Cuatro meses después de que en Cuba se llegara a un acuerdo sobre el tema, las víctimas dicen que no hay resultados.
El pasado 18 de octubre, el Gobierno y las Farc llegaron a un acuerdo para empezar a satisfacer los derechos de las víctimas de desaparición forzada. El texto contempla medidas para la búsqueda, la identificación y la entrega digna de restos, entre otras acciones.
Ese día se anunciaron dos “medidas inmediatas de construcción de confianza” entre las partes. La primera fue que, a partir de información proporcionada por el Gobierno y las Farc, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y Medicina Legal trazarían una ruta de búsqueda e identificación de desaparecidos.
La segunda, que para fortalecer las capacidades institucionales y la participación de las víctimas se solicitaba a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas (compuesta en su mayoría por instituciones públicas) que hiciera un plan con recomendaciones para lograr los objetivos y lo entregara a más tardar el 17 de febrero de 2016.
Sin embargo, hasta ahora, las víctimas sienten que el camino ha estado lleno de reveses.
El evento de la discordia
Hace siete años se creó la Mesa de Trabajo de Desaparición Forzada de la Comisión Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU). Está formada por 32 organizaciones de víctimas y algunos especialistas en temas como antropología forense.
Producto del acuerdo del 18 de octubre en Cuba, la Mesa se reunió el 20 de ese mes con una delegación del Alto Comisionado para la Paz, donde se dijo que el acuerdo era de tipo humanitario y que su única intención era buscar a los desaparecidos y aliviar el dolor de las víctimas.
Pocos días después, la Mesa y la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas decidieron reunirse para empezar a elaborar el documento con recomendaciones que le sería entregado a las delegaciones del Gobierno y las Farc en Cuba.
El plazo de cuatro meses era todavía largo y, por eso, optaron por programar un encuentro nacional de víctimas. La Comisión dijo que tenía $70 millones para esa actividad y que el encuentro sería la primera semana de diciembre, con presencia de 40 víctimas. La Mesa, sin embargo, no estuvo de acuerdo y pidió un plazo para presentar una nueva propuesta.
Una segunda reunión se realizó a finales de noviembre, y en ella la Mesa propuso que se realizaran tres encuentros: uno nacional, con 120 víctimas; uno en el sur del país, y otro en el norte. La propuesta fue acogida y las organizaciones de víctimas empezaron a convocar a la gente y a definir las fechas.
Pero días después, por medio de una carta, la Comisión le avisó a la Mesa que había decidido no hacer los tres encuentros y que tampoco era posible hacer uno nacional a principios de diciembre, por lo que quedaba programado para el 13 y 14 de ese mes.
Además de la planeación de ese evento, se esperaba que la Comisión entregara un informe de rendición de cuentas. Desde 2000, cuando esa entidad fue creada, las víctimas dicen no haber recibido información detallada sobre sus actividades.
Según Luz Marina Hache Contreras, miembro de la Mesa, esas dos situaciones generaron un rompimiento de relaciones entre ambas organizaciones, por lo que no se han podido definir las recomendaciones que se enviarán a La Habana el 17 de febrero.
Las víctimas que integran las organizaciones que hacen parte la Mesa sienten que ha sido insuficiente el acompañamiento de la Comisión, que se creó para “diseñar, evaluar y apoyar los planes de búsqueda de desaparecidos”. A eso se suma que, respecto a la primera medida acordada en La Habana, tampoco se han presentado mayores avances.
“Lo único que se presentó como un acto de confianza —dice Hache Contreras— fue la entrega de 29 restos de cadáveres en Villavicencio. Pero esos no fueron encontrados en el marco del acuerdo, sino en 2010, sólo que sospechosamente los vinieron a identificar hasta ahora”. Además, agrega que, después de la ceremonia en la que se entregaron los restos, algunas de las familias de las víctimas manifestaron que no se terminó de reparar el nombre de sus familiares, que fueron enterrados como criminales.
Aparte del de Villavicencio, las víctimas esperaban más actos de confianza por parte de la mesa de negociaciones en La Habana. Aunque aparece como una de las “medidas inmediatas del acuerdo”, el CICR ni siquiera ha trazado su plan de búsqueda e identificación de desaparecidos. Eso se debe, según la Cruz Roja, a que ni el Gobierno, ni las Farc les han dado la información que prometieron para iniciar a la estrategia.
Debido a la ruptura de relaciones con la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas y al aparente estancamiento de las labores por parte del CICR y Medicina Legal, 138 víctimas de la Mesa se reunieron la semana pasada para sacar sus propias recomendaciones y enviarlas a La Habana de manera paralela a las que mande la Comisión.
