Crónica de un encuentro en el que los diálogos improbables quedaron en evidencia.
Quibdó, Chocó. 27 de noviembre. 5:00 p.m.
Tomo un taxi en el aeropuerto hacia el hotel.
– ¿Cómo va el paro por acá, hermano?, le pregunto al taxista.
– Pues el 21 salió la gente, ese día se sintió, después ya no más.
– ¿Y eso?
– Pues es que es complicado porque acá lo van echando ahí mismo si no va al trabajo. Da miedo y toca comer.
¿La democracia es más fuerte en Bogotá y se puede ejercer de otras maneras quizás más “libres”? Esa reflexión fue latente en el viaje.
6:00 p.m. Afuera del megacolegio Mía, en frente de un parque y al borde de la calle, decenas de personas se reunieron con cacerolas o velas en mano. Las matronas le cantaban a la muerte y hubo una canción que, dijeron, tenía que ver con esos asesinatos de la guerra que son inesperados y que quiebran a las familias. Asesinatos como el de Dilan Cruz en Bogotá. “Todos somos Dilan”, decían. “Tenemos que unirnos, el paro tiene que seguir, tenemos que seguir luchando”, decían otras personas.
Un integrante del comité del Paro Cívico en Chocó tomó un micrófono y pidió que la población alzara la voz, que no tuviera miedo, dijo que era necesario denunciar lo que está pasando en el bajo Atrato con grupos armados que operan como autoridad estatal. Recordó que con ese Paro Cívico de 2017 lograron que el gobierno se sentara con las comunidades afro y estableciera compromisos concretos. “Ese Paro sigue, aquí estamos”, dijo. Detrás de él se alcanzaba a ver un cartel con el logo de la Comisión de la Verdad. Al día siguiente, muchos líderes sociales que estaban en esa velatón improvisada se encontrarían de nuevo en el Quinto diálogo para la no repetición, enfocado en los líderes sociales.
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En el aeropuerto, en el avión y en el hotel había visto a Salud Hernández. La periodista asistió al diálogo como testigo. Se sentó al lado de Freddy Rendón Herrera, conocido en la guerra como ‘El Alemán’, uno de los comandantes paramilitares que hizo más daño en Chocó. En esa misma tarima estaban mujeres líderes de comunidades negras e indígenas. También había policías y otros comisionados, como Saúl Franco y Martha Ruiz.
La conversación comenzó con estos datos que recogió la Comisión:
“Entre 1986 y 2019 en Colombia se ha presentado el asesinato y desaparición de 223 autoridades étnicas y líderes sociales, varios de ellos en el departamento del Chocó, constituyéndolo como uno de los departamentos más peligrosos para el ejercicio del liderazgo y la defensa de los derechos humanos”.
“En el año 2018 se presentaron 110 asesinatos de líderes sociales. De estos, 53 pertenecían a pueblos étnicos: 24 afrocolombianos y 29 indígenas”.
Estos datos los leyó la comisionada Patricia Tobón Yagarí, quien vivió en Chocó y conoce de cerca las dinámicas de la comunidad indígena Embera. Presentó a los protagonistas del diálogo. Había una silla vacía, la de Pastor Alape, de Farc. Dijeron, no obstante, que llegaría en unos minutos, que estaba retrasado. La comisionada lamentó, eso sí, la ausencia de la fuerza pública en ese espacio. No es la primera vez que sucede.
“Desde la frontera con Panamá hasta el río Mataje, esta región es muy importante”, decía la comisionada. “Existen 176 consejos comunitarios con cerca de 6 millones de hectáreas y 196 resguardos. Estas comunidades han tenido que vivir una violencia muy fuerte desde los noventa. Aquí, desde el año 2000, aumentaron los desplazamientos y los han sufrido las comunidades Embera, Wounnan y Tulé”.
