¿En qué se parecen las ordenes actuales en el Ejército a las que produjeron los ‘falsos positivos’? Foto ilustrativa de un par de soldados en el departamento del Cauca. Foto: Ejército
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¿En qué se parecen las ordenes actuales en el Ejército a las que produjeron los ‘falsos positivos’?

Staff ¡Pacifista! - Mayo 20, 2019

Contrastado con informes de HRW, testimonios de la Fiscalía y la Procuraduría, se ve cómo las directrices actuales del Ejército son casi idénticas a las de 2002 y 2008.

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—Hemos regresado a lo que estábamos haciendo antes —le dijo un oficial del Ejército colombiano al periodista Nicholas Casey, del periódico The New York Times, en un reportaje que salió publicado este fin de semana y que contiene revelaciones sobre los nuevos incentivos que desde enero tiene el Ejército colombiano a la hora de presentar resultados.

La frase hacía alusión a los incentivos y las técnicas empleadas por el Ejército nacional durante los años 2002 y 2008 –bajo la presidencia de Álvaro Uribe– en lo que eufemísticamente se conoció como “falsos positivos”.

Se trató de una serie de Ejecuciones extrajudiciales practicadas por miembros del Ejército, en la que presentaban como muertos en combates a civiles que no hacían parte del conflicto armado, con el fin de inflar los resultados para hacerlos ver más efectivos. Esta política tuvo en su momento dos motivaciones: presiones desde la cúpula militar para producir un mayor número de bajas y premios (como vacaciones, ascensos o dinero) para los uniformados con ‘mejor’ rendimiento.

En 2012, la ONU documentó la investigación de más de 3.000 de estos casos entre 2002 y 2008.

Se trata de uno de los episodios más macabros de la historia reciente del conflicto armado en el país.Tan es así, que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) seleccionó este caso como uno de sus casos prioritarios para juzgar en el marco de la justicia transicional. Es el caso 003, que comprende a 2.248 víctimas de esta práctica.

A comienzos de este año, el general (r) Mario Montoya, quien fuera comandante del Ejército entre los años 2006 y 2008, se acogió a la JEP.

¿Pero qué semejanza hay entre lo revelado por The New York Times (NYT) este fin de semana, con los incentivos que hicieron posible una política sostenida de ejecuciones extrajudiciales entre los años 2002 y 2008 por parte del Ejército? ¿Se están dando los mismos incentivos hoy que los que se dieron en su momento y que propiciaron esas ejecuciones extrajudiciales?

¿Estamos ante la posibilidad real de que existan los falsos positivos 2.0 (como han sugerido algunos medios de información)?

Optimizar los resultados

Tanto ahora como en la presidencia de Uribe hubo una orden desde la cúpula militar, en ambos casos del comandante del Ejército, para aumentar los resultados.

Un extenso informe de Human Rights Watch (HRW) publicado en junio de 2015 hace referencia a esto mismo. El informe, titulado El rol de los altos mandos en falsos positivos, recoge testimonio de miembros del Ejército que han reconocido su responsabilidad en relación con falsos positivos y en los que se sugiere que los comandantes medían el éxito en función de las bajas en combate y presionaban a los subordinados para que incrementaran estas estadísticas.

“Esta presión parece haber estado presente en toda la línea de mando del Ejército, desde al menos un comandante del Ejército Nacional, el General (r) Mario Montoya, hasta comandantes de brigadas y batallones, así como todos los escalafones inferiores hasta los soldados que llevaron a cabo las ejecuciones”, dice el informe.

En un documento revisado por el NYT en el que aparece la firma del general Nicasio Martínez, actual comandante del ejército, se estipula que: “La meta es doblar los resultados operacionales en todos los niveles del mando”. Martínez le reconoció al periodista del NYT que se ha tomado esa decisión ante la creciente amenazas de grupos guerrilleros, bandas criminales y paramilitares.

En su momento, cuando el general Montoya era comandante del Ejército, también había la misma presión en términos de resultados.

El Teniente Coronel (r) Robinson González del Río, quien ha admitido responsabilidad por numerosos casos de falsos positivos ocurridos mientras estuvo al mando de unidades tácticas entre 2006 y 2008, le dijo en su momento a la Fiscalía: “A usted lo evaluaban… por bajas…. Esto de las bajas es una política que venía implementando el Señor General Mario Montoya… las diez mejores unidades del país, todos los lunes eran resaltadas por él. Pero esas unidades eran evaluadas por bajas”.

González del Río asegura que en programas radiales el general Montoya le preguntaba a las unidades: ¿Cuánto lleva usted sin resultados operacionales?, a lo que ellos respondían: Mi General, el día de ayer se hicieron dos capturas. Y Montoya replicaba: No, no, no hermano, resultados operacionales, somos un ejército en guerra, aquí lo que vale son las bajas.

Esto guarda una notable similitud con lo revelado por Casey para el NYT. Allí varios oficiales le dicen que “a los soldados que aumentan sus muertes en combate se les ofrecen incentivos como vacaciones extra, un patrón que es notablemente similar al de los asesinatos ilegales ocurridos a mediados de la década de los 2000”.

Entre 2002 y 2008 también hubo beneficios que incentivaron ejecuciones extrajudiciales: días de permiso para vacaciones, dinero, condecoraciones, cursos de entrenamiento o felicitaciones por parte de los superiores.

Alianzas con grupos paramilitares

Tanto a mediados de la década del 2000 como ahora hubo una alianza de ciertos sectores del Ejército con grupos paramilitares para aumentar el número de bajas y poderlas dar como muertos en combate.

