Decenas de profesores en todo el departamento dan clases en medio de extorsiones y amenazas. Los acompañamos en la Alta Montaña de El Carmen de Bolívar. Por: Marcela Madrid Vergara
Aquel miércoles, a las nueve de la mañana, Antonio Puello*, el profesor de los 18 niños de una vereda ubicada en la Alta Montaña del municipio, recibió una llamada a su celular. Era un hombre con acento paisa que le pedía “colaborar” con 15 teléfonos celulares o entregar 1’500.000 pesos esa misma tarde; de lo contrario, le harían daño a su familia.
Después de 20 minutos escuchando las amenazas e intentando explicar que no tenía el dinero, retomó la clase. A la mañana siguiente, agarró el primer bus a Cartagena sin retorno a la vereda donde ejerció como maestro durante seis años.
Hoy el profesor Antonio camina por las calles de Cartagena mirando para todos lados. Cuando alguien se le sienta cerca en un lugar público, se levanta y se aleja. Cada vez que cambia de sitio, llama a su esposa a informarle. “Cuando se habla de la vida de uno y de la familia, todo debe ser tomado en serio”, dice.
Mientras tanto, la escuela, casi oculta detrás de la maleza, sigue sin maestro y los alumnos sin clase. El colegio más cercano queda a dos horas de camino y los niños – todos de primaria – no tienen quien los lleve.
“Por aquí desde que se fue el profesor no ha venido nadie”, cuenta una madre de familia, y aprovecha para explicar que han pasado tres años desde que el colegio se derrumbó. El único salón para todos los alumnos – desde preescolar hasta quinto– es una estructura sostenida con palos de madera y techo de zinc que construyeron los padres con fondos propios. Llevan tres meses sin clase, pero a simple vista parecen tres años.
Por esos días, otro docente de la Alta Montaña también se fue de la zona tras recibir una llamada similar, mientras que dos maestros más decidieron quedarse a pesar de las extorsiones.
En lo que va del año, 33 profesores en Bolívar han denunciado amenazas, según cifras de la Secretaría de Educación Departamental, 17 de las cuales han llegado desde el otro extremo del departamento, de municipios del sur. Ese es el caso de Deyanira Ballestas, la profesora de San Pablo que fue amenazada de muerte el pasado 4 de julio por alias ‘Carlos Mario’ a través de una escalofriante llamada que tuvo resonancia nacional. Como respuesta, el Gobernador convocó a un consejo de seguridad en el que se prometieron “prontas capturas” (que no se han dado) y Deyanira fue trasladada de inmediato a otra zona.
Las autoridades creen que las llamadas, al menos en Montes de María, corresponden a una extorsión carcelaria, y reiteran que esta zona sigue siendo un ejemplo de paz tras superar los peores años del conflicto. “Los bandidos desde el interior de las cárceles llaman y extorsionan a los diferentes gremios. Lo importante es que no hay presencia de actores criminales”, explica Mauricio Báez, comandante de la policía de Bolívar.
Un líder social del territorio, que pidió la reserva de su nombre, no está tan convencido de esa versión. Cuenta que varios campesinos, en distintos espacios de participación, han asegurado haber visto grupos de hombres armados y encapuchados en las veredas San Rafael, Piedra Azul y el corregimiento de San Isidro. Sin embargo, no se atreven a hacer las denuncias formalmente: “Sentimos que las Fuerzas Militares están descuidando la zona rural y hay gente moviéndose en el territorio”.
Ya sobrevivieron a lo peor
Maria Luisa Muñoz* recibió la llamada el día de su cumpleaños. Le pidieron 5 millones de pesos o que abandonara la vereda donde vive, ese lugar donde enseña hace más de 40 años. “Yo soy campesina pero no soy pendeja”, respondió y colgó.
Ese día siguió celebrando e ignoró otras las 36 llamadas del mismo número. Cuando terminó el festejo se dedicó a denunciar la amenaza y a organizar un paro de dos días en las escuelas de la zona; convocó a padres y líderes para pedir la atención de las autoridades.
