Ante la posibilidad de nuevas cuarentenas y restricciones que encierren a las mujeres con sus agresores, organizaciones de mujeres de Latinoamérica hacen un balance de las medidas tomadas por los gobiernos para atender la violencia de género.
Por: Carlos Mayorga y Nicole Martin*
Afuera, a través de la ventana, la vida transcurre entre tapabocas (barbijos, mascarillas, cubrebocas), geles desinfectantes y termómetros como armas de asalto que roban la información térmica de sus víctimas. Es el agobio insaciable de un contexto que se fuerza a continuar ante la incertidumbre del contagio y la muerte. Es la ‘nueva normalidad’ que se presenta muy parecida a la bien conocida ‘normalidad’, pero ahora con largas filas, medidas de distanciamiento y locales con nuevos letreros de alquiler.
Entre las calles, entre la gente, van las sobrevivientes. Las que vivieron las violencias dentro de un marco de relaciones desiguales durante la pandemia, las que la venían padeciendo desde antes de el Covid-19 y todas para las que los aislamientos fueron gasolina para el fuego.
Adentro, las que aún sobreviven. Las que tragan saliva para que a sus hijos no les pase nada, las que le temen a la persona que alguna vez amaron, a las que les echan la culpa por la violencia, las que se angustian por su estabilidad económica o las que esperan la promesa de un mundo ‘pospandémico’ para al fin salir de ese infierno. Una ‘nueva normalidad’ que, esperan, sea libre de violencia.
Como lo advirtieron diferentes sectores sociales, como lo refleja esta investigación, los lugares de la casa fueron tomados —no precisamente como lo escribió Cortázar—; arrinconándolas hasta quedar dobladas sobre sí mismas y terminar dándose cuenta que el Covid-19 no es el único peligro al que sobrevivir.
El espectro de violencias contra las mujeres en razón de su género durante la pandemia va desde atacarlas internamente —violencia psicológica, simbólica y hasta económica—, marcarlas externamente —violencia física y sexual— o matarlas —feminicidios/femicidios—. De casa en casa, de calle en calle, victimizaciones, frecuentemente entremezcladas, con modos múltiples y particulares, se fueron propagando como patrones de violencia. Una problemática que termina repercutiendo, no solo en casos aislados del ámbito social, sino a toda la nación, pues como le sostuvo ONU Mujeres a este equipo periodístico, según los datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),“los costos de la violencia contra las mujeres oscilan entre 1,6 y el 2 % del PIB de los países de América Latina y el Caribe”.
La pandemia por el Covid-19 desnudó los hilos más finos del sistema. Las historias y los números en torno a la violencia contra las mujeres por motivos de género relevados por Violentadas en Cuarentena son una prueba de ello: 1.409 feminicidios registrados de marzo a junio de 2020, unas 242.144 denuncias por algún tipo de violencia contra la mujer y 1.206.107 llamadas a alguna de las líneas nacionales o líneas telefónicas habilitadas para reportar algún tipo de violencia contra la mujer. Eso representa, en comparación, más asesinatos de mujeres que toda la población viviente en la Ciudad del Vaticano, y sobre el número de llamadas a las líneas de asesoramiento, casi la mitad de la población de toda Uruguay. Es lo insondable de los números, tan grandes y tan lejanos e indiferentes si no se miran con perspectiva de género.
¿Qué hicieron, entonces, los Estados latinoamericanos para atender y prevenir las violencias basadas en género durante los aislamientos? Según el Rastreador Global de Respuestas de Género a COVID-19, lanzado en conjunto por ONU Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) —a partir de información oficial pública de 33 países de América Latina y el Caribe y encuestas realizadas por expertas y expertos—, el organismo internacional evidenció 261 medidas y política en respuesta a el Covid-19 con perspectiva de género, de las cuales, 177 corresponden a medidas para responder a la violencia contra las mujeres.
