Esta es la primera vez en el mundo que se plantea, en términos legislativos, el control estatal de la producción y comercialización de la hoja de coca y de la cocaína.
Este texto hace parte de nuestro especial Futuro Coca, un espacio en donde queremos preguntarnos por la política de drogas y por opciones alternativas a la fallida guerra contra las drogas. Si quiere explorar el especial entero, haca clic aquí.
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—Estamos proponiéndole a Colombia recuperar su soberanía
El que habla es el senador Iván Marulanda, uno de los ponentes del proyecto de ley que pretende regular la producción y comercialización de la hoja de coca y sus derivados. El proyecto se radicó en el Congreso hoy, 25 de agosto —fecha que podríamos pinchar con un alfiler en el calendario de la historia—, y cuenta con el respaldo de 16 senadores y cinco representantes a la Cámara.
Su objetivo: quitarle el mercado de la producción y comercialización de la cocaína a los grupos criminales que controlan hoy ese mercado ilegal. En ese sentido, no es un proyecto que pretende legalizar (o liberalizar, como decía otro senador) la cocaína en el país.
En cambio, pretende controlar la cadena de producción y arrebatarle ese mercado a los narcotraficantes con el fin de reducir el daño que ha generado la ineficaz guerra contra las drogas; garantizar la protección de los Derechos Humanos; incentivar el uso médico de la hoja de coca y sus derivados; fomentar el desarrollo rural; proteger el medio ambiente; reconocer el derecho de los pueblos indígenas en relación a su planta sagrada y, finalmente, permitir que el Estado perciba una ingente cantidad de dinero por cuenta de un negocio que, al día de hoy, ha dejado un saldo de vidas en rojo.
La regulación por parte del Estado del cultivo de hoja de coca se daría en las áreas identificadas por el Gobierno y por la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito en 2019 —un equivalente a 154 mil hectáreas en todo el país.
Esto quiere decir que el proyecto no implica una legalización de la producción de la hoja de coca y sus derivados (cocaína), sino algo así como una estatización del mercado. La pregunta que surge inmediatamente es: ¿qué va a pasar con los cultivos que no entren dentro del registro de la ONU? ¿Qué pasará con los narcos que decidan trasladar sus cultivos —su negocio— a otras latitudes del territorio nacional?
—Es una pregunta interesante —responde el senador Feliciano Valencia, el otro ponente del proyecto de ley—. El objetivo es sacar de circulación a las mafias y empresas criminales. Si esto lo asume el Estado y las mafias pierden terreno, no les va a ser rentable seguir implementando cultivos en el territorio nacional.
El objetivo entonces, como en cualquier acción agresiva de un nuevo competidor que entra a un mercado a pelearse el porcentaje de la torta, es sacar a codazos a la competencia —en este caso a los narcos— y apoderarse a la fuerza del mercado.
“Si hay alguien bravo hoy con esta propuesta, son los narcotraficantes: a ellos se les va a acabar el negocio” dice por su parte el senador Gustavo Bolívar, quien también apoya el proyecto de ley.
Guerra contra las drogas: la política del fracaso, la invención de un mercado
En 1971, Nixon da una rueda de prensa luego de reunirse con los líderes de los partidos Republicano y Demócrata. Dice, frente a las cámaras y frente al público gringo en TV –frente al mundo entero–, que el enemigo público número uno de los Estados Unidos no es otro que el abuso de drogas.
Con esa fecha se podría datar el nacimiento de la llamada guerra contra las drogas –que se sigue librando hoy. Un guerra que no hizo nada más que continuar con una política prohibicionista –abanderada siempre por EEUU– y que en 1914 ya había emitido el Harrison Narcotics Tax Act: una ley federal gringa que regulaba y tasaba los productos derivados de la coca y de los opiáceos. Y que técnicamente declaraba ilegal la distribución y el uso de estos productos.
No deja de resultar curioso cómo una decisión de Estado genera inmediatamente una economía paralela; una economía alterna que funciona por fuera de los circuitos de la legalidad pero que no por eso deja de funcionar y que se levanta –esa economía ilegal– como la enemiga contra la que justamente se está intentando luchar en primer lugar.
El policía crea al criminal para poder perseguirlo.
No han sido pocas las figuras públicas ni los organismos internacionales que han salido a señalar lo perjudicial de esta guerra. Lo perjudicial para los países productores, para las personas que pertenecen a lo más bajo de la cadena de producción.
“La verdadera discusión” decía el abogado Rodrigo Uprimny “es si las convenciones son la fuente del llamado ‘problema de las drogas’, pues la prohibición ha creado un mercado ilegal muy lucrativo, controlado por las mafias del narcotráfico, y además ha marginalizado y causado mayores daños a los usuarios”.
