Campesinos de Tibú piden planes de sustitución y sueldo para los productores.
Este martes es el día D+5. Es el momento en el que las tropas de las Farc deberían agarrar sus fusiles y comenzar la marcha rumbo a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN). Tienen, según los acuerdos de paz, 25 días a partir de ahora para instalarse en esos 20 lugares de Colombia donde harán el proceso de dejación de armas y comenzarán su reincorporación a la vida civil.
La institucionalidad, en teoría, está lista: el día D+1 se crearon la Comisión de Seguimiento a la Implementación, y el Consejo Nacional de Reincorporación. El Mecanismo de Monitoreo tiene su sede nacional y sus ocho sedes regionales, y la Alta Consejería para el Posconflicto trabaja en el presupuesto para la paz de 2017.
Sin embargo, la implementación comenzó con problemas. Primero fue la discusión entre las partes sobre cuándo era el día D, luego la inconformidad de las Farc por el hecho de que el Gobierno no haya presentado todavía la ley de amnistía ante el Congreso, y ahora los líos se concentran en las Zonas Veredales.
El Gobierno ha reconocido que varios de esos lugares no están listos, que hacen falta adecuaciones y que, incluso, en varios departamentos no ha comenzado la construcción de los campamentos. “Algunos guerrilleros han llegado a las zonas y no han encontrado nada”, dijo una fuente cercana al proceso de paz y a este nuevo escenario de implementación.
Pero la situación parece más grave. Fuentes consultadas por ¡Pacifista! aseguran que en la Zona Veredal de Tibú (Norte de Santander), ubicada en la vereda Caño Indio, hay más de 50 hectáreas de cultivos de hoja de coca. La presencia de cultivadores es grande en la región y ha desatado más de un conflicto entre los actores armados que hacen presencia en el Catatumbo.
Dos fuentes de la zona afirmaron que varias familias trabajan diariamente en esos cultivos de uso ilícito. Caño Indio colinda con Chiquinquirá, El Progreso 2 y Palmeras Mirador, tres veredas en las que también hay hoja de coca. Pobladores afirman que los cultivos ocupan casi 100 hectáreas en las cuatro veredas.
En diálogo con ¡Pacifista!, Juan Carlos Quintero, presidente de la Asociación de Campesinos del Catatumbo (Ascamcat), dijo que “el Gobierno puso una condición de última hora, y es la no presencia de cultivos de uso ilícito dentro de las Zonas Veredales”. Ascamcat agrupa a trabajadores de la región y está adscrita al movimiento social y político Marcha Patriótica.
Esa condición del Gobierno ha caído mal en el movimiento campesino. Cultivadores y productores han dicho que no van a romper su vínculo con el negocio de la coca hasta que el Estado no garantice los procesos de sustitución y, sobretodo, la soberanía alimentaria en la región.
De hecho, este martes y miércoles hay una reunión en la zona. Al encuentro asisten Diego Bautista, de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz; Eduardo Díaz, director para la Atención Integral de la Lucha contra las Drogas; “Pastor Alape”, del Secretariado de las Farc; y funcionarios de Naciones Unidas y de las Fuerzas Militares.
Todos se reunirán con autoridades locales y líderes sociales en lo que para el Gobierno, según un comunicado que conoció este portal, es “la última visita de reconocimiento e instalación de la Zona Veredal” y la “reunión para definir el terreno geográfico en donde se concentrarían las Farc de la región del Catatumbo”. Pero los campesinos insisten en que el encuentro no es solo para concertar temas logísticos.
Consultamos insistentemente al Gobierno sobre este tema, pero nos dijeron que todavía “no hay información consolidada” de la situación de las ZVTN en el país. Sin embargo, Bautista le dijo al periódico El Espectador que “vamos para Caño Indio, en Tibú, donde hay una preocupación alta sobre un tema crítico, que es el de los cultivos ilícitos. Las comunidades quieren resolver algunos temas que tienen que ver con el proceso de sustitución de cultivos, y piden que haya avances concretos sobre lo que va a ser la futura implementación del punto cuatro del Acuerdo Final de Paz”
En el Catatumbo se concentrará el frente 33 de las Farc, que ha hecho presencia en la zona desde hace décadas.
La propuesta de los campesinos
Ascamcat le planteará al Gobierno, a las Farc y a la ONU una fórmula para “superar el problema estructural” de los cultivos ilícitos, de acuerdo con Sierra Quintero.
La propuesta tiene dos puntos: el primero tiene que ver con el reconocimiento de los actores sociales por parte del Gobierno. “Queremos que se valore nuestro acumulado como organización campesina”, dijo una fuente que prefirió no ser citada. Por eso en el evento de este martes están los cuatro presidentes de las juntas de acción comunal de las veredas involucradas y directivas de comités de base de la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Productores de Coca, Marihuana y Amapola.
El segundo punto de la propuesta tiene que ver con la forma en la que los campesinos van a romper todo vínculo con el narcotráfico. La fórmula que plantea Ascamcat es que el Gobierno les dé tres salarios mínimos mensuales (casi dos millones de pesos) hasta por tres años a los dueños de finca y productores de pasta base de coca, y que a los raspachines y trabajadores “informales” les dé dos salarios mínimos (algo más de un millón) por el mismo tiempo.
A partir de ese momento, según la Asociación, los campesinos abandonarán todo vínculo y propondrán la creación de un “consejo de control social de cultivos de hoja de coca”. Esa organización estaría compuesta por el Gobierno, la comunidad internacional, las Farc y los campesinos, y se encargaría de hacer cumplir los compromisos de las partes. Los campesinos no quieren esperar a que llegue la implementación del acuerdo en temas de cultivos ilícitos, y quieren presionar para que, antes de instalar la ZVTN, el Gobierno acepte la propuesta de varios cultivadores.
La comunidad también propone establecer mesas temáticas para “recoger realidades socioeconómicas de la región y propuestas para superar el problema”, según Sierra Quintero.
La discusión entre los productores y el Gobierno no será fácil. Por eso preocupa la instalación formal de la Zona Veredal de Caño Indio, que no puede tardar más de tres semanas, el tiempo máximo para que las Farc terminen su traslado a esas áreas. Parece difícil cumplir los tiempos del Acuerdo Final si, por ahora, el Gobierno y las Farc ni siquiera saben si la ZVTN de Caño Indio va a ser una realidad.
El Gobierno y las Farc ya iniciaron, en otra zona del país, un plan piloto de sustitución de cultivos antes de la implementación de los acuerdos. Allí, en Briceño (Antioquia), acordaron con 400 familias el proceso de erradicación manual de las plantas de coca y su reemplazo por cultivos de pancoger. Entonces, en julio de 2016, no se habló de remuneración económica para las familias.
Problemas en otras Zonas
Al menos otras cuatro Zonas Veredales tienen problemas de infraestructura y acondicionamiento. Una fuente del cuarto frente de las Farc le dijo a este portal que no ha empezado la construcción de la ZVTN de Carrizal, cerca al municipio de Remedios (Antioquia). También afirmó que en la zona no hay agua y que las condiciones para el traslado de los combatientes son precarias. En ese lugar se concentrarán los frentes cuarto, 24 y 37
También hay problemas en las dos Zonas Veredales del departamento de Nariño, ubicadas en las veredas La Playa, cerca de Tumaco, y Madrigal, en Policarpa. En el Cauca, la Zona de Monterredondo también presenta demoras en la construcción del campamento para el Mecanismo de Monitoreo y Verificación.