OPINIÓN En buena parte de las zonas rurales hay una marcada ausencia del Estado. El primer paso es construir confianza entre instituciones y ciudadanía.
Columnista: Max Yuri Gil Ramírez
La mesa de negociaciones entre el Gobierno y las Farc ha adoptado casi como principio la idea de que “la paz se firma en La Habana pero se construye en los territorios”. Dotar de contenido esta frase, para que deje de ser una consigna y se convierta en una propuesta concreta, ha sido una labor que se ha venido desarrollando en los últimos meses y ha permitido identificar asuntos clave que aún están pendientes.
Entre ellos está, por ejemplo, definir qué de lo acordado en La Habana es pertinente en los territorios y qué de lo que surja en la negociación puede reforzar las agendas formuladas por años desde diferentes sectores sociales en procesos de participación local. Esa tarea es prioritaria en todo el país si se tiene en cuenta que justo ahora se están construyendo los planes de desarrollo de los alcaldes que se posesionaron en enero. Esos documentos, junto con los planes de ordenamiento territorial, son la base de la planeación territorial.
Hay un elemento que será definitivo en este proceso: la necesidad de fortalecer una institucionalidad pública democrática en los territorios, dado que la construcción de la paz requiere también del liderazgo de las autoridades estatales. El proceso de paz en sí mismo es muy importante, pero como sociedad podemos aspirar a más, y un elemento decisivo para su concreción será poder contar con unas instituciones comprometidas con la transformación de un país en guerra a una sociedad democrática, que le apueste a la no repetición.
Estos cinco puntos pueden ser considerados para conseguir ese objetivo:
1. Presencia pública legítima: En una buena parte de las zonas rurales del país ha existido una marcada ausencia del Estado, al menos, en su función como expresión del poder legalmente establecido, ente regulador y garante de los bienes públicos. En algunas zonas la presencia de las instituciones estatales se ha reducido a la realización de elecciones, a las acciones de control violento de la Fuerza Pública o a la construcción de la gobernabilidad de la mano de alianzas con grupos armados ilegales.
Es por esto que, en muchas regiones, el primer paso es construir confianza entre Estado y ciudadanía. Además, en los casos con historias de presencia violenta, se debe demostrar con acciones reales que esos hechos no se van a repetir. La paz territorial requiere presencia institucional, pero no cualquier tipo de presencia, sino una legal y legítima.
2. Ruptura con la corrupción: La apropiación de recursos públicos por parte de mafias de corrupción conformadas por funcionarios públicos y contratistas del Estado es una de las más grandes amenazas para la transformación democrática en Colombia. A pesar de su relativa invisibilidad, la corrupción transfiere miles de millones de pesos del presupuesto público a los bolsillos de particulares.
Es un fenómeno que afecta la destinación de recursos a la inversión social y, de paso, deslegitima la actuación de las instituciones públicas. Este es hoy en día uno de los peores flagelos de Colombia y afecta, casi sin distinción, a la mayoría de los municipios del país.
3. Deslinde con los grupos armados ilegales. Las investigaciones judiciales, periodísticas y académicas sobre el fenómeno paramilitar, en especial en el periodo entre 1980 y 2010, demuestran el enorme peso de lo local y regional en la constitución y la actuación de los grupos paramilitares.
Reducir ese fenómeno a un problema de alianzas entre sectores de la Fuerza Pública y grupos armados vinculados en su mayoría al narcotráfico, o a una estrategia contrainsurgente, es dejar de lado importantes dimensiones del paramilitarismo colombiano.
Para la paz territorial se requiere que los sectores de las élites regionales y nacionales que apoyaron, financiaron y sobre todo que se beneficiaron del accionar paramilitar acaparando tierras, recursos y poder político permitan que la agenda de los acuerdos con las Farc se implemente en los territorios de manera integral. No se pueden repetir experiencias de incumplimiento de los acuerdos con grupos insurgentes ni mucho menos reeditar el exterminio de la Unión Patriótica y otras colectividades de izquierda.
4. Desmonte de la doctrina de la seguridad nacional: Durante décadas, las autoridades colombianas actuaron teniendo como referente las doctrinas de la seguridad hemisférica y la seguridad nacional, producidas en el marco de la Guerra Fría.
Bajo esta concepción, las autoridades políticas, de policía y judiciales asumieron que el país se encontraba bajo una amenaza comunista que buscaba la toma del poder y que los responsables de esta amenaza eran tanto las guerrillas como las organizaciones políticas, sociales y sindicales.
Desde sectores institucionales se alentó el asesinato de civiles, integrantes de partidos políticos y movimientos sociales e intelectuales, porque se consideraba que todos ellos, así no fueran combatientes, eran parte de la subversión y de su estrategia de toma del poder.
Esta doctrina no ha desaparecido, se mantiene con algunas modificaciones y es un grave obstáculo para la construcción de la paz territorial, que necesita pensar la seguridad con una perspectiva de seguridad humana, que ponga en el centro las necesidades de las personas de manera integral.
De la misma manera, la institucionalidad debe asumir una nueva concepción del conflicto social y la forma de tramitarlo. Más en un escenario posacuerdo en el cual se presume que se intensificarán todo tipo de conflictividades sociales y políticas, pero que deberán desarrollarse ya sin la sombra de la guerra y sin el uso de la violencia.
5. Aportar a la construcción de un ordenamiento democrático: En lo inmediato, la labor de la institucionalidad pública debe tener como referente la implementación de los acuerdos de paz de manera integral. Pero la pretensión es que este proceso nos sirva para profundizar en la construcción de una sociedad democrática, que recupere el camino que esbozó la Constitución del 91.
