¿Cuánta plata tienen y cuánto van a poner las Farc para construir la paz? | ¡PACIFISTA!
¿Cuánta plata tienen y cuánto van a poner las Farc para construir la paz?
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¿Cuánta plata tienen y cuánto van a poner las Farc para construir la paz?

María Flórez - Agosto 5, 2015

Poco se sabe sobre cuáles serán los aportes económicos que hará la guerrilla para reparar el daño causado. Hicimos el ejercicio de recopilar algunos datos que tiene el Estado sobre las finanzas de ese grupo armado y esto fue lo que encontramos.

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Sostener una estructura armada capaz de desafiar a un Ejército que cuenta con 500 mil hombres y un presupuesto anual de cerca de $25 billones requiere una enorme maquinaria financiera. Desde el papel higiénico hasta las municiones, el transporte y las comunicaciones, supone gastos que alcanzan varios billones de pesos. Es el caso de las Farc, que para mantener a sus ocho o 20 mil hombres ―depende de quién suministre el  dato― se han involucrado en todo tipo de negocios y malabares financieros que les han permitido mantener el trote de la guerra.

Las Farc han dicho que todas sus actividades económicas han estado dirigidas a mantener “la lucha revolucionaria”. Sin embargo, ahora, necesitarán poner buena parte de los recursos que han conseguido en un propósito más noble: enmendar los desastres de un conflicto que hoy pueden finalizar mediante una negociación con el gobierno de Juan Manuel Santos.

Y es que la plata de esta organización es una de las principales incógnitas de cara a ese eventual escenario llamado “posconflicto”: ¿quién, cómo y en qué cantidades pondrá los recursos para reparar a las víctimas? ¿sabrán los colombianos las cuentas de cada bloque, frente y columna de las Farc en una posible dejación de las armas? ¿Cómo se hará la contabilidad y entrega de los bienes y efectivo que tenga la insurgencia? ¿Terminarán estos recursos financiando, por debajo de cuerda, la operación política de las estructuras que hoy están en armas? Nadie sabe.

Se sabe que algunas de sus estructuras están vinculadas con el narcotráfico, que otras están sacando provecho de la minería ilegal; que en algunos departamentos, como el Caquetá, han facilitado y ganado dinero de la ocupación de tierras del Estado para sembrar y engordar ganado; e, incluso, que han creado empresas en sus zonas de influencia. La extorsión también es una de sus fuentes de recursos en distintas regiones, donde los ganaderos y los comerciantes son las víctimas más recurrentes.

Pensando en que hoy, en la mesa de La Habana, una de las principales discusiones tiene que ver con cómo participará la guerrilla de un posible fondo para la reparación de las víctimas y qué medidas vendrán desde ese grupo para garantizar los derechos de quienes han sufrido el conflicto, nos dimos a la tarea de saber cuánto dinero puede tener la guerrilla, en qué lo gasta y cómo lo administra.

Hicimos el ejercicio de recopilar los datos con que cuentan distintas instituciones del Estado como el Ejército, la Policía, la Fiscalía y el Ministerio de Hacienda sobre las finanzas de ese grupo armado ilegal y esto fue lo que encontramos:

Los ingresos

En 2007, las Farc realizaron su Novena Conferencia. En esa cumbre, que constituye su última reunión significativa antes del proceso de paz, se le dio un papel preponderante a la diversificación de las fuentes de financiación. Entonces, en medio de la ofensiva militar del gobierno de Álvaro Uribe, el aumento de los recursos y el fortalecimiento de la capacidad militar se habían convertido en asuntos urgentes para la guerrilla.

En agosto de 2006, en medio de las discusiones previas a esa conferencia, el bloque Oriental y miembros de las Milicias Bolivarianas se comprometieron a apoyar al Estado Mayor Conjunto en el incremento de su capacidad financiera. Para ello, decidieron crear empresas, invertir en la explotación de oro y en actividades agrícolas, y continuar secuestrando y cobrando “impuestos” por el procesamiento y la comercialización de narcóticos.

