Carmelo Agámez, defensor de derechos humanos, fue capturado en 2008 por vínculos con las autodefensas. Una acusación absurda que, dicen, fue una retaliación por su trabajo con las víctimas en Sucre.
Líder de la Unión Patriótica en San Onofre, agricultor, defensor de derechos humanos y secretario técnico del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) en el departamento de Sucre. Todo eso era Carmelo Agámez cuando la Fiscalía le dictó orden de captura en 2008, bajo el cuestionado argumento de que él había tenido nexos con los paramilitares.
Así, un día cualquiera, y en virtud de ese expediente, Carmelo resultó convertido en parte del grupo armado ilegal que había denunciado públicamente en distintas ocasiones, arriesgando, incluso, su propia vida. Ahora, siete años después de los señalamientos en su contra, un juzgado de Montería acaba de absolverlo por los cargos de concierto para delinquir que le imputó la Fiscalía. El juez estableció que no existían pruebas para condenarlo y lo dejó en libertad condicional.
El proceso empezó a finales de la década del 2000, cuando el exjefe paramilitar Marco Tulio Pérez, alias “El Oso”, declaró que las autodefensas intervinieron en las elecciones locales de 2003 en el municipio de San Onofre, centro de operaciones del bloque Héroes de los Montes de María. Según Pérez, ese año se realizó una reunión en el corregimiento de Berrugas, en la que los comandantes del bloque y los candidatos al Concejo municipal proclamaron la candidatura única de Jorge Blanco a la alcaldía.
Con base en ese testimonio, la Fiscalía vinculó a 21 personas a una investigación por parapolítica. En el grupo de procesados se encontraban exalcaldes, exconcejales, exfuncionarios públicos y excandidatos al Concejo, entre los que figuraba Carmelo Agámez. Sin embargo, Carmelo, que había inscrito su candidatura al Concejo por el partido Conservador ―“porque ya no quedaban más partidos en San Onofre”―, estaba en Cartagena cuando se desarrolló la cumbre política convocada por los ‘paras’.
Su versión fue respaldada por el exdiputado a la Asamblea de Sucre Nelson Stamp, que hacía parte de la estructura política de las autodefensas. Stamp declaró que “al señor Agámez jamás lo vi en reunión con nosotros, ya que siempre asumió una actitud temeraria y contraria a todas las pretensiones e ideología de las autodefensas”. El exalcalde Jorge Blanco, que fue unido por el desaparecido comandante paramilitar Rodrigo Mercado Peluffo, alias “Cadena”, también aseguró que Carmelo no se benefició de su administración. El mismo Pérez le dijo a la Fiscalía que no conocía a ese defensor de derechos humanos.
Sólo el exconcejal Luis Carlos Ocón atestiguó que Carmelo estuvo en esa reunión y al menos un par de testigos más dijeron haber escuchado que él asistió, pero no pudieron afirmarlo. Esas eran las pruebas con que contaba la Fiscalía para procesar al secretario del Movice en Sucre, en una investigación que fue cuestionada desde el inicio por cuenta de las actuaciones del fiscal Rodolfo Martínez, que obstaculizó la defensa y que más tarde fue señalado de tener vínculos con los paramilitares. Por cuenta de esas irregularidades, el entonces fiscal general Mario Iguarán lo apartó del caso y pidió que se lo investigara penal y disciplinariamente.
Pese a ello, Carmelo estuvo detenido en la cárcel de Corozal (Sucre) hasta 2011, cuando lo liberaron por vencimiento de términos. La falta de evidencia en su contra no fue suficiente para que la Fiscalía prescindiera de la investigación y el caso fue llevado con la misma tesis hasta que se emitió el fallo. El Movice y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, que asumió la defensa jurídica, señalaron insistentemente que se estaba cometiendo un error. Un error que Carmelo asumió como una retaliación por su trabajo con los desplazados y los reclamantes de tierras.
Ahora, absuelto en los estrados judiciales, este curtido dirigente de izquierda dice, entre convencido y resignado, que “ese es el riesgo que corremos quienes defendemos los derechos humanos. Y las amenazas contra nosotros no cesan, porque aún existen sectores interesados en que salgamos de Sucre y renunciemos a esta actividad”.
Carmelo, el resistente
En 1986, la Unión Patriótica participó por primera vez en unas elecciones. En esa época, Carmelo vivía en San Onofre y trabajaba como agricultor y ganadero en la finca de su padre. Había estudiado algunos semestres de Agronomía, pero renunció a la vida universitaria “por cuestiones políticas”. Metido de lleno en la vida del campo, conoció a un profesor que militaba en el Partido Comunista y que lo invitó a participar en el naciente proceso político de la UP.
Carmelo se vinculó al partido y presentó su candidatura al Concejo; sin embargo, su liderazgo, que ya empezaba a emerger, se vio truncado en 1988. Según él, “ese año, al finalizar una marcha de campesinos en San Onofre, la población quemó la casa de un representante a la Cámara. Los platos rotos los terminó pagando la UP, y hubo persecución y exilios”.
Corrían tiempos de gran agitación social, en los que los gremios y los sindicatos exigían reformas agrarias y laborales, mientras el gobierno de Virgilio Barco negociaba con las guerrillas. A la par, miembros de las Fuerzas Armadas y paramilitares ejecutaban asesinatos selectivos contra los miembros de la UP, lo que más tarde condujo al exterminio de esa fuerza política.
Consciente del peligro, Carmelo se exilió en Venezuela. Allí permaneció hasta 1995, cuando la UP ganó la alcaldía de San Onofre gracias a una coalición de movimientos políticos que recibió el nombre de Unión Cívica Popular. Entonces, se vinculó a la administración como jefe de almacén y, al término de 1997, empezó a presenciar la violenta llegada de los paramilitares a la región. Al igual que la UP, la Unión Cívica fue víctima de ataques sistemáticos.
Como muchos dirigentes de la época, Carmelo bajó el perfil para esquivar la muerte. Tuvo que esperar hasta 2005, cuando se desmovilizó el bloque Héroes de los Montes de María, para volver a la vida pública y denunciar las graves violaciones a los derechos humanos que había cometido esa estructura en el departamento de Sucre. En esas andaba cuando la Fiscalía lo acusó de cohonestar con los paramilitares.
Y en esas sigue Carmelo, desde ese San Onofre en el que lo han perseguido, amenazado y detenido. Desde allá continúa su pelea por los derechos de las víctimas, la seguridad alimentaria, la reforma agraria y la restitución de tierras. Un camino que “ha sido muy duro”, pero que él ha sabido transitar con aplomo. Pese a la persecución y al estigma, aún sigue siendo de la UP.