Al revisar los 19 países que analiza Violentadas en Cuarentena, el informe declara que de 401 políticas, 211 (52 %) fueron sensibles a la perspectiva de género. De las mismas, 142 (67 %) fueron políticas en torno a la violencia contra las mujeres, 53 (25 %) fueron sobre seguridad económica de las mujeres y solo 16 (8 %) abarca el trabajo de cuidados no remunerado.
Tatiana Rein Venegas, presidenta del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), es crítica al valorar varias de las acciones adelantadas por los gobiernos regionales, pues, dice, implica poner sobre la mesa la discusión de fondo sobre la violencia en contra de la mujer por razones de género, con planes y estrategias claros a la par que se combate el Covid-19. “Pero lo que vemos es que las medidas son sectoriales, sin aumento de presupuesto y en casos con reducción del mismo, y con una mirada centrada en la violencia intrafamiliar y sin una mirada integral, que incorpore la prevención, la sanción, erradicación y reparación de la violencia”, sostiene.
En la misma línea, Feministas del Abya Yala —la articulación de colectivas feministas de carácter plurinacional, territorial, popular, indígena y comunitaria—, considera que el abordaje en materia de violencia de género por parte de los Estados ha mostrado “una vez más, ser reduccionista”. Dado que cualquier medida “resulta insuficiente si no se piensa la problemática desde la integralidad e interseccionalidad, y desde la multicausalidad y la gravedad de los efectos que genera”. Abya Yala es el nombre para reivindicar los territorios que se empezaron a nombrar como América tras la colonización.
La mayoría de las políticas han sido abocadas a fortalecer las líneas de atención telefónica y fomentar la denuncia de las personas en situación de violencia. Pero fortalecer las líneas no es suficiente. Según los datos de Violentadas en Cuarentena, en marzo y abril de 2020, casi todos los países de la muestra registraron un aumento en las llamadas por violencia a partir de la cuarentena decretada por la pandemia. Sin embargo, esto no se reflejó en las denuncias judiciales en algunos países, como Argentina, Venezuela y Costa Rica. Incluso hubo casos como en Ecuador, Puerto Rico y Guatemala, donde las denuncias bajaron. Esto puede deberse, según la explicación de diversos actores públicos, a las dificultades a las que se enfrentan las mujeres en convivencia constante con su agresor.
María Noel Vaeza, directora regional de ONU Mujeres, expresó: “Vemos con preocupación que aún existen muchas barreras para que las mujeres puedan acceder a la justicia y a los servicios de atención. En algunos países, los servicios de atención han sido interrumpidos o el foco de las autoridades está en la respuesta a la crisis y en hacer cumplir con las medidas de aislamiento social y esto puede generar mayor impunidad para los perpetradores”.
Sobre la justicia, Feministas del Abya Yala hacen énfasis en que enmarcar la problemática de la violencia en una cuestión de seguridad es reducir el problema: “La violencia es pura estructura, es un modelo relacional ahincado histórica y culturalmente, una desigualdad de poder que circula entre quienes la detentan y quienes la padecen; y esto va desde los vínculos domésticos hasta la esfera más alta de las jerarquías del Estado y la sociedad”. En este punto, se refieren a las violencias perpetradas por el propio Estado, y ejemplifican con las situaciones de violencia hacia las mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binaries durante la represión del gobierno de facto autoproclamado en Bolivia y, en Chile, a las múltiples violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas represivas a partir del estallido social de octubre de 2019.
“Lo doméstico se constituye como un micromundo en donde se reflejan ni más ni menos todas las otras violencias que padecemos las mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, asexuales, intersex y no binaries”, asevera la articulación regional y se pregunta: “¿Se podrá confiar que este mismo Estado que regentea el delito en los barrios, en connivencia con el narcotráfico, la trata de personas y la prostitución, es aquel que va a garantizar la vida digna?”.
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Si bien no es nuevo, y la violencia contra la mujer presentaba diferentes y alarmantes facetas antes de el Covid, la crisis sanitaria demostró que los Estados no están preparados para responder a la “magnitud de esta problemática universal”, como refiere María Noel Vaeza de ONU Mujeres. A este panorama se suma la brecha social y digital pues “los medios de comunicación virtuales eran, en muchos casos, la única alternativa que si bien es una opción válida para mujeres en contextos urbanos o mujeres que tienen acceso a internet y que tienen computadores, tablets o teléfonos inteligentes no es una opción para mujeres en zonas remotas o rurales”.