Lo detalles sobre esas y otras determinaciones reposan en los archivos que las autoridades extrajeron del computador del jefe guerrillero Víctor Julio Suárez, alias “Mono Jojoy”, muerto durante un bombardeo del Ejército en 2010. Para las autoridades consultadas, las directrices allí contenidas constituyen el plan financiero de las Farc hasta hoy, con excepción de la práctica del secuestro extorsivo, que fue proscrito en 2012 como una muestra de su voluntad política para sentarse a negociar con el Gobierno.

Guerrilleros del bloque Oriental durante el proceso de paz de El Caguán / Cortesía Revista Semana

Según los datos contenidos en ese computador, y que hoy están en poder de la Fiscalía, las Farc definieron conseguir un préstamo de US$ 30 millones “de países amigos productores de petróleo para pagar en un término de cuatro a seis años”. El dinero se pagaría con oro, ganado, madera o carbón, y la gestión estaría a cargo del Secretariado, aunque nunca se comprobó que dicho préstamo llegara a las arcas guerrilleras. También se estableció que para inyectarle recursos a los frentes se presionaría “a Coca Cola, Bavaria y Postobón, cerrándole el mercado a sus productos y obligándolas a negociar con la Comisión Nacional de Finanzas”.

Además, esa organización definió: atacar la infraestructura de compañías petroleras como Hocol, Terpel, Petrobras, Oxi, BP y Texaco para, igualmente, obligarlas a negociar; comisionar a los bloques Oriental y Magdalena Medio para que participaran en el negocio de la explotación y la comercialización de esmeraldas; continuar robando ganado con destino a la inversión y al consumo; y establecer una “Ley de Tributación” en las zonas controladas por esa guerrilla.

También habrían establecido montos para el transporte de cocaína: $50 mil por kilo para los embarques marítimos, $3 millones por cada avión monomotor cargado, $4 millones por bimotor y $6 millones por avión DC-3. Pese al significativo volumen de ingresos que pudo haber generado esa estrategia, fuentes de la Fiscalía aseguran que hasta hoy no se ha detallado a fondo si cumplieron con ella ni se ha calculado la cantidad de recursos que efectivamente generó.

Además de las fuentes de financiación definidas en la Novena Conferencia, las Farc decidieron invertir grandes cantidades de capital en fincas, maquinaria y medios de transporte. Ejemplo de ello es otro documento hallado en el computador del “Mono Jojoy”, en el que se lee: “hablamos de crear las condiciones para la toma de dos departamentos y con base en ello comenzamos a comprar unas fincas para ir creando una pequeña base económica (…) Las críticas de la población civil y de nosotros mismos no fueron pocas por comprar tantas tierras, porque según expertos en la materia el Secretariado estaba convirtiéndose en los nuevos latifundistas de la región”.

En el escrito también quedó constancia de que existían “inversiones en máquinas, buldóceres, volquetas, moto niveladoras, cargadores, retros y  carros”, y de que la organización contaba con “una infraestructura en medios de transporte terrestre y fluvial, y una ganadería más o menos considerable, la cual, con el tiempo, puede resolver la carne para cientos de guerrilleros”.

A mediados de la década del 2000, acechado por las acciones de los paramilitares, el bloque Oriental decidió apropiarse de los recursos con que contaban esas estructuras narcotraficantes y contrainsurgentes. En una circular, definió que se adueñarían de vehículos, cuentas de ahorro, haciendas, ganado, aviones y helicópteros. Para identificar esos bienes, ordenaron acudir a “amigos de la Policía, Planeación, Ministerio de Hacienda, al que trabaja en la alcaldía o en la gobernación”. Asimismo, prohibieron a los campesinos venderles hoja de coca a compradores distintos a los designados por las mismas Farc, con el fin de evitar que los ‘paras’ asumieran el control del negocio.

Dos años antes de la Novena Conferencia, la Junta de Inteligencia Conjunta que creó el gobierno de Uribe había rendido un informe sobre los ingresos y egresos de la guerrilla. En él se había establecido que las Farc obtenían el 97% de sus recursos del secuestro, el narcotráfico y la extorsión, y que el porcentaje restante provenía de asalto a entidades bancarias, robo de ganado y de combustibles, y de inversiones en el sector financiero. Un paralelo entre ambos momentos da cuenta de cómo esa última gran reunión de las Farc extendió los tentáculos financieros de la guerrilla, inmiscuyéndola en la minería ilegal, la explotación de otros recursos naturales y la creación de nuevas empresas.

