Más de 76 organizaciones sociales le pidieron al gobierno y al ELN un acuerdo humanitario urgente y no las han escuchado.
A 83 familias indígenas de Bajo Baudó, en Chocó, les cambió la vida en pocos días. Fueron desplazadas de sus casas la semana pasada, por fuertes combates entre la Infantería de Marina y la guerrilla del ELN. En Naciones Unidas, la única organización pendiente de este caso –en el gobierno no nos dieron respuesta – tienen el siguiente reporte: 410 personas de los corregimientos Playa India y Puerto Gálvez resultaron afectadas por los enfrentamientos armados: 318 fueron desplazadas y 113 están confinadas. Se identificaron, dijo la ONU, “al menos 237 niñas, niños, jóvenes y adolescentes y 80 mujeres adultas”.
La Alcaldía de Bajo Baudó, por su poca capacidad de respuesta, le pidió ayuda a la Unidad de Víctimas para que atienda a las familias. En teoría, el 21 y 22 de diciembre la Unidad les llevará alimentos a los indígenas desplazados y confinados por la lucha armada en el territorio. En estos momentos las personas están confinadas en Puerto Gálvez, como lo explica el reporte de Naciones Unidas. “Se presenta hacinamiento porque no hay capacidad suficiente para albergar el número de personas desplazadas en la comunidad receptora de Puerto Gálvez. La continuidad de los operativos militares y la presencia de minas anti persona y municiones sin explotar ha ocasionado el confinamiento de esta comunidad”, nos dijo una fuente que conoce de primera mano el caso.
Las personas desplazadas, dice la misma fuente, “presentan restricciones en la movilidad y acceso a los medios de vida, alimentos (no hay acceso a productos de pancoger) y agua segura”.
El 10 de diciembre, en un Consejo de Seguridad, la Asociación de Comunidades Indígenas del Chocó (Asaiba), pidió atención especial para las mujeres, niños, niñas y adolescentes que están confinados. En estos días, entre cinco y seis familias están durmiendo en un solo tambo. Existe, según la ONU, riego de mortalidad en los niños menores de cinco años por las condiciones de confinamiento. Ante la ausencia de una respuesta institucional, el 16 de diciembre el Consejo Noruego para Refugiados envió alimentos para ocho días y se comprometió a realizar un diagnóstico en terreno.
En una comunicación corta y escueta, el comandante Uriel, del Frente de Guerra Occidental Omar Gómez del ELN, nos dijo lo siguiente: “Nosotros tuvimos algunas novedades hace una semana en esa región, pero en las unidades en terreno no nos han hablado de desplazados. De todas formas, preguntaremos”. Este es el segundo desplazamiento masivo en Bajo Baudó. En mayo pasado no fue el ELN, sino las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) las que llegaron con 100 hombres a la zona, secuestraron a ocho personas y desplazaron a 690 habitantes (115 familias), de los cuales 254 eran niños.
“Estos grupos armados siempre son un problema para nosotros porque desplazan a la comunidad, no nos dejan tranquilos. En mayo fue mucho más difícil porque desplazaron a cinco comunidades, esa vez fueron más de 600 personas las afectadas. Todo el mundo sabe que estamos ubicados en un corredor para sacar la droga por el Pacífico y por eso pasan estas cosas”, nos dijo el secretario de gobierno de Bajo Baudó, Héctor Emiro Mosquera. En el cese bilateral de hostilidades entre el ELN y el Ejército, señaló, “la situación estuvo mucho más tranquila. Ahora volvimos a desplazamientos, amenazas, todo eso…”
“Falló la prevención”, nos dijo Luis Murillo, delegado de la Defensoría del Pueblo en Chocó. “En esa misma zona donde se presentó el desplazamiento nosotros advertimos hace cuatro meses sobre otros desplazamientos de cuatro comunidades de la misma zona, en la desembocadura del río Orpúa. En este momento las comunidades están confinadas por los enfrentamientos entre AGC y ELN, por todas las trampas de minas antipersonal. Nosotros solicitamos medidas de protección hace meses y no llegaron. Ahora pedimos medidas de atención porque se están acabando los alimentos y a fin de año las entidades del gobierno no suelen responder con agilidad”.
