En los municipios de Tarazá, Cáceres, Anorí, El Bagre, Nechí y Zaragoza, se concentra el 83 % de los cultivos de uso ilícito.
El domingo 21 de octubre, con poca información para la opinión pública, comenzó e ejecutarse el proyecto piloto de fumigación con glifosato en dos municipios de Antioquia, ubicados en el bajo Cauca. La gobernación no precisó cuáles son, pero dijo que durante los próximos 40 días estarán haciendo pruebas con drones para fumigar los cultivos de coca. Según el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), Antioquia cerró 2017 con 13.681 hectáreas de cultivos de coca, 4.338 más que en 2016.
El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, quiere reforzar el programa “Antioquia, libre de coca” –el cual se ha enfocado en la erradicación forzosa con un pie de fuerza de 3.600 soldados y policías – con el uso de drones para fumigar. Según él, serán 20 drones que pueden cargar hasta 15 kilos de glifosato para fumigar a una distancia de 2,5 metros, o menos, por encima de la mata de coca. El objetivo, dijo, consiste en fumigar diariamente entre 200 y 300 hectáreas de coca, para lo cual invertiría 5.000 millones de pesos. Pérez justifica la inversión de los drones con base en unas cifras de la misma gobernación. En teoría, a través de la erradicación forzosa han arrancado cerca de 15.000 hectáreas de coca, pero la resiembra, dicen, sobrepasa lo que se está logrando con este método.
Con la reactivación de las fumigaciones, Luis Pérez parece estar jugando con fuego. No solo por la dificultad que representa la tarea (Antioquia es el quinto departamento en el país con más hectáreas de coca), sino porque de salirle mal –pensemos en que el químico afecte otros cultivos o la salud de las personas, por ejemplo– su estrategia, que él mismo cataloga como “visionaria”, podría desencadenar en más conflictos de los que pretende evitar. A diferencia de gobernadores Camilo Romero, de Nariño, o Álvaro Pacheco, de Caquetá, quienes se oponen al glifosato y se la juegan por la sustitución de cultivos, Pérez considera que la salida más eficiente son los drones y la erradicación forzada.
Al nadar a contracorriente, Pérez está ignorando la evidencia histórica sobre el uso de glifosato en el país. Primero está el factor de la salud. En 2015, la Organización Mundial de Salud (OMS), tomando como referencia diferentes estudios de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), catalogó al glifosato como una sustancia potencialmente cancerígena. El gobierno de Juan Manuel Santos suspendió las fumigaciones y, dos años más tarde, en 2017, la Corte Constitucional prohibió su uso para proteger a las comunidades que habitan en territorios donde hay cultivos de coca. Por el momento, Luis Pérez justifica su propuesta en el uso de drones, argumentando que no serán aspersiones masivas, sino que irán directamente a la hoja de coca.
En teoría, las aspersiones con drones serán controladas y éstos volarán muy bajo, a uno o dos metros de la planta. Para ver algún balance de resultados habrá que esperar los 40 días de la prueba piloto y la voluntad de la gobernación de hacer públicos los resultados. William Muñoz, presidente de la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca, Asobac, nos contó que las familias están preocupadas por los efectos que podría tener el glifosato en el suelo y en otros cultivos: “con el viento, el glifosato se puede esparcir, afectando otros cultivos o incluso el agua”, dijo. Entablar un diálogo con la gobernación para definir los protocolos para proteger la salud y los otros cultivos ha sido imposible, dice Muñoz, de ahí a que en este momento esté latente un sentimiento de desconfianza.
La segunda dificultad que tendrá que sortear la gobernación es el tipo de suelo y las superficies boscosas en Antioquia. Al no ser un territorio plano, el riesgo de que el glifosato afecte la flora y fauna es mayor. De hecho, como lo advirtió Indepaz, se debe establecer un margen de 50 metros de los ríos y otros cuerpos de agua para no afectarlos, así como anunciar las fechas de las fumigaciones para prevenir el paso de animales por la zona. En ¡Pacifista! nos comunicamos en varias ocasiones con la oficina de prensa de la Gobernación de Antioquia y, después de una semana de intentos, no nos dieron respuesta sobre los protocolos que usarán en los 40 días de las pruebas con drones para proteger la flora y la fauna.
El tercer factor que Pérez parece ignorar tiene que ver con los resultados del glifosato en décadas pasadas. En 2013, como lo reveló la Comisión Asesora para la Política de Drogas, el registro de hectáreas de coca fue el menor en los últimos 18 años. Y fue justamente ese año cuando menos se fumigó con glifosato. Cuando se utilizaron otras estrategias, como la sustitución de cultivos o los operativos contra el tráfico de drogas, los cultivos disminuyeron. Por otro lado, el glifosato puede ser útil a corto plazo, pues después de fumigar aumentan los niveles de resiembra. Entre 2011 y 2012, por ejemplo, Naciones Unidas señaló que el 50 % de la coca asperjada con glifosato se había vuelto a sembrar en la siguiente temporada de cultivo.
En la evidencia de años anteriores también está presente el costo alto de fumigar. Hasta ahora, Pérez dice que invertirá 5.000 millones de pesos en los drones, sin contar con la inversión que necesitaría para erradicar definitivamente la coca. De acuerdo con un análisis del economista Daniel Mejía, para erradicar una hectárea de coca definitivamente con glifosato se necesita una inversión de 250 millones de pesos. Antioquia tiene más de 13.000 hectáreas, lo que implica, por obvias razones, un esfuerzo presupuestal enorme para la gobernación de Pérez, la cual tiene en vilo varios proyectos costosos: como el ferrocarril de Antioquia, la universidad digital del departamento y el proyecto Hidroituango.