Sobre este punto, la presidenta del MESECVI —convención que nació bajo la premisa de prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres—, concuerda en que las medidas de política pública se dirigen a que las mujeres puedan solicitar ayuda y se mantengan los canales de denuncia, y “sabiendo que muchas mujeres no disponen o no saben cómo usar estos mecanismos, que se disponga de medios alternativos, como buzones en los tribunales, supermercados o farmacias, a fin de poder presentar en ellos las demandas”. Asimismo, considera que debe dársele respectivo seguimiento y respuesta adicional a la orientación, por ejemplo, reforzando las casas de acogida o estableciendo formas para que puedan acceder a la administración de justicia.
Además, algunos Estados como Argentina y Chile adoptaron nuevas formas de solicitar ayuda, teniendo en consideración las condiciones de dificultad para denunciar: como los códigos en las farmacias (barbijo rojo, mascarilla 19) u otros mecanismos discretos para pedir ayuda, que podrían funcionar en los casos en que las mujeres están en condiciones de salir y denunciar. A la par, se han adoptado medidas para acceder de forma remota a tribunales y protocolos en los refugios para poder recibir a más mujeres sin aumentar el riesgo de contagios.
También debe revisarse la violencia en el espacio público en un contexto pandémico. Aunque hay pocos datos oficiales disponibles, varios reportes ilustran que la violencia, el acoso sexual y otras formas de violencia contra las mujeres no dejaron de ocurrir durante las medidas de aislamiento y por la poca circulación de personas en las calles, el factor de riesgo pudo aumentar.
De los 19 países abarcados en esta investigación, Cuba es el único territorio que no menciona estas violencias en su legislación. El país caribeño no tuvo canales gubernamentales para denunciar en la primera parte de la cuarentena, por lo que organizaciones de la sociedad civil, como la plataforma #YoSiTeCreoEnCuba tuvieron que ocupar el rol. Solo hasta mediados de julio, el Estado cubano implementó una línea nacional.
Sin embargo, ni siquiera los países con mayor cantidad de políticas con perspectiva de género pudieron anular el aumento de violencia machista. Según el documento Rastreador de Respuesta de Género Global COVID-19, Argentina es uno de los que más toma en cuenta la perspectiva de género en sus políticas para hacerle frente a la pandemia. El informe destacó que dentro de las 44 medidas adoptadas en respuesta, 26 (el 49 %) “son sensibles al género”. Aún así, el país del sur está en el ranking de países de la región con más feminicidios. De marzo a junio de 2020 fueron 97 las mujeres y personas trans asesinadas por violencia machista y en abril hubo un feminicidio cada 34 horas en el país.
En la misma lista, le sigue Colombia, con la misma cantidad de medidas para enfrentar la pandemia, pero solo con 20 con perspectiva de género. Desde el 25 de marzo, comienzo de la cuarentena, hasta el 2 de julio (100 días), según el Observatorio Colombiano de las Mujeres, las llamadas a la línea 155 habían aumentado un 130 %.
Tatiana Rein, presidenta del MESECVI, agrega que un dato notable fue que, a pesar de la disminución general de la criminalidad, se registró un aumento en los casos de violencia doméstica, abuso sexual en niñas, casos de femicidio y femicidios frustrados, incluidos casos de agresores liberados de prisión como medida para contener al Covid-19, que asesinaron a sus exparejas luego de su liberación. La experta relaciona el crecimiento de la violencia al aumento de la vulnerabilidad al convivir con los agresores, pero también a la ausencia de espacios colectivos como la escuela, el trabajo o los centros de cuidados para adultos y adultas mayores, que afecta de manera directa las herramientas con las que cuentan las niñas y las mujeres adultas o las mujeres con discapacidad, para la detección de casos de violencia o la recepción de información para enfrentarla y denunciar.
