Crisis en Tumaco: más militares no solucionarán los problemas

Aunque el Gobierno dice que el despliegue de uniformados funcionará, los líderes sienten que nada está cambiando y los hechos les dan la razón.

“Tumaco, que tanto ha sufrido por el conflicto, es una región prioritaria para el Gobierno y el Estado en la construcción de paz. No permitiremos que organizaciones al margen de la ley intimiden o presionen a la comunidad. No vamos a bajar la guardia contra el narcotráfico, combustible de la violencia durante tantos años”, estas fueron las palabras del presidente Juan Manuel Santos después de que la Fuerza Pública asesinara a 6 campesinos en la región de Alto Mira y Frontera, un lugar donde el principal sustento son los cultivos de coca.

Las palabras del presidente no tuvieron eco. Tan solo 10 días después de la masacre, Tumaco estuvo en la agenda nacional por el asesinato del líder José Jair Cortés, uno de los mediadores entre cocaleros y el Gobierno Nacional. Cuando quedó en evidencia que el discurso de Santos no tenía efectos prácticos en el sur de Nariño, el vicepresidente Óscar Naranjo anunció una “intervención integral”, la cual contemplaba, entre otras medidas, la incorporación de 6.000 efectivos de la Fuerza Pública para proteger a la comunidad y combatir a los grupos armados.

Veintiséis días después de que Naranjo anunciara el “plan integral”, dos sujetos armados asesinaron a Yeni Montaño Arboleda, líder social en el barrio Viento Libre, uno de los más afectados por la violencia entre bandas delincuenciales en Tumaco. Justamente el día del asesinato, cientos de líderes sociales viajaron a Pasto y protestaron, con una marcha pacífica, por la ausencia de garantías de seguridad que existe actualmente en el país para los líderes sociales. Ese mismo día, la Defensoría del Pueblo denunció el desplazamiento forzado de 30 familias por el enfrentamiento entre disidencias de las Farc.

Detalles del plan de Santos

Además de aumentar el pie de fuerza en las calles de Tumaco con 6.000 efectivos, Santos dijo que era necesario incluir en la intervención programas sociales: “¿Qué es la acción integral? Es la acción social. Es la presencia del Estado para ayudar a las comunidades en su diario vivir, en sus problemas, en sus necesidades”. La acción social, por lo menos durante este último mes, se ha visto reflejada en una serie de reuniones entre delegados del Gobierno, comunidades indígenas y afro. Los programas de electrificación, agua potable y recuperación de vías terciarias, como anunció el vicepresidente Naranjo, tomarían más tiempo.

Según Vicepresidencia, el “Plan Atlas” busca, en primera medida, que el Ejército Nacional asuma el control territorial de Tumaco y sus zonas rurales. Por el momento, el municipio tiene 1.500 hombres del Ejército que se han concentrado en el plan de erradicación de cultivos ilícitos. A ellos se suman 600 efectivos de la Armada que están haciendo controles en las zonas costeras. La llegada de 6.000 hombres, nos señalaron fuentes del Ejército, está programada para enero de 2018, mes en el que también llegarían 3.000 policías para reforzar la seguridad ciudadana. El Plan Atlas, tal como lo han presentado en el Gobierno, es netamente militar y cuenta con el apoyo de organizaciones como la Dijín.

El Gobierno ha defendido el plan señalando, a manera de ejemplo, que han destruido laboratorios de cocaína  en las zonas rurales de Tumaco y, quizás lo más mediático, la captura de Aris Yirber Caicedo, alias ‘Cholo’, presunto asesino de José Jair Cortés. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, también defendió el aumento del pie de fuerza, pues según él ha permitido la desarticulación de estructuras delincuenciales como “La Nueva Gente”, con presencia en Tumaco y otros municipios del Pacífico.

De acuerdo con la Gobernación de Nariño, en Tumaco operan 14 grupos armados, dentro de los que están: Clan del Golfo, el grupo de “David” (satélite del Cartel de Sinaloa) y el grupo de “Guacho”, que cuenta con cerca de 100 efectivos.

