EDITORIAL |Decirle no a la JEP es darle la espalda a 8.000 víctimas de secuestro y, en general, a las 8,6 millones que están esperando verdad y reparación.
“Yo defiendo la JEP”, “Por las víctimas, no más JEP”. Esta es una división que nos remite inevitablemente al plebiscito por la paz: en una orilla, los defensores del Acuerdo de Paz, en otra, sus detractores. La discusión de fondo: legitimar (o no) la justicia transicional en Colombia. En la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) están pasando cosas importantes: Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, y Jorge Torres Victoria, ‘Pablo Catatumbo’, asistieron, cada uno por su cuenta y en estos días, a la Sala de Reconocimiento de la JEP para dar sus primeras versiones voluntarias en el marco del Caso 001: “Retenciones Ilegales de las FARC”.
La guerra en Colombia tiene varios matices, pero llegó a un punto insostenible de perversión cuando el secuestro se convirtió una práctica común en las guerrillas de las Farc y el ELN – incluso en las autodefensas –. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1970 y 2010 se documentaron 39.058 casos de secuestro, de los cuales se identificaron a los responsables en 9.082. De este número, 5.687 casos corresponden a las Farc. Si los excombatientes y antiguos comandantes de esta guerrilla quieren recibir los beneficios del Acuerdo de Paz, primero tienen que responder por los delitos que cometieron, y en esta investigación relativa al secuestro, es necesario que digan la verdad sobre lo que sucedió y asuman responsabilidades.
Las diligencias de los 31 exjefes guerrilleros que tienen que responder por los secuestros serán a puerta cerrada. Para los congresistas del Centro Democrático esto es un “irrespeto a las víctimas”. Que las víctimas no puedan oír a los máximos representantes de la antigua guerrilla no es justicia, dicen, sino impunidad. Pero no nos apresuremos. Hace un año comenzó a operar la JEP –todavía le quedan 14 años de mandato – y los protocolos quedaron claros desde un comienzo: existe una primera fase de sometimiento al sistema de justicia transicional, otro de reconocimiento, juicio y reparación. Timochenko y Pablo Catatumbo están dando sus primeras versiones, la audiencia con las víctimas vendrá después.
La ofensiva de Paloma Valencia, Claudia Bustamante y otras figuras del Centro Democrático contra la JEP no se puede desligar del momento político actual: el presidente Iván Duque tiene 15 días para sancionar la Ley Estatutaria que le da todas las garantías jurídicas a la Jurisdicción Especial para la Paz. En su partido piden que la objete – algo inédito, pues cuando llega a sanción, una Ley estatutaria ha pasado por el Congreso y después por la Corte Constitucional–. Es evidente: existe una presión constante para deslegitimar el trabajo de la Jurisdicción.
En sus discursos, los voceros de este partido omiten que la misma Sala de Reconocimiento está acreditando a las víctimas de secuestro para que hagan sus observaciones y aporten pruebas para contrastarlas con las versiones de los antiguos jefes de la guerrilla. De hecho, los magistrados de la JEP tienen en los expedientes de este caso cerca de 300 sentencias contra los altos mandos de las Farc por secuestros. Y se suman, además, los archivos que han entregado diferentes entidades y asociaciones, como el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Asociación Colombiana de Víctimas de Secuestro, la Fundación País Libre, entre otros.
El Centro Democrático no se ha esforzado si quiera en explicar que uno de los requisitos en el proceso de justicia transicional es que los máximos responsables de las Farc pidan perdón públicamente a las víctimas, que trabajen por su reparación, algo que no sucedió en el proceso de Justicia y Paz con los grupos paramilitares. Piden, como supuestos voceros de las víctimas, que se haga viral el mensaje “No más JEP”, cuando las mismas asociaciones de víctimas le están pidiendo al presidente Iván Duque que sancione la Ley Estatutaria. Sería pertinente que la bancada del Centro Democrático lea la carta que 227 asociaciones de víctimas – no solo de las Farc, sino de los paramilitares y de la Fuerza Pública – le enviaron este 18 de febrero al presidente para que respalde el trabajo de los magistrados de la JEP.
En sus discursos selectivos, los congresistas del Centro Democrático tampoco hacen alusión a los altos mandos militares del gobierno Uribe que ahora están en la JEP, como Rito Alejo del Río, quien, recordemos, dijo lo siguiente la semana pasada: “Le dije a algunos amigos que no me vuelvan a hablar del Centro Democrático y créanme que yo he sido uno de los más sacrificados por defender a Álvaro Uribe Vélez, pero no lo vuelvo a hacer”. Tampoco pueden negar, como pretenden hacerlo, que 1.923 miembros de la Fuerza Pública se han sometido a la JEP confiando en el modelo de justicia transicional. Lo mismo han hecho 9.691 excombatientes de las Farc.
Cuando el uribismo le pide a Duque objetar la JEP – como también lo hizo el fiscal Néstor Humberto Martínez – están dándole la espalda no solo a las 8.000 víctimas de secuestro que ya están registradas en la jurisdicción, sino a las 8,6 millones de víctimas en Colombia que esperan, por fin, una justicia con verdad y garantías de no repetición.
