La última ocurrió este jueves, en el Teatro Colón de Bogotá.
- La firma del segundo acuerdo, el definitivo, se llevó a cabo en el Teatro Colón, de Bogotá. Foto: Presidencia
En una sencilla ceremonia, el presidente Juan Manuel Santos y el máximo comandante de las Farc, Rodrigo Londoño, anunciaron que daban por terminada la guerra: firmaron el acuerdo de paz de 310 páginas que contiene las reformas necesarias para acabar la confrontación entre el Estado colombiano y esa guerrilla.
Declarado por las partes como “definitivo”, el nuevo texto se firmó en un ambiente menos festivo que el primero, que se selló en Cartagena el 26 de septiembre. Sin la presencia de mandatarios internacionales, con cerca de 1.700 invitados menos, una opinión pública desgastada por la polarización y la renegociación, una movilización ciudadana reducida y un ambiente caldeado por los recientes asesinatos de líderes sociales, Santos y Londoño le dieron vía libre a la refrendación y a la implementación de lo acordado.
Con la de este jueves, son cinco las ocasiones en las que las partes han anunciado públicamente que la paz está cerca, desatando celebraciones y debates:
La primera ceremonia ocurrió el 23 septiembre de 2015, cuando Santos sorprendió al país en un viaje oficial a La Habana. Después de muchas especulaciones, la mesa de conversaciones anunció que había llegado a un acuerdo sobre el tema de justicia, uno de los más complejos de la negociación. Se dijo que nunca antes se había avanzado tanto en unos diálogos de paz con las Farc: la guerrilla aceptaba someterse a un sistema de justicia, reparar a las víctimas, pedir perdón y contar la verdad, mientras el Estado conseguía que sus agentes comparecieran ante la justicia transicional y obtuvieran beneficios jurídicos a cambio de destapar verdades.
Por primera vez ante las cámaras, y con el impulso del presidente de Cuba, Raúl Castro, Santos y Londoño estrecharon las manos, en una imagen que fue calificada como “histórica”. El presidente también anunció que seis meses después se firmaría el acuerdo final, lo cual fue interpretado por las Farc como una presión indebida. Con todo, la gente dio por hecho que habría acuerdo en marzo de 2016. A excepción del Centro Democrático, todos los sectores políticos le dieron la venia a la recién anunciada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
- La firma del acuerdo sobre justicia. Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz
En la noche del 23 de marzo, cuando el país esperaba que la mesa anunciara el acuerdo definitivo, las partes declararon que aún faltaba camino para concluir la negociación. El jefe de la delegación de paz del Gobierno, Humberto de la Calle, explicó que no había consenso sobre la destrucción de las armas insurgentes, la seguridad para los futuros exguerrilleros y las comunidades campesinas, y la reincorporación de los excombatientes. Sin embargo, “Iván Márquez”, jefe de la delegación de las Farc, dijo que la negociación culminaría en 2016.
Cinco meses después, De la Calle y Márquez, desde La Habana, presidieron la segunda ceremonia. Ambos declararon que habían llegado a un acuerdo sobre todos los puntos de la agenda y que el recién pactado acuerdo contribuiría a “la transformación estructural del campo”, la participación de las Farc en política legal, el fin de la confrontación armada, una solución alternativa al problema de las drogas, la reparación de las víctimas y la lucha contra la impunidad. Un acuerdo conseguido después de escuchar a víctimas, políticos, líderes sociales y gremiales, oenegés, centros de pensamiento, excombatientes y expertos.
Medio país celebró y los medios titularon que se había acabado la guerra, al menos con las Farc. Dos días después, Santos anunció que enviaría el texto al Congreso y que convocaría a un plebiscito para el 2 de octubre. Se entendió, entonces, que antes de esa fecha se firmaría el documento, conseguido tras cuatro años de negociación.
El 23 de septiembre fue la fecha elegida para la tercera celebración, que se suponía era la última. En el Centro de Convenciones de Cartagena, frente a 2.500 invitados, 14 presidentes, el Secretario General de la ONU, el Secretario General de la OEA, el Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Directora del Fondo Monetario Internacional y el Presidente del Banco Mundial, entre otros líderes globales, Santos y Londoño sellaron el Acuerdo Final con un “balígrafo”. Las ‘alabaoras’ de Bojayá le dieron apertura al evento, y pocos días después arrancó oficialmente la campaña por el plebiscito.
En una contienda vertiginosa, el Gobierno, la llamada “coalición por la paz” del Congreso y los movimientos ciudadanos por la paz se enfrentaron al Centro Democrático, un grueso de las iglesias cristianas y un sector del conservatismo. Inesperadamente, el segundo grupo ganó en las urnas, y el documento de Cartagena se quedó sin efectos jurídicos ni políticos. “El Acuerdo Final no existe”, dijo entonces Humberto de la Calle.
- La ceremonia de Cartagena. Foto: Presidencia
Ante el nuevo escenario, Santos convocó a un diálogo nacional por la paz. El No se sentó con De la Calle y otros delegados del Gobierno para plantear sus objeciones al Acuerdo, en largas jornadas que culminaron el pasado 4 de noviembre. Los negociadores se llevaron a Cuba un documento con más de 500 propuestas, que tocaban temas sensibles.
La nueva etapa, que se llamó de renegociación, incluía la discusión de propuestas complejas. El No pretendía acabar la JEP, impedir que los comandantes de las Farc participaran en política y quitar la posibilidad de que el narcotráfico se juzgara en conexidad con la rebelión. Como anticiparon analistas conocedores del proceso, la guerrilla no cedió en esos temas, pero sí aceptó modificar muchos otros.
Tan sólo una semana después de que empezara el nuevo tire y afloje en La Habana, De la Calle y “Márquez” hicieron el cuarto anuncio importante: declararon que tenían listo un acuerdo nuevo.
El segundo texto tiene 13 páginas más que el primero e incluyó varias de las peticiones del No. Entre ellas, que la reforma rural no afectará la propiedad privada, que el acuerdo no será parte de la Constitución, que los campesinos podrán hacer alianzas con grandes empresarios del agro, que las Farc no podrán participar en las Circunscripciones Especiales para la Paz ni en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y que la guerrilla entregará bienes para la reparación, así como que el “enfoque de género” sólo puede entenderse como la inclusión de las mujeres en la vida pública.
Fue ese acuerdo el que acabaron de firmar Santos y Londoño en el Teatro Colón de Bogotá, sin el respaldo de algunos líderes del No, que siguen inconformes porque el nuevo documento se cerró sin su aprobación y porque, a su juicio, no modificó temas sustanciales en los puntos de justicia y participación política. El nuevo escenario de disputa será el Congreso, donde se refrendará el acuerdo y se aprobarán las normas que se requieren para convertirlo en realidad.
Ahora, a Santos sólo le queda un año y medio para garantizar la implementación de lo pactado, que, en todo caso, dependerá de la “buena fe” de los gobiernos venideros, tal como quedó contemplado en el nuevo texto. Todo indica que la campaña presidencial de 2018 será el próximo gran espacio de debate por la paz.