Chocó, un escenario en conflicto después del Acuerdo de Paz
“La situación humanitaria en Chocó ha sido muy difícil después del desarme de las Farc”, nos dijo Juan Carlos Garzón, director de la Fundación Ideas para la Paz (FIP). “El abandono de algunos territorios por parte de la guerrilla permitió que el ELN se consolidara en el sur, donde son notables la minería ilegal y los cultivos ilícitos. En la parte alta del departamento está el Clan del Golfo, que venía desplazándose desde el Urabá hasta el norte de Chocó. En Bajo Baudó se mezclan varios intereses estratégicos, como la minería ilegal”.
Desde 2014, los enfrentamientos entre las Autodefensas y la guerrilla del ELN y se han vuelto frecuentes, principalmente en los ríos Baudó y San Juan, ambos con desembocadura al Pacífico, ideales para sacar droga hacia Centroamérica. Solo entre 2014 y 2017 la Defensoría del Pueblo le envió al gobierno 27 oficios alertándole sobre la situación de orden público en Chocó. Las Autodefensas Gaitanistas, según información de la Defensoría, avanzaron vertiginosamente en los últimos años y hoy tienen presencia en 15 de los 30 municipios del departamento.
Y el ELN no se ha quedado atrás. En una alerta temprana emitida en marzo de 2016, la Defensoría del Pueblo le advirtió al gobierno que la expansión de esta guerrilla en Chocó estaba “provocando grandes consecuencias humanitarias para la población civil”, en buena medida por “un mayor accionar de la Fuerza Pública contra esa guerrilla”. En ese entonces, la entidad le recomendó tomar medidas para resguardar a la población civil ante futuras confrontaciones. El gobierno hizo caso omiso.
Más adelante, en enero de 2018, la Defensoría emitió otra alerta temprana y fue muy clara: “El Frente Resistencia Cimarrón, con el propósito de obtener el dominio territorial y controlar una de las principales rutas para el tráfico de armas y cocaína entre Colombia y Centroamérica, trata de copar territorios donde el Frente 57 de las FARC-EP tuvo mayor injerencia”. Entre estos territorios donde el ELN se está fortaleciendo está Bajo Baudó, donde al sol de hoy no ha llegado el gobierno sino las organizaciones internacionales.
En una visita reciente a Chocó, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) hizo un balance sobre la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc en el departamento. El desarme de los frentes 34 y 58 y de las columnas móviles Libardo García y Aurelio Rodríguez de la guerrilla vino precedido por una incursión y disputa territorial entre el ELN y el Clan del Golfo. “Esta situación ha afectado especialmente al norte del departamento —principalmente los municipios de Riosucio, Carmen del Darién, Belén de Bajirá y Juradó—; mientras que en el sur y oriente el ELN ha consolidado su presencia”, dice el informe.
¡Acuerdo Humanitario Ya!
El escalamiento del conflicto tiene preocupadas a las organizaciones de la sociedad civil. En las últimas semanas, 76 organizaciones sociales, incluyendo consejos comunitarios, le solicitaron al gobierno y al ELN un Acuerdo Humanitario por los desplazamientos forzados constantes, los confinamientos, los asesinatos contra líderes sociales, los secuestros, las torturas, la desaparición forzada, el reclutamiento de menores y la violación a los derechos de las mujeres.
Las organizaciones solicitan: cese al fuego bilateral, desmonte de los grupos armados ilegales, respeto a la autonomía territorial, desminado, cese de siembra de cultivos de uso ilícito y prácticas de minería, permanencia del Frente de Guerra Occidental en los diálogos de paz, detener la violencia contra las mujeres, el reclutamiento de menores y respetar y protección a la población civil y sus bienes. Estos compromisos, señalan las organizaciones, deben ser verificados por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA), el Sistema de Naciones Unidas.
Entre 2017 y diciembre de 2018, la FIP reportó nueve asesinatos contra líderes sociales en Chocó, tres de ellos atribuidos al Clan del Golfo y dos al ELN en San José del Palmar y Alto Baudó—, 27 amenazas, un desplazamiento y un secuestro. Por otro lado, en las cifras que tiene la organización preocupa que en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de las Brisas en Riosucio permanezcan 82 de 130 excombatientes. Esto sin contar con que en junio de 2018 se cerró el ETCR de Vidrí, donde, según la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), se fueron 183 excombatientes. Esto, de acuerdo con la FIP, “causó una importante dispersión de la población, parte de la cual se dirigió al centro urbano de Quibdó”. Hoy no hay certeza sobre cientos de excombatientes que están dispersos en el departamento por falta de condiciones de seguridad y empleo.
Mientras tanto, las Autodefensas Gaitanistas y el ELN buscan más hombres para sus filas.
