El tortuoso proceso de restitución de tierras en Pailitas, Cesar | ¡PACIFISTA!
El tortuoso proceso de restitución de tierras en Pailitas, Cesar Campesinos y familiares de Jorge Carvajal. Foto: Andrés Salazar
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El tortuoso proceso de restitución de tierras en Pailitas, Cesar

Colaborador ¡Pacifista! - Diciembre 11, 2019

En Pailitas, Cesar, Jorge Carvajal, su familia y varios campesinos están viviendo una incertidumbre constante por procesos interminables de restitución.

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Por: Andrés Felipe Salazar Ávila*

 

El 26 de junio de 2018 llegó una notificación a la casa de Jorge Carvajal. Era una orden de desalojo de su predio, conocido como La Argentina 12 y 13. En este terreno, ubicado  en la vereda San José de Tagoaje, Cesar, transcurrió buena parte de su vida y la de su familia.

Volvamos a la notificación: la emitió  la Sala Civil en Descongestión Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito de Cartagena. 

Jorge Carvajal es un campesino dedicado a la ganadería y al cultivo de palma de aceite. Hombre de una estatura de metro y sesenta centímetros, piel blanca y bronceada en sus pómulos y antebrazos, ojos marrones y con unas manos ásperas por sus jornadas de trabajo en el campo a lo largo de estos años. Tiene párkinson avanzado, el cual noté por sus pasos lentos, su posición erguida y su mano temblorosa cuando nos saludamos por primera vez.

Era un lunes festivo cuando nos vimos. El pueblo estaba en calma. Se escuchaban los pitos de las tracto mulas, y al frente de la iglesia del pueblo se bajaban los ayudantes de los buses que cruzan la troncal del Oriente en su paso por Pailitas. Uno de ellos me indicó la llegada al depósito Carvajal. 

–¡Llegamos, monito! Aquí es Pailitas y esa es la tienda que usted está buscando.

–Gracias –respondí de manera tímida. Era mi primera vez y no quería que se notara mi acento de cachaco.

El negocio de los Carvajal se encuentra ubicado al frente del parque de comidas de Pailitas. Tiene dos pisos. En el primero funciona la tienda donde venden mercado de grano, frutas y verduras, e insumos para el trabajo de la tierra. Hay dos mesas donde los habitantes de la cabecera municipal y de los demás centros poblados toman sus cervezas, luego de la jornada laboral u hora del almuerzo. La canción que se escuchaba de fondo era de los Embajadores Vallenatos. Pude identificar que era La Lira, por sus transiciones rápidas en las notas del acordeón, que acompañaban reiteradamente esta letra –“…la lira del viejo Pacho está muy bien compartida”.

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Mientras el acordeón resonaba en mi cabeza, Jorge me invitó a pasar a la sala del lugar, ubicada en el segundo piso. Sin rodeos me indicó que me siente y que tenga lista mi libreta de apuntes. Su voz se escuchaba desgastada y tenía un tono bajo; mantenía el golpe y la entonación larga al final de cada palabra. Un acento santandereano fácil de identificar. Su mirada era perdida y se dirigía hacia una pared rosada. No parpadeaba y se tomaba una pausa antes de enunciar cada palabra. Con un nudo en la garganta, me dice que le van a quitar su finca de San José. 

–¡Es injusto que a uno le quiten su tierra trabajada de manera honrada! Ese día empezó mi viacrucis, don Andrés. Llegaron las enfermedades, las deudas de los abogados y las presiones constantes por parte de la Unidad de Restitución y los “reclamantes”. Mi vida ha cambiado en ese instante. Soy víctima del conflicto armado, y aunque apoyo la Ley de Víctimas, ese tema de la restitución, para mí y muchas familias, ha sido una tragedia.

Los Carvajal llegaron al municipio de Palitas en 1967. Como otros campesinos y comerciantes, Jorge llegó de Convención, Norte de Santander, con sus hermanas. Ellas se dedicaron a la enseñanza y hoy en día son pensionadas del magisterio y Jorge se dedicó a trabajar la tierra desde joven. El ganado y sus productos lácteos han sido reconocidos por su calidad y actualmente, la empresa Freskaleche de Bucaramanga le compra los litros de leche —pagan 900 pesos por cada litro, dijo Edinson Rodríguez, capataz de la finca La Argentina—.

