En el texto, Ordóñez cuestiona el acuerdo sobre víctimas que firmaron el Gobierno y las Farc. Como coautores figuran un abogado uribista y una contratista.
El procurador Alejandro Ordóñez, duramente cuestionado durante las últimas semanas por sus posturas frente a la restitución de tierras, estará este jueves en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo) presentando una recopilación de sus críticas al acuerdo de víctimas y justicia al que llegaron el Gobierno y las Farc en La Habana. Se trata del libro “La paz no lo justifica todo. Mínimos penales para máximos responsables”, que lleva el sello de la Procuraduría y del Instituto de Estudios del Ministerio Público (IEMP), el centro de pensamiento de esa entidad.
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En el texto, Ordóñez expone sus tesis sobre la “impunidad” que traerá consigo el proceso de paz con las Farc. Dice, una vez más, que el derecho internacional obliga al Estado colombiano a meter tras las rejas a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra, lo cual quedó descartado de plano en el acuerdo sobre justicia. Al respecto, las partes sentadas en la mesa de conversaciones han dicho que están en igualdad de condiciones y que se llegó “al máximo de justicia que permite la paz”.
Ordóñez también insiste en que los crímenes graves que se cometieron durante la guerra no se pueden pagar con penas distintas a la cárcel, tales como trabajos comunitarios o excusas públicas, que fue lo que se acordó en La Habana. Asimismo, opina que los responsables de esos delitos deben ser recluidos en cárceles ordinarias, pese a que la Corte Constitucional ha dicho que el sistema penitenciario está colapsado y que las condiciones de vida de los presos son deplorables.
Otro de los “mínimos” del Procurador es que quienes hayan cometido genocidio y crímenes de lesa humanidad deben ser excluidos para siempre de la participación en política, lo cual implicaría que ninguno de los integrantes de la cúpula de las Farc podría elegir o ser elegido. Sobre ese tema, el acuerdo sobre víctimas y justicia dice que ninguna persona sancionada por el Tribunal Especial para la Paz quedará inhabilitada para participar en elecciones.
Ordóñez también asegura que los delitos comunes y aquellos asociados al narcotráfico no pueden ser considerados conexos a la rebelión, por lo que no pueden ser amnistiados o indultados. Eso significaría, en la práctica, que la mayoría de guerrilleros debería pasar por un juicio.
Finalmente, el Procurador señala que los integrantes de las Farc deben contar la verdad, reparar a las víctimas y ofrecer garantías de no repetición para acceder a los beneficios de la justicia transicional, condiciones que sí quedaron consignadas en los acuerdos. También opina que la guerrilla debe reconocerse como “victimaria” y financiar la reparación con su “riqueza acumulada”.
El libro, que se presentará en el Salón Literario Ecopetrol 2 de la Filbo, fue escrito en coautoría con el abogado uribista Rafael Guarín, a quien Ordóñez vinculó a la Procuraduría en 2014 para que lo asesorara en temas de paz bajo el cargo de procurador judicial II para la restitución de tierras. También figura como coautora la abogada Claudia Leonor Hernández, que en mayo de 2015 recibió un contrato directo del IEMP por $45 millones para elaborar documentos sobre justicia transicional, desmovilización, desarme, reintegración, crímenes internacionales y derechos de las víctimas.