En el 71, Nixon declara una ofensiva en todos los frentes para derrotar a este nuevo enemigo. Una ofensiva que, cincuenta años después, sigue poniendo muertos y alimentando, en países donde se produce al ‘enemigo’, viejas guerras en nuevos contextos.
Números
Si el Estado comprara la producción de hoja de coca que se cosecha hoy en el país, eso le costaría cerca de 2,6 billones de pesos. Ahora, la política de erradicación, según datos de la propia Presidencia de la República, consignados en un Derecho de petición conocido por ¡PACIFISTA!, le cuesta al Estado 4 billones de pesos. Y con glifosato, le cuesta 8,8 billones de pesos.
Estos números muestran que “el negocio contra las drogas es mucho más rentable que el negocio de las drogas”, como dice el senador Armando Benedetti, quien también apoya el proyecto de ley. Y que un redireccionamiento del Estado en hacerse con ese mercado, hasta ahora ilegal, permitiría una entrada de recursos adicional que pueden ser usados, justamente, para impulsar el desarrollo en el campo.
Entre 2005 y 2014 el Estado gastó 88 billones de pesos en erradicación y fumigación, según datos de la Presidencia de la República. “Eso equivale al presupuesto del Ministerio de Agricultura en cincuenta años”, dice el senador Marulanda. (La estimación que hace el senador está basada en la división de los 88 billones de pesos sobre el presupuesto del Ministerio de Agricultura para 2021 —1,7 billones de pesos—, una operación que da cerca de 51 años).
Por otro lado, esta iniciativa implicaría una posibilidad de construcción de Estado pues, como lo dice el senador Feliciano Valencia “este tipo de economías ilegales terminan siendo alternativas del Estado en las regiones y las mafias hacen las veces de Estado. Si este proceso de regulación avanza, permitiría el florecimiento del campo, el Estado recuperaría el control sobre cierto territorios hoy en manos de las mafias. Si avanzamos en este proceso de regulación, el Estado va a tener el control”.
Y a nivel internacional ¿qué?
Es evidente que la política de drogas es un asunto mundial y no exclusivamente nacional. Pretender que un cambio en la legislación interna se puede dar sin tener una visión global no sólo es inútil sino necio. Hay tratados internacionales que hablan claramente de una lucha frontal contra las drogas y que implica afrontar el narcotráfico desde la criminalización.
“La Carta Universal de DDHH está por encima de estos convenios”, asegura el senador Marulanda. “Ese fue el camino de Uruguay al regular el mercado del cannabis en ese país. Nosotros nos acogeríamos a esa Carta que dice que hay que respetar la vida, la salud y el derecho a la libre formación de la personalidad. Canadá hizo una cosa distinta. Dijo ‘sí, yo suscribí esos convenios pero voy a aplicar una política interna que se distancia de esos convenios, en beneficio de mi sociedad, y me voy a asegurar de no afectar a terceros países y, finalmente, me comprometo a informar lo que estoy haciendo en aras de la transparencia’”, dice Marulanda.
En ese sentido, la propuesta implicaría que Colombia, como uno de los principales productores de cocaína del mundo, tiene la autoridad moral para abrir y liderar el debate de un cambio de política de drogas.
“Si los demócratas ganan elecciones en noviembre y recuperan Senado y la Casa Blanca, podríamos avanzar en una nueva política de drogas. Estados Unidos nos ha impuesto esta política de drogas y tiene que entender que es hora de un cambio”, dice por su parte el exsenador Juan Manuel Galán, quien fuera en su momento el principal impulsor de la ley de marihuana medicinal.
Por su parte, Feliciano Valencia dice que Colombia tiene una bonita oportunidad para liderar esa transición, puesto que es uno de los países más productores. “Colombia tiene la posibilidad de liderar estos procesos de transformación. Y hay que tomar la iniciativa”, dice: atrevernos.
Coda
La probabilidad de que el proyecto de ley salga al otro lado del laberinto legislativo es remota.
La probabilidad de que la derecha estigmatice a quienes promueven el proyecto es alta.
La probabilidad de que líderes de opinión malinformen sobre los mecanismos que esconde la sangre de la fracasada guerra contra las drogas es aún mayor.
Pero en política, además de la estadística, se necesitan relatos. Y este proyecto de ley no sólo es un manotazo en el tablero, sino la posibilidad de abrir nuevos horizontes narrativos que suspendan aquella ficción que nos hemos tragado entera durante tantos años, esto es: la ficción que dicta quiénes son los dueños del mercado.
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