Cuando compraron los predios 12 y 13 de La Argentina, la familia Carvajal vio una oportunidad para garantizar un mejor futuro a los jóvenes del núcleo familiar, –dijo Hernán Méndez, sobrino de Jorge –. Era un gangazo para la época. La hectárea estaba valorada entre 800 mil pesos y un millón de pesos. El tío invirtió y continuó con el ganado, así como le metió fuerza al cultivo de palma. Los medianos y pequeños propietarios vieron en el cultivo de la almendra donde se extrae el aceite para las grandes industrias una oportunidad de progreso. 

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La declaración de Jorge Carvajal que aparece en la sentencia 00187 de la Sala Civil en Descongestión Especializada en Restitución de Tierras coincide con las versiones de Hernán, sus hijos –Cristián y Lina–, las hermanas Carvajal, los funcionarios de la alcaldía y Eduardo, su empleado en la despensa. La finca La Argentina fue comprada de buena fe y sin contratiempos a finales del 2003. No hubo presiones de grupos armados.  Tanto en el diálogo que tuve con Jorge, como en el tribunal, él cuenta que averiguó por la seguridad en la zona del predio, al vendedor, Jesús Alejandro Gómez, y le dijo que “todo por allá anda muy tranquilo”.  Frente a la venta, la sentencia concluye que tanto Jorge, como Jesús Alejandro, y Marco Tulio Bonilla, antiguo propietario compraron sin irregularidades y sin influencias de un grupo armado ilegal. 

Sin embargo, acorde con el documento, las pruebas no fueron suficientes para comprobar la existencia de la buena fe y por tanto, la Unidad de Restitución debe devolverles la tierra a sus primeros propietarios, Myriam Bayter y Raúl Totaitive. 

Vale aclarar que existen condiciones especiales, como el caso de Jorge Carvajal, en la cual, acorde con la sentencia C-330 de 2016 de la Corte Constitucional,  se debe prorrogar e inaplicar, dependiendo el caso, los procesos de restitución. Jorge Carvajal es víctima del conflicto armado y sufre de Parkinson, por lo cual se encuentra en una situación especial de vulnerabilidad. 

No obstante, el juez dictaminó que Jorge no se beneficiaba de esta condición. Uno de los argumentos usados por el juez fue que, al tener otras cuatro propiedades en el municipio de Tamalameque, no se podía considerar como un sujeto vulnerable. Todo, pese a la enfermedad que lo aqueja en la actualidad. 

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Era el año 93. Mi compañera, mi pareja iba de regreso al pueblo, cuando los paracos sin consideración, me la mataron–. Recuerda Jorge con una mirada perdida nuevamente al concreto rosado, con sus ojos vidriosos y sus pupilas más claras. La guerra nuevamente dejando huella en la historia de mi vida, susurraba mientras su actual pareja le traía un tinto para calmarlo.

Dos traguitos de café, y Jorge continuó con su relato. –Mire, si algo le he inculcado a mi familia y mis empleados es la honestidad. Cuando me le paré a los paras que me amenazaron con mi finquita en La Paz, les dije no soy de ningún bando. Estoy con los honestos, con los que trabajan sin dañar a nadie. Quince días después apareció el comandante de ellos, y a pesar de las amenazas, me dejaron en paz. 

Jorge Carvajal en su tienda de Pailitas. Foto: Andrés Salazar

 

“Al fin al cabo, acá todos somos víctimas de una guerra que no era –ni es– nuestra. Todos tenemos derecho, pero es injusto que haya gente aprovechada con los campesinos honrados y trabajadores”, –concluye Jorge Carvajal, quien ya tenía una actitud menos temerosa conmigo, y hablaba más duro y fluido.

Los reclamantes

Raúl Totaitive, reclamante del predio La Argentina 12 y 13, e hijo de Myriam Bayter, primera propietaria de la finca, fue favorecido por el fallo de la Sala Especial de Restitución del Tribunal de Cartagena. En los testimonios que se encuentran en la sentencia 00187 de 2016, se hace mención que Raúl fue concejal de Pailitas en 1985, y que en su cargo fue opositor a la presencia de las guerrillas en el municipio, por lo que fue objeto de amenazas por parte de estos grupos armados. Diez años después, Raúl vendió el predio a Jesús Gómez y Marco Bonilla. La familia Totaitive Bayter se desplaza a Yopal argumentando presiones de los grupos armados y la venta obligatoria de sus predios. 

