Diálogos entre la Iglesia y los grupos armados, no llevar más militares y construir un refugio para líderes amenazados hacen parte de las propuestas que ha hecho la Federación Agrominera del Sur de Bolívar. En la región se desató una guerra entre el Eln y las disidencias de las Farc que ha desplazado a cientos de campesinos y tiene atemorizada a la población civil.
“Yo tengo unos 15 años de estar andando por el Sur de Bolívar y nunca antes percibí tanto temor como hace poco cuando estaba reunido con 30 líderes”, aseguró Nilson Dávila, integrante del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Sus palabras son apenas uno de los retratos de la compleja situación que están atravesando las comunidades de varios municipios del Sur de Bolívar por cuenta de la confrontación entre grupos guerrilleros, que se está dando desde inicios de julio.
Las tensiones en esa región, que ha sido escenario durante décadas del conflicto armado, se multiplicaron con la llegada de la disidencia del Frente 37 a algunas comunidades del área rural de Montecristo (Bolívar). “Empezó la zozobra porque, por versiones de los dos grupos, se sabía que no había una coordinación entre el Eln y las disidencias”, explicó Narciso Veleño, representante legal de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar (Fedeagromisbol).
A pesar de ese ambiente de tensión no hubo altercados durante unos cuatro meses.
Pero la situación cambió. El primer enfrentamiento armado entre las dos guerrillas se dio el 8 de julio en un sector conocido como Mina Piojo, en Montecristo: el saldo fue de ocho personas muertas. En Mina Repollo (Morales, Bolívar) fueron asesinadas otras tres personas ese mismo día.
Las amenazas contra de integrantes de las comunidades se acrecentaron; el Eln habría ordenado a dos comerciantes que se fueran de sus casas tras acusarlos de no cumplir sus imposiciones. También circularon por las redes sociales imágenes de una persona asesinada en Guamocó (Montecristo).
Pero el hecho que más zozobra produjo en la zona fue el asesinato de un reconocido líder de la región: el 26 de julio hombres armados acabaron con la vida de Oswaldo Pérez, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Mina Piojo y líder de Fedeagromisbol. Esa organización social señala a la disidencia del Frente 37 de las Farc de cometer el crimen.
Tras el homicidio del líder, el Eln hizo circular un duro comunicado en el que daba cuenta de las tensiones con la disidencia de las Farc. Los elenos señalan al otro grupo armado de ser “una banda narcoparamilitar” y aseguraron que para asesinar a Pérez se aliaron con el Ejército.
La oficina de prensa de la Primera División del Ejército respondió a un cuestionario enviado por PACIFISTA!: “La Fuerza de Tarea Conjunta Marte viene adelantando operaciones militares en contra de estas organizaciones criminales sin distinción alguna, que han permitido neutralizar el componente logístico y financiero de las mismas”. Además, los militares destacaron las capturas de Dubán Daniel Hernández Martínez, conocido como ‘Pajarito’, y de Elder José Cárdenas Gaviria, ‘Parcerito’, a quienes señalan de ser el primero y segundo al mando de la disidencia del Frente 37.
Ante esa escalada de tensiones, cientos de pobladores de las zonas rurales de Montecristo, Morales, Santa Rosa del Sur y Arenal decidieron desplazarse. El 1 de agosto llegaron 1.600 personas al Centro de Alto Rendimiento ubicado en el casco urbano de Santa Rosa.
El 6 de agosto, Fedeagromisbol emitió un comunicado que da cuenta de la gravedad de la situación que viven las comunidades en la región: “Estamos siendo acechados de una manera pavorosa por el accionar violento de los portadores de lo que llamamos los 4 fusiles para referirnos a los grupos que actúan militarmente y que cercan nuestro territorio”. Es decir, el Eln, la disidencia del frente 37 de las Farc, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y la Fuerza de Tarea Marte del Ejército.
Aunque esa región fue escenario de la confrontación entre el paramilitarismo y la guerrilla, el conflicto entre la disidencia y el Eln plantea un escenario de violencia que las comunidades nunca habían vivido. “Este es un momento muy especial en la región, confrontaciones entre dos guerrillas solamente ha habido en Catatumbo y en Arauca, esto es nuevo para nosotros y por eso no tenemos ni la mínima idea cómo confrontar esta situación y cómo hacer para que baje”, dijo Veleño.
“El que le hace un favor a un miembro del Eln, puede ser objetivo militar de las Farc. Y quien le hace un favor a alguien de las Farc, así sea darle un tinto o que guinden la hamaca en su finca, se convierte en objetivo militar del otro actor”, explicó Dávila sobre la amenaza que se cierne sobre esas comunidades que habitan en lo que él llama la ‘olla minera’, una extensa región de la serranía de San Lucas en la cual se extrae oro.
Las advertencias y las denuncias contra el Ejército
El oro de la Serranía de San Lucas es un botín que los grupos armados ilegales quieren controlar. Durante más de una década el Eln ha ejercido dominio sobre esa zona. Sin embargo, las AGC se propusieron arrebatar ese control para asegurar corredores estratégicos para el narcotráfico y cobrar “impuestos” a la extracción de oro.
También hay zonas con alta presencia de cultivos de uso ilícito. Incluso, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Undoc) constató que en 2020 se dio un crecimiento de cultivos de coca con respecto a 2019. Los municipios de la región que tienen sembradíos son: Cantagallo, Santa Rosa del Sur, Simití, Montecristo, Morales, Arenal, Tiquisio, Norosí y Achí.
