El presidente ha sido invitado en varias ocasiones a los diálogos de la Comisión pero no ha aceptado la invitación.
La Comisión de la Verdad cumplió un año. Le quedan dos para producir un documento histórico que devele los patrones del conflicto armado en Colombia. Y se siente la presión: mientras las otras entidades que se crearon en el Acuerdo de Paz se han ido acomodando en medio de entramados burocráticos, a la Comisión le ha tocado comenzar a operar en todo el país sin meses de ajuste. Este año, uno de sus proyectos con mayor visibilidad fue el de los “Diálogos para la no repetición”. Se hicieron seis en un lapso de seis meses y tocaron un tema sensible desde que se firmó el Acuerdo: los asesinatos de líderes sociales.
En ¡Pacifista! hemos participado en estos diálogos como testigos (han sido más de 500 testigos convocados) y hemos difundido las conversaciones que se han desarrollado con víctimas, líderes, fuerza pública, alcaldes y otros protagonistas en diferentes regiones del país sobre los asesinatos a líderes sociales. El objetivo de la Comisión es buscar una comprensión integral del problema, tomando tanto la matriz histórica como el desarrollo de estos crímenes en el presente.
Hubo seis diálogos en los que se plantearon seis preguntas distintas. El primero, en Bogotá, ahondó los asesinatos de líderes sociales en el presente. El segundo, en Arauca, tuvo la siguiente pregunta como guía: ¿quiénes están detrás y quiénes se benefician de los asesinatos de los líderes y lideresas sociales?; el tercero, en Montería, planteó el siguiente interrogante: ¿cuál es la relación entre el asesinato de líderes y lideresas sociales y la implementación del acuerdo de paz?; el cuarto, en Barrancabermeja, tuvo la siguiente cuestión guía: ¿cómo se han transformado las agresiones contra líderes y lideresas sociales recientemente?; el quinto, en Quibdó, tuvo como referente la siguiente pregunta: ¿cuál es el impacto diferencial sobre los pueblos étnicos tras el asesinato de sus líderes y sus lideresas? Por último estuvo el diálogo de cierre en Bogotá, que buscó respuestas para una pregunta pertinente en la actualidad: ¿con qué nos comprometemos para que no se repitan las agresiones contra líderes y lideresas sociales?
A ninguno de estos diálogos, hay que decirlo, asistió el presidente Iván Duque, pese a ser invitado por la Comisión de la Verdad en varias oportunidades. En Twitter plantée la inquietud sobre la voluntad de Duque de escuchar a quienes están implementando el Acuerdo de Paz desde la memoria y la verdad. La directora de la Agencia Presidencial de Cooperación (APC), Ángela Ospina, me contestó que “la implementación de los acuerdos no se hace en foros sino en el territorio. Allá es donde el gobierno está cumpliendo”. Decir que el los diálogos por la no repetición, en los que participan líderes, víctimas y autoridades de las regiones más afectadas por el conflicto, son “foros”, devela esa desconexión del gobierno con el sistema integral de justicia, reparación y no repetición que quedó pactado en la Habana. Más adelante mencionaré otro ejemplo en relación con los diálogos.
La implementación de los acuerdos no se hace en los foros sino en el territorio.
Allá es donde el gobierno está cumpliendo @IvanDuque @EmilioJArchila @APCColombia https://t.co/w3XjGb2r3Z
— angela ospina (@aodenicholls) December 6, 2019
Este último diálogo tuvo una metodología distinta: en el principio hablaron líderes sociales y después, en otro panel, autoridades internacionales, representantes de organizaciones cívicas y, por unos minutos, el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano —el único representante del gobierno que asistió a los diálogos— . Fueron cuatro horas continuas de reflexiones. Aquí, como en las otras reseñas, les resumimos cuáles fueron esos momentos destacados del encuentro.
El gobierno parece estar desconectado de la realidad de los líderes sociales
“La presencia integral del Estado no existe”, dijo la alcaldesa de Cubará (Boyacá), Aura Benilda Tegria. Rógeres Higuita, líder social en el Sur de Córdoba, señalaba que desde finales del siglo XIX el Estado hubo despojos en el nudo del Paramillo, un lugar que hoy es codiciado por grupos narcotraficantes. “La realidad sigue siendo la misma, pero no se han fortalecido los programas de los campesinos. Han traído programas nuevos hechos por gente que no conoce la región. Acá hay una gran despensa campesina pero no tiene el apoyo del Estado”.