Esta versión es refutada por otras personas como Elías Montejo –secretario de gobierno de Pailitas–, John Trino y las hermanas Carvajal. El funcionario público dice que el caso de Jorge Carvajal, el cual es el más avanzado en el municipio, es muy complejo. La versión que se maneja en el pueblo, incluida la suya, es que la familia Totaitive vendió la finca para pagar deudas familiares de una maquinaria traída desde afuera. Esta misma posición fue defendida por las hermanas Carvajal en nuestra conversación. Doris Teresa y Diva Rosa, eufóricamente y ambas señalando a su hermano, presente en la sala, manifestaron que esa señora –Myriam– además de viajar a China para la compra de la maquinaría que iba a ser usada en la finca, se robó mucha plata cuando fue funcionaria del ICBF. Hernán, sobrino de Jorge, y Teresa dicen que fueron unos 100 millones de pesos, y que ellos no fueron presionados para vender la finca. 

Ella cogió con fuerza su bolso café de cuerina y exclamó – ¡Es injusto que nos quieran quitar nuestra tierra, se hacen pasar por víctimas, y se aprovechan de los más indefensos! 

Intenté contactar a Raúl Totaitive y a Myriam Bayter en Pailitas pero no fue posible hablar con ellos sobre su versión del caso. 

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“Acá en el pueblo se han armado grupos de familias y de personas interesadas en joder a la gente honrada del pueblo, la que con mucho esfuerzo ha adquirido sus tierritas. En el caso de mi familia, también estamos en pleitos por las tierras, por algo que no hicimos y por adquisiciones que se hicieron sin injerencias de grupos ilegales” –cuenta John Trino, otra persona afectada en los procesos de restitución en Pailitas. 

Los reclamantes de tierra, a raíz de la Ley 1448 de 2011, en muchas ocasiones –dice Trino, con un tono fuerte y convencido de cada frase que dice– “se agrupan en clanes familiares y grupos de personas para quitarle tierras a personas que no se relacionan con el despojo o el abandono forzoso de tierras, ni tienen alianzas con grupos armados ilegales de la región”. En mi caso –el de Trino– la tierra que está ahora ante el Tribunal en Valledupar la está peleando “Kike” Sianzi, miembro del clan familiar Sianzi. Nadie desconoce que todos, nosotros y ellos, somos víctimas, pero acá hay muchas familias como la de don Jorge o la mía, que también son víctimas, y compraron de buena fe su tierra y la han trabajado honestamente. 

Pailitas, una tierra en disputa 

Luego de una conversación tensa por el drama de Jorge y su tierra, y con su mirada perdida en la misma pared, él me pregunta, – ¿don Andrés, usted ya había estado por acá?

Solo moví mi cabeza de izquierda a derecha para responder, sin titubear. Y pensé que si no hubiera sido por la llamada de Cristián, su hijo, no hubiera conocido su pueblo, o estaría dormido en un carro o un bus de camino a Santa Marta o Cartagena. Pailitas es un lugar de paso en la troncal del Oriente y cuya historia sólo se conoce por haber sido – y ser – un territorio en disputa. Se repite la misma historia de cientos de municipios del país, donde se saben los nombres de los pueblos por masacres o atentados ocurridos.

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Pailitas es un municipio ubicado en el centro del Cesar, a unos 220 km de Valledupar, y a unos 80 km de Aguachica, el segundo municipio más grande del departamento. El camino del Valle a Pailitas es recto, con un asfalto oscuro y una doble línea amarilla mostaza, que retrata una vía recién reparada. Alrededor de la carretera hay palmas, ganado y llanuras verdes que bordean la Serranía del Perijá, cadena montañosa que colinda con la región del Catatumbo y es frontera con Venezuela. 

El nombre del pueblo se deriva del pozo natural Las Pailas, el cual fue creado en la primera intervención de la carretera en 1939, como un sitio de descanso para los ingenieros que estaban construyendo el tramo. En las décadas siguientes, el municipio se fue desarrollando como una despensa agrícola para la región del sur del Cesar y el occidente norsantandereano, atrayendo campesinos de las locaciones de estas zonas. 

