ANÁLISIS | ¿Cuál es el tipo de memoria que queremos construir en el país?

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Quiero empezar retomando unas palabras que escribió hace pocos días María Emma Wills, asesora del CNMH cuando Gonzalo Sánchez era su director:

“En algo tiene razón Darío Acevedo: la entronización de una verdad oficial no es compatible con un campo de memorias plural y democrático, y por eso mismo, la Ley de Víctimas prohíbe a ‘las instituciones del Estado impulsar o promover ejercicios orientados a la construcción de una historia o verdad oficial’. Pero él, aunque lo niegue, desde su cargo de Director del Centro Nacional de Memoria Histórica, está usando todos los recursos de esta entidad estatal, no en la pluralización de las memorias como él aduce, sino en la construcción de una verdad oficial del conflicto armado colombiano”.

De hecho, Acevedo no ha hecho sino repetir que el Centro no puede producir o administrar ningún tipo de verdad que sea oficial. Lo dijo justo en la ceremonia de la primera piedra para la construcción del Museo de Memoria el pasado 5 de febrero.

—El Museo debe ser estricto con el mandato oficial de no producir ni tender a construir una verdad oficial del conflicto armado colombiano.

¿Pero por qué las evidencias apuntan a que, efectivamente, sí está produciendo una?

LA MEMORIA DE MILITARES Y EMPRESARIOS

La cercanía de Acevedo con las fuerzas militares no es un secreto. Él mismo dijo en una reunión del CNMH filtrada a la opinión pública lo siguiente:

—Yo no me reúno a las escondidas con nadie. Aquí vienen, han venido de la Fuerza Aérea, de la Marina, del Ejército, de la Policía, con ganas de hacer cosas en relación con la memoria (sic).

Entender que en Colombia hubo conflicto armado es entender que en Colombia hubo múltiples actores en la guerra. Incluidas las fuerzas armadas.

La Fiscalía, ha identificado al menos 2.248 asesinatos ejecutados por militares y agentes del Estado entre 1988 y 2014.

Un informe publicado en 2016 por el propio CNMH estableció que al menos 2.331 casos de desaparición forzada en Colombia fueron cometidos por agentes del Estado (Ejército, Policía, ex DAS, Armada y Fuerza Aérea).

En 2013 (y esto es algo que documenta muy bien el reportaje de Arcadia sobre la batalla de la memoria), cuando se publicó el informe Basta ya!, las Fuerzas Armadas advirtieron que era “imperdonable que en Colombia fueran descritos como perpetradores”. Se desplegó entonces una estrategia para construir un relato que dejara bien paradas a las Fuerzas Militares en relación a su participación en la guerra.

En 2016, una directriz del Ministerio de Defensa proponía: “construir la memoria de la fuerza pública bajo una visión de victoria, transparencia y legitimidad”.

“Estos tres pilares conjugados”, escribe María Emma Wills, “no dejan duda de la orientación que deben perseguir estos esfuerzos y que son a todas luces problemáticos porque fijan de antemano un rol para la Fuerza Pública que no admite discusión y que no se infiere, ni de los hallazgos que surgen de la reconstrucción histórica de contextos orientados a esclarecer, ni de las memorias sueltas de sus integrantes o de las víctimas”.

Fijan de antemano un rol que no admite discusión.

En 2018, El Comando General De las Fuerzas Militares definió la hoja de ruta de esa institución en la manera en cómo contribuirían a contar su participación durante el conflicto armado. En 2019, una cartilla de ese Comando reiteró la idea de mantener la legitimidad de la institución.

En una entrevista de mayo de 2019 yo mismo le pregunté a Acevedo lo siguiente:

—Usted ha tenido muchas reuniones con agentes de la Fuerza pública y el Estado, ¿qué ha salido de esas reuniones?

—Ha salido la conformación de un equipo que va a realizar actividades de recuperación de memoria y va a realizar actividades de asesoría en la construcción de los textos que ellos ya están adelantando. La fuerza pública tiene equipos diseñados que han salido de los Acuerdos de paz, los llaman comandos de transición y ellos se están ocupando de la recuperación de las memorias con sus propios elementos. Les hace falta acompañamiento. Son 296 mil víctimas. Nosotros vamos a hacer énfasis en cuatro casos de crímenes de guerra porque quien es objeto de crimen de guerra es una víctima.

‘Lo que diga el Centro de Memoria de aquí en adelante siempre será controversial’: Darío Acevedo

Nadie está negando que existen en Colombia víctimas del conflicto armado que pertenecen o pertenecieron a las Fuerzas Militares. Pero, de nuevo, las palabras de María Emma Wills ayudan a entender lo que está en juego detrás de la perspectiva de las Fuerzas Militares. Se trata de “construir narrativas que subrayen sus victimizaciones y heroísmos, y simultáneamente oculten o minimicen sus responsabilidades”. Y en un sentido más amplio, Wills dice que “la verdad oficial se asocia con impunidad, verticalidad y silencio impuesto”.

