Los temas de participación en política y justicia serán los más difíciles de renegociar.
- Las negociaciones entre el Gobierno y los líderes del No comenzaron después del plebiscito. Foto: Presidencia
Luego de la victoria del No en el plebiscito, el Centro Democrático y su líder natural, Álvaro Uribe, se convirtieron en interlocutores de primer orden en el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc. Casi seis millones y medio de votantes respaldaron la propuesta del expresidente de renegociar el Acuerdo Final, logrado en más de 4 años de conversaciones.
Cárcel, narcotráfico, elegibilidad política, Tribunal para la Paz y tierras son algunos de los puntos en los que Uribe tiene reparos. Así lo hizo saber en un video publicado este domingo en sus redes sociales. Recogemos su principales preocupaciones –que todavía no han sido consignadas en un documento oficial– y las analizamos a la luz del Acuerdo.
El partido político de las Farc
El expresidente Uribe dijo que los privilegios que tendría el eventual partido político de la guerrilla deberían excluirse del Acuerdo Final. Sin embargo, aceptó que, de no ser así, “debería meditarse en el efecto sobre quienes no gozan de derechos políticos como condenados por proceso 8 mil y parapolítica, los paramilitares, aquellos que han perdido investiduras de representación y los 140 mil presos”.
En el Acuerdo quedó claro que las Farc tendrían beneficios si se convertían en un partido o movimiento político. Entre ellos se encontraban una suma equivalente al 10% anual del presupuesto para el funcionamiento de los partidos y movimientos, así como el 5% de ese monto para la difusión y divulgación de su plataforma ideológica.
Se trataba de permitir que la nueva organización tuviera los recursos mínimos para operar, sobre la base de que la participación política de los futuros exguerrilleros era uno de los objetivos principales de la negociación.
Elegibilidad política
Sobre los guerrilleros que han cometido delitos de lesa humanidad, el expresidente ha dicho que no deberían hacer política porque constituye “un mal ejemplo” y “puede generar nuevas violencias”. Sin embargo, Uribe dice que si esa posibilidad no se excluye, “se debería ampliar a otros sectores que hoy no tienen derechos políticos”.
Sobre este tema, el Acuerdo estipulaba que “la imposición de cualquier sanción en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política”.
Este, como el anterior, será un punto muy difícil de renegociar en La Habana. La propuesta de Uribe apunta a que se permita la participación en política de paramilitares y de políticos que hicieron parte del proyecto paramilitar, así como de presos comunes.
Sala transicional, no tribunal transicional
Otra de las propuestas del expresidente tiene que ver con la instancia que administrará la justicia transicional en un eventual posconflicto con las Farc. “Hicimos múltiples observaciones al tribunal transicional, que entre sus facultades exorbitantes tiene aquella de definir qué conductas son delitos. Estamos de acuerdo con el Fiscal General de aplicar la Ley de Justicia, Paz y Reparación. O proponemos crear en la Corte Suprema la Sala Transicional y la doble instancia”, dijo el exmandatario.
El acuerdo contemplaba la creación una Jurisdicción Especial para la Paz, que resolvería no solo la situación jurídica de los guerrilleros, sino de agentes del Estado y de civiles que financiaron grupos armados ilegales. En la propuesta de Uribe se excluye la posibilidad de procesar a esos dos últimos actores en la justicia transicional, que privilegia la verdad y la reparación.
Las granjas agrícolas
Durante la campaña, el expresidente Uribe sugirió que los guerrilleros que no sean sujeto de la Ley de Amnistía deberán pagar cárcel de 5 a 8 años, tal y como sucedió con los paramilitares en el marco de la ley de Justicia y Paz.
En la Jurisdicción Especial para la Paz, el Tribunal tenía que decidir el sitio en el que permanecerían los guerrilleros mientras cumplían las sanciones impuestas. Estos castigos también eran de 5 a 8 años, pero no incluían cárcel, sino restricciones efectivas de la libertad. Este último término no fue clarificado en el Acuerdo, pero, según declaraciones del equipo negociador del Gobierno, implicaba limitaciones en la movilidad de los condenados.
