Diego Carreño tiene 31 años y se define como “ objetor de conciencia antimilitarista y no violento”. Su meta: que el servicio militar deje de ser obligatorio y la libreta militar no impida el acceso de los jóvenes colombianos a oportunidades de trabajo y educación.
Por: Nubia E. Rojas G.
Un mes después de que se conociera el resultado de la sentencia sobre el caso del joven objetor de conciencia al servicio militar obligatorio, Reynaldo Aguirre, el nombre de otro muchacho empezó a aparecer en los medios de comunicación por el mismo motivo. Se trata de Diego Carreño, de 31 años, el primer colombiano beneficiado por la Ley 1738 de diciembre de 2014, por la cual se elimina la libreta militar para graduarse de estudios superiores.
Aunque ambos comparten convicciones sobre la inutilidad de la violencia para resolver conflictos; sobre la necesidad de que Colombia cambie sus imaginarios sobre la masculinidad asociados al ejercicio de la violencia y de que para ser un héroe hay que portar un arma; y están seguros de que un país nuevo requerirá de que sus jóvenes trabajen por la paz y no pierdan la vida en la guerra, Diego no es objetor por razones religiosas.
Es el segundo de seis hermanos de una familia de clase media en que los hijos fueron criados por unos padres amorosos que siempre les inculcaron valores de libertad, autonomía, respeto e igualdad. Su mamá fue quien primero les habló a Diego y a su hermano mayor, Julián, sobre la objeción de conciencia, pues conocía del tema gracias a su trabajo en derechos humanos con una organización cercana a Justapaz, ong perteneciente a la Iglesia Menonita que se fundó hace 25 años, precisamente, en oposición al servicio militar obligatorio. Al igual que Reynaldo, a la edad de 15 años Diego empezó a hacer parte del programa de Hacedores de Paz.
Su papá, un comerciante con vocación de músico que falleció poco antes de que Diego lograra ver cumplido su sueño, tuvo que enfrentar una crisis económica en los años 90 de la que nunca pudo recuperarse y que puso en grave riesgo la estabilidad -además de cambiar los roles de género- de la familia.
Esa circunstancia tuvo mucha influencia en la conciencia social de Diego, que actualmente hace parte de la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia- ACOOC, un grupo muy bien organizado de jóvenes que se autodefinen como “no violentos y antimilitaristas” que ha colaborado con otras organizaciones, como la propia Justapaz, en el impulso, incidencia y visibilización de este tema.
Estos muchachos, en su mayoría universitarios, quieren ir mucho más allá de la defensa del derecho individual a la objeción de conciencia. Pretenden defender derechos colectivos, transformar las normas, crear alternativas y procesos de pedagogías para la paz y la no violencia.
Diego no solo objetó al servicio militar obligatorio, sino a hacer parte de la reserva del Ejército y a tener la libreta militar, como muchos de sus compañeros de ACOOC. Se graduó del colegio con 16 años, así que no podía ser reclutado; sin embargo, una vez cumplida la mayoría de edad, debía pagar la cuota de compensación militar y la expedición de la libreta militar de reservista de segunda clase, pero se negó.
“Decidí que no tenía sentido que yo, así no fuera a filas, terminara pagándole a un Ejército cuyos ideales no comparto y haciendo parte de su reserva. Personalmente, considero que eso hubiera sido un irrespeto a mis convicciones. Me declaré como objetor de conciencia antimilitarista en el amplio sentido de la palabra, lo que incluye el rechazo a cualquier actor armado, legal o ilegal, y al uso de la violencia como método de lucha política. Mi objeción de conciencia antimilitarista está basada en la no violencia activa como principio de acción política”, dice plenamente convencido.
El joven pudo entrar a la Universidad Libre a estudiar filosofía eximido del requisito de la libreta militar, gracias a una certificación de Justapaz en la que constaba su participación en procesos de formación para jóvenes objetores. Diego continuó vinculado al tema desde diversas iniciativas durante su vida de estudiante y llegó, incluso, a trabajar en Ecuador con una ong belga.