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EL LIBRO DE FEDEGÁN

El pasado 24 de febrero José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, anunció junto a María Fernanda Cabal (su esposa), y junto a Darío Acevedo, que ese gremio de ganaderos y el CNMH firmarán un convenio para “recuperar la memoria” de las víctimas ganaderas del conflicto armado.

“El convenio que nos está brindando el doctor Acevedo abre un escenario muy importante para que una parte de estos hechos puedan tener un documental para que el país nunca olvide que el sector ganadero fue víctima de todos los actores armados, incluido el paramilitarismo (sic)”, dijo Laufurie.

Fedegán le entregó al CNMH –en las manos de Acevedo– el libro “Acabar con el olvido”: un documento producido por Fundagan (y que coordino María Fernanda Cabal cuando no era todavía senadora) que recoge testimonios de ganaderos víctimas del conflicto armado.

Cuatro días después, El Espectador publicó una nota que mostraba que en ese libro se incluían los testimonios de al menos dos ganaderos que patrocinaron el paramilitarismo y que están acusados de ser despojadores de tierra.

En resumen, desde la perspectiva de los empresarios o de las Fuerzas Militares “unos y otros tienen una doble condición, tanto de víctimas como de responsables, ya sea como ‘determinadores, oportunistas, convidados de buen agrado o forzados a participar’. La primera, la de víctimas, no puede en ningún caso anular la segunda, la de perpetradores y responsables”.

He ahí la cuestión.

EL CAMBIO DE PARADIGMA

En Colombia estamos viviendo años de crisis existencial. No porque vayamos necesariamente hacia el abismo, sino porque durante los años recientes del Proceso de paz se dio un giro en las formas de contar nuestra historia común y en la manera de percibirnos como colombianos.

En 2011 hubo un viraje institucional que puso en el centro a las víctimas y que reconocía, a nivel estatal, una responsabilidad y un compromiso con ellas. La ley 1448 de 2011 creó una serie de entidades que partían del hecho de que en Colombia hubo un conflicto armado durante décadas y que había que empezar a buscar maneras de darle solución a los problemas que habían causado esa guerra y atención y reparación a las personas que habían sufrido en ella. Surgieron entidades como la Unidad de víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras o el Centro Nacional de Memoria Histórica.

El primero de noviembre de 2011, justo cuando se estaba debatiendo en el Congreso la Ley de víctimas y restitución de tierras (el proyecto bandera de Santos antes de que se diera a conocer la fase exploratoria de los diálogos con las Farc), el entonces expresidente Uribe, quien no era todavía senador, dijo que esperaba que el proyecto de ley no le abriera un “espacio de legitimación al terrorismo; no se den herramientas de agitación para invasiones ilegales de tierras, y no se nivele a los miembros de las Fuerzas Armadas con los terroristas”.

En esta frase existían tres tesis que, desde entonces, sirvieron como bandera al uribismo.

La última, por ejemplo, dejaba muy claro que Uribe no permitiría equiparar a las Fuerzas militares con actores ilegales. Esta es una de las principales consecuencias que se derivan de la narrativa de que en Colombia no existió conflicto armado.

En esa misma línea escribía el entonces columnista Darío Acevedo en El Espectador, cuando daba diez razones para votar No en el plebecito de 2016. “Se les otorgó estatus de contraparte a las FARC, por eso se negoció en pie de igualdad y por eso quieren presentar el arreglo como un Acuerdo en el marco del DIH como un tratado interpartes. Así, el Estado colombiano se igualó con una agrupación terrorista”.

“La creencia, por parte de unos, de que no ha habido un conflicto armado en Colombia; y la creencia de otros en el sentido de que sí lo hay, es el punto de partida más poderoso y más radical en términos de construcciones narrativas que hay en este momento en el país. Es la demostración de que la pelea por las narrativas en Colombia está siendo una pelea a muerte”, decía el profesor Iván Orozco justo antes de la posesión de Darío Acevedo en el CNMH.

De nuevo, reconocer que en Colombia hubo (y hay) conflicto armado es reconocer que el Estado tuvo papel en esa guerra. Acevedo, siguiendo las tesis uribistas, considera desde entonces que es inadmisible hacer ese reconocimiento.

Ese reconocimiento tiene que ver con una posición valiente frente a la memoria.

