Contrario a lo dicho por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, la movilización ha sido una vía de conquista de derechos de los bonaverenses desde hace unas siete décadas. Un sacerdote, el paro cívico de 2017 y la organización de las comunidades afrodescendientes son clave para entender por qué los habitantes del puerto logran visibilizar las injusticias que padecen.
El exvicepresidente Germán Vargas Lleras, en su columna más reciente de El Tiempo, achacó parte del atraso de Buenaventura (Valle del Cauca) a los pobladores de esa ciudad. No hubo espacio para mencionar, por ejemplo, la llegada del paramilitarismo ni los logros que han tenido las movilizaciones sociales. PACIFISTA! habló con líderes y lideresas para entender la importancia que ha tenido la organización de las comunidades en su lucha por los derechos que le han sido negados, precisamente, por élites nacionales, regionales y por los grupos armados.
El 30 de diciembre de 2020, hombres armados asesinaron a siete personas en diferentes barrios de Buenaventura (Valle del Cauca). Encapuchados patrullaron las calles de la Comuna 8 con armas largas y decenas de familias se desplazaron. A pesar del poderío armado que demostraron tener dos facciones enfrentadas del grupo armado ‘La local’, el 2 de febrero unos 150 bonaverenses salieron a protestar exigiendo su derecho a vivir en una ciudad en paz, a la semana siguiente ya eran unos 1.500 manifestantes.
“La situación se visibilizó a través de los jóvenes que se movilizaron”, enfatizó María Elena Cortés, lideresa social de la ciudad. “La gente sale porque, a pesar de que vive en un territorio complejo, está cansada de la violencia. El miedo y la zozobra que han padecido ha hecho que también se manifiesten”, le dijo a PACIFISTA! Leonard Rentería, uno de los líderes visibles de esas movilizaciones.
La historia de la resistencia cívica en Buenaventura, que se remonta a unos 70 años atrás, es una de cansancio a vivir con miedo y condiciones indignas de vida, a pesar de ver la riqueza entrar y salir al puerto que opera en esa ciudad que alberga a unos 500.000 habitantes.
El cansancio llevó a que el 19 de febrero de 2014 unas 50.000 personas participaran en la Marcha para Enterrar la Violencia en Buenaventura. “Se hizo una peregrinación pasando por los puntos más dolorosos donde la violencia dejó muchas víctimas acompañados por monseñor Héctor Epalza y con una simbología muy fuerte de enterrar la violencia”, relató Berenice Celeita, directora de la Asociación para la Investigación y Acción Social (Nomadesc). “Logramos vencer al miedo”, agregó.
UNA CAUSA DE TODOS
La movilización social en Buenaventura ha encontrado aliados en figuras de la Iglesia católica. El obispo de la ciudad entre 1953 y 1972, Gerardo Valencia Cano, es recordado entre las organizaciones sociales. “Todavía está vivo en nosotros. Acordémonos de sus profecías, que si no nos educábamos y luchábamos por el bienestar de la gente nos iban a sacar del territorio”, enfatizó Manuel Bedoya, presidente de la Asociación Nacional de Pescadores y reconocido líder social.
El obispo tuvo dos preocupaciones: la educación y el modelo de desarrollo para Buenaventura. Hacia 1953 sólo había un colegio en la ciudad. “Se llamaba Pascual de Andagoya, era una escuelita privada solo para los ricos”, recordó Bedoya. Valencia hizo escuelas en el río San Juan y en otros afluentes, así como en el casco urbano. También fundó el Instituto Comercial de Técnicos, en el que solo estudiaban mujeres, y la Escuela de Artes y Oficios. “Él generó un proyecto de vida para el pueblo de Buenaventura orientado a la liberación mental y espiritual de esas cadenas mentales que generó la esclavización”, puntualizó Juan de Dios Mosquera, director nacional del Movimiento Cimarrón.
La Marcha para enterrar la violencia en Buenaventura fue una victoria para las organizaciones sociales que desde 2013 se propusieron hacer un Paro Cívico. En 2012, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), esa ciudad era la que más necesidades básicas insatisfechas tenía en Valle del Cauca con un 34% de su población. A eso se sumaba la grave crisis humanitaria por el enfrentamiento entre grupos paramilitares que se disputaban el control del casco urbano usando tácticas de terror como las casas de pique. La Unidad para las Víctimas registró 85.308 afectados por el conflicto armado entre 2011 y 2014.
LA LUCHA POR RESCATAR EL TEJIDO SOCIAL
Unas 140 organizaciones sociales que hacían presencia en Buenaventura se juntaron para preparar el paro. “En 2015 se visibilizó que la situación no solo estaba ligada al narcotráfico y que la guerra no era un castigo divino”, dijo Danelly Estupiñán, integrante del Proceso de Comunidades Negras (PCN), quien aseguró que parte de la problemática de la ciudad se debe a dinámicas de despojo para instaurar megaproyectos. Las organizaciones empezaron a fortalecer las estructuras sociales en los barrios.
