OPINIÓN Se estima que 2370 prisioneros son o fueron miembros de la insurgencia, mientras que los rebeldes de consciencia y las víctimas de montajes judiciales son más de 7000.
Por: Andrei Gómez-Suárez
El indulto a 30 guerrilleros de las FARC ha desatado una gran polémica entre los opositores y los defensores del proceso de paz. Afortunadamente, esta polémica es una oportunidad para debatir este tema que muchos colombianos ignoramos; ¿Cuántos colombianos hemos visitado una cárcel? ¿Cuántos pensamos alguna vez que en las cárceles de Colombia hay prisioneros políticos? ¿Qué implicaciones tiene para la construcción de paz debatir la relación entre cárcel e impunidad?
Aunque el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto establece que “el Gobierno revisará la situación de las personas privadas de la libertad, condenadas o procesadas, por pertenecer a las Farc”; tengo que reconocer que hasta hace pocas semanas había pasado por alto la importancia de los prisioneros políticos, en particular, y de las cárceles, en general, en la transición del conflicto armado a la paz.
Últimamente he tenido la oportunidad de intercambiar opiniones con personas que han estado reflexionando y trabajando sobre este tema. Además he escuchado el testimonio de varios individuos que fueron encarcelados por sus ideas políticas y su militancia en grupos armados al margen de la ley. Esto me ha permitido entender que resolver la situación de miles de prisioneros políticos va más allá de otorgar indultos a miembros de las Farc y que su participación en la construcción de paz es fundamental para superar la estigmatización y polarización que nos ha dejado el conflicto armado.
La cárcel no puede ser un espacio para criminalizar la protesta social y la protesta social no puede ser un espacio para prolongar el conflicto armado. El proceso de paz busca romper este círculo vicioso. Por eso el tratamiento a los prisioneros políticos de la insurgencia y los prisioneros de consciencia es un punto importante de la discusión sobre la Ley de Amnistía que debe crearse en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz, entre otras medidas que se están negociando para el fin del conflicto.
En las cárceles de Colombia hay tres tipos de prisioneros políticos: los que son parte de la insurgencia (Farc y ELN), los rebeldes de consciencia que reconocen su oposición al Estado sin que esto implique ser parte de una organización armada y los que han sido encarcelados a través de montajes judiciales sin que se consideren así mismos rebeldes políticos. Se estima que 2370 prisioneros son o fueron miembros de la insurgencia, mientras que los rebeldes de consciencia y las víctimas de montajes judiciales son más de 7000. Sin embargo, estas cifras no son oficiales porque el Gobierno usualmente ha negado la existencia de prisioneros políticos en Colombia.
Estas cifras retumban en mi cabeza. No soy un experto en el tema, nunca he entrado a una cárcel. No puedo ofrecer un análisis detallado al respecto, sólo puedo compartir las imágenes que me han dejado los testimonios de algunos prisioneros políticos. Según ellos, las condiciones de salubridad son precarias; la comida casi siempre está descompuesta; las drogas y el alcohol circulan libremente; el control de los patios se negocia entre los prisioneros y los guardias; y la muerte y la violencia sexual rondan en los intersticios entre las celdas y los patios.
Es decir, la cárcel es un espacio por fuera de la ley, un limbo donde todo está permitido porque no existe la rendición de cuentas. Para los que estamos afuera, ese universo no nos interesa, estamos desconectados de esa realidad. La cárcel borra en la mente del colombiano promedio la diferencia entre prisioneros políticos y delincuentes, todos se convierten en criminales; así se refuerza la dicotomía entre buenos y malos, entre ellos y nosotros, y se alimenta la indiferencia frente a la criminalización de la protesta social.
Nos hace falta entender el impacto que deja en los activistas sociales y políticos pasar por las cárceles de Colombia, más aún cuando el hacinamiento en algunas cárceles supera el 400 por ciento. En la situación actual éstas son semilleros de resentimiento y violencia antes que espacios transformadores donde se revalúan las conductas que afectan a la sociedad. Esto debería motivarnos a promover un debate amplio sobre el papel de cárcel en la política criminal colombiana, que muchos interpretan como una política intencional para desmembrar a la oposición política, y llevarnos a cuestionar el discurso simplista que se ha generalizado sobre la impunidad que se estructura alrededor de la necesidad de encarcelar al delincuente político para garantizar que se haga justicia.
Los prisioneros políticos ven en el proceso de paz una oportunidad para recuperar la libertad, para vivir en condiciones dignas, sin conocer en realidad los acuerdos. Sin embargo, el proceso de paz no busca resolver la crisis carcelaria en Colombia; La Habana es un punto de quiebre para poner fin al conflicto armado y dedicarnos a solucionar los grandes problemas del país. Por tanto, es fundamental realizar ejercicios de pedagogía sobre el proceso de paz en las cárceles para explicar los alcances de la negociación, desmontar mitos y no generar falsas expectativas. Es fundamental incluir en estos ejercicios a todos los sectores de la población carcelaria, a los miembros de las instituciones penitenciaras y a las familias de los presos y los guardias. Según he escuchado, estaríamos hablando de un millón de personas.
Todas las transiciones desatan conexiones entre diferentes sectores que permiten apuestas nuevas para reconstruir el tejido social de un país fracturado por la guerra. Por tanto, diseñar una estrategia pedagógica del proceso de paz para las cárceles no es sólo tarea del Gobierno y las Farc, es también una oportunidad para sectores de la sociedad civil –imaginar desde la diversidad una Colombia distinta implica también construir puentes entre los que están afuera y los que están adentro de las cárceles–.
Quizás así muchos prisioneros políticos podrían articularse en alguna de las redes de socializadores de los acuerdos en La Habana, contribuyendo desde ya a la construcción de paz. En medio de la polarización sobre el indulto, un trabajo mancomunado entre los que estamos afuera y adentro de la cárcel sería un ejemplo de reconciliación.