Así lo decía en una entrevista hace pocos meses el escritor Juan Cárdenas, quien se ha interesado en estos temas de memoria y olvido:

“Creo que hay una idea de olvido deseable y que forma parte de la salud de los pueblos, un olvido natural, producto de las sedimentaciones del tiempo, de un proceso orgánico de descomposición de aquello que una sociedad decide recordar y que, a la postre, sirve de abono a las mejores energías futuras. En definitiva, esta idea de olvido es el resultado de un ejercicio de memoria colectiva”.

Sigue Cárdenas:

“En cambio hay otra idea de olvido, que es el olvido impuesto, el olvido obligatorio, el que se cierne sobre lo que determinados poderes quieren que olvidemos, que no veamos. Ahora mismo en Colombia hay claramente una disputa sobre qué forma de olvido queremos asumir: si un olvido valiente, producto de la memoria y la verdad o, por el contrario, un olvido hipócrita, cobarde, basado en la mentira y en la negación de hechos que salen a la luz cada día”.

Procesos de paz como el Frente Nacional o la Ley de Justicia y paz trajeron consigo justamente fuertes cargas de olvido impuesto.

“Nuestras guerras se han terminado como renuncias a la memoria. Nuestro actual situación es la consecuencia directa de no haber hecho memoria durante la época del Frente Nacional”, dijo en la Filbo de 2016, el entonces director del CNMH, Gonzalo Sánchez.

Lo mismo con Justicia y Paz, la ley que permitió el proceso de paz con los paramilitares. En 2017 la Contraloría publicó un informe en el que decía que dicha ley, impulsada y promulgada durante el primer gobierno de Álvaro Uribe, tenía índices de impunidad de cercanos al 91%. Los mecanismos dispuestos en dicha ley fueron muy laxos con los testimonios que tenían que rendir los paramilitares para dar cuenta de sus responsabilidades durante la guerra.

El historiador Renán Silva ha dicho que el momento que vive el país es una “disputa por las interpretaciones del pasado”. Con la Ley de víctimas y restitución de tierras, promulgada en noviembre de 2011, un capítulo intenso de esa disputa se abrió.

DESCONOCER LO OBVIO

Creo, sin embargo, que el término “disputa”, aunque describe de manera precisa lo que está pasando en términos narrativos en Colombia, puede dar la sensación de que los bandos que están disputándose las maneras de interpretar el pasado, tienen todos sin distinción intereses válidos. Pero esta sería una forma de legitimar los discursos guerreristas que se han valido de la relativización para decir que no se puede asegurar con certeza que en Colombia hubo conflicto armado.

En mayo del año pasado le pregunté a Acevedo lo siguiente:

—¿Cree que en Colombia se han generado consenso alrededor de lo que ha pasado en los últimos cincuenta años?

—No hay consensos determinantes. Es que mire solamente el caso nuestro de la violencia liberal-conservadora. No hay un consenso y eso está casi cerrado. Hubo cualquier cantidad de enfoques, de temas y subtemas. La violencia se volvió una omni-noción comprensiva de todo. De ahí nace la idea de los violentólogos. Entonces lo mismo va a pasar con esto: va a haber ríos de tinta, libros a montones explicando una cosa, la otra. Tenemos que conformarnos con una verdad que es más simple, la verdad acontecimental: a Gaitán lo mataron de a tres tiros y eso es una verdad de a puño, no una verdad interpretativa.

Si Acevedo llevara hasta sus últimas consecuencias la última parte de su respuesta (la idea de la verdad acontecimental), entraría en una paradoja: es una verdad de a puño que el Estado contribuyó a elevar (y no de manera menor) la cifra de muertos durante la guerra, más arriba están las cifras de ejecuciones extrajudiciales y de desaparición forzada perpetrada por agentes estatales. Hay evidencia de ello, de que el Estado tuvo una participación activa como otro actor armado.

Lo decía la propia Maria Emma Wills en un programa de Semana en Vivo: “Hay hechos, de los hechos infiero patrones y de los patrones me hago preguntas. Pero si yo digo que no puede haber patrones (…) en el fondo estoy diciendo que no hay responsabilidad. Y ese es el caminito derechito a la impunidad”.

Que haya una disputa por las formas de narrar y por los formas de interpretar el pasado no significa que los bandos que allí batallan lo hagan desde un mismo marco ético.

ACEVEDO, EL PERSEGUIDO

—La persona que dirija el Centro —decía María Emma Wills en uno de esos programas de Semana— tiene que tener una actitud democrática para hablar con todo el mundo.

El pasado 5 de marzo, Acevedo publicó una columna en el periódico Debate, titulada “¿Tienen dueños la Memoria y la Verdad Histórica?”. La columna no se ocupa de responder esa pregunta, sino que se despacha contra los que fueran funcionarios de la anterior administración del CNMH: contra el propio Gonzalo Sánchez, Álvaro Villarraga, María Emma Wills (tan mencionada en este texto); y contra académicos que han cuestionado las labores de Acevedo en el Centro, como Rodrigo Uprimny o León Valencia.

