Las autoridades entregaron volantes en los que citan mal un artículo del Código Penal.
Los volantes se regaron el sábado por el barrio Obrero de Turbo. Los repartían agentes de la Policía y funcionarios de Migración Colombia. “Por un Urabá más seguro y en paz. Denuncie. Informar paga”, decía en las fotocopias adornadas con cuatro fotos, logos oficiales, teléfonos y correos de la Unidad de Comunicaciones Estratégicas de la Policía.
En letra más pequeña, se leía que “alojar migrantes es un delito” y, entre comillas, aparecía lo que supuestamente era un aparte del Código de Procedimiento Penal: “Art. 188, del trafico de personas, el que promueva, induzca, constriña, facilite o colabore o de cualquier forma participe en la entrada y salida del país incurrirá en prisión de seis (6) a ocho (8) años” (SIC).
- Este fue el volante las autoridades pusieron a circular el sábado por las calles de Turbo. Foto cortesía
Muchos de quienes recibieron y circularon esa información son los mismos turbeños que en los últimos tres meses han prestado asistencia –comida, albergue, vestido, etc.– a los miles de migrantes cubanos que en cuestión de días se asentaron en ese municipio. Una situación que se convirtió en crisis luego de que, en mayo, el gobierno panameño levantara los beneficios que ofrecía a los cubanos que llegaran a sus fronteras en su ruta hacia Estados Unidos.
El mensaje de los volantes se sumó la advertencia que, a finales de julio, lanzaron diferentes autoridades en medios de comunicación. Dijeron que una de las medidas para resolver la situación que enfrentaba Urabá sería judicializar a quienes facilitaran la estadía de los migrantes en la región.
Incluso, el director de Migración Colombia, Cristian Krüger, aseguró que esa entidad había denunciado penalmente por el delito de tráfico de migrantes al propietario de una bodega que se convirtió en el principal albergue de los cubanos. Cerca de 400 personas se concentraron allí.
El documento repartido el fin de semana, con el que las autoridades continuaron su estrategia para disuadir a los pobladores de la zona de colaborarles a los indocumentados, omitió buena parte del artículo del Código Penal en el que que, efectivamente, se basan las sanciones contra el tráfico de migrantes. Esta es la redacción real de esa norma:
“Artículo 188. Del tráfico de migrantes. El que promueva, induzca, constriña, facilite, financie, colabore o de cualquier otra forma participe en la entrada o salida de personas del país, sin el cumplimiento de los requisitos legales, con el ánimo de lucrarse o cualquier otro provecho para si o otra persona, incurrirá en prisión de seis (6) a ocho (8) años y una multa de cincuenta (50) a (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la sentencia condenatoria”.
Eso significa que, a diferencia de lo que esos volantes les hicieron creer a muchos habitantes de Uraba, la legislación es clara en que las sanciones se pueden aplicar solo a quienes traten de hacer dinero, lucrarse o sacar provecho de la situación de los migrantes. No a quienes les ofrezcan colaboración por razones humanitarias.
- Cerca de 400 personas se albergaron en la bodega que facilitó un habitante de Turbo. El último grupo salió del lugar el miércoles. Foto Juan Arturo Gómez
¿Crisis superada?
William González, defensor del Pueblo en la regional de Urabá, asegura que conoció esos volantes que la Policía y Migración Colombia presentaron como “pedagogía” para disuadir el delito. Agregó que por solicitud de la entidad a su cargo, se detuvo la circulación de ese material.
“Esa fue una situación de la que tuvimos conocimiento y les manifestamos que las campañas pedagógicas de prevención del delito son válidas, pero que hacerlo de esa forma no era conveniente. Más que ese tipo de campañas, lo que debían hacer era señalar a los verdaderos responsables del tráfico de migrantes. Esos son los efectos adversos de situaciones no consultadas después de que ya existía un puesto de mando unificado”, explica el defensor.
Lo cierto es que las estrategias de las autoridades, que algunas personas en la región calificaron como una “guerra psicológica” contra los migrantes, parece haber dado resultado. La opción que les ofreció Migración Colombia fue la aceptar la “deportación voluntaria” o la entrega de salvoconductos que les permiten estar unos días en el país y luego salir por sus propios medios.
- Miles de migrantes se embarcaron en Turbo hacia la frontera con Panamá por temor a los anuncios de deportaciones masivas. Foto Juan Arturo Gómez
Fue así como la mayoría de cubanos, que no están dispuestos a regresar a la isla, empezaron a embarcarse desde la semana anterior para atravesar el Golfo de Urabá y tratar de pasar a Panamá por la selva del Darien. Otros, llegaron hasta zonas fronterizas en el departamento del Chocó y se ubicaron cerca de los controles migratorios esperando que, tal vez, el gobierno panameño les permita el paso.
Finalmente, el miércoles, un último grupo de indocumentados abandonó la bodega que, además de albergue, se convirtió en un pedazo de Cuba en medio de las calles empantanadas de un barrio popular del Urabá antioqueño, en epicentro de las visitas de decenas de periodistas y en centro de operaciones de los reclamos al gobierno colombiano para explorar salidas humanitarias al drama de la migración irregular.
Esos últimos cubanos decidieron seguir el mismo camino hacia la frontera de otros cientos que esperan continuar su viaje. Por ello, en la zona aseguran que con la salida de los migrantes de Turbo el problema no está resuelto sino que se trasladó.
Según el cálculo de los propios migrantes, ya son más de 800 las personas que se ubican en campamentos improvisados en Sapzurro y Capurganá. Esas dos poblaciones fronterizas del departamento de Chocó son los nuevos epicentros de una cisis que todavía no sale de Colombia
