Desminar mi pueblo

Nariño, Antioquia, está a punto de convertirse en el primer pueblo del país libre de sospecha de minas gracias a sus campesinos.

Por: Natalia Maya

El campamento Área Peligrosa Cuchilla Miguel Dávila se encuentra en la vereda Las Mangas, a ocho kilómetros del casco urbano de Nariño, Antioquia. Quince hombres y una mujer se levantan diariamente a las 5:20 de la mañana para estar formando puntuales a las seis. En la reunión, que nunca dura más de media hora, se indican los procesos operacionales del día y se comunican las novedades, como quién se encuentra enfermo o quién tiene problemas con su equipamiento.

Después de tomarse la primera aguadepanela del día, estas dieciséis personas emprenden juntos y uniformados el ascenso hasta sus lugares de trabajo. A las siete en punto, cada uno debe tener bien puestos su chaleco antifragmentación y su visor antibalístico, y comenzar a calibrar su principal arma de trabajo: un detector Minelab F3 de tecnología alemana que deben cuidar como cualquier militar custodia su fusil.

Trece de ellos comienzan a escarbar la tierra y a cortar el césped y la maleza, siempre de derecha a izquierda, nunca de arriba hacia abajo. Los tres restantes –entre ellos Lina, la única mujer del equipo-, tienen la tarea de supervisarlos cada vez que avancen cinco metros, para verificar si están cumpliendo o no con los Procedimientos Operativos Aprobados (POA).

A diferencia de cualquier persona que pone un pie en suelo colombiano, estos hombres esperan encontrar una mina antipersonal (MAP), una munición sin explotar (MUSE) o un artefacto explosivo improvisado (AEI) que la comunidad sospecha que está allí sembrado. No son militares, son los primeros civiles autorizados por el gobierno colombiano y la Organización de Estados Americanos para realizar procesos de desminado humanitario en el país.

Nariño, abandono estatal y dominio guerrillero

A Nariño lo separan 137 kilómetros de la capital del departamento de Antioquia. Una distancia pequeña que hasta hace dos años no podía recorrerse en menos de siete horas, debido al mal estado de las vías y a grandes tramos sin pavimentar. Esta relativa ‘lejanía’ contribuyó, según algunos de sus pobladores, a alimentar el abandono estatal que padecieron durante una de las épocas más difíciles para el municipio.

Desde finales de los años ochenta las Farc habían comenzado una arremetida sin precedentes en el oriente antioqueño y en la región del Samaná, con el objetivo de ampliar su presencia en la zona y de contener la expansión de los paramilitares del Magdalena Medio. Según el portal VerdadAbierta.com, pueblos como Sonsón, Nariño, Argelia y San Francisco fueron elegidos para iniciar la sangrienta colonización guerrillera, que estuvo a cargo de los frentes 9 y 47 (pertenecientes al Bloque José María Córdova).

Extorsiones, secuestros, reclutamiento forzado de menores y ataques a la población civil caracterizaron el accionar de los guerrilleros, que descuidando lo político sometieron a la región con violencia. Uno de los hechos más crueles y recordados tuvo lugar, precisamente, en Nariño, este pequeño pueblo de once mil habitantes que a diferencia de la mayoría de municipios de Colombia no tiene su iglesia en el parque principal sino a dos cuadras, en una ‘plazuela’.

Era viernes 30 de julio de 1999, el reloj marcaba las 4 y 15 de la tarde cuando cerca de 500 guerrilleros irrumpieron en la plaza principal e instalaron un carrobomba en la calle Leticia, sobre el costado izquierdo de la estación de Policía. La explosión dio origen a una toma que duró 36 horas, dejó el 80% del pueblo destruido y acabó con la vida de siete civiles y de nueve agentes de Policía.

En el documental Nariño, territorio que renace, Orlando Medina Torres, el alcalde de la época (1999-2001), recuerda que tras esos tres días de horror el presidente Andrés Pastrana ordenó la salida definitiva de la fuerza pública, tanto del Ejército como de la Policía. “Eso significó –cuenta Orlando- que la guerrilla regresara al pueblo a hablar de que Nariño era un territorio recuperado y que ellos iban a hacer presencia permanente. A lo largo de un año estuvimos bajo el yugo de Karina y de sus hombres, al punto de que fueron ellos mismos quienes comenzaron con la reconstrucción de la estación que habían destruido”.

El 20 de agosto del año 2000 el Frente 47 regresó a tomarse la plaza principal, pero esta vez para lanzar su Movimiento Bolivariano. El acto, encabezado por la temible Karina, fue asumido como una provocación que motivó al Gobierno a retornar con Ejército y Policía al casco urbano, para retomar el control de la población.

En adelante, los habitantes de Nariño continuaron siendo víctimas y testigos de una guerra que se extendió en su territorio hasta finales de 2010, y que comprendió la ofensiva de los grupos paramilitares, la retoma del Oriente de Antioquia bajo el nombrado Plan Marcial del Gobierno nacional y el repliegue definitivo de los frentes 9 y 47.

