"El Estado tiene una visión de desarrollo pensada desde el saqueo": Leyner Palacios | ¡PACIFISTA!
“El Estado tiene una visión de desarrollo pensada desde el saqueo”: Leyner Palacios Ilustración: Juan Ruiz
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“El Estado tiene una visión de desarrollo pensada desde el saqueo”: Leyner Palacios

Santiago A. de Narváez - Mayo 10, 2020

Hablamos con este líder social sobre la Masacre de Bojayá, que cumple 18 años, sobre el documental en el que él es protagonista, sobre el papel del Estado y el proyecto de país que tiene una mirada de desarrollo muy particular y con unos efectos macabros sobre la vida de los ciudadanos en el Chocó.

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“Vaciado”.

Una palabra que podría significar, únicamente, algo así como andar fregado, jodido, en la mala o en la inmunda. Al hablar con Leyner Palacios sobre la presencia diferenciada del Estado colombiano en Bojayá se ilumina, sin embargo, otro sentido en la palabra, el que es mucho más obvio: un territorio vaciado es un territorio vacío, desalojado, desocupado por su población desplazada y desarraigada de él.

Esto es una estrategia de exterminio, dice Leyner cuando habla de las razones por las que el Estado se hace sentir únicamente con presencia militar. (A inicios de enero, hubo una incursión paramilitar de cerca de 300 hombres a la población de Pogue, sobre el río Bojayá. El ejército llegó a los tres días). En Bojayá no existe un médico permanente para la población. Y si hacemos zoom out, veremos que el Chocó no cuenta hoy, por ejemplo, en plena pandemia, con una sola cama de UCI. Si no se garantizan los derechos mínimos de una comunidad, esa población tiene que salir, irse, y dejar el territorio vacío y libre para que lo ocupen otros intereses, otras miradas sobre la tierra.

En Bojayá convergen la violencia y una enorme riqueza de recursos naturales, ¿coincidencia?, no lo creo, dice Leyner en el más reciente documental sobre la Masacre en ese pueblo, sobre esa iglesia, hace 18 años.

Bojayá, entre fuegos cruzados, del director irlandés Oisín Kearney, narra los hechos de esa masacre durante el 2 de mayo de 2002 y la vida de cinco familias y el proceso de sanación y de duelo que han recorrido durante todos estos años.

Leyner Palacios, junto a su familia, es uno de los protagonistas del documental. “No es que queramos que el país conozca la historia de Leyner, se trata de transmitir unos mensajes”. Y esos mensajes tienen que ver con la sanación, la reconciliación y la construcción de paz en años en que la paz firmada hace cuatro parece cada vez más difícil. “Le hemos pedido a Caracol, a RCN, a Señal Colombia, al Canal Institucional, a Canal Uno que proyecten el documental para que más personas se enteren”.

En su nombre convergen dos categorías: la de víctima y la de defensor de derechos humanos. Por sus trabajos como defensor y líder ha sido amenazado. “En este país se volvió más peligroso ser líder social que delincuente” dijo a comienzos de año.

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En 2017, decía en una entrevista que “el fenómeno de las Autodefensas es una estrategia de Estado”. En enero de este año denunció la connivencia ente el Ejército y grupos paramilitares en Bojayá. Y tuvo que salir del Chocó por amenazas inmediatamente después de hacer estas declaraciones. El 4 de marzo, el escolta de Leyner, Arley Chalá, fue asesinado en Cali, recibió 18 tiros. “Es una forma de decir: nos estamos acercando a usted”, dijo Héctor Micolta de la Comisión Interétnica de la verdad del Pacífico (CIVP), Comisión a la que también pertenece Leyner.

Hablamos con él sobre la Masacre que cumplió 18 años, sobre el documental que estrenó Canal Capital el pasado fin de semana, sobre el papel del Estado y el proyecto de país que tiene una mirada de desarrollo muy particular y con unos efectos macabros sobre la vida de los ciudadanos en el Chocó.