El diálogo
La primera que habló fue una mujer indígena. Su nombre es Dora Sepúlveda y es representante de la Mesa de Mujeres Indígenas de Chocó. “Yo vengo del resguardo indígena del 20. Frente a la pregunta sobre los asesinatos de líderes sociales, yo les puedo decir que la armonía se pierde cuando asesinan a un líder social. El líder, a diferencia de los demás, no defiende su derecho individual sino el derecho colectivo. Cuando su palabra queda enterrada en el territorio, las comunidades quedan perdidas”.
Richard Moreno, reconocido líder en la región, es hoy procurador Delegado para Asuntos Étnicos en Chocó. También estaba como “protagonista” y respondió lo siguiente: “Acá hay unas causas estructurales que han afectado a todo el Pacífico colombiano. Las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), el extractivismo y los grupos armados ilegales como autoridades son factores que tienen que ver con los asesinatos a los líderes sociales”. Las NBI en Chocó, según el Departamento Nacional de Planeación, son del 81%.
Continuaba Richard: “Si matan al pastor, la oveja corre. Eso es lo que hacen los grupos armados para tomar el territorio. Acabar con los líderes sociales, descuartizándolos, metiéndolos en bolsas y tirándolos al río”.
Sucede algo similar en Tumaco, diría después Euliquio Biojó Guevara, líder del municipio. “La Ley 70 permitió que las comunidades afro accediéramos a la tierra pero la verdad es que no está en nuestras manos porque hay grupos armados que llegan a sembrar terrorismo o a sembrar coca, obligando a las comunidades a hacerlo. El Estado nunca aparece y así se debilitan a los líderes sociales”.
Llegó Pastor Alape. Salud Hernández a duras penas puede mirarlo. Hace gestos de disgusto.
Sigue hablando Euliquio: “Tengo 69 años y en mi vida nunca he visto que capturen a la gente de Estados Unidos que recibe los cargamentos de cocaína. ¿Dónde están los narcos de allá?”
Danelly Estupiñán, una de las líderes más respetadas en Buenaventura, habló después sobre lo que sucede con las mujeres afro que asumen el liderazgo social. “A la mujer que hace parte de una comunidad negra entrega su vida por la comunidad con cuerpo y alma. Y la mujer negra, cuando la violentan, dejan sus cuerpos destrozados, cercenados, totalmente violentados. La matrona es la matriz de la resistencia y los grupos armados lo supieron bien, por eso atacan los valores culturales, las prácticas y valores culturales. Ellos saben que eso es clave”.
Otros participantes coincidirían en ese punto: cuando asesinan a un líder social afro, se afectan las prácticas culturales. Hablaron, por ejemplo, de la masacre del Naya en 2001. Desde entonces cientos de familias tuvieron que viajar a Buenaventura, desplazadas por la violencia. Ya estando en el puerto volvieron a ser desplazadas. Entre un desplazamiento y otro se comenzaron a quedar en el olvido algunas prácticas culturales.
El periodista Daniel Pacheco también estaba en el lugar como protagonista: “En la ciudad nos pasamos de un apartamento a otro. De una cajita a otra cajita. No entendemos lo que quiere decir el desplazamiento”.
A Pastor Alape le preguntaron por los asesinatos de los líderes sociales y por el rol histórico de las Farc en la región. “Se trata de encontrarnos en el perdón con las víctimas. Se trata de encontrarnos en el proceso de paz”. Luego, hablando específicamente de los asesinatos de líderes sociales dijo que había “una suma de muchas cosas: la lucha por la biodiversidad, las demandas institucionales para implementar el Acuerdo de Paz, la ausencia del Estado, la marginalidad en la que viven las comunidades. Acá tenemos que hacer de nuevo los PDET porque hay muchos intereses politiqueros. Las comunidades no aparecen, están por otro lado, por eso tenemos que pensar de nuevo en los PDET. También hay que sacar adelante el Acuerdo de Paz con el ELN y otros grupos. La vía de las armas y la represión militar nunca van a dar resultados”.