El conflicto se va pero las minas quedan

Antioquia es el departamento más afectado por el flagelo de las minas antipersonal en Colombia. De acuerdo con las cifras de la Dirección para la Acción Integral contra las Minas Antipersonal (Daicma), de las 11.098 víctimas registradas desde 1990 hasta abril de 2015, 2.470 pisaron una mina en alguno de los 125 municipios antioqueños.

En Nariño, los grupos armados ilegales sembraron cientos de estos artefactos y, como consecuencia, un miedo generalizado entre sus habitantes que por fortuna está a punto de ser menguado. Así como San Carlos y San Francisco en Antioquia, el Dorado en Meta y Zambrano en Bolívar, Nariño está cerca de convertirse en otro municipio más del país libre de sospecha de minas antipersonal, pero a diferencia de estos primeros cuatro pueblos, en los campos nariñenses el desminado ha estado a cargo de civiles y no del tradicional Batallón de Ingenieros Nº60 de Desminado Humanitario (Bides).

Hasta finales de 2010 estaba prohibido que un civil realizara labores de desminado en cualquier rincón del territorio nacional. Sin embargo, desde el primero de marzo de 2001 entró en vigor en el país el Tratado de Ottawa, conocido también como la “Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción”. Al momento de firmarlo y ratificarlo, Colombia se comprometió -junto a otros 157 países-, a retirar y destruir las minas antipersonal bajo sus territorios en un tiempo de 10 años.

Para la fecha pactada, el Bides solo había podido cumplir con el compromiso de limpiar las 35 bases militares que habían sido protegidas con minas antipersonal antes de la suscripción del Tratado. La persistencia del conflicto armado y la existencia de minas en 31 de los 32 departamentos, le hizo entender al gobierno colombiano que serían necesarios, como mínimo, 10 años más de plazo y contemplar la participación de civiles para avanzar en el desminado.

Así fue como Colombia solicitó una prórroga hasta 2021 que le fue concedida, y expidió la Ley 1421 de 2010 y el Decreto 3750 de 2011, que reglamentan las actividades de desminado humanitario para que pueda ser realizado por organizaciones civiles.

La Dirección para la Acción Integral contra las Minas Antipersonal reveló en su Informe de Gestión 2011-2014, que desde entonces cuatro organizaciones no gubernamentales expertas en la realización de operaciones de desminado humanitario han iniciado el proceso de acreditación en el país: The Halo Trust, Indra-Atex, G4S-C3 (antes Ronco Corporation) y la Fundación Suiza para el Desminado (FSD).

De las cuatro, solo la organización británica The Halo Trust culminó las tres fases del proceso de acreditación, recibiendo el aval en septiembre de 2013. De inmediato, esta ONG puso en marcha su operación en los campos del municipio de Nariño, con desminadores campesinos provenientes de Argelia, Sonsón, San Rafael y, por supuesto, de Nariño.

Los civiles que desminan

“Este trabajo es duro, duro pero bonito. Mantener la posición de rodillas durante tiempos tan largos, soportar el calor y sostener el visor -que a veces incomoda tanto-, puede hacerlo bastante cansón. Pero cuando uno recuerda que no solamente está haciendo algo por el bienestar personal y familiar, sino por la demás gente del pueblo, todo cobra sentido”. Estas palabras son de Hugo Alberto, un joven de 29 años que lleva un año y medio como desminador en el municipio de Nariño.

Cuando se enteró por sus amigos de infancia de que en el pueblo “una organización de ingleses” estaba ofreciendo trabajo, no dudó en ir a presentarse. Buscaban hombres y mujeres campesinos de cualquier edad que quisieran laborar en el campo. No había más requisitos, solo asistir a una primera reunión donde les informarían en qué consistía el empleo.

Hasta ese día Hugo Alberto “hacía de todo lo que saliera”. Trabajó en fincas, en construcción y llevaba dos años en una ferretería. “Pero como lo mío es el monte –dice- vi en Halo la oportunidad de regresar a trabajar a los lugares que tanto he querido”.

Él integró el grupo inicial de campesinos que se capacitó en el corregimiento de Puerto Venus, por eso comenzó en el área peligrosa en que Halo puso a sus primeros desminadores: en la vereda La Española sector El Morro, a cuatro horas del casco urbano de Nariño.

Desde el momento en que escarbó el primer metro cuadrado de terreno ha encontrado tres minas. Cuenta que se siente mucho susto la primera vez, “claro que no tanto como con la primera señal que uno encuentra, porque desde el entrenamiento nos preparan para asumir que todo lo que suene es una mina”.

Cada vez que el detector de Hugo Alberto o de cualquier desminador emite una señal, el primero en acudir es el líder encargado del área, en este caso, Lina Delgado Gil, una sonsoneña de 23 años que lee a García Márquez y le gusta la filosofía.

En los diez meses que lleva en Halo, Lina nunca ha encontrado una mina. Todavía no sabe si eso es bueno o es malo, lo que sí tiene claro son los procedimientos operacionales de la organización, por esta razón ascendió rápidamente al cargo de líder. Pero en su opinión, es más bonita la labor que cumplen los desminadores, “porque son ellos los que están despejando y desminando cada metro, salvando más vidas”.

