2018 fue el peor año para los líderes sociales en Colombia Foto: Ricardo Sánchez
Leer

2018 fue el peor año para los líderes sociales en Colombia

Staff ¡Pacifista! - Abril 23, 2019

En el transcurso de 2018, según Somos Defensores, se registraron 805 agresiones contra líderes sociales, 245 más que en 2017.

Compartir

El programa Somos Defensores presentó su informe anual del año 2018, titulado “La naranja mecánica”, acerca de la violencia contra líderes sociales en Colombia. En él se hace un resumen de las agresiones sufridas por los líderes y lideresas sociales en el país y el papel que ha jugado –o no– el gobierno actual.

En el transcurso de 2018, según Somos Defensores, se registraron 805 agresiones contra líderes sociales, 245 más que en 2017. Esto representa un incremento del 43 %. Lo más preocupante es que, del total de agresiones que se registraron el año pasado, 155 fueron asesinatos, mientras que en 2017 la cifra de líderes y defensores muertos fue de 106. En este ítem, el incremento fue del 46 % . Al revisar las cifras de amenazas, encontramos que se pasó de reportar 370 en 2017 a 583 en 2018. Un incremento del 57 %.

¿Quiénes fueron los responsables? Esta pregunta, después de varios años, sigue sin tener respuesta. Somos Defensores señala que en 111 asesinatos no se ha determinado quién fue el responsable o qué estructura armada estuvo detrás. Se sabe, por ahora, que del total de asesinatos 16 corresponden a paramilitares, 12 a disidencias, 9  al ELN y 7 a la Fuerza Pública. Para la organización, que no se conozca la autoría en la mayoría de los casos se puede deber “al temor de los familiares o miembros de las comunidades a denunciar por razones de seguridad, dado la complejidad de los contextos. La otra razón puede estar relacionada a que la mayoría de los asesinatos son cometidos por sicarios, lo que dificulta determinar la autoría de casos cometidos por desconocidos”.

En el último año, la reconfiguración del conflicto armado afectó drásticamente a los líderes sociales, como se ha podido ver en el Bajo Cauca antioqueño y en municipios como Tumaco. A esto se suma, dice el informe, “la supuesta presencia del EPL en el Norte del Cauca y su fortalecimiento en el Catatumbo;  el crecimiento de de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en el sur de Córdoba y el Urabá antioqueño, así como la dinámica de grupos delincuenciales en zonas del país en las que nunca habían hecho presencia”. Tal es el caso de los ‘Caparrapos’ en el Bajo Cauca y de los ‘Pachelly’ en el Valle de Aburrá, Antioquia. Más del 89 % de los asesinatos se dieron bajo la modalidad de sicariato.

Señala Somos Defensores que, en relación con las otras agresiones, también hubo un incremento notable: “En casos de judicialización pasaron de 9 en 2017 a 19 casos en 2018; los robos de información aumentaron de 2 a 6 casos en el 2018; y a diferencia del año 2017, donde no se registraron casos de desaparición forzada, en el 2018 se presentaron 4 desapariciones”. En lo que tiene que ver con los presuntos responsables del todas las agresiones, Somos Defensores señala que el 55 % del total de agresiones fueron cometidas, al parecer, por grupos paramilitares, 33% por desconocidos, 5% por grupos disidentes de las Farc, 4% por la Fuerza Pública y 1,8% por la guerrilla del ELN. El principal interrogante, como vemos, está en los asesinatos.

“Con relación a los ataques cometidos presuntamente por grupos paramilitares, se evidencia un aumento en su presunta participación en la mayoría de agresiones, debido a que en el año 2018 se registraron 447 casos posiblemente cometidos por estas estructuras. Con relación al año anterior se encontró un aumento porcentual del 2 %. Es decir, en 2017 el 53 % de las agresiones fueron cometidas presuntamente por estos grupos criminales y en el 2018 serían los responsables del 55 % de los casos”, señala el documento.

La “naranja mecánica”

Desde el inicio de los diálogos de paz entre la guerrilla de las Farc y el gobierno colombiano, ya se encontraba en situación de alarma la seguridad de los líderes y lideresas sociales en el país. La situación, sin embargo, empeoró notablemente en el año 2018, que ha sido hasta ahora el peor en cuanto a muertes de líderes sociales.

Según el informe de Somos defensores, desde la salida de las Farc como uno de los principales actores del conflicto armado, la violencia se ha reconfigurado en la forma de nuevos grupos armados que se disputan el control de los territorios que antes dominaba dicha guerrilla.

La situación permanece en estado crítico, según el informe, gracias a que el gobierno del actual presidente Iván Duque ha enfocado todas sus energías –como en el Plan Nacional de Desarrollo– en la economía naranja, o apoyo al emprendimiento. La seguridad de los líderes y lideresas ha sido sistemáticamente ignorada por el gobierno, incluso con cifras tan altas de agresiones en su contra. Por el enfoque que se la ha dado a esta economía es que el informe fue titulado “La naranja mecánica”.

Dentro del informe, se hace principal énfasis en el tema de las tierras, esto porque es una de las principales  razones por las que los líderes sociales están siendo asesinados. Según Somos Defensores, “el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (PNIS),  ha tenido múltiples dificultades para funcionar por la lentitud de su implementación y por las condiciones de seguridad que viven los líderes en sus territorios”. De igual forma, de acuerdo con la información del Instituto Kroc, el punto de las tierras tenía uno de los niveles más bajos del Acuerdo, pues “solo se había completado el 2 % de este punto”.

