Hay que prevenir el incremento de brechas sociales entre la población reparada. Columna de Dejusticia para ¡Pacifista!
Por Laura Gabriela Gutiérrez Baquero*
En días recientes salió publicado un estudio de la Universidad Nacional titulado Retos de la integración en comunidades retornadas. Análisis del caso de Las Palmas, Bolívar. Aunque el objetivo del estudio es proponer una herramienta que permita hacer seguimiento y medir las necesidades de comunidades retornadas en términos de capital social (confianza, cooperación y normas sociales), nos concentraremos en las cifras sobre desigualdad y el posible impacto de estas en un proceso de reparación transformadora.
El estudio es de una riqueza impresionante dado que –a través de una articulación entre múltiples metodologías, incluyendo una parte experimental- compara a dos grupos poblacionales: los desplazados que decidieron retornar a Las Palmas en el año 2014 con acompañamiento de la Unidad de Víctimas; y la población vulnerable (desplazados y/o resistentes con limitado acceso a servicios básicos) de San Jacinto, es decir, vecinos de los palmeros que no han pasado por un proceso de retorno.
Entre muchos aspectos del estudio, vale la pena resaltar los resultados de desigualdad de ingresos y gastos que tiene cada uno de los grupos. De acuerdo con los investigadores, en Las Palmas, quienes más ingresos registran, superan hasta 7.4 veces al 10% más pobre. Mientras que, en San Jacinto, los hogares que más ingresos tienen pueden recibir hasta 6.9 veces más de lo que gana el 10% más pobre.
Para reforzar estos datos, el estudio calcula un índice de Gini sobre el gasto de las familias que da cuenta de qué tan equitativo o inequitativo es dicho gasto. Este índice, que se calcula entre 0 y 1, donde 0 es una distribución muy equitativa y 1 es la concentración absoluta, muestra que en Las Palmas la desigualdad es de 0.55, mientras que en San Jacinto es de 0.44.
Aunque parezcan cortas, las distancias en el índice de Gini son muy sensibles dada su escala. Solo para efectos de ilustrar la brecha –porque los índices nacionales incorporan población rural y urbana, y miden ingresos- la distancia en desigualdad entre Las Palmas y San Jacinto, es la misma distancia que hay entre países como Colombia y Honduras (muy desiguales), respecto de países como Uruguay y Argentina (poco desiguales).
Esto no quiere decir que en San Jacinto haya más riqueza que en las Palmas, de hecho podría ser al contrario, pero el índice muestra que lo poco o mucho que hay, está distribuido de forma más equitativa entre los vulnerables que entre los retornados.
Frente a estos datos, uno podría intuir que la intervención estatal en el retorno ha incentivado la desigualdad entre la población, lo cual sería un efecto no solo contrario, sino, eventualmente perjudicial para los fines de la reparación en términos de consolidación de la paz y la superación de brechas económicas y sociales que han hecho parte de las causas del conflicto.
No obstante, de acuerdo con Francesco Bogliacino, uno de los investigadores del estudio, lo más probable es que estas brechas de desigualdad se deban a la economía informal que representa la fuente principal de ingreso tanto para las familias de Las Palmas como para las de San Jacinto.
Si bien es cierto que la informalidad es un factor importante que puede estar catalizando la desigualdad –como lo explica el investigador-, esto no explicaría del todo la diferencia en la desigualdad que registran los retornados frente a la de los vecinos vulnerables.
Como lo señala el equipo de Acción sin Daño de la Universidad Nacional en el estudio, sería ideal que las instituciones involucradas volvieran su mirada a los impactos no esperados de la intervención y tomaran las medidas adecuadas para prevenir el incremento de brechas sociales entre la población a la que están atendiendo, pues la justicia transicional y particularmente la reparación no están (ni deben estar) encaminadas exclusivamente a reparar el daño sufrido por los hechos victimizantes.
Actualmente, el Estado colombiano tiene una apuesta fuerte por la reparación transformadora, que entiende la conexión entre el impacto del conflicto y la afectación de los derechos a la vivienda, el patrimonio y a la tierra, así como el impacto del mismo en la actividad económica de la población en la que se aplica la reparación. Por lo tanto, dicha intervención debe estar encaminada a la superación de condiciones de ausencia de derechos e inequidad que, en muchos casos, atrapan a la población campesina en trampas de pobreza.
El estudio, en este punto en particular, antes que ser concluyente, arroja una alerta importante sobre cómo reconducir los programas de reparación, en particular el retorno, de tal manera que se evite el incremento de brechas sociales o por lo menos se preste particular atención al efecto negativo de perpetuar la economía informal que además de la desigualdad, tiene fuertes impactos de la permanencia de los retornados en los territorios de los que fueron desplazados.
*Investigadora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia.
@lagbquero