Aquí la entrevista:

Quiero empezar por una escena del documental en la que usted sale leyendo a Montesquieu. ¿Cuál es el valor de libros como El espíritu de las leyes

El espíritu de las leyes es precisamente la materialización de los derechos de la gente. A mí me dicen que el derecho es cambiante y que debe irse regulando a partir de las realidades del pueblo. Sin embargo, lo que yo experimento es una cosa totalmente distinta. Es muy coincidente que haya aparecido el libro el la escena en que hablaba de los lesionados. Entonces el espíritu de las leyes era un reclamo a ese Estado social de derecho que no estaba cumpliendo con el derecho a la salud. Hay otra escena donde se muestra la biblioteca que tenía en el Chocó y recordaba cuando estudié derecho. Y salía no de frente sino de espalda, porque me parece que el derecho está de espaldas al pueblo. La justicia ha tomado distancia de los valores y el espíritu de las leyes está respondiendo a un sistema capitalista.

Pero me llama la atención eso que dice, que el derecho está de espaldas al país, porque usted estudió derecho, es abogado, y ha entrado en el mundo del derecho con los mecanismos que el derecho provee, las herramientas que el derecho da para, digamos, negociar con ese sistema…

(risas) Sí, y en el documental también lo planteo. Yo entré a estudiar derecho para servir a la comunidad. Entré al derecho para comprender mejor los instrumentos y poder usarlos y ponerlos al servicio de la comunidad. Mire que en Bojayá era dificultoso hasta para hacer un derecho de petición. Para que uno pueda interlocutar con el Estado tiene que tener unos mínimos conceptos elaborados y si uno no tiene una mínima lectura de la Constitución, de la normativa, de la estructura del Estado, pues los procesos de negociación se hacen muy difíciles y frustrantes. Para mí era una necesidad de cualificación personal para, precisamente, constituir esos reclamos y esas exigencias.

En todo caso, cuando a mí me preguntan, ¿usted quién es? Respondo: yo soy Leyner, defensor de derechos humanos, nunca digo, “yo soy Leyner el abogado”. Porque considero que eso lo pone a uno en un estatus que genera distancia.

En 2015 usted decía que “la gente en Bojayá solo tiene esperanzas de paz, esperanzas de reconciliación”. Todavía no se había firmado la paz. ¿Cómo esta Bojayá cinco años después de que usted pronunciara esas palabras?

Hombre, pienso que…eso fue en el 2015, cuando estábamos en el proceso de construcción de paz y le habíamos metido bastante fuerza. Luego, en 2016 se vino todo el tema del plebiscito y Bojayá sufrió la primera traición: en Bojayá votó el 97% y el país decidió no acoger el Acuerdo. Para nosotros fue una frustración, fue empezar a no creer que esto iba a tener éxito. Después de firmado el Acuerdo de paz, Bojayá vivió alrededor de ocho meses en un camino hacia la tranquilidad y las cosas mejoraron bastante, la gente estaba retomando la confianza y ese sabor dulce de la paz se empezó a vivir allí. Sin embargo, pasaron ocho meses y al inicio de 2017, como en abril, se empieza a dañar la cosa. En octubre la situación en Bojayá estaba mas compleja. Pero 2018 y 2019 han sido años del infierno nuevamente para las comunidades en Bojayá. Allá se han dado múltiples confortamientos, confinamientos, asesinatos. Escenas que la gente vio en la era del 96 y 97, las volvió a ver en 2019. Las filas de desplazamiento…hacía tiempo no se veía la gente llevando ayuda humanitaria…la gente viendo uniformados, cuando Bojayá hizo una apuesta para que no hubiera uniformados ilegales en los territorios.

Como dice usted, se la jugaron para que la dejación de armas fuera un éxito.

¡Claro! Desde los consejos comunitarios, los resguardos indígenas –y en el documental se muestra eso– fuimos a muchas zonas a motivar a los guerrilleros para que esta paz fuera exitosa. Pero hoy Bojayá esta sumida entre la confortación del ELN y los paramilitares. Y realmente la gente la está pasando muy mal. Bojayá es hoy una zona de inferno y guerra. Nuestras ilusiones de paz han cambiado, seguimos manteniendo la esperanza pero no somos optimistas como éramos en el 2015. En esa época estábamos muy convencidos de que esa paz iba a ser exitosa. Mas aun cuando vemos la actuación del Gobierno, del ELN y del paramilitarismo.

Ha tocado un tema que quería hablar con usted. Usted ha dicho que “Bojayá tuvo la primera traición”. Luego de firmada la paz, el ELN ocupó los territorios que el Estado no ocupó. En Bojayá hoy no hay energía eléctrica las 24 horas, no hay médico permanente. ¿Para usted qué es el Estado?

