Después de tres días de debate, el Senado no pudo resolver si hundir o no las objeciones a la JEP. La decisión queda en manos de la Corte Constitucional.
Después de que la Cámara de Representantes negara las seis objeciones que le hizo Iván Duque a la Ley Estatutaria de la JEP, el Senado no pudo decidir si hundirlas o salvarlas. Era el último paso que hacía falta para que la JEP quedara blindada y funcionara con tranquilidad durante los próximos 15 años. Las objeciones, después de que no se alcanzaran acuerdos, quedaron en manos de la Corte Constitucional. Este será un escenario incómodo para los magistrados de la Corte, pues cuando Duque presentó las objeciones, la Corte le trasladó la responsabilidad al Congreso.
El debate tiene varias aristas. Una de ellas es que, para los congresistas pro Acuerdo de Paz, las objeciones se hundieron porque la votación quedó 47 a favor de hundirlas y 34 en contra. Según el presidente del Senado, Ernesto Macías – del Centro Democrático –, con 47 no alcanzaban a ser mayoría absoluta, por lo que propuso continuar con la votación de la ponencia que avala las objeciones. Esta idea no se pudo materializar porque los senadores que votaron en contra de las objeciones señalaron que con 47 ya debían hundirse, es decir, que había mayoría absoluta.
Los senadores que respaldan el Acuerdo de Paz confían en que la Corte va a hundir las objeciones. El congresista Antonio Sanguino, por ejemplo, explicó que el Senado cuenta usualmente con 108 miembros. Sin embargo, la congresista Aída Merlano perdió su curul y fue capturada por corrupción en marzo de 2018. Si al grupo de los 107 senadores se les restan los 14 que se declararon impedidos para votar, quedan 93. “La mitad de 93 es 46,5. Las objeciones se hundieron y en eso vamos a insistir”, dijo.
Para Macías, eran necesarios 48 votos para que se hundieran las objeciones. E incluso, para la senadora Paloma Valencia, el número tendría que ser mayor: “La mayoría absoluta del Senado es 55 senadores, que está muy lejos de los 47 senadores que votaron en contra de las objeciones. Los impedimentos no bajan el requerimiento de mayoría absoluta”.
La votación no estuvo exenta de polémicas. Las objeciones se hundirían, como estaba previsto en el análisis de votación por bancadas, pero dos senadoras, Maritza Martínez, del Patido de la U, y Ana María Castañeda, de Cambio Radical, se ausentaron del capitolio y no votaron. El presidente del Senado dilató la votación mientras que el jefe de su partido, Álvaro Uribe, convencía a otros congresistas de que votaran a favor de las objeciones. Contra todo pronóstico, en la noche del martes, el presidente del Senado dijo que, por un “error involuntario”, la discusión sobre la votación no había sido incluida en el orden del día y así se dilató el debate.
En la mañana de este jueves se esperaba que se discutiera la petición del senador Roy Barreras sobre las votaciones. Para él, así como para otros congresistas pro Acuerdo, se debían tener en cuenta 107 senadores y no 108, como lo estaba haciendo Macías. Al final, el Senado decidió trasladar la decisión de las objeciones a la Corte Constitucional. Una decisión que seguramente tuvo en cuenta el voto en contra de las objeciones que vendría por parte de Antanas Mockus, quien, aunque perdió su curul, puede seguir desempeñándose como senador hasta tanto no se haga ejecutoria la sentencia del Consejo de Estado.
Para el gobierno tampoco resultaba útil desgastarse en esta discusión sobre las objeciones, pues después de tres días de debate se estaba agotando el tiempo para tramitar el Plan Nacional de Desarrollo, el cual debe ser aprobado antes del martes 7 de mayo a medianoche. El Centro Democrático trató de salvar al menos dos objeciones, haciendo énfasis en la de la participación de terceros, pues consideran que, como están las cosas, cualquiera podría entrar a la JEP aportando verdad para recibir amnistías, incluso si se trata de narcotraficantes. Se evitaría, dicen, la extradición. Sin embargo, la Corte Constitucional ya señaló que el aporte a la verdad debe analizarse con suficiente rigurosidad antes de que se otorguen beneficios judiciales.
Para el politólogo Luis Trejos, lo que acaba de suceder en el Congreso demuestra la “falta de incidencia del gobierno sobre el legislativo. No pudo contar con las mayorías para sacar adelante las objeciones y el debate le estaba quitando tiempo a la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, fundamental para el gobierno”. Los cálculos de Duque no salieron y el respaldo de la sociedad civil así como de partidos con mayorías como el Liberal en el Congreso truncaron sus planes.
Cuando le preguntamos sobre la posible decisión que tomará la Corte, Trejos nos dijo que el alto tribunal está en una “situación bastante incómoda, pues le había deslizado la responsabilidad al Congreso de decidir sobre las objeciones. Como hay una serie de acontecimientos, como las chuzadas a los magistrados y las presiones de ciertos sectores políticos que están estigmatizando a los magistrados, la Corte se puede sentir muy presionada y puede tomar una decisión en derecho que se enmarque en los intereses del gobierno”. Al respecto, una alta fuente de la Corte Constitucional nos dijo que “cuando llegaron las objeciones, los magistrados pensaron en rechazarlas de inmediato, pero lo más democrático era que pasaran por el Congreso. Ahora que es evidente que se hundieron, por lo menos en Cámara, seguramente acá se hundan también”.
En diálogo con ¡Pacifista!, la congresista Juanita Goebertus dijo que “sucedió lo que preveíamos y es que queda en manos de la Corte Constitucional decidir al respecto. Lo más probable es que la Corte reitere su jurisprudencia porque, como dijimos desde un inicio, los seis temas objetados por el presidente en realidad se refieren a temas que habían sido previamente decididos por la Corte. Es una lástima que hayamos perdido este valioso tiempo en el Congreso de la República, tiempo que habríamos podido utilizar para discutir con mayor profundidad y detalle el Plan Nacional de Desarrollo y otros temas. Le mando un mensaje de tranquilidad y de confianza a las víctimas, a los excombatientes y militares que se han sometido a la JEP. Toca resistir un poco más estos meses mientras la Corte decide, pero insisto: seguramente reiterará su jurisprudencia”.
¿Por qué es importante la Ley Estatuaria?
Una Ley Estatutaria conglomera un conjunto de normas que protegen un derecho fundamental, por lo tanto tiene un rango mayor sobre las demás leyes, es prioritaria sobre las demás y es autónoma. Con la Ley estatutaria de la JEP, producto del Acuerdo de Paz, se busca garantizar una justicia restaurativa que conlleve a la verdad, la reparación y la no repetición. Esta Ley es la base para que los magistrados de la JEP puedan actuar, dictar sentencias, llamar a juicio, ordenar investigaciones y poner en marcha la justicia transicional que fue pactada entre el gobierno y las Farc en La Habana.
La Ley Estatutaria de la JEP aterriza todos los elementos que se acordaron sobre la justicia transicional en La Habana, desde las sanciones alternativas para los excombatientes de las Farc hasta las facultades de la jurisdicción en los casos de extradición. La Sentencia C-080 de 2018, de la Corte Constitucional, declara que la Ley Estatutaria de la JEP está dentro del marco constitucional y avala las penas alternativas para los actores del conflicto armado que cumplen con el compromiso a satisfacer los derechos de las víctimas y los deberes para repararlas.