El trabajo organizativo estaba adelantado debido a que en 2010 se había conformado el comité Interorganizacional por la Defensa de los Territorios Ganados al Mar. Se dieron movilizaciones para exigir el derecho al agua de los habitantes de la ciudad. El PCN adelantó entre 2010 y 2012 dos proyectos: uno buscando la reconciliación de los bonaverenses y otro encaminado a fortalecer la participación.
Encontraron que la confianza entre los pobladores de Buenaventura estaba fracturada por la violencia. “Se rompió la vecindad y nadie quería hacerse cargo de nadie, más allá que de sus propios hijos o de su propia vida. Era muy difícil asumir el cuidado de otras vidas en un contexto de guerra”, ejemplifica Estupiñán. Tradicionalmente, los adultos dejaban por algunas horas a sus niños al cuidado de los vecinos, pero eso empezó a cambiar cuando se agudizó el conflicto armado. También descubrieron que la recolección de mariscos, claves en la dieta de las comunidades negras, menguó por el miedo a encontrarse cadáveres. “Los muertos estaban enredados en los manglares y la gente salía era a pescar muertos”, relató Estupiñán.
Hicieron bautizos masivos, no por el significado religioso, sino por su impacto comunitario. Identificaron a cuáles niños no se les había hecho Agua del Socorro, una tradición de las comunidades afrodescendientes, e impulsaron a sus familias a hacer el ritual. “Para nosotros el compadrazgo y el madrinazgo son relaciones que propenden a la protección de ese niño o niña. En nuestra cultura tenemos un padrino o una madrina espiritualmente hablando: santidad madrina y santidad compadre son cuidadores. Eso aumentó los círculos cuidadores”, aseguró Estupiñán. También hicieron campañas para que la gente de los barrios se volviera a saludar, costumbre olvidada por las enemistades que la guerra creó.
El conflicto armado llegó a Buenaventura a mediados de los 80 con el arribo de las Farc, grupo armado que perpetró secuestros en la vía que comunica a esa ciudad con Cali y reclutó menores de edad en el casco urbano. El panorama se agravó cuando en 2000 llegaron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) de la mano de empresarios y narcotraficantes, según documentó el Centro Nacional de Memoria Histórica. Ese actor armado anunció su llegada con dos masacres en las que asesinaron a 23 personas. La Unidad para las Víctimas pasó de registrar 1.139 afectados por el conflicto armado en 1999 a 5.269 en 2000. En 2004 se dio la desmovilización del Bloque Calima de los paramilitares, pero quedaron reductos que se empezaron a disputar el control del narcotráfico.
LOS CONSEJOS POR EL DERECHO A DEFENDER LA TIERRA
Otro antecedente de fortalecimiento de las organizaciones en Buenaventura se dio con la Constituyente de 1991. “Nos permitió mejorar nuestra organización, tener un mayor nivel de consciencia de nuestra identidad y de la realidad que vivían las comunidades y nos ha permitido formar liderazgos”, resumió Carlos Rosero, quien fue sin éxito candidato a la Constituyente. Como consecuencia de la aprobación del artículo 55 transitorio de la Constitución, las comunidades negras ganaron su derecho a ser reconocidos como propietarios de las tierras que han habitado durante siglos, lo que dio paso a la constitución de 31 consejos comunitarios.
Esos consejos comunitarios, ubicados en su mayoría en áreas rurales, tienen sus propias luchas. Por ejemplo, el del río Yurumanguí se ha opuesto a la entrada de la minería a gran escala y de la coca. Ahora, en esa zona de Buenaventura hay riesgo inminente de una confrontación armada entre la disidencia de las Farc llamada ‘Jaime Martínez’ y el Eln. Por esa tensión en el territorio el martes dos de marzo se desplazaron unas 25 familias desde la vereda San Antoñito hasta la vereda San José.
Por su parte, el del río Anchicayá adelanta una lucha judicial en contra de la Empresa de Energía del Pacífico S.A. (EPSA) porque en 2001 esa empresa arrojó más de 500.000 metros cúbicos de sedimentos al río que estaban contenidos en una represa, lo cual generó daños ambientales que no han sido reparados.
Volviendo a la organización del Paro Cívico, entre 2014 y 2017 las organizaciones sociales concertaron un pliego de peticiones al que llamaron ‘Pliego de soluciones’. Finalmente, se lo presentaron al presidente de la época, Juan Manuel Santos, y fijaron el 16 de mayo de 2017 como la fecha para empezar el paro. El gobierno intentó conjurarlo enviando a algunos ministros. Pero no hubo acuerdo.
“Ellos se levantaron de la mesa y no alcanzaron siquiera a llegar al aeropuerto cuando hubo un ataque muy fuerte del Esmad en el punto de la Delfina”, narró Celeita. Las personas estaban concentradas en 11 puntos, el de la Delfina estaba ubicado en la carretera que comunica a Cali con Buenaventura y era custodiado por indígenas Nasa que participaron en la movilización. “Se generó el efecto contrario a lo que el Estado quería, detener el derecho a la participación. Se logró que durante 22 días las comunidades estuvieran masivamente, el comité del paro había preparado una movilización para una semana”, enfatizó.
