilleros de las Farc recibirán 1.800.000 pesos de sueldo. Pero más grave aún, entrelíneas, algunas personas dejaron entrever que estarían dispuestas a legitimar acciones violentas si la implementación de los acuerdos ponía en peligro sus intereses o si dicha implementación quedaba solo en promesas.
Lamentablemente, la incapacidad de muchos sectores de la sociedad colombiana de desterrar para siempre la legitimación de la violencia como forma de resolución de conflictos se hizo evidente en la marcha del 2 de abril y el paro armado convocado por los Urabeños en cinco departamentos del Norte y Occidente. La forma como perversamente se entrelazan discursos polarizantes y acciones violentas por parte de grupos armados se condensan en hechos tan preocupantes como el atentado a Imelda Daza, quien después de estar más de 20 años en el exilio regresó a Colombia para trabajar por la reconciliación y la construcción de una paz estable y duradera.
Mientras leía la noticia en la madrugada del sábado me sentí derrotado. Pensé en la indiferencia de la sociedad colombiana frente a la destrucción de la UP entre 1985 y 2010. Pensé que no podemos permitir que la desesperanza y el miedo nos lleven por el mismo camino. Esta paz es de todos y debemos defenderla. Por eso vuelvo a escribir.