Al centrar sus esfuerzos en la fumigación, el gobernador le está restando importancia al Plan Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), uno de los proyectos más importantes del Acuerdo de Paz y que busca, a través del apoyo estatal, cambiar la situación social y económica de los cultivadores de coca, quienes se ven obligados, en la mayoría de ocasiones, a cultivarla por falta de oportunidades. No obstante, Pérez ha descalificado este programa en varias oportunidades, señalando que no tiene futuro, pues “las Farc no se han desmovilizado”, dice. Ha señalado, además, que la plata que reciben las familias para sustituir “se las beben en fiestas”. Será difícil, teniendo en cuenta estos antecedentes, que Pérez destine financiación para el PNIS.
La versión de Luis Pérez sobre el plan de sustitución dista mucho de la información del gobierno. Según información del mismo PNIS, Antioquia tiene 11.000 familias registradas en el programa y 7.000 ya recibieron pagos para adelantar la sustitución. Todas estas familias están ubicadas en las zonas con más cultivos (donde la gobernación va a utilizar los drones): Briceño, Tarazá, Cáceres y Anorí. Las 3.300 familias que están inscritas en el PNIS y que viven en los municipios de Tarazá y Cáceres, por ejemplo, han cumplido con el levantamiento de cultivos en un 93 y 90% respectivamente. En total, y con la vigilancia de Naciones Unidas, han erradicado 1.800 hectáreas de coca. Cuando le preguntamos a William Muñoz sobre este tema, nos dio un mensaje muy claro: “El primero que corre peligro con estas fumigaciones con drones es el PNIS. Lo poco que se ha construido se está destruyendo”.
Luis Eduardo Peláez, diputado de Antioquia por el Polo Democrático, criticó las medidas tomadas por Luis Pérez: “La gobernación está desatendiendo el último precedente que hubo con el glifosato y es que fumigar es riesgoso para la salud humana. Nosotros estamos investigando todo lo que está pasando para interponer las acciones judiciales pertinentes para que no se afecte el medio ambiente, la salud ni otro tipo de cultivos”.
El conflicto armado, cada día más agudo
Así como han crecido los cultivos de coca en Antioquia, lo han hecho los desplazamientos, los asesinatos selectivos y las disputas entre diferentes grupos armados. De acuerdo con organizaciones sociales de la región, como el nodo Antioquia de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (Cceeu), en el transcurso del año han sido desplazadas por lo menos 4.500 personas en el departamento. A corte de junio de este año, según la Defensoría del Pueblo, se presentaron 13 eventos de desplazamiento en la subregión el Bajo Cauca antioqueño que afectaron a 2.615 personas (894 familias). Los municipios más afectados por este flagelo son Cáceres, Caucasia, Tarazá y Zaragoza.
De acuerdo con la entidad, estos desplazamientos se presentan, en la mayoría de los casos, por los enfrentamientos entre “grupos armados post-desmovilización”, como las Autodefensas Gaitanistas y los ‘Caparrapos’, los cuales “han ejercido fuertes controles contra la población, destacándose la ocurrencia de asesinatos selectivos y amenazas generalizadas”. Por las constantes amenazas y desplazamientos, como lo contamos en un artículo pasado, por lo menos 110 líderes han renunciado a sus labores en Antioquia. Esta cifra es cercana al número de amenazas a líderes en Antioquia que reporta le Defensoría del Pueblo: 108.
Aunque en el norte de Antioquia se está cocinando una guerra entre las disidencias de las Farc con otros grupos armados al servicio del narcotráfico, el Bajo Cauca se está llevando la peor parte. Allí, en los municipios de Tarazá, Cáceres, Anorí, El Bagre, Nechí y Zaragoza, se encuentra el 83% de los cultivos de uso ilícito. Y es en estos mismos municipios, según información de la Defensoría y la Unidad para las Víctimas, que se concentra el 80 % de los desplazamientos. En esta subregión, los homicidios aumentaron en un promedio de 200 %, según cifras de la Gobernación de Antioquia. En los últimos meses, el Clan del Golfo, con el frente Julio César Vargas, los ‘Caparrapos’ y la disidencia del Frente 18 de las Farc, se han disputado la zona. Fumigar con drones en este lugar podría desencadenar en nuevas violencias.
De acuerdo con el último informe de la Unodc, en toda la subregión del sur de Bólívar y el Bajo Cauca, las hectáreas de coca pasaron de 15.617 a 24.640 entre 2016 y 2017. Este informe señala, además, que la brecha en las Necesidades Básicas Isatisfechas (NBS) entre las cabeceras municipales y las zonas rurales donde hay coca es del 22%. Estos lugares, por otro lado, tienen un rezago de rendimiento agropecuario del 50%, de ahí a que sean necesarios los planes de sustitución de cultivos.
No es un secreto que esta subregión está fuera de control, con desplazamientos masivos, disputas constantes entre los grupos armados y necesidades sociales por resolver. Ahora que Luis Pérez parece jugársela por la fumigación y no la sustitución, seguramente se vendrán protestas campesinas, como nos lo confirmaron en las organizaciones locales. ¿Antioquia repetirá los mismos patrones de violencia del pasado? Eso está por verse.