Asimismo, para María Noel Vaeza, de ONU Mujeres, sin duda, las medidas de confinamiento y distanciamiento social, así como la restricción de movilidad en y entre los países, están generando mayores riesgos de violencia contra las mujeres y niñas, intensificando su aislamiento y generando barreras adicionales en el acceso a servicios esenciales: “A medida que la pandemia de Covid-19 profundiza el estrés económico y social también puede intensificar la violencia contra las mujeres sobre todo en el ámbito doméstico ya que, para los perpetradores, perder el trabajo, tener inestabilidad económica o el estrés pueden generar una sensación de pérdida de poder, y esto puede elevar la frecuencia y la severidad de la violencia contra las mujeres”. Además advierte que, frente a este contexto, si no hay una respuesta eficaz por parte de las autoridades, “la violencia puede escalar y llegar a formas más extremas como es el feminicidio”.
En el Observatorio de COVID-19 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la ONU Mujeres insistió en la creación de una sección específica de género para hacerle seguimiento a las medidas tomadas por 33 país de la región. Al revisar las medidas específicas que la herramienta registra para 18 países que hace parte de la investigación —no se registran datos de Puerto Rico— se encontró que de las 2.128 acciones implementadas por los gobiernos para hacerle frente al virus, 182 son por temas de género y 75 específicamente para atender la violencia de género contra la mujer.
El relevamiento de datos de Violentadas en Cuarentena concluyó que la mayoría de los países simplifican violencia de género en “violencia contra la mujer” en sus legislaciones, por lo cual, los datos no incluyen a otras identidades de género, como la población LGBTIQ+. Esto sucede a pesar de que en América Latina son masivos los ataques hacia esta comunidad. Según reconoce ONU Mujeres, durante la cuarentena por la pandemia, se han reportado casos de hostigamiento contra personas trans por parte de las fuerzas de seguridad y ataques violentos o actos de discriminación hacia la comunidad LGBTIQ+ sobre todo en los países donde se han implementado medidas de segregación por sexo para realizar actividades en las calles como fue el caso de Panamá, Perú y Colombia.
Asimismo, tanto la directora regional de ONU Mujeres como la presidenta del MESECVI manifiestan su preocupación por las afectaciones a las mujeres pertenecientes al sector salud. Hay reportes en algunos países de la región de ataques violentos contra las mujeres que trabajan en el sector de salud en el transporte público, dentro del cual las mujeres representan el 50 por ciento del personal médico y más del 80 por ciento del personal de enfermería.
Como otro factor notable, se registró un alza en los registros de violencias dentro del ámbito digital, manifestado en ciberviolencia y ciberacoso en los espacios virtuales como las redes sociales, salas de chat, servicios de teleconferencias y juegos en línea, asegura ONU Mujeres. Desde el MESECVI se agrega que han evidenciado faltas en el acceso a derechos sexuales y reproductivos, “por ejemplo restringiendo la atención de las mujeres embarazadas a todas las atenciones, cuidados y servicios necesarios”, explica Rein.
Ante la posibilidad de decretarse nuevos aislamientos obligatorios en los países latinoamericanos, la importancia de evaluar las medidas y proponer estrategias es fundamental para propender por marcos de cuarentena pensados desde las posibles violencias de género. La directora regional de ONU Mujeres hace un llamado a los gobiernos, las sociedad y los actores privados a aunar esfuerzos para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres y niñas a través de cuatro estrategias principales: garantizar el acceso a los servicios esenciales de atención (servicios de justicia, salud, psicosociales, asesoría legal); trabajar de manera articulada con las organizaciones de sociedad civil y redes de mujeres defensoras de derechos humanos y fortalecer sus capacidades y recursos para responder a la crisis; generar tolerancia cero hacia la violencia contra las mujeres, asegurando que los servicios policiales y judiciales prioricen la atención y sanción de la violencia; y aumentar la inversión en la prevención de la violencia contra las mujeres a través de programas de educación, campañas públicas, programas para empoderar a las mujeres y niñas y programas que buscan transformar las masculinidades nocivas o las normas sociales que fomentan o toleran la violencia contra las mujeres y niñas.