Y, bueno, ¿qué pasa cuando el director de esa entidad no se caracteriza por su empatía? Que buena parte de la reputación y la confianza comienzan a implosionar desde su oficina de director.

Una fuente que trabajó en el Centro, y que fue cercana a su trabajo, asegura que Acevedo es una persona “arrogante”.

Otra, que siguió de cerca los procesos en el Museo de Memoria, dice que “un museo que tiene que pensar en muchos sectores sociales distintos. No puede estar cerrado sobre sí mismo, como plantea Acevedo. Él cree que sabe pero no entiende nada, no tiene curiosidad por aprender. Es un soberbio”.

Otro más decía que “Acevedo es grosero, un tipo que no se caracteriza por su carisma y es muy poco empático”.

De eso hablamos en mayor profundidad en esta pieza de nuestro especial:

Tras bambalinas: así cambió el Museo de Memoria en las manos de Acevedo

Desde que llegó a la dirección del CNMH, Acevedo se ha concentrado en decir que los señalamientos que le hacen (como negacionista del conflicto, etc) hacen parte de una campaña de difamación. Pero poco se ha preocupado por responder con argumentos a sus críticos. Ni siquiera ha respondido a las preguntas que Pacifista! le envió para construir esta investigación.

Otra fuente cercana a la Dirección General lo vive en carne propia: “Lo que ha hecho Acevedo es criticar y ser criticado, pero no ha habido una producción intelectual desde que llegó al Centro. Nada publicable, ni siquiera un lineamiento, ni nada por el estilo. Entonces para los que trabajamos ahí se vuelve muy difícil tratar de entender, a partir de ideas sueltas, cuál es el lineamiento que él propone. Su argumento es circular, él dice: ‘ustedes están sesgados porque lo que dicen es sesgado’, pero no va más allá ni habla de una propuesta alternativa con argumentos”.

¿QUIÉN DIRIGE EL CENTRO?

El CNMH nació con una fecha límite de diez años. Se esperaba, cuando se promulgó la ley que le dio vida, que pasada esa década todo el material producido y recopilado pasara a hacer parte del Museo de Memoria, algo así como el heredero del Centro.

Para varios académicos, de entrada hubo errores al plantear el funcionamiento, el tiempo de duración y la forma de nombrar al director del Centro.

Eduardo Pizarro Leongómez plantea que el CNMH debió terminar funciones el día en que empezó a operar la Comisión de la Verdad.

“O, mejor aún, su personal, recursos y experiencias debieron ponerse al servicio de esta nueva Comisión, como un grupo estratégico de apoyo integrado a la Comisión. ¿Qué sentido tiene mantener dos entidades actuando simultáneamente, una articulada al sistema integral y la otra comportándose aisladamente? ¿Qué sentido tiene que el futuro Museo de la Memoria sea diseñado y construido por el CNMH y no por la Comisión, que dispone de mayor jerarquía y peso?”.

Pizarro señala otro punto importante: el de la construcción y dirección del Museo de Memoria. La ley de víctimas estableció que la dirección del Museo de Memoria sería una dirección adscrita al CNMH. Esto implicaba una falta de autonomía administrativa y presupuestal. Algo extraño si se tiene en cuenta que el Museo de Memoria es lo único que quedará una vez termine de funcionar el CNMH.

Rafael Tamayo, exdirector del Museo de Memoria (invitado a ese cargo por Acevedo) me lo dijo de esta manera: “el Museo hay que crearlo por ley, no hay otra opción y esa ley tiene que pasar por el Congreso. Ahí están representados los partidos políticos. Los tres directores anteriores hemos dicho que la Dirección del Museo no puede depender del ejecutivo. Este no puede ser como un péndulo que oscila con cada cambio de gobierno”.

Lo mismo habría que decirlo para el propio CNMH. No puede ser que la memoria histórica recaiga sobre el gobernante de turno y oscile como un péndulo o se convierta, como dijo el mismo Gonzalo Sánchez, en botín político.

Así lo expresa el jurista Rodrigo Uprimny: “Las instituciones públicas encargadas de la documentación y preservación de la memoria de un pasado de atrocidades no deberían, entonces, depender de los gobiernos, sino tener una autonomía semejante a la de una universidad”.

Entonces. La llegada de Acevedo al CNMH no solo pone en escena las tensiones que surgieron con la creada Ley de víctimas (y con una manera que pretende a toda costa negar que hubo conflicto armado y por tanto que el Estado tiene una responsabilidad), sino también abre la discusión por la manera en que se eligen los cargos de quienes dirigirán instituciones encargadas de preservar la memoria. ¿Cuál memoria preservaremos?

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Santiago aparece por acá.

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