En relación al modus operandi de los militares, el informe de HRW de 2015 establece que “miembros del Ejército secuestraron a víctimas de sus viviendas o las aprehendieron en lugares públicos y las trasladaron al lugar donde fueron ejecutadas. También hubo numerosos incidentes en los cuales las víctimas fueron entregadas por grupos paramilitares a los soldados”.

Entre los batallones que se ha establecido la patente colaboración entre miembros del Ejército y grupos paramilitares durante ese periodo, 2002-2008, se encuentran el Batallón Rojas, el Batallón Pantano de Vargas y la Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas (Afeur) N.º 5 . Un suboficial retirado de la Afeur le dijo en su momento a la Procuraduría que “paramilitares en Medellín entregaban mensualmente víctimas a la Afeur N.º 5” para que pudieran ser dados de baja y presentados como guerrilleros.

Por su parte, el reportaje del NYT revela que en una reunión reciente un general le ordenó a sus comandantes hacer lo que fuera para mejorar sus resultados, incluso si eso significaba “aliarse” con grupos criminales armados para obtener información sobre objetivos.

Y agrega más adelante que en una reunión ocurrida en Cúcuta en el mes de enero entre oficiales y agentes de inteligencia militar, dijeron a los oficiales presentes que tenían que hacer lo que fuera, incluyendo usar grupos paramilitares que proporcionaran información sobre bandas armadas rivales “para generar resultados”.

No es claro en esta última parte si la alianza entre Ejército y paramilitares también se pacta con el fin de entregar civiles a los militares para aumentar el número de bajas y elevar los resultados –como ocurriera entre 2002 y 2008. O si sólo hay una alianza para enfrentarse de manera más eficaz contra las bandas armadas rivales.

Modus operandi         

Aunque el reportaje del NYT no detalla que las órdenes entregadas a las tropas hayan reportado un aumento en las bajas, ni ahonda en las metodologías usadas por miembros del Ejército para cumplirlas, sí hace referencia a un ejemplo que coincide con declaraciones dadas en el pasado en ese mismo sentido:

En 2014, la Fiscalía acusó a dos exoficiales de inteligencia del Batallón Pedro Nel Ospina, de la Cuarta Brigada del Ejército, por participar en al menos 24 ejecuciones extrajudiciales entre 2006 y 2007. En un caso, el fiscal se refirió a un hombre que había sido engañado para trasladarse a Antioquia desde una ciudad cercana y luego fue ejecutado por soldados, quienes a continuación le colocaron una pistola e informaron que se trataba de una baja en combate.

El fiscal indicó que “fueron 72 víctimas que de la misma manera y que fueron presentadas por los miembros del Batallón Pedro Nel Ospina como muertos en combate, sin corresponder esto a la realidad porque en ningún momento se encontraban combatiendo”.

Por su parte, el NYT citó un asesinato que un informe del ejército calificó como la muerte de un miembro del Clan del Golfo, el 25 de febrero. “En el documento se decía que tres miembros del grupo habían luchado contra un pelotón del ejército, y que el combate terminó en una muerte y dos arrestos. Una pistola y un revólver fueron encontrados con los hombres”.

Un oficial le dijo al NYT que es “poco probable que tres delincuentes con armas ligeras se enfrentaran a un pelotón de 41 hombres”.

En ambos casos coincide el hecho de que quienes fueron presentados como bajas, fueron encontrados con pistolas, y no con fusiles –armas con las que, se supone, son de uso de grupos armados como el Clan del Golfo o la guerrilla.

El Comandante

El mayor general Nicacio Martínez Espinel fue designado comandante del Ejército de Colombia el 10 de diciembre de 2018 por Iván Duque. Ese nombramiento prendió las alarmas entre organizaciones defensoras de derechos humanos.

Nicacio de Jesús Martínez. Foto: Twitter

 

Martínez Espinel fue, entre 2004 y 2006, el segundo comandante de la Décima Brigada Blindada que opera en los departamentos del Cesar y La Guajira. La Fiscalía ha abierto investigaciones por 23 ejecuciones extrajudiciales perpetradas por esa Brigada en 2005.

La organización HRW publicó un documento, firmado por Martínez Espinel el 23 de marzo de 2005, que certifica el pago por un millón de pesos a un informante que proporcionó información que permitió “excelentes resultados” en dos operaciones militares en las que se dieron de baja a dos presuntos guerrilleros del frente 59 de las Farc. Un hombre y una mujer.

Luego se sabría que estas dos personas no pertenecían a las Farc, sino que eran dos indígenas que no tenían relación con este grupo armado: Hermes Enrique Carrillo Arias y Nohemí Esther Pacheco Zabata, una niña indígena de 13 años.

En 2011 un tribunal condenó a dos soldados y a un exparamilitar por estos homicidios. Y en 2013 un tribunal superior le pidió a la Fiscalía que investigara “la posible conducta por omisión de controles en que hayan podido incurrir los superiores”.

En el reportaje del NYT, Marínez Espinel le asegura al periodista que en este momento no se encuentra siendo investigado por la Fiscalía.

Martínez también defiende sus nuevas directrices, tomadas en enero de este año. “Sin embargo”, dice el NYT, “el general Martínez argumentó que las instrucciones solo se referían a la planificación de las misiones y no a su ejecución”.

Independientemente de las intenciones que hubiera tenido el general Martínez cuando dio estas instrucciones, salta a la vista que sus directrices están trayendo de vuelta al presente y al debate público un cruel precedente de la guerra en Colombia.