En las décadas siguientes, el municipio diversificó su actividad agraria mediante el cultivo de café, maíz, algodón, arroz entre otros. Ramiro García,  campesino de la vereda La Paz de Pailitas, me comentó que la violencia ejercida por el ELN y el EPL en El Carmen, Ocaña, Convención y Abrego, municipios de Norte de Santander y colindantes a la región del Catatumbo hizo que su familia, y otras cientos de familia vieran en Pailitas una tierra de oportunidades. Justamente esto hizo que los grupos armados en los siguientes años acabaran con la tranquilidad de estas tierras.

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La llegada de grupos armados ilegales a Pailitas y a la región del Perijá se dio masivamente a finales de los setenta, cuando los frentes del ELN “Mártires de Santa Rosa”, “Héroes” y “Manuel Chacón” se dirigieron hacia al otro lado del Catatumbo: el sur del Cesar. Según el informe de CNMH, La Maldita Tierra, las guerrillas aprovecharon el aumento de pequeños y medianos productores, muchos de ellos colonos provenientes de los Santanderes y las zonas ribereñas del río Magdalena, para cooptar recursos por medio de vacunas y secuestros, y ejercer la autoridad en las zonas rurales de la región. 

En el diálogo con los funcionarios de la alcaldía y los campesinos entrevistados del pueblo, ninguno hizo énfasis en los hechos violentos de las guerrillas. Solo Saúl Ortiz, líder campesino y coordinador de la mesa de víctimas del pueblo, en medio de un silencio repentino e incómodo, mencionó algunos actos cometidos por los guerrilleros. 

–Solo los veíamos pasar, hablaban con las juntas y organizaciones campesinas, y a nosotros los campesinos, nos cobraban la “ley Lleras”: un impuesto por hectárea de diez mil pesos semestrales, para colaborar con la “revolución”. También aplicaban esta “ley” para las canastas de cervezas y gaseosas; cobraban por canasta, tres mil pesos y mil pesos respectivamente.

La paila en acción por los paramilitares

“Cuando era niña recuerdo que mis compañeras de colegio no asistían a clase y no regresaban a sus asientos. Jamás las volví a ver. De pronto sus familias no pagaron la cuota “–comentó Lina Carvajal, hija de Jorge– de manera serena y tranquila, sin interrupciones en su voz. Estas ausencias sencillamente se justificaban ante el rector, pues en la “guerra dura entre paras y guerrillas” los niños de la serranía no podían ir a las escuelas, decían Doris y Rosa Carvajal, hermanas de Jorge. 

Hernán Méndez, primo de Lina, de unos treinta años aproximadamente, de pelo negro y lacio, tez blanca y estatura promedio, agregaba que, “cuando llegaron los paras al pueblo, hubo una calma “tensa”. Cada vez hacían más jornadas de limpieza, y sus familias no se sintieron amenazadas. No tenían nada que ver con la guerrilla”.

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Los paramilitares llegaron al pueblo a través de alianzas con ganaderos y palmicultores en los años noventa y la década del 2000. Conformaron las Autodefensas del Sur del Cesar. La extensión del cultivo de palma a lo largo del Cesar se puede ver a lo largo de la troncal del Oriente. Los campesinos como Jorge Carvajal y sus hermanas Doris y Rosa se dedicaron a su cultivo. El maíz, el café y la ahuyama ya no eran rentables. La despensa agrícola del Cesar fue cooptada por el monocultivo de palma, y muchos campesinos, con su objetivo de venir a esta tierra para seguir progresando siguieron con el cultivo de palma. Las épocas del algodón y del arroz se iban desvaneciendo con el paso de los fusiles y las grandes empresas. 

Cabecera municipal de Pailitas. Foto: Andrés Salazar

 

Para 2011 ya había unas 427 mil hectáreas de palma en todo el país, siendo Colombia el quinto productor mundial con el 1,6% de la producción total. Asimismo en 2017, Cesar tenía el 18,46% de la producción nacional: 82.690 hectáreas sembradas en 23 de sus 26 municipios, las cuales habían producido 300.245 toneladas de aceite. Este crecimiento del monocultivo en el departamento fortaleció la presencia del conflicto armado y el despojo de tierras. De acuerdo con el investigador Camilo Rey, entre 2002 y 2009, en los municipios no palmeros hubo 97 desplazados por cada 100 mil habitantes, mientras en los municipios palmeros se expulsó a una tasa de 181 en el mismo periodo. Justo en este periodo se expande la palma y los grupos armados tienen un mayor control del territorio, como ocurrió con Pailitas. En el municipio se reportaron aproximadamente unos 17.000 casos de desplazamiento y 107 casos de secuestro, que aumentaron a inicios de la década de los 2000, con la presencia de los grupos paramilitares. 