Para mí el Estado es una mezcla de intensión social, institucional y leyes. Para mí el Estado es la participación de la sociedad civil pero también la capacidad de respuesta de satisfacción de necesidades por parte de la institucionalidad al pueblo. Eso no es lo que hemos tenido Bojayá, en la medida en que ha habido sociedad civil pero no ha habido institucionalidad. La figura que yo tengo de un Estado es un Estado medio fallido en cuanto a que hay procesos sociales pero no hay respuesta institucional.

Nuestras ilusiones de paz han cambiado, seguimos manteniendo la esperanza pero no somos optimistas

¿Cómo comprender que solamente después de 18 años de la Masacre de Bojayá se pudo hacer la entrega de los cuerpos para que la gente hiciera la sepultura de esos cuerpos? ¿Cómo entender que después de 18 años hay 158 lesionados que todavía esperan que sean atendidos adecuadamente y los gobiernos no han querido prestarle atención a eso? Y de esas personas se han muerto alrededor de 10 personas por cáncer, resultado de esas lesiones de esa Masacre. ¿Cómo comprender que en Bojayá hoy no exista un médico y que ese Centro de Salud –que tiene una infraestructura muy precaria– no cuente con unas condiciones para atender las necesidades mínimas de la gente? Allí en Bojayá la gente se muere de paludismo. Allí en Bojayá la gente se muere de anemia. De diarrea se mueren los niños. Imagínese la debilidad institucional, y en este caso en la atención en salud, es muy grande. Han pasado 18 años y el Estado no ha dado respuesta.

Por ejemplo…

Uno de los compromisos que salió después de la Masacre fue que el Estado haría un Hospital de primer nivel y han pasado 18 años de esa promesa y no hemos visto el Hospital de primer nivel. Hace poco se volvió a ratificar de que se va a hacer el Hospital de primer nivel allá en Bellavista y llevamos más de año y medio esperando eso. Entonces son niveles de desesperación cuando hay una traición tan fuerte en el sentido de que los gobiernos prometen y prometen y no cumplen.

Nosotros no estamos pidiendo cosas del otro mundo, cosas salidas de…lo mínimo que estamos pidiendo es que haya una tranquilidad para vivir. ¿Cómo es posible que en el 60% de las comunidades nuestras las viviendas estén en total deterioro? ¿Cómo es posible que el 60% de las comunidades nuestras no tengan energía? El 98% del pueblo de Bojayá vive a oscuras, porque energía hay pero sólo en el caso urbano y cuatro horas al día. No hay internet. Imagínese a esta altura y hay comunidades que no se pueden comunicar. Ojalá esta pandemia no llegue –si no es que ya está haciendo sus estragos allá. Porque hay comunidades que para atender a un enfermo son tres días en lancha. Imagínese si llega esta pandemia, la gente se muere sin que el Estado sepa que se murieron por Covid-19.

La pregunta obvia que vendría es ¿por qué? ¿Por qué para el proyecto de país, que tiene en el centro una idea puntual de desarrollo, no es conveniente integrar al Chocó a ese proyecto de país?

Por varias razones. La primera es que estamos en un país desigual y en un país discriminatorio. Lo que está pasando con los pueblos étnicos –recuerde que en Bojayá hay una comunidad indígena, 49% de su población es indígena y el resto es población afro, o sea que hay una concentración de pueblos étnicos: negros e indígenas–, entonces lo que hay es un fenómeno de discriminación racial.

Francia Márquez habla de racismo estructural…

Totalmente. Ahí se configura un racismo estructural y por eso no importamos. Porque de cierta manera….yo el otro día planteaba: si lo que está pasando en Bojayá estuviera pasándole a un sector de la clase política, a alguna gente de importancia del nivel central, eso ya se habría resuelto. Pero entonces como en Bojayá lo que hay son unos negros e indígenas, pues no son de interés para la clase política –no digo para la nación sino para la clase política–.

El otro elemento es que en Bojayá hay unos intereses económicos. Es un territorio rico en biodiversidad y recursos naturales. En la medida en que el Estado no provee derechos, eso obliga a la gente a que se salga del territorio. Esto obedece a una estrategia de exterminio. En la medida en que la gente tiene salud, educación, pues la gente resiste en el territorio. Pero si no, entonces se ve obligada a salir a otros lugares para buscar satisfacer esas necesidades, la gente se tiene que desplazar y hay un desarraigo del territorio. Y así, menos gente queda en el territorio, queda el territorio más vaciado. Eso hace parte de una  estrategia institucional para la consolidación de esos proyectos.