Pese a ello, el narcotráfico continuó siendo su principal músculo financiero. En 2012, el Ministerio de Defensa reportó que esa organización recibía $630 mil millones anuales por su participación en los distintos eslabones de la cadena. Tan sólo por el alquiler de 57 pistas clandestinas usadas para el transporte de cocaína, la Policía calculó que la guerrilla percibía $7 mil millones. Y aunque para ese año el secuestro extorsivo ya estaba proscrito, lo cierto es que ese delito logró convertirse en una piedra angular de las finanzas de las Farc, al punto de que en 2007, según el Ejército, le reportó $88 mil millones.

Respecto de la minería ilegal, información de inteligencia recopilada por las Fuerzas Militares da cuenta de que la guerrilla cobra $8 millones por kilo de oro explotado y, en los departamentos de Guainía y Vaupés, $4 millones por tonelada de coltán. En cuanto a la adquisición de propiedades, el Ejército ha identificado que tan sólo el bloque Oriental posee más de 4.100 cabezas de ganado y al menos 78 fincas.

Sin embargo, ese volumen de datos es insuficiente para calcular los ingresos de una guerrilla que cada vez más se involucra en nuevas actividades legales e ilegales. Nadie sabe a ciencia cierta cuántos recursos obtienen los distintos frentes y tampoco se han podido identificar todas las fuentes de ingresos, porque varían de acuerdo a las zonas de operación. Aun así, todo apunta a que las Farc han cumplido a grandes rasgos con las directrices trazadas en su última conferencia.

Los egresos

Desde que se empezó a involucrar a las Farc con el narcotráfico, sus comandantes han dicho que no participan en ningún eslabón de la cadena y que sólo se limitan a sostener un “régimen de tributación y de regulación a las transacciones”. Sin embargo, un informe elaborado por la Junta de Inteligencia Conjunta sostenía hace una década que las Farc sí participaban en la producción de cocaína y que, incluso, la compra de insumos para el procesamiento de hoja de coca constituía el mayor gasto para esa guerrilla.

Según el documento, la adquisición de cemento, permanganato de potasio, hidróxido de amonio, gasolina, ácidos sulfúrico y clorhídrico, acetona, metiletilcetona y acetato de etilo, usados en cocinas y laboratorios, representaba el 38% del total de los egresos de la organización. Un año antes, la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda aseguró que las Farc estaban directamente involucradas en la producción y que gastaban $12 mil millones cada año en la compra de gasolina utilizada para ese fin.

Respecto a otros ítems, la Junta estableció que los cartuchos y granadas representaban el 35% de los egresos. La Policía también determinó en 2011 que la adquisición de armas les costaba a las Farc $37 mil millones y la de explosivos, $6 mil millones.

En cuanto a la alimentación, en 2005 se dijo que constituía el 4% de los costos de operación. Sobre este tema, la Junta diferenció los niveles de gasto en alto, medio y bajo, de acuerdo a los ingresos de los frentes (ver gráfico).

 

Además de la comida, se estimó en casi 2% los gastos por material de intendencia. Según los organismos de inteligencia, los guerrilleros reciben, por concepto de dotación, un chaleco, un machete, un morral, una linterna, una carpa y una hamaca. Asimismo, cada año reciben dos uniformes, un par de botas, una toalla, dos pares de medias y ropa interior, mientras cada mes requieren crema dental, jabón, papel higiénico, toallas higiénicas y anticonceptivos. En 2011, la Policía valoró en $23 mil millones anuales la compra de machetes, cartucheras, uniformes y calzado.

Otros egresos corresponden a la compra de explosivos, medicamentos, celulares, revistas, periódicos, recargas y material para la realización de propaganda. Las Farc también gastan dinero en transporte, entrenamiento, exámenes de laboratorio, viajes al exterior, organización de eventos, administración de páginas web, operación de emisoras clandestinas y en el sostenimiento del Fondo de Solidaridad, que consiste en una millonaria bolsa de efectivo destinada a apoyar económicamente a los guerrilleros detenidos y a sus familias.