En Catatumbo, dijo Juan Carlos Quintero — integrante de Ascamcat: Asociación Campesina del Catatumbo— han sido asesinados 18 líderes en Norte de Santander en el último año. “Si no se implementa de manera integral el Acuerdo de Paz seguirá la violencia en Catatumbo. En la implementación hay que escuchar a los campesinos, a las comunidades negras, a los indígenas”. Y en Chocó, agregó Marino Córdoba, director de Afrodes, el Acuerdo de Paz trajo beneficios por un tiempo corto: “El Estado no ha hecho presencia después de la firma. El territorio lo dominan todavía los actores armados. Ellos ejercen el derecho a la propiedad colectiva para sembrar cultivos de uso ilícito. También se han visto a grupos paramilitares usando retenes del Ejército”.
En Riosucio, donde nació Marino, ocurrió la operación Génesis. Sucedió en 1997 bajo el mando del coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo y de las Autodefensas Campesinas De Colombia. Ese vínculo entre paramilitares y Ejército, dicen los líderes de la región, sigue vigente. En esa operación, como recordaba Marino Córdoba, más de 4.000 civiles fueron desplazados. “Después había mucho miedo, y en los años siguientes huyeron más de 20.000 personas”. Marino Córdoba sufrió tres atentados. Tuvo que irse a Bogotá y estuvo 12 años en Estados Unidos. Regresó a Colombia en la negociación del Acuerdo de Paz y hoy es una de las personas que ha pedido la atención de Iván Duque.
La alcaldesa de Cubará decía que, en efecto, la lentitud de la implementación le ha abierto paso a las disidencias de las Farc y del ELN. Estos grupos y el Ejército están en una guerra que está generando una estigmatización constante en las comunidades que están en medio del fuego cruzado. Hasta las petroleras amenazan a comunidades indígenas como la U’wa, decía. Y claro, cuando tocó este punto, Rógeres Higuita dijo que “se desmovilizó las Farc pero otros grupos no. Hay bacrim, disidencias, Clan del golfo, grupos armados financiados por ganaderos. Van 64 líderes asesinados en nuestra región, el problema es mucho más profundo y las comunidades están pidiendo no más enfrentamientos pero no las escuchan”.
“Hay sectores interesados en que no se implemente el Acuerdo”, decía Quintero. “Hay economías de enclave que rompen el tejido social, que afectan el medio ambiente y nosotros buscamos economías alternativas pero es difícil, muchos integrantes de Ascamcat han tenido que salir del territorio porque en Catatumbo se viola constantemente el DIH”.
La pausa del padre de Roux
El padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, habló pocos minutos. Fue conciso: la Comisión de la Verdad lleva trabajando un año y en ese lapso han pasado muchas cosas; la última fue la movilización por el paro nacional. “Este paro es metapolítico”, dijo. “Los partidos no representan los problemas de la gente. Los jóvenes ya no están dispuestos a tolerar lo intolerable. Ellos están marchando por la esperanza, por asistir, en esta navidad, al nacimiento de un nuevo país”.
Más adelante el padre dijo que los asesinatos de los líderes sociales es un escándalo a nivel internacional, y así lo ha entendido buena parte de la sociedad colombiana que se moviliza por ellos. Y este tema no es de hace pocos años. En un trabajo preliminar la Comisión encontró que al menos 4.750 líderes y lideresas sociales fueron asesinados y desaparecidos entre 1986 y 2018.
Existen otros hallazgos preliminares que el padre mencionó rápidamente: los asesinatos, en su mayoría, se presentan en zonas donde históricamente ha existido conflicto armado; actualmente hay presencia de carteles de narcotráfico haciendo control del territorio y son una amenaza para los líderes; las economías ilícitas no tienen un contrapeso serio de la implementación del Acuerdo de Paz, y de ahí, por ejemplo, surgen los asesinatos de líderes ambientales. Es necesario, dijo el padre, “buscar los intereses detrás de estos asesinatos, las responsabilidades históricas. Y debemos hacerlo porque el país está en las calles, porque no tolerará más lo intolerable”.
La desconexión de Duque, otra vez
Después de que hablaron los líderes regionales pasaron otros invitados: Pablo Elías González, de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Ricardo Lozano, Ministro de Ambiente, María Alejandra Villamizar, directora de Especiales Caracol, Luis Alberto Albán, representante a la Cámara del partido FARC, Luis Fernando Arias, consejero mayor de la ONIC, Patricia Llombart, embajadora de la Unión Europea en Colombia y Alberto Brunori, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Colombia.