Al reunir todos los papeles para tramitar el grado, sustituyó la libreta militar por una carta en la que le explicaba a la universidad todo su proceso como objetor de conciencia, pidiéndole que le eximiera de ese requisito. La universidad se negó haciendo referencia a la normativa vigente. Paralelo a eso, Diego tenía un proceso judicial abierto contra el Ejército -según él, después de muchas negativas y evasivas-, exigiendo su derecho a ser reconocido como objetor de conciencia.
El proceso se alargó durante años y Diego empezaba a perder la calma: “En términos psicosociales, se me estaba convirtiendo en una carga”, dice. “Me decía a mí mismo que ya llevaba muchos años en esa lucha, pero estaba tan agotado que a veces me preguntaba si no tendría que sacar la libreta militar. Hubiera sido mucho más doloroso retractarme de la decisión que había tomado por tantos años que mantenerme en ella, porque eso iba a ser más lesivo para mi conciencia y para mi proyecto de vida. Entonces me reafirmé en la lucha, pero sabía que todo el proceso podía dilatarse mucho más”.
Diego ha tenido que enfrentar muchas dificultades por el hecho de no tener la libreta militar: además del desgaste emocional y de haber tenido que posponer durante años la fecha de su grado por la exigencia que la universidad le hacía, perdió la oportunidad de obtener una visa de trabajo para continuar en Ecuador.
En Colombia también perdió oportunidades de trabajo, especialmente con el sector privado, aunque según el defensor del Pueblo para Asuntos Legales y Constitucionales, Luis Manuel Castro, este requisito hasta ahora solo es necesario para contratar con el Estado y las organizaciones privadas no están obligadas a exigirlo. Finalmente, Diego ha conseguido subsanar esas dificultades contruyéndose un perfil laboral como consultor, algo para lo que, según dice, no ha necesitado la libreta militar. Por si fuera poco, hace unos meses una universidad se negó a admitirlo para una maestría por no tener ese documento.
Para él y para sus compañeros de Acooc la libreta militar es violatoria de los derechos fundamentales de los hombres jóvenes en Colombia: “Si no puedes ejercer tu derecho a la educación graduándote de la universidad, tampoco puedes conseguir los fines para los que estudiaste, como incorporarte en el mercado laboral en condiciones de igualdad. Eso genera discriminación y que no puedas garantizar tu subsistencia, es decir, ejercer tu derecho al trabajo y a una vida digna”, dice Diego en el tono serio y enfático que le caracteriza.
Para estos muchachos también es importante que en Colombia se empiece a debatir la objeción fiscal, es decir, la posibilidad de negarse, por motivos de conciencia, a pagar impuestos o cargos económicos, como la cuota de compensación militar, que vayan destinados a la guerra.
“Hay muchas maneras en que los jóvenes podemos servirle a nuestro país”
Justapaz y Acooc son dos de las organizaciones que más activamente han promovido la creación de un servicio social alternativo al servicio militar obligatorio para los jóvenes que se rehúsen al uso de las armas y al ejercicio de la violencia para defender ideales políticos o valores nacionales, así se juzgue legítimo, como en el caso del Ejército.
“Ahora que en el marco de las negociaciones de paz entre el Gobierno y las Farc se habla tanto del desescalamiento del conflicto, sería bueno que se debata sobre la necesidad de reformar las estructuras que sostienen ese conflicto, como el Ejército”, dice Jenny Neme, directora de Justapaz. “Nuestra hipótesis es que no se necesitan tantos efectivos ni trazarse una meta tan alta de reclutamiento. El servicio militar debería dejar de ser obligatorio”, añade.
En eso están de acuerdo las dos organizaciones que, pese a sus aparentes diferencias, han mostrado mucha apertura y trabajado juntas varias veces en ese sentido. A eso apunta, por ejemplo, la participación activa que ambas han tenido en la promoción de un Servicio Social para la Paz, iniciativa de la que ya se habla en el Congreso.
