En medio de la confusión reinante sobre los resultados de la política que intenta devolverles a los campesinos la tierra que el conflicto les quitó, ¡PACIFISTA! hace un intento por aclarar algunos de los aspectos más relevantes de la discusión.
Por: Esteban Montaño
En junio de 2011 Colombia se embarcó en un ambicioso proyecto para sanar las heridas de la guerra. Con la puesta en marcha de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras se pretendía, por un lado, reconocer y reparar a los civiles que han sido afectados por el conflicto armado desde 1985. Y por el otro, devolverles las tierras a todos los campesinos que las habían perdido por causa de esta confrontación.
Esta semana se están cumpliendo cuatro años desde que comenzó ese proceso y, a la hora de hacer el corte de cuentas, la situación es bien distinta en ambos casos. Hasta el momento se han registrado más de siete millones de víctimas de las cuales, según el Gobierno, cerca de medio millón ya han sido reparadas económicamente. En términos generales existe un relativo consenso sobre las bondades y los efectos positivos de esta estrategia que, según observadores internacionales, no tiene precedentes en ningún lugar del mundo.
En contraste, el balance sobre la política de restitución de tierras naufraga en un mar de datos encontrados, acusaciones veladas, violencia contra los reclamantes, cuestionamientos sobre su efectividad y escepticismo sobre las posibilidades de que llegue a cumplir con su objetivo. El martes, las organizaciones Forjando Futuros y Paz y Reconciliación publicaron un informe en el que resumieron sus objeciones al proceso diciendo que, a este paso, la devolución de las tierras a sus propietarios originales va a tardar 529 años.
Pero la Unidad de Restitución respondió inmediatamente con un comunicado de prensa en el que se defendió de las críticas y mostró otras cifras de las que se desprenderían conclusiones totalmente distintas. En la discusión terció un periodista que ha trabajado el tema defendiendo la gestión de la Unidad y sugiriendo que los autores del informe podrían tener intereses oscuros. Después de todo, lo único que está claro es la enorme confusión que reina en torno a este tema.
Por esa razón, ¡PACIFISTA! decidió revisar la información que está disponible al respecto y presentarla de una manera más ordenada con el fin de aportar a la comprensión de este asunto tan complejo. Estas son algunas de las principales consideraciones que usted debe tener en cuenta para entender lo que está ocurriendo con la restitución de tierras en el país.
Se sabe cuál es el problema, pero no se conoce su magnitud
Para nadie es un secreto que la violencia en las regiones de Colombia ha estado aparejada con el despojo y el acaparamiento de la tierra. Eso es lo que muchos estudiosos del tema han denominado la contrarreforma agraria, debido a que logró revertir las políticas estatales que intentaron favorecer el acceso a la tierra por parte de los campesinos pobres. El problema es que no se sabe exactamente de cuántas hectáreas se está hablando.
Esto se explica porque el país nunca ha contado con un sistema catastral eficiente en el que se establezca quiénes son los propietarios de la tierra. El propio Ministerio de Agricultura reconoce que más del 40 por ciento de los predios rurales no tienen un título de propiedad cierto. De ahí que cualquier estimación de la magnitud del despojo sea una especulación. Y ese es el origen de muchas confusiones cuando se trata de saber si la política de restitución va por buen camino.
Por ejemplo, el informe de Forjando Futuros y Paz y Reconciliación se basa en una cifra de seis millones de hectáreas a restituir a partir de un cálculo realizado por el exministro Juan Camilo Restrepo. Pero otros estudios, como el de la Comisión de Seguimiento a la Política de Atención al Desplazamiento, hablan de que el total de hectáreas despojadas sería cercano a los dos millones. Ante esta realidad, el Gobierno ha aclarado que no tiene una meta estimada en número de hectáreas sino en el compromiso de tramitar el ciento por ciento de las solicitudes que lleguen a la Unidad de Restitución de Tierras (URT).
Aun así, el proceso va a un ritmo lento
Hasta finales de mayo, la URT había recibido cerca de 78 mil solicitudes de restitución. De estas, solo dos mil fueron resueltas por la justicia, lo que significa que apenas el dos por ciento del total de peticiones tuvieron una solución judicial. Para entender estos resultados hay que tener en cuenta varios factores. El primero es que no todos los casos que llegan a la unidad pasan a evaluación de los jueces. Antes tienen que surtir un proceso administrativo en el que se recolectan pruebas y se valora si hay méritos para pedir su restitución.
Según la URT, de las 19 mil solicitudes que ha estudiado –el 25 por ciento del total- en siete mil ha encontrado motivos suficientes para poner los casos en conocimiento de la justicia. En segundo lugar, aunque según la Ley los jueces cuentan con 120 días para tomar una decisión, según el informe de las organizaciones mencionadas en el 82 por ciento de los procesos judiciales se excedió este límite temporal. Por ello, de las 450 mil hectáreas que se han demandado, hasta el momento 100 mil han sido devueltas a sus dueños originales.
Por último, el hecho de que el proceso se esté realizando en medio de un conflicto que continúa latente impone una serie de restricciones operativas. De acuerdo con la Unidad de Restitución, menos de la mitad de las solicitudes se encuentran en zonas en las que el Ministerio de Defensa ha definido que las condiciones de seguridad son aptas para que la gente retorne a sus predios. Y en lugares como Urabá, uno de los puntos más álgidos de la disputa por la tierra, se han constituido verdaderos ejércitos antirrestitución, los cuales han asesinado a 19 reclamantes en los últimos siete años.
A esto se suma un fenómeno que está tomando fuerza en los últimos meses: ante las demoras de las decisiones judiciales, muchos campesinos están optando por invadir los predios que consideran suyos. Y esto ha desatado las respuestas violentas por parte de los esquemas de seguridad de los actuales ocupantes, en muchos casos empresarios palmeros, quienes a su vez se sienten víctimas de estos “invasores”. Toda una bomba de tiempo que urge ser desactivada para evitar que los muertos sigan aumentando.
Hay tiempo para corregir el rumbo
La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras fue pensada para ser ejecutada en un término de diez años. Esto significa que la hora de la verdad llegará en 2021, cuando se sabrá si el Estado fue capaz de reparar a las víctimas y de devolverles las tierras que les fueron usurpadas. Faltan seis años para que ese plazo se cumpla y aún es muy temprano para dar un veredicto definitivo sobre el éxito o el fracaso de estas iniciativas. Pero las alarmas están prendidas.
Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras, ha dicho que estos primeros años fueron para ordenar la casa y poner en marcha todo el aparato institucional. De aquí en adelante se espera que la efectividad del proceso empiece a ser más palpable. Para ello es necesario introducir algunas modificaciones para agilizar los trámites. Como explica León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, “es importante que se empiecen a priorizan las restituciones colectivas sobre las individuales y que en los casos en los que no haya opositores se haga la restitución sin pasar por el sistema judicial”.
Ahora bien, no todo depende de esta entidad. También es clave fortalecer la presencia del Estado en las regiones para evitar que los reclamantes sigan siendo asesinados, así como generar mayores incentivos para que los campesinos que tuvieron que desplazarse a las ciudades vean en el retorno una verdadera oportunidad para vivir del campo. Además, no hay que perder de vista que el desenlace del proceso de paz de La Habana podría ayudar a despejar el panorama o seguirlo entorpeciendo. Con el tiempo se conocerá si esta apuesta dio resultados.
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