Otro sobrino de Jorge recuerda que su papá cuando era comerciante y tenía una tienda similar a la de su tío, los muchachos le cobraban las “onces” a su papá.

–Él simplemente decía que ellos tenían hambre y había que alimentarlos. Cuando estaba más grande, entendí que los paras extorsionaban a mi padre.

La continuidad de repertorios de acción de la guerrilla por parte de los paramilitares como los secuestros y las vacunas, y el recrudecimiento de otros tipos de violencia como el despojo de tierras, el cambio forzoso de la vocación productiva de la región y la producción de miedo hacia la población por la sevicia cometida en sus actos, cambiaron la historia y la vida colectiva de este lugar. 

Actualmente Pailitas es uno de los pocos municipios en el país reconocidos en su conjunto como sujeto de reparación colectiva. El 65% de la población total de Pailitas, la cual es de 17.574 habitantes, es considerado víctima de algún grupo armado, lo cual hace que sea todo un reto de los procesos de restitución y reparación colectiva en el pueblo. 

Con un tono amargo y en posición cabizbaja, el sobrino de Jorge me cuenta que  el presupuesto de la reparación por 15 mil millones de pesos para el municipio siguen congelados, a espera que el Ministerio de Hacienda le dé el visto bueno para su ejecución. Este pueblo sigue en vilo, exigiendo respuestas y viviendo –aún– un conflicto sin fin.

La continuidad de la ley de Víctimas: una discusión en veremos

El 11 de octubre del presente año, el presidente Iván Duque anunció que “presentará al Congreso un proyecto de ley con mensaje de urgencia para extender la vigencia de la Ley de Víctimas por 10 años más, para garantizar la atención y reparación a esa población, afectados por años por el terrorismo y violencia”. En esta misma línea, ex ministros del gobierno anterior –Guillermo  Rivera y Juan Fernando Cristo– han anunciado públicamente la importancia de prorrogar la ley para garantizar la cobertura y la reparación de las víctimas. Otros representantes de sectores más radicales de la derecha colombiana, como María Fernanda Cabal, proponen hacer modificaciones en la ley. Dentro de las modificaciones propuestas por la senadora está el cambio de la carga de la prueba en la víctima, y que pase al propietario. 

Frente a esto, Natalia Herrera, abogada litigante en asuntos de tierras del Colectivo José Alvear Restrepo (CAJAR) plantea que este tipo de propuestas no solucionan los problemas que tiene la implementación de la ley en las regiones. “Esto sería pegarse un tiro en el zapato”, dice Natalia. 

Continúa su respuesta sin pausa ni parpadeo. “En primer lugar debería fortalecerse el rol de instituciones estatales como la Procuraduría. En los casos que he estado, en Meta y Magdalena, ellos no hacen nada, ni ejercen ninguna acción en 8 horas que se puede demorar una audiencia. Deberían investigar a los notarios y funcionarios públicos que en algunos casos, hacen alianzas con ‘reclamantes’ o ‘víctimas’. Asimismo, las instituciones deberían promover buenas prácticas para que los campesinos lleguen a acuerdos. Muchos de ellos son víctimas, y ante el desconocimiento y descoordinación entre las entidades, congestionan los tribunales y los juzgados, solo para cumplir con metas”.

En el caso de Pailitas se puede ver reflejadas estas  deficiencias institucionales. De los 41 casos que están en los juzgados, solo dos –como el de Jorge Carvajal–  han sido resueltos en primera instancia. Los términos se prorrogan hasta seis o siete años, y las personas se desgastan emocionalmente y económicamente. En solo abogados, me cuenta Jorge,  se ha gastado 20 millones de pesos  sin resultados efectivos. Solo deudas y problemas le ha traído esta situación.