Por su parte, Feministas del Abya Yala manifiesta que “al ser las violencias multicausales, necesitan tomarse medidas preventivas y de denuncia transversales, diversas, que no vulneren derechos y sobre todo, feministas”. A las medidas mencionadas, agregan que son necesarias políticas públicas que contemplen la prevención de una manera integral, es decir, que tengan en cuenta los diferentes factores que requieren ser atendidos a la hora de la formulación y la real ejecución de las acciones: “Espacios seguros, sin una lógica carcelaria, para aquellas/es que no pueden seguir conviviendo con el violento y que no tienen los medios materiales necesarios para afrontar un alquiler. Servicios de salud con perspectiva de género y protocolos acordes. Respuestas materiales, entendiendo que la violencia económica es en gran medida lo que imposibilita a muchas/es a dejar de convivir con el violento y que la autonomía permite pensar proyectos de vida y llevarlos adelante”.
El MESECVI junto a la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) en La violencia contra las mujeres frente a las medidas dirigidas a disminuir el contagio del COVID-19 se refieren a varios de los puntos priorizados por María Noel, agrupando en que debe trabajarse en “políticas públicas, acceso a la justicia, fortalecimiento institucional y medidas de información y estadística”. Sobre este último, Tatiana Rein puntualiza que las medidas de información y estadística son esenciales para poder saber qué se ha afrontado en este período, qué medidas se han adoptado, cuáles han dado resultados, qué ámbitos han quedado fuera, “y así podamos estar mejor preparados/as para un escenario futuro”, dice.
María Noel recuerda lo que diferentes sectores sociales vienen diciendo: son los gobiernos locales los primeros responsables en que la “prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres y niñas sea priorizado”, por la cercanía y por una mayor capacidad de identificar las problemáticas. Asimismo, la articulación con la sociedad civil es uno de los puntos marcados por la directora regional. En ese punto, las organizaciones que conforman el tejido de Feministas del Abya Yala son las que escuchan, acompañan, denuncian, organizan y proponen estrategias por la vida de las mujeres y otras identidades feminizadas.
Finalmente, la referente de ONU Mujeres expresó especial preocupación sobre los factores interseccionales de discriminación: discapacidad, las mujeres LGBTIQ, las mujeres migrantes o desplazadas, las mujeres en zonas rurales, las mujeres indígenas o afrodescendientes que las hace más susceptibles a las violencias.
“Nos quedan muchos desafíos y sabemos que parte de estos es lograr que se establezcan políticas de erradicación de la violencia y que generen autonomía económica para que no haya nunca más una menos entre nosotras y nosotres”, concluyen desde Feministas del Abya Yala.
El deseo de las diferentes fuentes consultadas para esta investigación redunda en conseguir una vida libre de violencia para las mujeres y niñas. En palabras de María Noel: “lo que sería importante reforzar es la necesidad de abordar todo el contínuum de violencia contra las mujeres y niñas, durante la pandemia, en la fase de recuperación y en el mundo post-Covid poniendo mayor énfasis en estrategias de prevención de mediano a largo plazo y de aumentar más la inversión en programas y políticas transformadoras que busquen no solo responder a la violencia contra las mujeres pero evitar que ocurra y eliminarlo para que la llamada ‘nueva normalidad’ pueda ser una realidad libre de violencia contra las mujeres y niñas”.
*Carlos es periodista colombiano, lo encuentran por acá. A Nicole, periodista argentina, la encuentran acá.
Violentadas en cuarentena, publicada en Distintas Latitudes, es una investigación colaborativa regional hecha en 19 países de América Latina y el Caribe sobre la violencia contra las mujeres por razones de género durante la cuarentena por la Covid-19. Esta investigación fue apoyada por el Fondo Howard G. Buffett para Mujeres Periodistas de la International Women’s Media Foundation.