Cuando Alape estaba hablando, un amigo de la Comisión de la Verdad le preguntó a un militar que qué opinaba de ese espacio. El militar le dijo que el espacio muy interesante, pero que con Alape nada. ¿Y por qué no se sienta la fuerza pública con él y debaten? El militar le respondió que por orden del Ministerio de Defensa no participan como protagonistas en esos encuentros.
Diálogo, segunda parte
¿Qué hacer para prevenir los asesinatos de los líderes sociales, para cambiar la situación? El procurador delegado, Richard Moreno, pidió “respeto con las comunidades étnicas. Tenemos, como colombianos, que re-conocernos. Hay un racismo estructural. No estamos en igualdad de condiciones, es un país que se maneja desde las capitales. El Atrato está siendo controlado por paramilitares y guerrilla desde 1997. Este territorio, las comunidades no lo ven como ‘comercial’, pero los de afuera no han entendido esa visión, no han entendido el respeto por la naturaleza”.
Continuó: “En este país ponen a la gente que no ha vivido en nuestros territorios a implementar las políticas de nuestros territorios. No se respeta a las autoridades étnicas. Acá hay una relación entre políticos y delincuentes, eso también habrá que hablarlo”.
También habría que hablar en el paro nacional de los niños muertos por desnutrición en Chocó, dijo otro de los participantes. Hablar de los bloqueos de los grupos armados, de los confinamientos, de los bombardeos, de los desplazamientos, de la minería, de la violencia de género. “El gobierno debe tener la voluntad de implementar el Acuerdo de Paz en los territorios”, decía Dora Sepúlveda. “Se fue las Farc y los territorios los copó el ELN y otros actores armados”. El paro nacional debe ser nacional, no solo de las ciudades capitales.
Danelly Estupiñán tomó la palabra por segunda vez. Su intervención fue clara, estructurada: “Acá tenemos que discutir el modelo de desarrollo, porque el sistema capitalista es contrario a la conservación de la vida. Acá muchos piensan que se come oro, plata, palma, oro y coca, y no, no comemos eso. El desarrollo capitalista contra la vida y no es sostenible. Esa es una discusión de fondo que se tiene que dar. También hay que hablar del odio que sienten blancos y mestizos cuando ven a alguien de un color diferente. Hablar de esas personas que llegan con una actitud colonial a la región”.
Don Euliquio Biojó complementaría diciendo que, a la gente de Bogotá “les interesa que Buenaventura sea un motor económico pero la realidad de la gente les importa un bledo. Al Estado solo le interesa que los puertos tengan buen comercio”. Andrés Ramírez, de la sociedad portuaria de Buenaventura, opinaría después que se necesita “superar las características de ser violentos y reconciliarnos. Superar las visiones excluyentes y buscar un ‘desarrollo sostenible para Buenaventura’, se necesita discutir eso”.
El último que habló fue Pastor Alape. Cerró el diálogo diciendo que hay que revisar las causas estructurales de la desigualdad y la violencia en Chocó, que la reincorporación en temas de acceso a la tierra tiene que discutirse porque hay predios que supuestamente están en zonas de reserva pero tienen dueños. ¿Y los líderes? Le preguntaron las comisionadas. Y le insistieron en el rol de las Farc en la región.
En ese momento Salud Hernández se quedó dormida. La gente que la rodeaba, en todo caso, parecía desinteresada por la respuesta de Alape, quien se puso a hablar de un amigo de la infancia y no ahondó en esas, las violencias que cometió las Farc.
“Tenemos que hacer unos ajustes estructurales para proteger los liderazgos en Colombia. Fortalecer los cabildos, las juntas de acción comunal. Necesitamos una política pública para reconocer otras formas organizativas y claro, mantener el diálogo, seguir por el camino del diálogo”.
Pastor Alape aceptó asistir a una rueda de prensa con otros protagonistas del diálogo. Salud Hernández se paró, se fue con Freddy Rendón del lugar.
“El diálogo entre improbables todavía es difícil. Hay que trabajar en cambiar esas visiones heroicas de ambas partes”, me dijo después, ya en la calle, un amigo de la Comisión.
