Una familia logró que el Estado fuera condenado por un robo de ganado que cometieron las Farc durante la zona de distensión a finales de los 90.
El 26 de diciembre de 1998, las Farc tomaron oficialmente el control de cinco municipios en los departamentos de Meta y Caquetá: La Uribe, Mesetas, La Macarena, Vista Hermosa y San Vicente del Caguán. La zona de distensión, acordada con el entonces presidente Andrés Pastrana para iniciar las conversaciones de paz, se concretó con la salida de los soldados del Batallón Cazadores. Así la guerrilla se convirtió en la única autoridad de esa región.
Los diálogos empezaron formalmente el 7 de enero de 1999 y tan solo cuatro meses después, el 28 de mayo siguiente, un grupo de guerrilleros robó 187 cabezas de ganado. Las reses eran de José Arturo Blanco Rincón y estaban en la finca La Esmeralda, ubicada en la Vereda Tierra Grata, en Puerto Lleras (Meta). Un predio que no quedaba dentro de la zona de distensión, pero que estaba cerca a sus límites.
De acuerdo con la denuncia que presentó Blanco, las Farc robaron su ganado justamente aprovechando que el inmueble colindaba con la zona de despeje. Para ese momento, cada vacuno tenía un valor de 600 mil pesos. Por lo tanto, el ganadero aseguró que lo despojaron de $112 millones de la época.
Blanco, quien se propuso buscar sus reses, se enteró de que habían sido llevadas de Puerto Lleras a La Uribe. Con ese dato solicitó al Ejército y al hoy desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) su cooperación para recuperar el ganado. No obstante, por una directiva nacional expedida por el Gobierno, el entonces general del Ejército René Rafael Pedraza y el DAS resolvieron que era inconveniente ingresar a la zona de distensión.
Un año después, José Arturo Blanco y su familia demandaron al Estado. En el escrito presentado ante el Tribunal Administrativo del Meta alegaron que la Gobernación de ese departamento, el Ministerio de Defensa, el Ejército, la Policía y el DAS eran responsables, administrativamente, de la pérdida de las 187 reses. Los afectados sostuvieron que el ganado fue robado por la supuesta omisión de las entidades públicas de la región, responsables de la vigilancia y la protección de los habitantes.
Según el texto de la demanda, el Gobierno dejó “a merced del grupo guerrillero, la imposición de su conducta de saqueo, secuestro, ajusticiamiento de civiles, robo y hurto, sin prever las circunstancias de desamparo constitucional de que serían víctimas los demás ciudadanos colombianos no adscritos al grupo insurgente del área”.
El caso de la familia Blanco no fue el único por esa época. A los tribunales también llegaron denuncias por otros robos de ganado como el que sufrió el hacendado huilense Ismael Díaz Gaitán; uno que se produjo en la finca Las Camelias, en Mesetas; uno más por el hurto de 138 vacas, reses y caballos de una hacienda en la vereda Puerto Lucas, de Vista Hermosa; y una por la desaparición de 6.609 reses, propiedad del Fondo Ganadero del Meta y otros miles de animales del Fondo Ganadero del Huila. Todos, robos millonarios.
Casi siete años después del robo, el Tribunal Administrativo del Meta negó la demanda de los Blanco al considerar que ninguna de las entidades era responsable de los desafueros de la guerrilla. Agregó que la decisión del presidente de permitir la zona de despeje fue constitucional y legítima.
Por su parte, la Gobernación del Meta señaló, en su defensa, que no le constaba la existencia y propiedad de los Blanco respecto de las 187 cabezas de ganado. El DAS sostuvo que no hubo “una negligente omisión del cumplimiento de sus funciones”. La Policía Nacional argumentó que el robo de las reses fue un acto “de índole terrorista”, cometido por personas ajenas a la Fuerza Pública y que, además, los Blanco nunca les informaron el hecho. Y el Ejército Nacional afirmó que la creación de zona de distensión supuso una restricción a las operaciones militares y que, como cuerpo armado al mando del presidente, se limitaron a cumplir órdenes.
“Ese experimento fracasó”
Durante el tiempo que duró la zona de distensión, entre el 7 de enero de 1999 y el 21 de febrero de 2002, y de acuerdo con las denuncias que se conocieron después, las Farc usaron ese territorio para sus hurtos y como escenario de homicidios, secuestros, extorsiones, atentados, tráfico de estupefacientes y reclutamientos.
“Las Farc utilizaron la zona para fines distintos a los definidos. Hemos comprobado que las Farc han construido allí nuevas pistas clandestinas y nuevos cultivos ilícitos”, denunció Andrés Pastrana el 20 de febrero de 2002 en una alocución presidencial.
Teniendo en cuenta las declaraciones del mismo mandatario, los Blanco apelaron el fallo del Tribunal del Meta ante el Consejo de Estado. Una década después, el 29 de julio de 2015, esa autoridad resolvió que las medidas que adoptó el Gobierno en la zona de despeje provocaron un desequilibrio en las cargas públicas que terminó por perjudicar a esa familia.
Por eso, el Consejo de Estado revocó la decisión proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, condenó a la Nación y la obligó a indemnizar a los Blanco. Casi 15 años después de que la zona de distensión desapareciera, se han proferido sentencias en seis casos de robo de ganado durante el periodo de despeje. Solo una de esa demandas, por falta de pruebas, acabó con una decisión desfavorable para el demandante.