“Como la paz no es solo un derecho, sino un deber -algo que también se dice del servicio militar-, entonces el deber de mantener la paz es una de las maneras en que se puede servir a la comunidad”, defiende Diego.
“No es que los jóvenes que nos hemos declarado objetores de conciencia al servicio militar obligatorio no queramos servirle a este país, lo que pasa es que queremos hacerlo de manera diferente: no con las armas, sino con actividades que ayuden a que la paz sea una realidad, como los derechos humanos, la memoria histórica, el trabajo con víctimas, etcétera”, dice.
Para Diego y sus compañeros de Acooc, el Estado debe abrir los espacios para que los jóvenes sean constructores activos de paz y no promotores de la guerra. Algo similar decía hace unos meses el propio comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, cuando propuso que los jóvenes contribuyan a la construcción de paz en un escenario de postacuerdo.
Por su parte, el defensor Castro recuerda: “Hay una promesa electoral del actual presidente Santos según la cual, si se firman los acuerdos, se eliminará el servicio militar obligatorio. Hacia allá va la legislación y hacia allá deben orientarse muchas acciones del Estado: a quitar esa tendencia de materializar el proyecto de vida de una persona alrededor de una libreta militar. Hay que materializar esas expectativas que fueron parte de esa promesa de campaña que determinó la decisión de muchas personas de reelegir la actual administración”.
“La objeción de conciencia es una apuesta política y ética a favor de la paz”
Los muchachos de Acooc cuestionan los valores de una sociedad represiva y autoritaria, como la colombiana, que, según consideran, está asociada al machismo y a valores como el “heroismo”, que se vende como un valor de quienes usan el autoritarismo y la violencia para hacerse valer. Se niegan a ser ese ideal de hombre y pretenden generar cambios profundos en la manera en que esta sociedad se percibe. Por eso emprenden acciones pedagógicas y de incidencia concretas a través del arte. Se niegan a ser tachados de apáticos, desinteresados y superficiales por el mero hecho de ser jóvenes.
“La apatía y la indiferencia tienen mucho contenido político en tanto a lo que se oponen es a esa forma tradicional y adultocéntrica de hacer política”, dice Diego. Los jóvenes sí estamos aportando a la sociedad, pero desde nuestros lenguajes y nuestro ámbito cotidiano. Y estamos cansados de la guerra y de la clase política corrupta, guerrerista y violenta”.
Se declaran abiertamente pacifistas, pero no acríticos: “¿Es sostenible un proceso de paz si los jóvenes de más bajos recursos son los que acaban en la guerra -como actores legales o ilegales-, sin oportunidades de acceso a la educación, el trabajo, la vivienda o la salud? ¿Es sostenible la paz en un país que invierte más dinero en seguridad y defensa que en política social?”, se preguntan. Para ellos, si el proceso de negociación no apunta a erradicar las causas estructurales del conflicto, es muy poco probable que Colombia salga de la espiral de violencia, la guerra y la militarización.
“Los cambios generacionales son importantes. Los retos que enfrentará este país en materia de construcción de paz, en el caso de que llegue a firmarse un acuerdo, serán muy grandes. Por eso es necesario contar con las nuevas generaciones para hacer de Colombia un país diferente”, dice Diego. Tiene claro que quiere seguir estudiando e incidiendo para que a los jóvenes no se les siga exigiendo la libreta militar para ejercer sus derechos.
En opinión suya y de sus compañeros la esperanza de paz ha propiciado que en este país empezaran a suceder cosas insólitas, como que cada vez se hable más de la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio y los jóvenes apuesten por la resolución pacífica de los conflictos. “Quienes nos hemos negado a las armas estamos construyendo un país distinto, fuera de la guerra. Nuestra bandera son los derechos humanos y la no violencia”.