Ahora, después del triunfo del No, el expresidente abrió la posibilidad de que las penas se paguen en “sitios alternativos como granjas agrícolas”. Como los lugares de reclusión no quedaron definidos en el Acuerdo, es probable que la nueva propuesta de Uribe, más realista que la de cárcel, pueda ser incluida en un nuevo documento.
- Tras la victoria del No, el senador Álvaro Uribe y el presidente, Juan Manuel Santos, se volvieron a reunir. Foto: Presidencia
Alivio judicial para militares
“Es urgente el trámite en el Congreso de una norma de alivio judicial para nuestros soldados y policías, el Centro Democrático ha presentado varios proyectos, alivio sin impunidad y sin igualarlos a Farc”, dijo el expresidente en el comunicado del domingo pasado.
La idea de la Jurisdicción Especial para la Paz era procesar a todos los actores del conflicto para que, a cambio de contar la verdad, recibieran penas alternativas. El Acuerdo contemplaba un mecanismo de tratamiento especial para agentes del Estado, según el cual es posible la “renuncia a la persecución penal a quienes hayan sido condenados, procesados o señalados” de cometer delitos relacionados con el conflicto.
La diferencia de la propuesta de Uribe es que “la norma de alivio judicial” que podría aprobar el Congreso no implicaría condiciones relacionadas con la verdad y la reparación de las víctimas.
Durante el fin de semana, varios militares expresaron públicamente su deseo de hacer parte del sistema de justicia transicional contemplado en el Acuerdo firmado en Cartagena el pasado 26 de septiembre.
Narcotráfico, ¿delito conexo?
“El narcotráfico, en las circunstancias de Colombia, no debe ser calificado como delito político”, dijo el exmandatario este domingo. Así, es claro que el uribismo no comparte la decisión de que ese delito sea tratado como conexo a la rebelión; es decir, entendido como un método de financiación de la guerra.
El Acuerdo no se refiere al narcotráfico como un delito conexo. Sin embargo, en la Ley de Amnistía, que tenía que radicarse ante el Congreso el lunes después del plebiscito, quedaba claro que los delitos de financiación sí lo eran. El Tribunal para la Paz sería el encargado de determinar —en cada caso— si el narcotráfico estaba relacionado directamente con la rebelión.
Se trataba, en suma, de un asunto de implementación que sería resuelto en la Jurisdicción Especial para la Paz y en la Ley de Amnistía.
Erradicación manual
Dentro de los mecanismos para garantizar la subsistencia económica de los guerrilleros rasos que propone el expresidente está la de “contratar con ellos que empiecen la destrucción remunerada de la droga”. Lo que para él podría ser un contrato entre el Gobierno y la guerrilla, en el Acuerdo era un mecanismo de reparación y hacía parte del Sistema Integral de Justicia.
Uribe también señala que el Gobierno no debería perder “la facultad de fumigar cuando lo estime conveniente, siempre con el cuidado de no hacer daño al ser humano, a los animales ni a otros recursos naturales”.
El tema de tierras
En su comunicado, Uribe dice que “los acuerdos no deben afectar propietarios o poseedores honestos, cuya buena fe debe dar presunción, no desvirtuable, de ausencia de culpa”.
Más que al Acuerdo firmado entre el Gobierno y las Farc, el senador se refiere a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. La norma estipula que, cuando haya reclamación sobre un predio presuntamente despojado, el dueño actual no sólo debe demostrar que compró de buena fe, sino que hizo todo lo posible por comprobar que los vendedores no estaban siendo objeto de presiones por parte de actores armados.
De otro lado, el Acuerdo incluía la creación de un Fondo de Tierras para campesinos pobres, que se alimentaría de distintas fuentes, entre ellas de procesos de recuperación de terrenos en los que se incumpla la “función social y ecológica de la propiedad” contemplada en la Constitución. Durante la campaña, el uribismo alegó que la conformación del Fondo permitiría la “expropiación” de tierras a empresarios, pese a que el Acuerdo no la contemplaba.