Y el tercer elemento es la ubicación geográfica. Bojayá es la bisagra del departamento. Si usted coge el mapa y mira, en Bojayá se une el sur con el norte. Pero luego coge el departamento del Chocó y en Bojayá se une en el diseño de los planes de desarrollo que están planteados para el pacífico y para el Chocó. Por ahí va a pasar el canal interoceánico. La conflictividad está en unos territorios donde está planteado un gran desarrollo propuesto desde lógicas de afuera. ¿Por qué Bojayá? Porque ahí hay unos procesos organizativos que reclaman unos derechos etnicoterriotriales que se ven en disputa con ese desarrollo que se quiere imponer allí.

En una entrevista reciente, el politólogo Francisco Gutiérrez decía que el animal que representa la paz en Colombia no debería ser la paloma sino el conejo, porque el Estado les ha hecho conejo a todos los acuerdos de paz. ¿Cómo hacerle frente a esas traiciones sistemáticas del Estado a los acuerdos de paz?

Aquí lo que necesitamos es una conciencia de la ciudadanía capitalina. Y de la ciudadanía urbana, en el sentido de que la ciudadanía comprenda que la paz es benéfica para ellos. El problema que tenemos es que esta paz que se ha construido es una paz que revierte derechos a una población que está humillada o postrada en la región. Esta no es una paz que, más allá de la dejación de armas, le dé beneficios a la población acomodada en las ciudades. ¿Si me hago entender? Esto no es de interés para un gran conglomerado de la sociedad colombiana, esto es de interés para ese país rural. Y ese país rural no le duele al país urbano. Aquí lo que necesitamos es que haya una conciencia del ciudadano urbano, de que hay una parte de sus connacionales que está sufriendo y que la paz es necesaria precisamente para aliviar esos dolores.

Cuando yo hago parte de una nación es porque hacemos un pacto de solidaridad. Necesitamos que ese pacto de solidaridad se ponga en su flote. ¿Cómo no se indigna ese país urbano porque no se lleve salud, educación a un territorio como este? Si usted mira el Acuerdo de paz no tiene mas nada distinto a lo que dice la Constitución, no hay nada novedoso. Lo que  hay es una ratificación a la Constitución del 91. Entonces negarse a implementar los Acuerdos es negarse a implementar la Constitución y a cumplir la ley. Entonces lo que necesitamos de la sociedad es que haya un repudio a esa negación del cumplimiento de la ley. Mientras no se reviertan esas posturas desde las ciudades, va a ser muy duro conquistar la paz.

¿Cómo ve entonces a la JEP, a la Unidad de Búsqueda y a la Comisión de la verdad?

La Masacre de Bojayá lleva 18 años en impunidad. Porque los tres responsables de esa victimización, hasta el día de hoy, no han cumplido con ningún castigo. Esa masacre no se investigó y no se esclareció nunca. ¿Cierto? Que la JEP funcione es un interés para Bojayá pero no para el país. El país –o más bien, esos grandes políticos, empresarios que posibilitaron esa masacre– querrán que eso se tape. No les interesa que la jurisdicción funcione y por eso le ponen tres mil obstáculos y le reducen el presupuesto y hacen cantidad de malabares y la critican, a la JEP, diciendo que es un pacto de la impunidad cuando con ese argumento están precisamente perpetrando la impunidad.

O el desafío que tiene la Unidad de Búsqueda, ¿qué tal que encontremos a los más de 84.000 desaparecidos? Eso va a ser un alivio para sus familiares, o al menos que se les de una explicación de qué fue lo que pasó con ellos. Con las exhumaciones en Bojayá eso fue un gran alivio, una gran satisfacción. Una viejita, Eva Chaverra, me decía que ella volvió a vivir a partir de cuando le entregaron los restos de su hijo. Esas son las expectativas que muchas víctimas tienen y si esto funciona, va a ser de mucha ayuda.