Años después de haber soportado amenazas de la guerrilla y de los paramilitares, Maria Luisa deja claro que no se piensa dejar asustar: “No les voy a dar a los delincuentes el gusto de salir de mi vereda, nunca”.
En la misma posición permanece Ofelia Beltrán*, quien no ha recibido llamadas este año, pero fue una de las 62 docentes de Bolívar amenazadas en 2017. La exigencia en esa ocasión fue similar: debía comprar 10 celulares, entregar un millón de pesos o irse en 15 minutos.
Ofelia no eligió ninguna de esas opciones. Se quedó en el corregimiento donde nació y donde ha enseñado desde los días más difíciles para los Montes de María, una región que soportó más de 50 masacres y dejó cientos de miles de desplazados.
Fueron años de ver morir violentamente a algunos de sus alumnos, de esconderse debajo de las mesas con sus 55 estudiantes cada vez que había un combate entre la guerrilla y los paramilitares, de recibir amenazas directas del ELN acusándola de ser informate del Ejército.
“La tranquilidad ha vuelto bastante a la región, pero cuando a uno lo amenazan y le dicen que tiene tanto tiempo para irse, uno no está tranquilo”, dice en medio del ruido de voces y lápices que hacen sus alumnos de preescolar.
Hoy, además de dar clases de ciencias naturales, Ofelia es una de las líderes más activas de la Alta Montaña. Hace parte de comités comunales, agrarios y de reconciliación, por eso no le extraña ser blanco de llamadas y aparecer en panfletos.
En 2013, fue una de las organizadoras de una caminata pacífica de El Carmen a Cartagena para reclamar por la pérdida masiva del aguacate y exigir la reparación a las víctimas. Cinco meses después de llegar a una serie de compromisos con el gobierno, apareció en un panfleto firmado por las AUC, los Urabeños y las bacrim, acusada de guerrillera.
El riesgo de proteger a sus alumnos
Manuel Polo* fue uno de los últimos en recibir la llamada en abril. Dice que contestó porque era un número raro y no aparecía en la lista que habían creado y rotado los maestros de la zona días antes. Le pidieron 8 millones y un mes de plazo. “Yo colgué, saqué la sim card y opté por no usar ese teléfono”, resume con voz serena.
Sin haberle preguntado, cuenta cómo vivió en carne propia el secuestro en la década del 2000. Atendía un negocio familiar en el centro de El Carmen, algo que en esa época era suficiente lujo como para convertirse en foco de las extorsiones de la guerrilla. Un día lo sacaron de su trabajo, lo montaron en un carro, le pusieron una bolsa en la cabeza y se lo llevaron para el monte mientras le pedían dinero al dueño del negocio.
“Cuando se dieron cuenta de que yo no era el hijo del dueño, me soltaron”. Como hoy, se inventó estrategias de auto protección: rompió el teléfono, mandó a su familia a vivir a Cartagena y se quedó viviendo en el local, encerrado, como en una cárcel.
A Manuel, más que las llamadas extorsivas, le preocupan las repercusiones que puedan tener las denuncias de microtráfico que ha hecho para alejar a sus estudiantes de la droga. “A veces nos da miedo que nos amenacen con eso, ya ha pasado, pero uno no puede quedarse viendo cómo se pierden los pelaos”.
Por “los pelaos” es que Maria Luisa, Manuel y Ofelia se quedan en su tierra a pesar de todo. No olvidan la premisa que crearon las comunidades en los años de guerra: “Cuando se formaban las plomeras y los papás venían por los niños me decían: ‘seño ¿usted se va? Si usted se va, nosotros nos vamos’”, recuerda Ofelia.
*Los nombres han sido cambiados para proteger la identidad de las fuentes. Por esa misma razón se omiten los nombres y detalles de las veredas donde ocurrieron los casos.
