A propósito del asesinato este domingo de dos defensores de derechos humanos en el sur de Bolívar, nos preguntamos si hacer la paz se convirtió en una invitación a la intimidación y a la muerte. Eso, por lo demás, plantea dudas sobre lo que puede pasar si esta se firma, ¿podría repetirse el "baile rojo"?
Por: Juan Pablo Conto
Desde el inicio del proceso de paz, en 2012, las amenazas a grupos poblacionales que se han visto involucrados en el conflicto han aumentado. Entre los más afectados se encuentran: reinsertados, políticos, campesinos que buscan restitución de tierras y personas pertenecientes a etnias indígenas y afro, además de periodistas.
Buscar la paz, pensar en la idea de la reinserción, de la reintegración, de la restitución son apuestas que han abierto viejas heridas, levantado revuelos, incomodado a muchos que durante décadas ejercieron su poder con las armas. Pensarse en la paz ha sido una suerte de invitación para que la intimidación, la amenaza y el miedo se incrementen. Eso, por lo demás, plantea varias dudas sobre lo que puede pasar si esta se firma.
El 2015 arrancó con amenazas a políticos y defensores de Derechos Humanos. En Barranquilla circuló a mediados de enero un panfleto presuntamente de las Águilas Negras señalando sus objetivos militares: “Todas las personas y organizaciones de Derechos Humanos, sindicalistas, reclamantes de tierra, asesores de víctimas, defensores de presos de las FARC y del ELN, los que hacen informes de Derechos Humanos, de las organizaciones políticas de la FARC y del ELN, congreso de los pueblos, Unión Patriótica, Marcha Patriótica y demás secuaces (sic)”.
También recibieron amenazas personajes públicos como Piedad Córdoba, Iván Cepeda, Claudia López, Alirio Uribe, Clara López y Ángela María Robledo. El Gobierno está alerta y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha reiterado el compromiso que tiene con la seguridad de los amenazados.
Y no es cosa de este año. El 8 de septiembre de 2014, el famoso mes negro, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), recibió un correo electrónico en el que se amenazaba a 91 personas, los acusaba de guerrilleros, amenazaba a sus familias y les anunciaba que tenían que pagar con sangre porque con “su cuento de la paz” querían “seguir mariquiando al país”. De la lista hacían parte tanto integrantes del MOVICE, como víctimas de las Farc que asistieron a La Habana a la mesa de negociación. Aunque no tenía firma, un correo similar volvió a llegar el siguiente día, el cual repetía la amenaza, pero esta vez venía bajo el nombre de las Águilas Negras.
Según Carlos Guevara, coordinador de la ONG Somos Defensores, no se veía una amenaza masiva de esta magnitud desde 2009. Según las cifras que recoge esta ONG con su Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores de Derechos Humanos (Siaddhh) —el único sistema en el país de esta especie—, hubo un aumento del 234% en las amenazas durante el 2014 contra este grupo poblacional si se compara con el mismo periodo del 2013. Se pasó de 67 casos a 157. De estos, las Águilas Negras fueron los presuntos agresores en 95 ocasiones. Los Rastrojos en 26 y otros grupos paramilitares en 12. En 23 amenazas los autores fueron desconocidos. Hubo tres por parte del ELN, una de las Farc y una de la Fuerza Pública.
UN PROCESO DE PAZ AMENAZADO
El exdirector de la Unidad Nacional de Protección (UNP) Andrés Villamizar, concuerda con que los avances del proceso de paz en la Habana han desembocado en una polarización política que usualmente lleva a que las amenazas aumenten en ciertos grupos poblacionales. Villamizar indica que: “Hay una tendencia y es que las amenazas estén ligadas a personas muy cercanas al proceso”.
