Sectores políticos muy diferentes parecen estar llegando a un consenso sobre la importancia de que ese sea el mecanismo posterior a los acuerdos con las Farc.
Una cosa es la refrendación y otra la implementación de los acuerdos. Esa es una premisa de la negociación. Sobre lo primero, la apuesta del Gobierno es el plebiscito en el que se le preguntaría a la ciudadanía si está de acuerdo o no con el contenido de lo negociado con las Farc. Ese sería el primer paso para que, de ganar el sí, se inicie el proceso de implementación.
Sobre esa segunda etapa, en cambio, no se ha definido una fórmula. Si bien el Gobierno ha hablado de la posibilidad de convocar una “comisión legislativa”, que se encargaría de legislar temporalmente para facilitar la implementación, el tema aún no parece estar cerrado.
A las Farc no les gusta la fórmula de refrendación que defiende el Gobierno. La idea del plebiscito tampoco le suena al Centro Democrático ni a buena parte de la izquierda que plantea, como la guerrilla, la opción de una constituyente.
El uribismo, por ejemplo, dejó claro en diciembre durante su foro ideológico que solo esa fórmula permitiría que se pase “de una paz del Gobierno a una paz popular”. El excandidato presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga dijo que “la única vía para construir una paz estable y duradera que interprete a todos los colombianos y una el sentimiento de todos los sectores sociales y productivos, es la de un espacio de participación real en la discusión de la refrendación y puesta en marcha de los acuerdos. Y esto se logra únicamente con una constituyente de origen popular”.
Desde la sociedad civil, e incluso mucho antes de que la discusión llegara a este punto, también se han promovido iniciativas como los diálogos regionales de Constituyentes por la Paz, organización que también ha defendido la necesidad de un espacio más amplio de participación
Pero en los últimos días se han sumado otros sectores. La senadora Vivian Morales, del Partido Liberal, por ejemplo, habló de la importancia de que un cambio tan trascendental como el que puede venirse con los acuerdos llegue también con una nueva constitución.
Así, sectores dispares parecen ahora encontrarse en la necesidad de que, ya sea para la etapa de refrendación o de implementación de los acuerdos con las Farc, se convoque a una asamblea nacional constituyente que tenga a su cargo moldear una constitución acorde con el escenario que se abriría con la terminación del conflicto.
La postura del Gobierno
El jefe negociador del Gobierno, Humberto De la Calle, echó mano de su discurso jurídico y durante un encuentro desarrollado el miércoles en la Universidad Javeriana, con ocasión de los 25 años de la Constitución del 91, envió varios mensajes a los asistentes y de paso a la Corte Constitucional, el tribunal que tendría a su cargo analizar si aquello que se introduzca en el ordenamiento jurídico una vez se logre un acuerdo con las Farc es compatible con la Constitución actual.
De la Calle dijo que la constituyente no puede ser un mecanismo de refrendación: “Una asamblea no es realmente un mecanismo de refrendación, es la apertura de nuevos temas, es una prolongación de la discusión, por cierto con resultados medianamente impredecibles incluso frente a los temas acordados”.
Ese argumento plantea que, si bien de La Habana saldrían unos textos consolidados, la convocatoria de una constituyente abriría la puerta a que esos acuerdos sean modificados, ampliados o reducidos, incluso, a que se aborden otros asuntos que no hacen parte de la agenda de negociación. Por tanto, para el Gobierno, refrendar lo pactado con las Farc en una constituyente podría lanzar por la borda lo que se logró en más de tres años de negociación.
Además, De la Calle aseguró que la implementación de los acuerdos corresponde al “cierre del ciclo constitucional iniciado en 1991”. Eso, en palabras más sencillas, significa que para el jefe negociador del Gobierno, los acuerdos, en lugar de reemplazar lo consignado en la Constitución, lo complementan. Y, por tanto, la legislación posterior a los acuerdos sería compatible con el texto promulgado por la constituyente del 91.
Por ello, en un claro mensaje a la Corte Constitucional, aseguró que esos acuerdos no sustituirán la Constitución, pues ese ha sido uno de los argumentos por parte de quienes sostienen que el control constitucional que ejerce ese tribunal difícilmente dejaría con vida lo pactado. Finalmente, ahora sí con un mensaje más político que jurídico, insistió en la necesidad de que no se pongan trabas en el proceso.
“Este es un camino no exento de crítica, pero espero que la crítica o la propuesta de herramientas alternativas sucedáneas no prive a los colombianos de dar el trascendental paso de la terminación del conflicto armado. Siete millones y medio de víctimas, 220.000 muertos de los cuales el más del 80% han sido civiles. Es hora de decir basta ya”.
Argumentos a favor y en contra de la constituyente abundan: que una elección por voto popular dejaría la asamblea en manos del clientelismo y de los barones electorales, que las Farc no obtendrían mucha representación y que sus escaños tendrían que ser asignados a dedo, que es el momento para hacer una reestructuración institucional de fondo, que es el mecanismo que le daría la mayor legitimidad posible a los acuerdos de paz.
La discusión, sin embargo, parece seguir abierta. Lo que está claro es que la definición del mecanismo de refrendación hace parte de la agenda de los diálogos, lo que significa que son las dos partes y no solo el Gobierno o las Farc las encargadas del asunto.
Por ahora, los argumentos del Gobierno para negarse a una fórmula diferente al plebiscito se han mantenido en el plano de lo jurídico, sin embargo, es posible que buena parte de las razones también se encuentren en el costo político de ceder ante la fórmula que proponen las Farc. Pero si ese costo político se convierte más bien en una posibilidad de recoger las voluntades de diferentes partidos, incluso de la oposición, el panorama podría ser diferente. ¿Será que la posición del Gobierno se mantiene así otros sectores de la política se suban al bus de la constituyente?