“Todo sigue igual porque la estrategia está mal enfocada”

Una de las líderes campesinas en las zonas rurales de Tumaco, quien nos pidió mantener su nombre en reserva, siente que “todo sigue igual”. La estrategia del Gobierno, comentó, “no ha sido integral ni ha funcionado. Realmente el problema en Tumaco es social, no es de Ejército. A Jair lo asesinaron al frente del Ejército. ¿Qué cambia si llegan 6.000 militares más? Para nosotros, nada. De hecho sabemos que las Fuerzas Militares están permeadas por el narcotráfico y ellas mismas han atacado a la población civil. No generan nada de confianza”.

Los proyectos sociales que anunció Naranjo, dice la líder, no se han materializado: “Hasta ahora solo han hecho reuniones. Mandan unos delegados, nos reunimos y se van. Si te fijas, no hay inversión social, las cifras de desempleo no mejoran, tampoco las de educación. Es más, el Plan Marco de Implementación del Proceso de Paz tampoco avanza. Por eso digo que la llegada de los militares no nos tranquiliza. A un joven los sicarios les ofrecen dos millones mensuales por trabajar con ellos, eso es lo que nos preocupa”.

Los líderes sociales, por ejemplo, reclaman esquemas de seguridad ajustados a las realidades de sus territorios. Por eso, más que un escolta, se necesita una intervención al problema entre campesinos y población afro. En este contexto se produce la violencia

El padre José Luis Foncillas, integrante de la Comisión de Vida, Justicia y Paz de la Diócesis de Tumaco, respaldó esta declaración: “La estrategia no se ha notado. Los planes de los que hablan ya existían, como las juntas interinstitucionales que se hacen con Coldeportes. El Gobierno llama a esas juntas y reuniones institucionalidad nueva, pero no es así”.

El problema de los planes integrales y novedosos que anuncia el Gobierno es que no tienen una ruta clara de implementación. Así lo explicó Víctor Barrera, investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep): “En realidad esos planes no son tan novedosos y tampoco buscan transformar las condiciones estructurales que permiten la consolidación de la violencia en Tumaco. Los líderes sociales, por ejemplo, reclaman esquemas de seguridad ajustados a las realidades de sus territorios. Por eso, más que un escolta, se necesita una intervención al problema entre campesinos y población afro. En este contexto se produce la violencia”.

La llegada de militares, además de generar desconfianza por la erradicación forzosa de cultivos, causa rechazo entre poblaciones que han solicitado por décadas otro tipo de presencia del Estado. “El Estado no ha entrado a mediar entre los campesinos y los afro, tampoco ha entrado a evaluar las dinámicas comunitarias para fortalecer otros temas, como el arraigo territorial”, concluyó Barrera.

Lo social no aparece por ningún lado

Basta entrar a la página web de la Alcaldía de Tumaco para verificar el abandono de los componentes sociales, no solo a nivel nacional sino regional. En los programas de infraestructura y equipamiento social no hay planes específicos ni dependencias responsables y tampoco se han entregado informes de ejecución.

Lo cierto es que, por lo menos en la región del Pacífico, Tumaco cuenta con más recursos que otras ciudades, como Buenaventura. A través del Sistema General de Regalías le llegaron este año al menos 853 mil millones de pesos, mientras que a Buenaventura llegaron 121 mil millones de pesos. Por otro lado, el Congreso aprobó 300 mil millones de pesos para el programa de sustitución de cultivos en Tumaco (aunque según la Gobernación, se necesita mínimo 1 billón de pesos). Otras ciudades afectadas por el conflicto, como San José del Guaviare, recibieron recursos por regalías por 231 mil millones de pesos.

Paradójicamente, el proceso de paz ha impactado negativamente a Tumaco.  De acuerdo con el Ministerio de Defensa, la tasa de homicidios en este municipio es de 70 por cada 100.000 habitantes, mientras que en el país es de 25. Según el DANE, el 43,6% de la población de Tumaco alcanza el nivel de básica primaria; solamente el 2,6% acceden a la educación superior. El nivel de pobreza, de acuerdo con la misma fuente, alcanza el 84,3% y, según el ICBF, la desnutrición crónica en niños llega al 16,1%. ¿Servirá el Plan Atlas para cambiar estas cifras en el transcurso de unos años?