La posición de Elías Montejo, encargado de los asuntos de víctimas en Pailitas, coincide con la afirmación de Natalia. Mire, me dice con gestos rígidos y moviendo sus pupilas hacia arriba, como si estuviera en una rendición de cuentas, “la Unidad de Víctimas no tiene en cuenta los conceptos de contexto y de los casos que se están revisando en cada municipio. Con eso, evitaríamos decisiones injustas y los procesos serían más eficientes. Pero desde la alcaldía no podemos hacer nada. Solo acompañamos a la Policía en sus órdenes de desalojo… Si acaso, les podríamos ofrecer un albergue temporal a las personas desalojadas”.

Estas alianzas y negociaciones entre despojadores, testaferros y funcionarios afectan la imparcialidad de los procesos judiciales. Este es un alto costo que ha tenido la restitución de tierras, y la carga técnica de las pruebas. En su artículo Restitución de tierras: la realidad tras la fantasía, John Cárdenas plantea que cuando no se controvierte ni se verifican las pruebas de los reclamantes, los procesos pierden legitimidad y son más débiles. 

Fachada de tienda con registro del ELN en la cabecera municipal. Foto: Andrés Salazar

 

Justamente estos vacíos, dice Natalia, son aprovechados por testaferros y por resucitadores de muertos. Se traen personas para ocupar terrenos sin ser de la comunidad antes del retorno de las víctimas propietarias del predio, y con falsos testigos dicen que han vivido y han trabajado esas tierras por años. 

También hay otros componentes, como la falta de información y el enfoque psicosocial para las personas que están en procesos de restitución. “Las personas y los litigantes pocos conocen del tema, y los que saben son muy pocos y no pueden acaparar todos los procesos”, comenta Natalia. En el caso de Pailitas y la región del Perijá, una de las zonas donde más de la mitad de su población es víctima, no hay canales de información. Acorde con el Plan de Desarrollo del Perijá (2017), 7 de cada 10 víctimas desconocen las razones por las que fueron registradas como  víctimas, y el 86% de éstas no conocen sus derechos como víctimas. 

En materia de salud mental, además del desconocimiento y falta de información, el tratamiento hacia las víctimas es de carácter patológico. No tienen en cuenta la identidad del campesino, –dice Natalia exaltada– y en muchos casos, les mandan órdenes médicas. No solo se deben cumplir metas, se debe escuchar ante todo y dejar de ver a las víctimas como sujetos “enfermos”. Como dice don Jorge, el deber del Estado no se limita a la ejecución de obras y políticas pública, sino también a la escucha de sus ciudadanos.

Epílogo 

A la salida norte de la cabecera municipal de Pailitas –vía a Bosconia–, se encuentra una cancha de fútbol. Es de color amarillosa por tanto pasto quemado, y en el centro de la cancha se borra la cal con grandes huecos de tierra blanda, producto de la lluvia. Hay niños y jóvenes entre 6 y 16 años que me saludan de manera inesperada. Unos creían que era un representante de algún equipo de fútbol; rara vez alguien que no tenga acento santandereano o costeño llega a este lugar. Entre la multitud, hubo un niño de  unos 10 años, de cabello crespo y negro, piel morena, con camiseta del Inter de Milán –cuya mirada me recordó a la de Jorge hacia la pared rosada–, me dijo: “pailas, si no trabajamos en el campo, nos tocará dedicarnos a esto”. 

Y justamente esta escena me recuerda porqué el despojo de La Argentina no es una simple estadística “favorable” o “desfavorable” de la implementación de la Ley de Víctimas en Colombia. Sin la tierra, Jorge se diluye en vida, en medio de esas llanuras verdes que cubren el Perijá hasta el Río Magdalena.

Por estos días, mientras Jorge Carvajal solo puede atender su tienda por la gravedad de su enfermedad y su situación de salud mental, a la espera de una resolución que evite la entrega de su predio el 13 de diciembre de este año, el arduo camino de la restitución de tierras apenas comienza. No basta que el gobierno nacional diga que se va a prorrogar la Ley de Víctimas 1448 por diez años más, o que la implementación del Acuerdo con las Farc vaya “acorde” a su cronograma y respondan a sus metas. Si se busca garantizar el derecho a la tierra y a la vida en las regiones –parafraseando la frase de Saúl Ortiz– “debemos saber poner la oreja”.

*Investigador social y regional.Politólogo e historiador con opción en periodismo de la Universidad de los Andes.