Más de mil familias han solicitado restituciones. El papel de la nueva alcaldía será clave para iniciar los procesos.
Azotada por el narcotráfico, las guerrillas, las milicias, los paramilitares y las bandas criminales, Medellín se ha convertido en una víctima colectiva. Allí, en la segunda ciudad más grande del país, pocos se han escapado de conocer algún rostro de la guerra. Una de esas aristas, la del despojo y el abandono forzado, ha impedido que al menos 1.214 familias puedan vivir en sus propias casas.
La cifra es de la Unidad de Tierras, que ha recibido igual número de solicitudes de restitución en la capital de Antioquia. Como paso previo a la devolución de esos predios, la Unidad acaba de elaborar 28 mapas sobre el despojo en Medellín, en los que pudo ubicar 970 de las más de 1.200 solicitudes. Se trata de dos mapas generales, 21 por cada comuna y cinco por periodos de tiempo, que van desde 1991 hasta 2015.
De los 970 hechos, 454 corresponden a abandonos forzados y 455 a despojos, que están directamente asociados con el conflicto de la ciudad. La mayoría de los reclamantes son desplazados intraurbanos, de los cuales el 84% permanece en algún lugar del Valle de Aburrá.
A partir del mapeo, la Unidad pudo determinar que el mayor número de reclamaciones son sobre predios de la comuna 13, con el 17% del total; de la 8 o Villa Hermosa, con el 14%; de la 1 o Popular, con el 13%, y de la 60 o San Cristóbal, con el 7%. Esos sectores han sido escenarios de guerra durante décadas, por ser corredores para el tráfico de armas y drogas desde Medellín hacia Urabá, y hacia el Oriente antioqueño y el Magdalena Medio.
De acuerdo a las solicitudes, el mayor número de casos se presentó entre 2010 y 2014. Hasta 2012, la ciudad vivió fuertes enfrentamientos por cuenta del vacío de poder que dejó la extradición a Estados Unidos del narcotraficante y exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias “don Berna”, cuya sucesión en la “Oficina de Envigado” se disputaron Maximiliano Bonilla, alias “Valenciano”, y John Ericson Vargas, alias “Sebastián”.
A ello se sumó el ingreso violento de los “Urabeños” y su abierta confrontación con la “Oficina” por el control de territorios, combos y bandas, y por la cooptación de economías legales para lavar el dinero del narcotráfico.
En 2012, según la Unidad de Víctimas, 11.969 personas fueron desplazadas de Medellín. Un año antes, la Defensoría del Pueblo había informado que la población se encontraba en riesgo por cuenta de “la fragmentación de las organizaciones armadas al margen de la ley ocurrida con posterioridad al proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc)”.
En esa oportunidad, la Defensoría alertó sobre “la existencia de diversas estructuras armadas que han permitido el desarrollo de acciones violentas de la ‘Oficina de Envigado’ y ‘Los Paisas’, que utilizan, de manera directa o a través de bandas y redes delincuenciales, el terror, el miedo y la intimidación”. Otro problema eran “las pretensiones de los ‘Urabeños’ y ‘Los Rastrojos’ de ingresar a algunas zonas de Medellín con el fin de reclutar menores de edad, jóvenes o personal desmovilizado de las antiguas Auc, prometiéndoles dinero y otros beneficios”.
Según Paola Cadavid, directora de la Unidad de Tierras en Antioquia, buena parte de los casos de despojo en Medellín son responsabilidad de esas bandas delincuenciales que se disputaron la ciudad desde la extradición de “don Berna”. En su concepto, esos grupos “han visto el despojo como una forma de control territorial, de adherir a sus estructuras una nueva base social o de patrimonialización de nuevos bienes”.
Tras la extradición de “Valenciano” (2011) y “Sebastián” (2013), y luego del supuesto acuerdo al que llegaron en 2013 la “Oficina de Envigado” y los “Urabeños” para cesar los enfrentamientos, los registros sobre desplazamiento forzado en Medellín se fueron a la baja. En los reportes de la Unidad de Víctimas aparecen 8.273 personas desplazadas en 2013, 5.611 en 2014, y 1.907 en 2015. Lo mismo ocurrió con el despojo y el abandono: en 2012 se reportaron 140 casos; en 2013, 74; en 2014, 56, y en 2015, seis.
Para Luz Patricia Correa, directora de la Unidad Municipal de Víctimas, las características de esos despojos son muy distintas a las de aquellos que ocurrieron en áreas rurales.
En su opinión, “mientras en lugares como Urabá se han identificado intereses sobre la tierra de sectores empresariales y políticos, grandes extensiones arrebatadas, maquinarias para legalizar los despojos y cambios en la productividad, el caso de Medellín tiene otras particularidades. Aquí no se podría decir que hubo una estrategia de ciertos sectores para despojar, porque lo que hay son intereses micro, relacionados con la manera como se está disputando el territorio y que no tienen las dimensiones de lo que pasó en las zonas rurales”.
Paradójicamente, todo apunta a que la restitución en Medellín será mucho más compleja de lo que ha sido en el campo.
Los desafíos de la restitución
Aunque el mapeo es un primer paso para arrancar el proceso de restitución en la ciudad, las instituciones deberán enfrentar retos complejos. Particularmente porque la Unidad de Tierras es una entidad adscrita al Ministerio de Agricultura, lo que significa que su actividad se concentra en el mundo rural y que su capacidad para intervenir en las ciudades es limitada.
Según Cadavid, “el proceso de restitución en Medellín implica una coordinación muy alta con la Alcaldía, porque hay que definir asuntos como la oferta de proyectos productivos y el proceso de retorno de las familias. Además, es necesario establecer con entidades como el Ministerio de Vivienda, la Unidad de Víctimas y el Departamento de Prosperidad Social (DPS) cuáles serán las estrategias con estas familias retornadas, debido a que eso no lo puede asumir el Ministerio de Agricultura”.
Otro reto es el de la seguridad, tanto para realizar el proceso de retorno como para garantizar que no haya retaliaciones contra las víctimas. Para Cadavid, esos y otros asuntos dependen de la voluntad política del nuevo alcalde, Federico Gutiérrez: “sabemos que hay esa voluntad, pero queremos que los procesos sean sostenibles y necesitamos un gran compromiso por parte de la Alcaldía. Estamos esperando que ellos se involucren en el proceso”.
El éxito de la restitución también depende de que los programas cuenten con un fuerte componente diferencial; el 62% de los reclamantes de Medellín son mujeres y el 18% son mayores de 61 años.
La ciudad también está en deuda con las víctimas en cuanto a la reconstrucción de la memoria histórica sobre el despojo y el abandono. El proyecto ¡Medellín Basta Ya!, que cumple seis meses y que se traducirá en un informe sobre las dinámicas y los impactos el conflicto, aún no ha definido cómo abordará el tema.
Por ahora, el siguiente paso para devolver los predios será establecer qué zonas de la ciudad serán priorizadas. El concepto está estrechamente ligado con las condiciones de seguridad de los barrios en los que se cometieron los despojos, donde las organizaciones criminales aún operan con relativa facilidad.