Bojayá cambió para siempre la forma de ver el dolor de las víctimas

Quiero volver al tema del que hablábamos, sobre el Estado. En enero hubo en Pogue una incursión paramilitar y usted decía: ¿cómo se explica entonces que 600 hombres armados entren a Bojayá sin que el Ejército sepa eso?, esa es una pregunta que suele incomodarle al Ejército porque ellos dicen que no hay connivencia ni ahora ni hace 18 años, cuando la masacre… ¿Qué respuesta hay para esta pregunta? Uno cómo se explica lo que usted plantea…

Esa es una pregunta que tiene explicación desde la perspectiva institucional. Vuelvo y la planteo: los que conocemos el territorio sabemos que es imposible que lleguen 600 hombres armados a un territorio cuando ese es un territorio que esta militarizado. Tiene que haber un nivel de tolerancia, de complacencia, de permisividad. Cuando se plantean estos temas a mí me generan muchos problemas porque son los temas que me han llevado a que tenga que salir del Chocó por la incomodidad que esto genera en algunos sectores. Pero yo lo hago no con el ánimo de descalificar el trabajo de la fuerza pública, lo hago con el animo de que se revise que algo está mal. Y que ese tipo de comportamientos desde la parte de la institucionalidad no lo podemos permitir porque es nuestra institucionalidad la que esta generando un nivel de desconfianza en la sociedad. Cuando fue la Masacre de Bojayá pasó algo similar. Se le advirtió al Estado que podía pasar esa masacre y los funcionarios de ese momento no prestaron atención. Queremos prevenir que algo como lo de Bojayá se repita.

“Es una lastima que exista una legislación étnica, pero no se aplique”, decía usted. ¿Cuáles son los artículos que hay que reglamentar de la ley 70?

Muchos. El capítulo cuarto, el sexto…todo lo que tiene que ver con recursos naturales. Si usted coge la legislación colombiana, en el caso de las comunidades negras, se reconoce el derecho a la cultura, la diversidad étnica, el derecho territorial, pero en ningún momento hay una forma para ver como se materializa ese derecho para que las comunidades lo puedan disfrutar.

Un ejemplo: el decreto 1745 creó los consejos comunitarios a partir de la ley 70. Y la tarea que le asignan al consejo comunitario es: realicen su propio reglamento y sean la máxima autoridad de administración del territorio pero ¿qué condiciones le está facilitando el Estado para que administren ese territorio? ¡Ninguna! Cuando la articulación el Estado la tiene desde las alcaldías y gobernaciones. Pero no hay un instrumento que permita esa coordinación con las autoridades tradicionales en los territorios étnicos.

Esa legislación étnica se queda en un romanticismo, en una cuestión semántica, quizás para decirle al mundo que Colombia es un país étnico e incluyente pero en la práctica no desarrolla ningún instrumento para incluir esa etnicidad. Nosotros somos mas bien una figura decorativa dentro del Estado y el sistema democrático que tenemos.

En los diálogos para la no repetición que organizó la Comisión de la verdad el año pasado usted decía que “en Colombia las comunidades nos damos cuenta de lo que van a hacer en nuestro territorio, cuando lo están haciendo”. ¿La consulta previa ha sido una herramienta útil para que las comunidades decidan sobre su territorio?

La consulta previa es un derecho fundamental que tienen los pueblos étnicos. Y en ese sentido, cuando se trata de un derecho fundamental, la misma Corte Constitucional ha dicho que no se debe menguar. Menguarlo sería poner en peligro la vida y la existencia de la gente. O sea que cada vez que se ataca la consulta previa, lo que se está atacando en definitiva es el derecho a la vida de estas comunidades. El problema es que el Estado tiene una visión de desarrollo centralista y de saqueo, no una visión pensada para las comunidades sino para que el territorio de las comunidades se utilice para el desarrollo. Entonces ahí estamos en contradicción.

En el marco de esta pandemia el Gobierno se atreve, desde el Ministerio de Interior, a emitir una resolución que pretendía regular procesos de consulta previa de manera virtual. Eso ya de por sí es un problema de falta de reconocimiento étnico. Porque si usted hace una propuesta de esas lo primero que tiene que ponerse a pensar es que en estos pueblos no hay internet. Entonces cómo les voy a proponer que hagan procesos  de consulta previa donde no hay internet, no entra la comunicación, ni un bendito celular. Esa es una manera de querer burlarse, es un irrespeto, demuestra la poca valoración por los derecho del otro. Tenemos un problema muy grave, si usted mira el Estado está diseñado y dirigido por personas que representan los intereses de la elite.

Usted hace parte de la Comisión interétnica de la verdad del Pacifico (CIVP). ¿Qué papel tiene la memoria histórica desde la perspectiva étnica para la construcción de paz?

