Hasta el momento, la Unidad se ha contactado con 700 familiares en 25 territorios del país.
La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas —creada en el Acuerdo de Paz para encontrar a más de 100.000 desaparecidos — anunció la buena noticia de que comenzará a funcionar en varios territorios desde el mes de mayo, pero también la triste realidad de que este año funcionarán con menos plata de la que se había proyectado inicialmente. Así lo confirmó hoy la directora de la Unidad, Luz Marina Monzón.
La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas se enfrentará a la titánica tarea de encontrar e identificar los desparecidos en el conflicto, muertos o vivos, que se estima pueden estar por encima de los cien mil. Una cifra que calcula la directora teniendo en cuenta las cifras parciales de distintas entidades como Medicina Legal y el Centro Nacional de Memoria Histórica.
Por eso un gran reto de la Unidad será centralizar la información desperdigada en las distintas entidades. “Cada institución maneja sus propias categorías”, explica Monzón, “y para la identificación del ADN es vital tener la información en un solo lugar.” Para ello la Unidad realizó convenios para el acceso a sistemas de información con el Centro Nacional de Memoria Histórica, el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, así como organizaciones de familiares y la sociedad civil.
Inicialmente se había hecho un cálculo presupuestal para que la Unidad contara con una planta de 522 personas, una proyección que el Ministerio de Hacienda aprobó y consideró viable en un primer momento. Solo que la planta debía ser proveída gradualmente. Sin embargo, después de que se presentó la ley del presupuesto, el plan cambió.
Se estipuló que los recursos debían contratarse de manera gradual, primero el 30% de la planta en 2018, luego el 50% en el 2019, y el último 20% en el 2020. Pero luego de que se aprobara la ley del presupuesto presentada por el gobierno de Iván Duque, la plata que correspondía a los recursos de este año destinados a contratar 261 personas alcanzó solo para 59.
El presupuesto solicitado para 2019 fue de $104.109 millones, pero finalmente solo se aprobó una tercera parte.
La implementación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas tampoco quedó dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND). Monzón nos dijo que sería importante que la paz tuviera una visión y una ruta estratégica por parte del gobierno y que por eso hace un llamado a que se establezcan estrategias y líneas de acción que transmitan un mensaje de prioridad sobre el cumplimiento del Acuerdo de Paz.
No hay que olvidar que la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas es un mecanismo que los mismos familiares de los desaparecidos solicitaron en La Habana. Porque era un proceso necesario en Colombia que nunca se había hecho, y comprometía el cierre de una historia muy dolorosa para cientos de colombianos. “La idea era que nuestro Sistema Integral de justicia no fuera como cualquier proceso de la verdad y ya” explica Monzón.
El intercambio de experiencias con países como El Salvador, Guatemala, Argentina y Ucrania los llevó a entender la importancia de abordar la tarea con mucha conciencia del sufrimiento de los familiares. Para ellos “el solo hecho de sentir que se está haciendo algo por buscarlos es ya algo curativo”.
Para conseguir más recursos se ha contemplado acudir a la cooperación internacional, que sin duda estaría dispuesta a colaborar en este tema. Sin embargo, comenta Monzón, para este tipo de tareas la cooperación internacional tendría un límite, porque lo lógico es que los recursos salieran del Estado.
En mayo la UBPD inicia su trabajo territorial con equipos en Barranquilla (Atlántico), Cúcuta (Norte de Santander), Barrancabermeja (Santander), Villavicencio (Meta), San José del Guaviare (Guaviare), Puerto Asís (Putumayo), Cali (Valle del Cauca), Rionegro y Apartadó (Antioquia) y Sincelejo (Sucre). La idea es que se dediquen a hacer pedagogía del acceso al mecanismo y a afianzar lazos con la comunidad y entidades territoriales para recolectar la información necesaria para la formulación de los planes para iniciar las búsquedas.
Hasta el momento, la Unidad se ha contactado con 700 familiares en 25 territorios del país. También han recibido información de organizaciones Acomides, la cual entregó información sobre más de 100 casos. De la JEP también han recibido datos sobre el Caso 001, correspondiente a retenciones ilegales. Por ahora, la Unidad tiene 2.391 archivos con información sobre 261 solicitudes de búsqueda. Con Medicina Legal y la Fiscalía, además, crearon un instrumento para analizar los cuerpos que han sido sometidos a necropsia. Con este instrumento podrían identificar al menos 25.000 cuerpos.
La UBPD entra a funcionar así por un lapso de 20 años, y aunque seguramente en estos 20 años no vaya a terminar la tarea, sí es clave dejar bases sólidas y estructuradas para algún día poder terminar esta labor. Qué pesar que la Unidad entre funcionando con menos recursos de los que solicitó.