EL VALOR DEL PARO
El día con más gente en las calles fue el 21 de mayo, Celeita calcula que ese día protestó por lo menos el 60% de los habitantes de la ciudad. El Comité del Paro registró 980 manifestantes heridos, de los cuales 36 recibieron impactos de bala, pero la gente no levantó la protesta hasta que el Gobierno Nacional no firmó compromisos. “Los Acuerdos se firmaron el 6 de junio, contienen la lucha histórica de paros anteriores y de movilizaciones como la de 2014”, resaltó Celeita.
Al preguntarle a Celeita por qué la gente decidió protestar en medio de un contexto de violencia y con el recuerdo fresco de las casas de pique, aseguró: “el miedo se rompió”. “La copa se rebosó y dijeron: si nos morimos nos morimos”, agregó identificando que el cansancio con la violencia y las condiciones indignas de vida era tal que la gente decidió apostar su futuro a la protesta.
En 2019 Víctor Vidal, uno de los líderes del Comité del Paro Cívico, llegó a la Alcaldía de la ciudad en 2019. Hasta el momento, Celeita calcula que el cumplimiento de los acuerdos de paro va en un 17% y que en lo que más se ha avanzado es en los componentes de acueducto, en el hospital (que en 2020 tiene inauguró la Unidad de Cuidados Intensivos) y en infraestructura de vivienda. En las últimas semanas se han presentado algunas tensiones entre los líderes del Paro Cívico y algunas personas que creen que la implementación de los acuerdos no avanzan al ritmo que deberían.
MOVILIZARSE COMO GARANTÍA DE VIDA
Después del paro cívico en Buenaventura, el 27 de enero de 2018, fue asesinado uno de sus grandes promotores: Temístocles Machado, quien luchaba contra el despojo en el barrio Isla de la Paz. Ese día hubo protestas y Celeita contó que lanzaron una advertencia: “dijimos que si mataban a otro líder parábamos de nuevo la vía Cabal Pombo (que comunica a la ciudad portuaria con Cali)”.
“La visibilización que hacemos de la problemática se convierte en una estrategia de protección. Acá hablamos mucho, visibilizamos mucho y esa visibilización tiene canales internacionales”, enfatizó Estupiñán. Por ejemplo, ella fue amenazada y perseguida, pero recientemente Amnistía Internacional recolectó 1.859 cartas dirigidas al Gobierno para que las investigaciones sobre su caso avancen, en este momento están en la impunidad.
En Buenaventura, entre 2018 y 2020 han sido asesinados dos líderes sociales, a pesar de ser un territorio en constante disputa por parte de actores armados. En ciudades con dinámicas de orden público similares como Tumaco, donde se han presentado 26 asesinatos de defensores de derechos humanos desde 2016, según datos de la Defensoría del Pueblo.
Estupiñán también opinó que los armados no han vuelto a asesinar líderes porque “si algo llega a pasar el hecho tendría nombre propio”. Se refiere a que se tendería un manto de duda sobre los actores económicos a los que los líderes han denunciado en diferentes oportunidades. Eso no ha evitado que amenacen a los defensores de derechos humanos, el caso más reciente es el del obispo de Buenaventura, Rubén Darío Jaramillo, quien denunció que hay personas contratando sicarios para asesinarlo.
En medio de esa violencia, ha sido tal la atención que ha despertado Buenaventura que seis embajadores europeos fueron a hacer seguimiento de la situación. El presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, estuvo en la ciudad y se pronunció: “el impacto que le causa a uno la forma como vive gente en Buenaventura es tan vergonzoso, que uno no entiende como Colombia acepta una situación tan inhumana (…) Esto es salvaje, es inmoral, es contrario a la dignidad humana”.
El tono impaciente de de Roux es similar al que en 1962 utilizó el obispo Valencia Cano para referirse a la situación de la ciudad: “Yo quiero, mi Dios que no haya gente con hambre. / ¿Por qué no les das de comer? / ¿Qué me pides para que ellos coman? / ¿Acaso el plato que dejo va a saciar a los hambrientos? / ¿Señor, acaso se han agotado tus graneros?”, escribió.
La situación de la ciudad es crítica. En el 2020 hubo 111 homicidios, las bandas reclutan menores de edad y utilizan la desaparición forzada como arma de guerra. A eso se suma la carencia de derechos básicos: por ejemplo, el agua no llega de manera continua a la casa de los habitantes de la ciudad por la que pasa alrededor del 50% del comercio exterior en Colombia. Pero la salida a tantos años de desidia por parte del Estado, sectores económicos y los grupos armados estaría en la misma gente que hoy padece condiciones que fueron denunciadas hace casi 60 años.
A Nicolás lo pueden leer acá.
Víctor Vidal: el líder social que llegó a la alcaldía de Buenaventura
Sin un solo día de paz en 2021, Buenaventura resiste entre las balas