Agresiones según género

Entre las 805 agresiones registradas en el año 2018, el 29 % fueron a mujeres, frente al 71% que fueron a hombres. Es decir, 235 mujeres fueron víctimas de violencia, y 570 hombres. Estas cifras anuncian un aumento del 64.3% en la violencia en contra de las mujeres en comparación con el año anterior, donde se registró un 26% de agresiones en su contra.

Estas agresiones registradas incluyen amenazas, asesinatos, atentados, detenciones, judicializaciones, desapariciones y robo de información, siendo las dos primeras las que más epidodios presentan. En el caso de las amenazas, fueron 583 casos los registrados en el 2018, en contraste con los 370 del año 2017.

 

La Naranja Mecánica- Somos Defensores

Todos estos casos se encuentran repartidos principalmente en los departamentos del noroeste del país, siendo Cundinamarca, Cauca y Valle del Cauca los más afectados. Estos departamentos son seguidos por Antioquia, Córdoba, Atlántico, Bolívar, Guajira y Cesar.

¿Por qué 2018 es el peor año? 

Como decíamos, durante  el año 2018 Somos Defensores registró un total de 155 personas asesinadas, una cifra que creció en un 46,22 % con relación al 2017. Este registro hizo que el 2018 se convirtiera en el año en que más amenazas se registraron desde la creación del Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (SIADDHH).

Cauca y Antioquia son los departamentos que más número de asesinatos contra personas defensoras de derechos humanos han presentado, seguido de Norte de Santander, Putumayo, Valle del Cauca y Caquetá. Sin embargo, de los 32 departamentos del país, en 26 de ellos se registraron casos de asesinatos a defensores.

Registro de los Defensores de Derechos Humanos asesinados en 2018. Cifra registrada por Somos Defensores

 

Los defensores asesinados eran principalmente líderes comunales, líderes indígenas, líderes comunitarios y líderes campesinos. De igual forma, se registró el asesinato de líderes sindicales, afrocolombianos, víctimas, educadores, líderes en restitución de tierras, defensores ambientales y un líder LGTBI.

A su vez, quienes viven en zona rural son los más vulnerables a algún ataque o amenaza, pues representan el 66,4 % de los 155 asesinatos registrados en el 2018. Estos líderes defienden temas de sustitución de tierras con el Programa Nacional de Sustitución de cultivos ilícitos (PNIS), de explotación minería legal o ilegal y defensa del territorio.

¿Quiénes son los más afectados? Como en años anteriores,  “son los directivos de las
Juntas de Acción Comunal (JAC) quienes encabezan esta lamentable lista con 63 asesinatos, frente a los 29 casos del año 2017, es decir, existió un preocupante incremento del 117,2 %. De los 63 asesinatos cometidos contra estos líderes comunales, 57 se presentaron en zonas rurales y seis en zonas urbanas”.

Después de los líderes de JAC, los más afectados fueron los líderes indígenas. Los asesinatos de estos líderes incrementaron en un 100%, pues se pasó de 12 asesinatos en 2017 a 24 en 2018. “Se trata, igualmente, del año con el registro más alto de asesinatos de defensores indígenas”, dice el documento. Por otro lado, se reportaron 19 asesinatos contra líderes campesinos, cuatro más que en 2017. “Si sumamos los 57 casos de asesinatos a líderes(as) comunales en zona rural, de indígenas, campesinos
y líderes de restitución de tierra, se evidencia que el 66,4% de los 155 asesinatos registrados en el 2018
fueron cometidos en zona rural. Esto es un comportamiento similar al año anterior, donde la mayoría de los asesinatos se localizan en personas dedicadas a la defensa de la tierra y el territorio”. Tal es el caso de los líderes que promueven la sustitución de cultivos. En 2018 asesinaron a 19.

Al discriminar los asesinatos por género encontramos que se registraron 16 asesinatos contra mujeres líderes. En cinco casos, asegura el informe, podría tratarse de feminicidios “por el grado de violencia extrema. Entre estos casos se encuentra el de Diana Luz Romero Mogajes de Puerto Leguízamo, Putumayo; Sandra Yaneth Luna en Tibú, Norte de Santander; María del Carmen Moreno Páez en Arauquita, Arauca; Leidy Juliet Correa Valle de Peque, Antioquia; y Jessica Viviana Carabalí de Buenos Aires, Cauca”.

En la parte final del informe, Somos Defensores asegura que el panorama hoy resulta más preocupante que en años anteriores, pues se ve un crecimiento exponencial en las agresiones contra líderes sociales en Colombia. Que las cifras aumentaran de esta manera tiene varias explicaciones: “Primero, es que durante estos ocho años las organizaciones y las víctimas han comenzado a documentar más las agresiones, de igual modo, se han visibilizado más las denuncias; pero, por el otro lado, la reconfiguración del conflicto ha generado nuevas estructuras armadas  que se disputan el control de los territorios para fines criminales o ilegales, poniendo a la población civil y a las y los líderes sociales en medio del conflicto”.

*Para leer el informe completo haga clic aquí.