Tiene un valor muy alto. El papel de la memoria juerga un papel central en la construcción de garantías de no repetición. Y esa es una de las cosas que más necesitamos nosotros los pueblos étnicos. Lo que nos preocupa, sin embargo, es que estamos viendo que hay una disputa por la desmemoria, por borrar esa historia del pasado. O sea, nos estamos negando el derecho a comprender que fue lo que pasó y queremos intervenir eso que pasó para amañarlo a nuestros intereses. Algunos sectores quieren hacer eso. Tamaño daño que le van a hacer al país, porque resulta que si se amaña esa memoria, no va a haber posibilidades de construir objetivamente condiciones de no repetición. Y entonces lo que le están diciendo al país es que lo van a condenar a una nueva guerra. Eso es lo que están preparando con esa desmemoria.

Porque la memoria y los testimonios que están recogiendo ustedes en la CIVP en territorios como el San Juan o en Vigía del Fuerte, en la misma Bojayá, tiene que ver con actuaciones económicas puntuales de minería ilegal, por ejemplo. Y eso tendría que ver con esa no repetición de la que usted habla…

Correcto. Nosotros nos hemos planteado ese ejercicio de memoria y esclarecimiento desde la CIVP de velar, al menos, seis categorías del daño. Le menciono algunas, para nosotros es muy importante el daño espiritual, allí está el daño ambiental, ¿cierto? Cómo en el conflicto armado se permitió el tema de la minería ilegal, la tala indiscriminada del bosque, se continúa arrasando nuestra madre naturaleza. Y si eso no es bien contado, vamos a tener problemas de que eso se siga repitiendo. Y así. Hay otro daño que es muy importante hablar, el daño a la autonomía y autodeterminación de los pueblos.

Los aportes que pueda hacer la CIVP va a ser muy importante como lección para el país. En ese sentido el documental es una primera narrativa que hacemos donde ponemos en escena el territorio, lo que le pasó a las personas, el daño a la integridad personal,  el daño cultural, cuando hacemos la recreación con el alabado, desde la perspectiva de sanación y del dolor.

Hablemos entonces sobre el documental. Sobre Bojayá y sobre la Masacres se han dicho y se han escrito muchas cosas. Qué le aporta este documental a todo lo que ya se ha dicho sobre Bojayá? ¿Qué es lo nuevo de este documental?

Primero, que es un testimonio vivencial de la historia de sufrimiento que pasamos cinco familias y que contamos directamente parte de cómo percibimos esa masacre. Hay muchos documentales donde han contado esa historia pero ha sido desde la narrativa del autor que estaba afuera, entonces aquí hay una narrativa y una participación directa de cinco familias y creo que tiene una preponderancia alta, en la medida en que es un relato desgarrador y que nos pone en la dimensión del impacto de la guerra. Cuando nosotros hacemos la narrativa, lo novedoso es que le enrostramos al país que los impactos de la guerra no terminan con la dejación de armas. Los impactos de la guerra perduran por muchos años y son muy difíciles de superar. Aquí lo que le ponemos al país es ¿ante qué desafío está? Si bien se ha firmado un Acuerdo de paz, ahora tenemos que entrar en el desafío de superar los impactos de esa guerra.

¿Cómo lograr un proceso de reconciliación en Colombia? ¿Qué relación ve usted entre reconciliación y sanación?

La sanación es el primer paso hacia la reconciliación. No se puede uno reconciliar si está enojado con su hermano, y eso hace parte de sanar los corazones. Por eso en Bojayá entendimos que cuando las Farc dijo “queremos ir a pedirle perdón a Bojayá”, Bojayá no perdonó inmediatamente, como se ha dicho. No. Bojayá lo que hizo fue recibir esa solicitud de perdón y empezar a sanarse y empezar a curarse. Por eso exigimos la necesidad de que se atiendan a los lesionados. La sanación tiene que partir con el proceso de identificación de los cuerpos y enterrarlos dignamente. Estamos trabajando de cara a esa sanación interior para que posteriormente cada uno desde su dimensión del dolor decida si otorga el perdón. Y una vez otorgado ese perdón es que podemos hablar de una reconciliación.