 

Así, se estimó que en 2003 las Farc gastaron un promedio de $668 mil millones, mientras obtuvieron ingresos por casi $4 billones. Sin embargo, las distintas entidades no tienen un consolidado actual de esas cifras, que pueden ser muy diferentes.

Al respecto, una alta fuente de la Fiscalía explicó que la dificultad para hacer los cálculos radica “en la complejidad de hacerle seguimiento a las finanzas de cada frente, en que los datos que han entregado los desmovilizados son parciales y fragmentados, y en que los computadores incautados generalmente contienen información de los departamentos donde se encuentran, pero no totales nacionales”. Asimismo, señaló que “actualmente no hay ninguna dependencia encargada de consolidar la información, por lo que toca arañar de a poquitos”.

Además de la incertidumbre que existe sobre el volumen de ingresos y egresos, las autoridades tampoco tienen certeza sobre las utilidades. Algunos de los bienes que los desmovilizados han entregado recientemente dan cuenta de la clase de propiedades con que podrían contar algunos militantes de las Farc o la organización en su conjunto.

Bienes entregados por desmovilizados

Durante los últimos años, y por solicitud de la Dirección de Análisis y Contextos de la Fiscalía, se embargaron 43 predios que han sido entregados por exguerrilleros detenidos y procesados. En el siguiente gráfico se observan la distribución y el valor aproximado de esos bienes.

 

Además de esos predios, la Fiscalía solicitará medidas cautelares sobre otros siete, ubicados en Boyacá y Cundinamarca, que también han sido ofrecidos por exguerrilleros.

Sin embargo, no está claro que el Estado pueda continuar los procedimientos administrativos que se requieren para utilizarlos con el fin de reparar a las víctimas. Por ejemplo, cuatro de las fincas que entregó “Martín Sombra” están siendo reclamadas, mientras 10 de los 22 lotes que ofreció “Olivo Saldaña” (quien ha sido señalado de mentir a las autoridades sobre su verdadero papel en la insurgencia y de colaborar en la fabricación de montajes judiciales) están en disputa con 13 personas que aseguran que los terrenos les pertenecen a ellas y no a ese exjefe guerrillero. En las próximas semanas, la sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá deberá definir el futuro de esos bienes.

En cuanto a las tierras que están en poder de las Farc, el Ejército informó en la tercera semana de julio que recuperó 278 mil hectáreas de terrenos baldíos ubicados en el Meta, destinados a la ganadería y a la agricultura y cuyo valor estimado es de $450 mil millones. Según las autoridades, las tierras estaban siendo ocupadas ilegalmente por los bloques Oriental y Sur. Al respecto, el presidente Juan Manuel Santos declaró que esas operaciones son un ejemplo de la manera como se alimentará el banco de tierras que está contemplado en el acuerdo general de La Habana.

Así las cosas, es claro que el Estado desconoce los verdaderos estados financieros de la guerrilla; también, que conforme avance el proceso de desmonte de las estructuras armadas va a ser muy difícil establecer si, como dicen sus voceros, las Farc han puesto la totalidad de sus finanzas en función del delito de rebelión o si, por el contrario, existen remanentes o bienes que han significado algún tipo de lucro individual de parte de sus mandos.

Hoy en la mesa de conversaciones en Cuba el asunto es mirado de reojo, pues para definir un modelo de reparación para las víctimas del conflicto es necesario saber cómo se va a financiar. El Estado tiene conciencia de que no puede caer en el error que cometió en el proceso de desmovilización de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cuando dejó que la reparación corriera por cuenta de lo que entregaron quienes dejaron las armas.

Al final la plata no alcanzó y, a través de la Ley de Víctimas de 2011, el Gobierno corrigió y tuvo que asumir la carga financiera de la reparación. Ahora, cuatro años después, quienes conocen el proceso de La Habana dicen que se está trabajando en la creación de un fondo para satisfacer los derechos de las víctimas y que esa medida será anunciada al país en el mediano plazo. Habrá que ver cuál será el papel de las Farc en su constitución.