Además, se han visto perjudicados grupos étnicos, tanto indígenas como afros. Hay un aumento de amenazas a testigos de violaciones de Derechos Humanos, que se explica en parte por los avances alrededor de los mal llamados falsos positivos y de las víctimas de violaciones a los derechos humanos,entre quienes se encuentran los reclamantes de tierras. Villamizar también lanza una alerta sobre lo que está sucediendo con las cifras de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR). Según él, los reinsertados son quizás el grupo poblacional que se encuentra más vulnerable y que más golpes recibe.
Las cifras apuntan en su mayoría a grupos paramilitares, pero para el analista de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, quien también ve particularidades en el tipo de amenazas “son aliados locales (…) los que están produciendo las amenazas, es decir, ganaderos y grandes propietarios de tierras que se sienten en riesgo por el proceso de paz, porque se van a destapar muchas verdades y tendrán que reparar a víctimas a las que han despojado de sus tierras”.
LOS COSTOS DE ACABAR UNA GUERRA
Hacer la paz es costoso y proteger a los amenazados también. Por lo tanto se desgasta la cartera del Estado: “Si usted tiene 3.100 hombres, es una nómina mensual de 21.700 millones de pesos. Si usted lo multiplica por doce –meses del año- solamente la nómina de escoltas son aproximadamente 260.000 millones de pesos”, expone el exdirector de la UNP.
Además, desde que inició el proceso de paz, la instrucción a la UNP fue clara, como explica Villamizar: “Hay un clima enrarecido y la orden que yo tenía del presidente es no desestimar ninguna amenaza hasta que no se analizara y no se investigara a fondo. Y en caso de duda hay que tomar las amenazas como ciertas. Esa era la política y la posición”.
En 2014 fue tanto el gasto que las cuentas se fueron descuadrando y la UNP entró en un periodo de austeridad. Pero desde la otra orilla, organismos como la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) señalan que estos ahorros vienen perjudicando tanto la protección como el trabajo de algunos periodistas, grupo poblacional que también está a cargo de la UNP. Según las denuncias de la FLIP, hay periodistas que han visto disminuido su esquema de seguridad, o a quienes les han impuesto una serie de reglamentos con los que no pueden ejercer su profesión. También hay quienes aún no han recibido una ruta de protección.
En el 2015 dos periodistas han sido asesinados: Luis Peralta, de Radio Linda en El Doncello (Caquetá) y Edgar Quintero, de la emisora local Radio Luna, asesinado en Palmira (Valle del Cauca). Aunque no hubo mucho eco en los medios nacionales, organismos internacionales han llamado la atención sobre este asunto. El asesino material de Peralta ya fue capturado. En el caso de Edgar Quintero tienen la hipótesis de que se trataba de una venganza personal, pero las investigaciones continúan.
QUE NO SE REPITA LA HISTORIA
El problema exige atención y la preocupación es general. La ONU advierte que las bandas criminales, surgidas tras la desmovilización de grupos paramilitares, representan el “reto principal” a la seguridad ciudadana. En su informe de 2014, si bien reconoció avances en las acciones de la Policía, pidió una “estrategia más integral” que impida que sigan reclutando jóvenes.
Por su parte, el Gobierno dice estar tomando medidas. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en entrevista con El Tiempo, explicó que desde el mes de febrero, junto con la Fiscalía, la Unidad de Protección y la Policía, se activó un equipo interdisciplinario para hacer seguimiento a las amenazas, incluso en redes sociales. No se apresuran a señalar la posible procedencia de los panfletos, pero, según el ministro: “El modus operandi, los amenazados y las regiones donde se han dado las amenazas, se puede decir con claridad que hay una ultraderecha ilegal y violenta que pretende sabotear cualquier intento de paz y de inclusión social”.
En la memoria del país permanece el tétrico “el baile rojo” que prácticamente aniquiló a la Unión Patriótica a finales de los años ochenta y principios de los noventa, y que frustró el proceso de paz de ese momento. La preocupación es que algo así se repita y que sirva de argumento para que el conflicto se siga prolongando.