Nosotros somos más bien una figura decorativa dentro del Estado y el sistema democrático que tenemos

Estos son procesos que tienen sus etapas. Y no son mecánicos. Nosotros llevamos años haciéndolo. En este momento estamos trabajando en la sanación del daño. Consideramos que es necesario recuperar el tejido social, recuperar la confianza con nuestra institucionalidad. Por primera vez en este proceso de exhumaciones hicimos un proceso de articulación entre Estado y comunidad donde se dio un modelo de intervención muy bonito. Las instituciones del Estado hicieron presencia: Fiscalía, Medicina Legal y mire los resultados. Allí lo que hicimos fue acercar al gobierno con el pueblo. Y eso hace parte de los procesos de sanación. De cierta manera lo veo como una relación muy cercana pero considero que es el primer paso en el camino de la reconciliación. Y es al que nos debemos dedicar los colombianos: mas que proponernos una reconciliación vacía, propongámonos a ver cómo sanamos estas heridas y luego miramos qué resultados salen de ahí.

Usted dijo que siente que su trabajo como líder social sirve para que las comunidades impulsen ellas mismas los procesos promuevan las transformaciones…. ¿Cuál es la relación entre la construcción de democracia y los liderazgos sociales?

El liderazgo social es el que mantiene la democracia en un Estado de periferia y ruralidad. El liderazgo social es el que genera condiciones de diálogo. El liderazgo social es el que llama y reúne a la comunidad y hace consensos. Hace deliberaciones. Pienso que el sentido esencial de la democracia es generar consensos, diálogos, debates y construir caminos. La democracia no la podemos ver únicamente como un ejercicio del voto, sino más allá del voto. En Colombia los líderes hacen es precisamente eso: mirar los problemas en los que están sumidas las comunidades y plantearlos en los escenarios donde se puedan resolver. Eso es participación. Cómo participamos cuando discutimos con las comunidades el tema de salud y luego lo planteamos ante el gobierno para que responda. El liderazgo en definitiva pone en práctica los postulados y el articulado constitucional colombiano. Para mí el liderazgo es la esencia misma de la democracia. Desafortunadamente estamos en un momento en el que el país se ha dado el lujo de dejar atropellar esa democracia, representada en el liderazgo.

Desde hace unos años, desde el proceso de paz, han surgido nuevos liderazgos territoriales en las distintas regiones del país donde ha pegado mas duro la guerra. ¿Cuál es hoy su lugar como líder comunitario en Bojayá?

El proceso de paz permitió precisamente que se alzaran las voces. Se callaron los fusiles para que el pueblo hablara. Y eso fue muy significativo. En ese sentido, han emergido unos liderazgos en distintas partes de Colombia, Bojayá no es la excepción, y lo primero que hace Bojayá es constituir un gran comité por los derechos de las víctimas de Bojayá. Pero ahí hay otras expresiones organizativas como el grupo Guayacán, como los consejos comunitarios, los resguardos indígenas, hay organizaciones juveniles, organizaciones productivas. Hay grupos de mujeres. Grupos de alabados. Y en todos ellos hay liderazgos muy importantes, muy buenos, muy claros. Los valoro, los reconozco y los admiro a todos. Y yo me considero un ayudante dentro deseos procesos. Me considero un líder que lo que hace es precisamente articularse a esas dinámicas que están allí en las comunidades y no es un rol de protagonismo, sino en un rol de ayudante. De un líder que tiene una capacidad para escuchar muchos testimonios, muchas vivencias de la gente y hacer a partir de lo que la gente quiere que se haga. Me considero uno de los líderes más humilde allí en Bojayá hay otros liderazgos mucho mejores, mas fuertes y mucho más contundentes que el que yo hago.

Quería leerle, para terminar, las preguntas que planteaba la Comisión de la Verdad en un comunicado justo después de que asesinaran a su escolta, Arley Chalá. La Comisión termina el comunicado preguntándose lo siguiente: “¿Por qué continúa esta incesante muerte de los líderes y lideresas sociales, esta constante ruptura de nuestra dignidad? ¿Por qué la sociedad colombiana no reacciona con la suficiente indignación por la persistencia de lo intolerable? ¿Por qué las acciones del Estado no son eficientes para detener esta tragedia? ¿A quiénes benefician estas acciones que destruyen un tejido social larga y laboriosamente construido?”

Sí, valoro mucho esas preguntas y lo invitaría a que las presentara dentro de esta entrevista como las preguntas que nos planteamos también las víctimas. Es necesario que esas preguntas el pueblo colombiano nos ayude a responderlas. ¿Quiénes son los que se benefician de la guerra? ¿Por qué persiste el conflicto armado? ¿Y por qué nos negamos a una oportunidad de salir de él? Son preguntas que el pueblo colombiano debería plantearse.

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