Que Lozano estuviera en el recinto era importante. En diálogos anteriores no habían participado ministros y, como lo decía, mucho menos el presidente. Lozano, esta vez, parecía la voz más cercana a Duque que los testigos de los diálogos por la no repetición podíamos escuchar.
Los moderadores le dieron la palabra a Lozano de primero. Tenía que irse.
“Hablar de sostenibilidad es entender cómo satisfacer nuestras necesidades sin poner en riesgo la satisfacción de necesidades de nuestros hijos y nietos”. Luego dijo que el ministerio ha entablado diálogos en los centros regionales sobre temas que afectan a los líderes sociales y que han reconocido a las comunidades tradicionales por sus servicios a la sociedad. Habló del plan de acción para el río Atrato y de las consultas con comunidades étnicas.
Luego intervino el consejero mayor de la ONIC. Dijo que en Colombia hay 115 pueblos indígenas que representan el 4,4% de la población y que ocupan el 28% del territorio nacional.
En ese momento Lozano se paró y se fue. Pasó por detrás de los moderadores. Le hizo un gesto a un funcionario del Ministerio de Ambiente para que se sentara en su silla. Eso fue todo.
Los otros invitados siguieron el protocolo. Sin embargo, y como lo charlaba con alguien de la Comisión, lo que hizo Lozano es algo similar a lo que hace Duque: dice que va a dialogar pero el que habla termina siendo solo él. Habla el gobierno pero no escucha a las organizaciones sociales. O escucha a las que les conviene, como me dejó claro la directora de la Agencia Presidencial de Cooperación.
Arias continuó. Los asistentes siguieron el libreto, como si nada hubiese pasado. En fin. Arias dijo algo que al ministro de Ambiente le podría interesar y es la necesidad de revisar la reforma rural para la conservación del medio ambiente. Dijo, además, que no se entiende cómo el departamento de la Guajira tiene grandes minas como el Cerrejón y no tiene recursos para la energía del 80% de sus habitantes. “Tenemos que sentarnos todos”, dijo ya cuando el ministro se había ido, porque como lo han dicho ya los mamos y también el papa Francisco, “se trata de cuidar la casa común, que es el universo”.
En otras intervenciones hubo llamados a la implementación del Acuerdo, a cuidar los recursos hídricos, a respetar los derechos humanos. El congresista Luis Alberto Albán de Farc fue claro en el compromiso con la implementación y esta, dijo, “no marcha como debería. Y no se trata de sentarse nuevamente a negociar sino de implementar lo acordado. Sí hay que hablar con el ELN para tener una paz completa. Pero hay problemas, como las objeciones a la JEP, el paramilitarismo, las circunscripciones especiales de paz que no fueron aprobadas, etc”.
Una voz esperada era la de Pablo Elías González, director de la UNP. De esa entidad depende, en muchos casos, la vida de los líderes sociales. “Ahora tenemos 900 excombatientes de las Farc trabajando como servidores públicos (…) En Catatumbo hay 15.000 efectivos de la fuerza pública pero el problema va más allá, por eso estamos trabajando en la protección colectiva. Ya tenemos 51 programas de protección colectiva y las comunidades han solicitado 98 más en todo el país. Tenemos más de 2.000 líderes sociales protegidos y creemos que hay que fortalecer la guardia indígena. Tenemos recursos limitados pero estamos trabajando”.
La responsabilidad de los medios. En este tema también ha ahondado la Comisión de la Verdad. Por eso invitaron a María Alejandra Villamizar. Ella, como periodista, habló sobre la necesidad de revisar los relatos de estigmatización y cómo estos inciden en las violencias contra los líderes sociales. “La gente ya no está creyendo en los monopolios de los medios, por eso están buscando medios alternativos”.
Otras propuestas de los panelistas: llevar las universidades a los territorios afectados por el conflicto. Patricia Llombart, embajadora de la Unión Europea en Colombia, dijo que sí, que en efecto en el plano internacional existe una gran preocupación por los asesinatos de los líderes sociales. “Pero el Acuerdo de Paz es un ejemplo para el mundo. La JEP, la Unidad de Víctimas, hay varias entidades están haciendo su trabajo. Y hay organizaciones de víctimas, como la mesa de mujeres de Putumayo, que luchan todos los días por la paz. A veces Colombia no es justa consigo misma”.
En Cúcuta, decía uno de los interlocutores, los paramilitares, como preámbulo, hacían llorar a la familia del líder social antes de asesinarlo. ¿Colombia no es justa consigo misma?
La comisionada Lucía González, quien estaba moderando el diálogo, dijo al final que Colombia tiene que pasar del relato trágico al relato épico, “ese que viene después de la tragedia”.
