El cuerpo de las mujeres fue un trofeo de guerra en Arauca

Los paramilitares del bloque Vencedores de Arauca usaron la violencia sexual para afianzar su control en ese departamento.

El 1 de diciembre de 2011 se profirió la primera condena por un crimen de género en Justicia y Paz. José Rubén Peña, Wilmer Morelo y José Manuel Hernández, exintegrantes del bloque Vencedores de Arauca de las Autodefensas, enfrentaron un proceso que acabó condenando a Peña Tobón por dos cargos de acceso carnal violento en persona protegida.

La sentencia le ordenó al Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) que se encargara de documentar, a partir de ese caso, los crímenes sexuales como crímenes de guerra y de lesa humanidad. Entonces, el Centro buscó explicar cómo los grupos armados legales e ilegales han utilizado la violencia sexual y de género contra las mujeres en Arauca, y para ello produjo un informe.

El documento, titulado “Crímenes que no prescriben: la violencia sexual del bloque Vencedores de Arauca”, fue presentado en abril pasado por Luis Carlos Sánchez, coordinador del equipo de reparaciones del CNMH; Isabel Caballero, relatora del informe, y Jineth Bedoya, periodista y defensora de víctimas de violencia sexual.

La triple discriminación

Vivir en zonas periféricas, donde el Estado es débil, pone a hombres y mujeres en una condición de vulnerabilidad frente a la violencia y el control que ejercen los grupos armados. Pero hay condiciones que afectan especialmente a las mujeres. Dice el CNMH que “las relaciones desiguales de poder frente a los hombres las han situado en condiciones de vulnerabilidad que las exponen a riesgos específicos de género en contextos de marginalidad y violencia”.

Así, las mujeres que viven en zonas rurales, discriminadas por su género y por su procedencia, también deben enfrentar los impactos desproporcionados que el conflicto ha tenido sobre ellas.

En el caso particular de los grupos paramilitares, el CNMH identificó que esos actores usaron la violencia sexual para atacar a las lideresas, para sembrar terror y provocar desplazamientos, para destruir los círculos afectivos de quienes consideran sus enemigos, para castigar conductas que consideran “deshonrosas” (mujeres chismosas, infieles, pelioneras, “brujas”), y como una forma de “cohesión” entre sus hombres, que afianzaban de esa manera sus personalidades violentas.

Violencia sexual para aterrorizar a la población 

A principios de la década del 2000, el Ejército aumentó su presencia en Arauca. Debido al arraigo del ELN en ese departamento, y posteriormente a la llegada de las Farc, los araucanos han cargado con el señalamiento de ser guerrilleros.

En agosto de 2001, en el marco de la expansión de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el bloque Vencedores de Arauca (BVA) empezó a afianzarse en la zona. En su momento de máxima expansión, el BVA alcanzó a cubrir el 60% del departamento.

A partir de la llegada del BVA, dice el informe, el número de civiles muertos se disparó. Aunque, en teoría, la llegada de ese bloque a Arauca había sido para combatir a la guerrilla, cifras de Justicia y Paz afirman que apenas el 0,76% de las víctimas de ese grupo paramilitar fueron guerrilleros. El 99,24% fueron civiles desarmados. El CNMH dice que hay “un indicio de la existencia de una estrategia deliberada y planeada de ataque contra la población civil”.

La violencia sexual por parte del BVA, según el informe, representa un porcentaje reducido respecto a los demás crímenes. Sin embargo, no puede olvidarse que los crímenes sexuales presentan una alta tasa de subregistro, sobre todo en zonas rurales. Además, agrega el CNMH, la lucha contra la violencia sexual no ha sido una bandera de las organizaciones de mujeres en Arauca, más enfocadas en temas de empoderamiento económico.

Uno de los hechos que explica cómo la violencia sexual era un arma de los paramilitares es la masacre de El Caracol, un corregimiento de Arauca, ocurrida en 2003. Todo empezó cuando José Rubén Peña, alias “Lucho”, detuvo un camión en la carretera. Allí viajaba una familia, casi toda compuesta por hombres. “Por no ser de por ahí”, contó “Lucho” años después, varios de los hombres fueron torturados, marcados con las siglas “ELN” en el pecho, y posteriormente asesinados. A dos de las niñas de la familia, de 14 y 17 años, “Lucho”y sus hombres las violaron.

En ese caso, dice el informe, “el abuso sexual hace parte de una estrategia de deshumanización de la población civil araucana”. Las niñas abusadas, por ser araucanas y por ser compañeras de los hombres señalados de ser guerrilleros, son reducidas y, “desde la lógica perversa de los paramilitares, no deben ser tratadas con respeto y pueden ser sometidas a esa clase de abusos”. Eso, concluye el CNMH, “es un ejemplo de violencia sexual estratégica, que se enmarca además dentro de una línea de conducta de ataques con sevicia contra la población civil”.

La responsabilidad de las guerrillas y del Estado

Sobre la violencia sexual al interior de las Farc y del ELN, el informe relata casos donde milicianos o combatientes se aprovecharon de su posición de poder para abusar sexualmente de mujeres. Sin embargo, el CNMH afirma que “hay grupos que evitan cometer crímenes de esa naturaleza para poder mostrarse, posiblemente incluso ante la comunidad internacional, como superiores en términos morales a sus enemigos”.

Las guerrillas colombianas, dicen, hacen parte de esos grupos. Dependen de las comunidades, por lo que “estaría dentro de sus intereses prácticos e ideológicos prohibir la violencia sexual por parte de sus combatientes”. Sin embargo, el informe da cuenta de que, según la Fiscalía, más de 500 hombres y mujeres fueron abusados sexualmente por las Farc desde 1995. Concluye que “a pesar del discurso y los códigos de conducta que prohíben la violencia en contra de la mujer, los casos de violencia sexual existen en las guerrillas”.

Sobre los crímenes sexuales cometidos por el Estado, a través de sus fuerzas de seguridad, afirma el CNMH que “se debe tener en cuenta el hecho de que estos tienen un impacto mucho mayor en la sociedad y en las víctimas porque el Estado tiene el deber de proteger a sus ciudadanos”. Un caso conocido de abuso sexual por parte de miembros del Estado en Arauca fue la violación de dos niñas adolescentes y el homicidio de una de ellas junto con sus dos hermanos pequeños por parte de un teniente del Ejército en el sector de Floramarillo, municipio de Tame.

Sin embargo, ese tipo de violencia extrema, según el documento, no sucede en la cotidianidad. En cambio, dicen, “del trabajo de campo se desprende que los acosos y amenazas por parte de los soldados y policías hacia las mujeres civiles araucanas sí lo son”. La dificultad que han tenido las Fuerzas Armadas para establecer un dominio militar en Arauca ha hecho que “los combatientes del Estado busquen establecer su poderío sobre el territorio y la población araucana, demostrando su dominio sexual sobre las mujeres a través de acosos y amenazas”.

A pesar de eso, el informe acaba diciendo que no existe evidencia de un ataque sistemático y generalizado en contra de la población civil por parte de las fuerzas del Estado, y que no se puede sustentar que se trata de crímenes de lesa humanidad. “Pero los casos de violencia sexual documentados, que sí podrían ser considerados crímenes de guerra, sumados a los acosos y amenazas registrados, son lo suficientemente comunes como para decir que la situación en Arauca amerita una revisión urgente por parte de las Fuerzas Armadas”.