Los protagonistas: incertidumbre del Fast Track, precariedad de zonas veredales y preocupación por homicidios de líderes.
Después de varias horas de debate, tanto en el Congreso de la República como en la Cámara de Representantes se refrendó, por fin, el Acuerdo de Paz. Las votaciones fueron contundentes -75 votos a favor y cero en contra en el senado y 130 a favor y cero en contra en la Cámara-. El día siguiente a la votación en el senado, según acordaron el Gobierno y las Farc, se estableció el día D, es decir, el día que el acuerdo entraría en vigor. Lo primero a llevarse a cabo, de acuerdo al cronograma pactado, es el Protocolo de Cese al Fuego Bilateral y Definitivo y la Dejación de Armas. Así ha transcurrido este proceso en su primera semana:
Día D+1 al D+7
1.
El Protocolo de Cese al Fuego Bilateral y Definitivo y la Dejación de Armas entró en vigencia el pasado jueves 1 de diciembre. El compromiso adquirido era que la Fuerza Pública reorganizaria sus tropas para facilitar el desplazamiento de los integrantes de las Farc a las Zonas Veredales y Transitorias establecidas en diferentes municipios del país que estaba programado para empezar el día D+5, que se cumplió el pasado martes 6 de diciembre. Hasta ahora el cronograma se está llevando a cabo tal como fue acordado.
Pero a pesar de que los guerrilleros ya empezaron su recorrido a las zonas establecidas, ha quedado en evidencia que los lugares que los acogerán no están terminados. Tiene problemas de acondicionamiento e infraestructura. No están en capacidad de suplir las necesidades básicas. Incluso, en algunos departamentos ni siquiera ha comenzado la construcción, y en otros, como en Tibú (Norte de Santander), la zona dispuesta para recibir a las Farc tiene más de 50 hectáreas de cultivos de hoja de coca, a pesar de que el Gobierno puso como condición que no podría haber presencia de cultivos ilícitos en las Zonas Veredales.
Ante este impasse, las Farc pusieron a disposición sus combatientes para ayudar en la rápida adecuación de las zonas, con la condición de que ese trabajo sea tenido en cuenta como parte del cumplimiento de las eventuales penas que se les impongan en las Jurisdicción Especial para la Paz.
A la falta de adecuación de las zonas se suma la preocupación de los integrantes de las Farc que manifestaron a través de Iván Márquez que no ingresarán a las zonas hasta que no sea aprobada la ley de indulto. Sin embargo el traslado arrancó según lo acordado y deberá culminar el 30 de diciembre.
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2.
Con el triunfo del No en el plebiscito que pretendía refrendar el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, que tuvo como concecuencia la renegociación de algunos puntos del acuerdo y la precisión de otros para incluir las propuestas de los opositores, el nuevo acuerdo alcanzado fue refrendado a través del Congreso de la República y la Cámara de Representantes.
Pero la implementación todavía está en vilo, pues el Fast Track -un procedimiento especial y más rápido para tramitar leyes y reformas constitucionales-, que es la vía escogida por el Gobierno para hacerlo está en manos de la Corte Constitucional, que se pronunciará el próximo 12 de diciembre.
El dilema está en que, aunque la ponencia de la magistrada María Victoria Calle avala el Fast Track, lo supedita a la refrendación popular. Sin embargo, el ministro del interior Juan Fernando Cristo ha dicho en varias oportunidades que el Congreso es el representante del pueblo, por lo tanto, puede refrendar el Acuerdo a su nombre.
El Gobierno ha insistido en la necesidad urgente de aprobar este mecanismo para evitar que se rompa el cese al fuego, pues si no se aprueba este mecanismo, la implementación de los acuerdos pasaría de durar seis meses a un año y medio.
3.
A través de un comunicado expedido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, publicado el pasado 2 de diciembre, la ONU manifestó su preocupación por el aumento de la violencia contra líderes y defensores de derechos humanos.
“Al 30 de noviembre de este año, la Oficina monitoreó con varias fuentes en terreno 35 atentados y 52 homicidios en contra de líderes y lideresas defensoras de Derechos Humanos. Cinco casos más de homicidios se encuentran aún bajo nuestro análisis”, se lee en el comunicado. Los departamentos más afectados por los homicidios contra defensores son Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca.
Además del número de homicidios, la ONU manifiesta su preocupación, pues según esa oficina, lo métodos de asesinatos y atentados demuestran mayor grado de sofisticación para encubrir a los autores intelectuales. A eso se suma que siete de los 13 homicidios que han ocurrido desde que se firmó el primer acuerdo de paz el 26 de septiembre han ocurrido en zonas donde las Farc han tenido presencia histórica y actualmente se están retirando.
La retirada de las Farc de aquellos lugares hacia las zonas de pre agrupamiento, también ha generado preocupación, pues según manifestó la ONU, “el vacío dejado por las FARC-EP, aunado a la presencia de economías ilícitas, ha favorecido el surgimiento y expansión de todo tipo de criminalidad, incluyendo la entrada de otros grupos al margen de la ley, quienes se disputan el control de estas economías, afectando los derechos de las personas”.
Dentro de sus recomendaciones, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país insistió en que el Estado colombiano debe garantizar la protección y seguridad de la población incluidos los líderes y defensores dada la importancia de su rol para la construcción de paz. Además, convoca al Estado a hacer presencia integral en las áreas rurales.
