El presidente Santos, Ordóñez y Fedegan libran un duro pulso por una de las políticas bandera del Gobierno.
Fue el sur del Tolima, donde surgieron los primeros focos de campesinos armados que pelearon por mejoras para el agro, el lugar que eligió el presidente Juan Manuel Santos para hacer su más dura defensa del proceso de restitución de tierras. Este sábado, cuando se conmemoró el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, Santos llegó a Chaparral para declarar a viva voz que no va a “dar ni un paso atrás” en su apuesta por devolver los más de seis millones de hectáreas que los actores armados les robaron a los campesinos.
Allí, en un coliseo a medio llenar por víctimas de la región, el Presidente cuestionó duramente al Procurador Alejandro Ordóñez y al Presidente de la Federación de Ganaderos (Fedegan), José Félix Lafaurie, quienes han señalado a la Unidad de Tierras de “despojar” a ganaderos para entregarles sus propiedades a los desplazados. Al respecto, Santos dijo que es “triste ver a personas tan importantes sembrando miedo y odio”.
Todo empezó el pasado 5 de abril, cuando Ordóñez y Lafaurie estuvieron en Sabanas de San Ángel (Magdalena) participando en un evento en el que varios propietarios de la región se quejaron por la manera como se ha implementado la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Allí, Ordoñez dijo que “la Ley pretendió algo sano, que es quitarle la tierra a los despojadores, a los delincuentes, pero con mucha frecuencia no se encuentran los despojadores sino terceros de buena fe y se termina haciendo una injusticia”.
Lafaurie, por su parte, opinó que la restitución “es la cuota inicial del control territorial de ciertos actores armados que creen que pueden volver a hacer de las suyas en el campo y no se los vamos a permitir”. Y expresó, sobre los diálogos de La Habana, “que los ganaderos hemos sido duramente retaliados (sic) por el Gobierno, frente a la cantidad de concesiones que le ha hecho a las Farc a propósito no sólo de esa Ley, sino de las Zonas de Reserva Campesina y de un fondo de tierras que pretenden alimentar con las tierras de muchos de nosotros”.
Fueron esas intervenciones las que desataron la reacción de Santos en el Tolima, donde dijo que nadie “puede decir que la restitución de tierras es la primera cuota para que las Farc se apropien del país” y que “no podemos permitir que se señale a las víctimas de guerrilleras”. Sobre los compradores de buena fe, aseguró que “la restitución está respetando la propiedad privada”.
Santos también dio a conocer una invitación que circula en los municipios de Sabana de Torres y Rionegro (Santander), en la que se lee: “población, su propiedad, finca o casa está en riesgo inminente de expropiación por el Gobierno Nacional a través de la Ley de Restitución de Tierras. Por tal motivo, queremos invitarlos a una reunión contra este flagelo”. Al respecto, el Presidente les pidió a los “propietarios legales que no permitan que los bandidos que sí se robaron las tierras se escondan detrás de los honestos”.
El encuentro, que se llevará a cabo en San Alberto (Cesar), fue organizado por la Asociación Colombiana de Víctimas de Restitución de Tierras (Asocolvirt), la misma que convocó al evento del Magdalena que generó la polémica. En diálogo con ¡PACIFISTA!, Julio González, el presidente de la Asociación, dijo que los señalamientos que apuntan a que su organización tiene vínculos con grupos paramilitares son “atrevidos” y retó al Gobierno a que pruebe que alguno de sus asociados ha estado involucrado en despojos de tierras.
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Según González, Asocolvirt está integrada por “campesinos pobres” y víctimas del conflicto que no se oponen a la reparación ni a la restitución, sino “al hecho de que el Gobierno esté enfrentando a campesinos de la misma clase para que puedan acceder a un mismo derecho”. Y agrega que “si los grupos de guerrilla y de paramilitares, con toda esa plata que sacaron de la droga y de sus ilícitos, no repararon a las víctimas, el Gobierno no puede pretender que las personas honestas las reparemos con nuestro escaso capital”.
González también se comprometió a entregarle a la Fiscalía una lista completa con los nombres y las cédulas de los integrantes de Asocolvirt para que los investigue y determine si tienen nexos con grupos armados ilegales. Aseguró, además, que en la reunión de San Alberto no sólo se tocará el tema de la restitución, sino también el de varios panfletos extorsivos que el ELN ha repartido entre los ganaderos. En el evento estarán, nuevamente, el procurador Ordóñez y José Félix Lafaurie.
Consultado por este portal sobre la polémica que generaron sus declaraciones en Magdalena, Lafaurie se mantuvo en su posición y dijo que, en el tema de tierras, “los mismos organismos nacionales han venido entregándoles contratos a fundaciones claramente marcadas como organizaciones de la izquierda armada y en consencuencia, o en algunos casos, de la izquierda democrática”. Sobre las críticas que le lanzó Santos, dijo que “el Presidente lo que ha hecho es fracturar al país. A él le gusta sentarse a negociar la ley con los criminales, pero no le gusta discutir con un gremio como Fedegan”.
Ahora, a los problemas de la lentitud de la justicia y de la presencia de actores armados en el campo, que han impedido avanzar con celeridad en la titánica tarea de devolver los predios despojados durante la guerra, el Gobierno deberá sumarle otra dificultad a la restitución: la de los serios conflictos sociales que está generando la disputa por la tierra en zonas históricamente conflictivas como la Costa Caribe, el Meta y el Urabá antioqueño.