Una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo emitida el 6 de febrero de 2018 enfatizó: “se advierte la alta probabilidad de que se materialicen violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH, por el accionar de los grupos armados ilegales y AGC en los municipios Achí, Montecristo y San Jacinto del Cauca”.
El mismo documento denunciaba que en las veredas El Dorado y El Paraíso, de Montecristo, el Eln cobraba un “impuesto del oro” a los mineros y las empresas que se dedicaban a la extracción de ese metal.
Sin embargo, el panorama de guerra ha cambiado ante el avance de las AGC.
La comunidad denuncia que en el propósito de disputarle el control al Eln, los paramilitares se han aliado con el Ejército. Veleño y un líder que pidió ser citado de manera anónima, consultados por aparte, se refirieron a un hecho que los lugareños han calificado de sospechoso. En marzo de este año, tropas de las AGC hicieron presencia en la vereda El Dorado. Las dos personas relatan una situación que, a su modo de ver, comprobaría la alianza de los paramilitares con el Ejército: los dos grupos armados se encontraron muy cerca, pero se habrían abstenido de enfrentarse.
“El Ejército hace retenes, se estaciona en los caminos y atrás vienen los paramilitares avanzando, eso es muestra de que hay una clara coordinación entre las dos fuerzas”, agregó Veleño.
“Es falso que unidades militares de la Fuerza de Tarea Conjunta Marte permitan el movimiento de integrantes de este o cualquier otro grupo al margen de la ley”, enfatizó la oficina de prensa de la Primera División. Además, dieron cuenta de resultados operacionales contra la subestructura Luis Fernando Gutiérrez de las AGC que delinque en esa zona: 58 capturas y la ubicación de 19 laboratorios para procesar cocaína. Además, señalan a ese grupo armado de asesinar a dos soldados el 3 de julio de 2021, precisamente, en la vereda El Dorado.
Las medidas que plantea la comunidad
Tras una semana de desplazamiento, las 1.600 personas que estaban en el casco urbano de Santa Rosa del Sur volvieron a sus comunidades. Sin embargo, Veleño afirma que lo hicieron sin garantías.
Incluso el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, hizo un llamado de atención al Estado por la forma en la que se dio el retorno: “instamos a las autoridades del orden nacional, departamental y local a que escuchen a las comunidades, que nos manifiestan que han decidido retornar por su propia cuenta a pesar de que no existen condiciones de seguridad”.
La Fedeagromisbol emitió un comunicado el 6 de agosto en el que hacían cinco exigencias para “retornar con garantías”. “De las cinco medidas ninguna fue atendida. La gente se retiró a riesgo porque ya no se podía estar más aquí. Lo que hicimos fue no firmar las actas donde las comunidades aceptaban que había garantías y voluntariedad”, enfatizó Veleño.
Entre las exigencias está la construcción de un refugio humanitario en el corregimiento de San Pedro Frio (Santa Rosa del Sur). “Mucha gente que va a ser amenazada arriba (en la zona minera) no va a tener la oportunidad de salir a ninguna cabecera municipal por las condiciones que existen de transporte y de logística”, explicó Veleño. Por eso quieren que haya un lugar seguro con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo.
Le enviamos un cuestionario Fabio Mendoza, alcalde de Santa Rosa del Sur, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvimos respuestas.
Otra medida planteaba que no se aumentara el número de militares en la zona. “Esto equivale a aumentar los niveles de violencia en la región y por lo tanto a que la población quede más expuesta a seguir siendo presionada por todos los actores armados”, argumentó la organización.
Pero uno de los puntos más importantes para las cerca de 5.000 familias que agrupa Fedeagromisbol, según sus propios cálculos, es el reinicio de los diálogos pastorales. Esa es una figura que se utilizó en el Sur de Bolívar para mitigar los impactos a la población civil de la confrontación entre las guerrillas con los paramilitares y el Estado.
Los diálogos pastorales tienen una historia que se remonta hacia 1980, cuando integrantes de la Iglesia Católica sostuvieron conversaciones con las comunidades y con grupos armados ilegales en regiones del país donde se estaba librando la guerra como el Catatumbo y Santander. Uno de sus más grandes promotores fue monseñor Leonardo Gómez Serna, quien desde 2001 y durante 11 años los adelantó en el Sur de Bolívar.
“El paramilitarismo estaba bastante fuerte en la zona, tuvimos oportunidad de dialogar con ellos para ver cómo podíamos ir superando los problemas que había. Por ejemplo, la persecución a determinadas personas, tanto la guerrilla como los paramilitares decretaban la muerte. Lo que hicimos fue ir a dialogar y así se logró, gracias a Dios, salvar muchas vidas”, recordó monseñor Gómez. “Hoy hace falta volver a los diálogos pastorales que en nuestro tiempo fueron un camino de solución a toda esa problemática de guerra y de violencia”, agregó el religioso.
Pero Fedeagromisbol también tiene exigencias para los grupos armados ilegales que están enfrentados. “El llamado que hacemos es que nos saquen del conflicto, que nosotros no pertenecemos a eso. Ellos, según su criterio, se están peleando el territorio, pero el territorio no es de ellos, lo construimos nosotros”, puntualizó Veleño.
Mientras los grupos armados siguen en guerra y las autoridades no materializan los pedidos de las comunidades, los habitantes de la Serranía de San Lucas siguen viviendo en medio del temor de que la confrontación entre guerrillas desemboque en un derramamiento de sangre de los civiles que buscan la manera de sobrevivir a la violencia que durante décadas ha tocado las puertas de sus casas.
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