Un día, escuchando Radio Sonsón hubo un radioservicio que le llamó la atención: “Se buscan personas que quieran trabajar el campo”. Ella, que recién había terminado una técnica en Agricultura Ecológica, pensó de inmediato que por algún lado tenía que empezar. Apuntó los datos de la reunión a la que los citaban y, cuando llegó al auditorio -a diferencia de muchos- no se desanimó al enterarse de que el trabajo consistía en buscar minas, todo lo contrario, se interesó más.

En ese momento recordó que dos años atrás un primo que sabía que a ella le gustaba leer le regaló un libro sobre minas que estaban dando en la Alcaldía. “Se llamaba algo así como Donde pisé aún crece la hierba. Las historias me impactaron bastante, leyéndolo me preguntaba por qué las personas siembran minas y nunca encontré una explicación. Se supone que lo hacen para acabar con el enemigo, pero no es justo que ese enemigo termine siendo la comunidad. Por eso me llamó tanto la atención este trabajo, porque nosotros, campesinos del común, estamos ayudando a desminar a Colombia, estamos dándole vida a caminos que antes no se podían transitar”.

Cuando Lina acude al llamado de un desminador que encontró una señal, debe escarbar un poco más para corroborar si se trata de un mina o para descartarlo. Muchas veces lo que descubren enterrado son latas vacías o empaques de comida que indican que allí hubo un campamento de algún grupo armado.

Si el objeto hallado tiene aspecto de ser una mina, el líder encargado debe llamar al supervisor o al oficial de operaciones que esté en el área. Solo las personas que ostentan estos cargos están autorizadas para destruir las minas, municiones sin explotar o artefactos explosivos improvisados que los desminadores vayan encontrando.

Johany Zuluaga es el oficial de operaciones en la Cuchilla Miguel Dávila, el área peligrosa más grande que Halo ha despejado en Nariño (22.111 metros cuadrados). Tiene 25 años y todavía no ha comenzado a ejercer su Tecnología en Sistemas, sin embargo, “haber estudiado algo” le facilitó su ingreso al grupo de las primeras doce personas capacitadas para realizar desminado civil humanitario en Colombia.

Ha trabajado en dos de las tres etapas que componen el desminado humanitario: integró los primeros equipos de Estudio No Técnico para determinar con las comunidades en qué áreas había sospecha fundamentada de la existencia de minas y, ha pasado por todas las fases del Despeje, siendo primero desminador, luego líder, supervisor y ahora oficial encargado de destruir cada ‘trampa de guerra’ que hay sembrada en Nariño. Solo en la Cuchilla Miguel Dávila ha destruido 22 de las 29 minas encontradas.

A diferencia de sus compañeros, Johany no vive en el campamento sino en el pueblo, donde tiene su casa. El teleférico inaugurado a finales de 2011, que conecta a seis veredas con el casco urbano, le ahorra tres kilómetros de camino. Pero él no es el único que se ve beneficiado con el cable aéreo, los desminadores -que trabajan de lunes a sábado-, pueden irse a Nariño a descansar hasta el domingo.

En otros campamentos las posibilidades de movilidad son casi nulas, debido a que hay veredas que están a más de seis horas del pueblo. En estos casos, los desminadores no tienen más opción que permanecer juntos hasta en sus días de descanso, durante las cinco semanas que se extiende cada ciclo de trabajo.

En los dos años que lleva Halo en Nariño, la organización ha incursionando también en otros municipios de la región como Sonsón, El Carmen de Viboral y Abejorral, pueblos donde es seguro que el conflicto se “mudó” desde hace dos o más años.

Yeison Villamil, oficial de Locación de Halo en Antioquia, deja claro que el gobierno colombiano solo le permite trabajar a las organizaciones civiles en lugares donde recientemente no hay control, presencia ni influencia de grupos armados que puedan poner en riesgo las vidas de los trabajadores.

Esta premisa, sumada a las estrictas condiciones de seguridad en que trabajan los desminadores, ha garantizado que hasta el día de hoy ninguno haya sufrido un accidente en el proceso de buscar o destruir una mina.

“Nuestro propósito –cuenta Yeison- es beneficiar directamente a los comunidades y no a la guerrilla, a los paramilitares o al Ejército, no les estamos abriendo caminos a ellos sino a nuestros campesinos. En Nariño el alcance de Halo fue total, recorrimos las 48 veredas del municipio buscando áreas sospechosas y localizamos 32 zonas en 13 veredas. Estamos a un mes de terminar nuestra operación y a la fecha hemos destruido en total 111 minas. Pronto podremos decirles a los nariñenses que su municipio está libre de sospecha de minas antipersonal”.

Tras conocerse el Comunicado Conjunto #52 de los negociadores del Gobierno y de las Farc en La Habana, donde presentan el acuerdo sobre limpieza y descontaminación de minas antipersonal, The Halo Trust ha manifestado su intención de participar con civiles en el desminado de los municipios de Antioquia y el Meta que sean priorizados.