Bolivia está al borde de un abismo

Desde el 2006 hasta la fecha, se pueden identificar al menos tres momentos: los primeros años de recomposición de las fuerzas políticas de la derecha tradicional ahora arrinconada y reaccionado desde las regiones -en medio la refundación del país a través de la Asamblea Constituyente-; luego, desde el 2009 la gestión política propiamente dicha con el apoyo popular expresado en las urnas, lo que le permitió al gobierno holgura para llevar adelante una agenda en lo económico y social -cuyos resultados se verán adelante-; y a partir del 2010 que empiezan las rupturas al interior del gobierno (alejamiento de sus intelectuales y funcionarios de alto nivel, fin de alianzas con otras agrupaciones de izquierda, expulsión de dirigentes sindicales y creación de organizaciones paralelas), las contradicciones (por ejemplo marcha de los indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure TIPNIS en el 2012), que se expresaron en la pérdida del Referéndum 2016. En el 2019 estamos en un cuarto y peor momento del MAS.

Vamos a los datos electorales. En el último tiempo, Evo Morales se ha sometido al voto popular -en distintos formatos- en seis ocasiones (el 2019 es la séptima vez). El 2005, ya se dijo, ganó con 53.5%. En el 2006, se convocó a elecciones para conformar la Asamblea Constituyente que redacte la Nueva Constitución Política del Estado, el MAS obtuvo 50.7% de la representación. La disputa que generó la aprobación de la Constitución condujo a un referéndum para aprobarla en el 2009, y se logró 61.4% de apoyo. La nueva carta magna condujo a elecciones presidenciales el mismo año, Morales tuvo 63.9% de votos. El 2014 hubo elecciones en las cuales el MAS logró 61%. Considerando que la Constitución del 2009 no permitía la reelección, en febrero del 2016 llamó a un referéndum que le permitiera ser candidato para un tercer período. Perdió con 51.3% de votos en contra. El repetido paso por las urnas le dio al gobierno una amplia experiencia en moverse en situaciones electorales utilizando los recursos estatales para ello.

Pero desplacemos el análisis. ¿Qué balance se puede hacer de los 13 años de gestión de Morales? Para equilibrar y ver los matices, hay que pensar varias dimensiones paralelas. En lo económico, Bolivia ha vivido uno de sus mejores episodios. Los resultados entre el 2005 y el 2018 -que atinadamente estuvieron en el corazón de la campaña de las últimas elecciones- son sorprendentes y envidiables: se triplicó el PIB per cápita, se redujo la inflación acumulada anual, bajó el tipo de cambio oficial, se incrementó de la inversión pública de 629 a 4.458 millones de dólares, creció del salario mínimo de 50 a 300 dólares, aumentó de la esperanza de vida de 64 a 73 años. A la vez, el gobierno ha logrado una serie de convenios internacionales con inversiones estratégicas millonarias que aseguran estabilidad y desarrollo.

Paralelamente, el crecimiento económico ha ido acompañado de programas de distribución directa a la población a través de bonos que han implicado disminución de la desigualdad y la creación de una clase media urbana con capacidad de consumo. Se ha impulsado un proceso de “descolonización” generando relaciones de equidad en ámbitos laborales tratando de construir una cultura ciudadana que supere la herencia racista y colonial. Dicha integración ha tenido varios rostros, uno de ellos fue la circulación de élites administrativas y gobernantes -la composición parlamentaria cambió incorporando dirigentes del mundo obrero y sindical-; los medios de comunicación han consolidado el ingreso de otras figuras emblemáticas en sus pantallas; entre otros.

Las dos dimensiones más discutibles del gobierno han sido la gestión ambiental y el manejo político. El modelo económico reposa en una lógica extractivista que arrasa con todo lo que la naturaleza pueda brindar sin concesiones. De hecho se han realizado alianzas estratégicas con las élites agroindustriales de oriente y se han firmado decretos que les permitan la industrialización a cualquier costo. Asimismo, sectores como la banca o la construcción, han sido beneficiados por la enorme circulación de capital. Una consecuencia del maltrato al medio ambiente fue el incendio en la Chiquitania en agosto pasado. Con respecto a lo político, se ha otorgado predominancia al partido para el control de la sociedad como el eje de la gestión política. Se ha aplanado cualquier disidencia o diversidad, y se la ha sometido de distintas maneras. Se ha utilizado la estructura estatal para las campañas políticas (obligando a funcionarios a salir a las calles, a contribuir al partido con la amenaza de que si no lo hacen perderán el trabajo). Se han instrumentalizado todos los recursos de gestión pública gastándolos sin ningún reparo en proselitismo. Como se explicará adelante, la estrategia fue, además, someter a la justicia y utilizarla a favor del gobierno cuando es necesario, controlar los medios de comunicación, controlar organismos que otrora tenían relativa independencia (como el Órgano Electoral Plurinacional o el Defensor del Pueblo). Dicho de otro modo, se ha buscado no dejar ningún resquicio por donde pudiera fluir algo que vaya en contra del proyecto, del partido y su presidente.

En ese ambiente es que llegaron las elecciones de este año. ¿Qué pasó entre el 20 y 21 de octubre? ¿Por qué se ha llegado a ese punto?

Estamos atravesando por una crisis que desequilibra el modelo de gestión política del MAS.

El inicio de la crisis está el resultado del referéndum del 21 de febrero del 2016 en el cual Evo, como se dijo, perdió. Ese primer momento generó unidad en un sector anti-evista que se sintió profundamente engañado cuando, al año siguiente, el presidente apeló al Tribunal Constitucional del Estado Plurinacional para que declarara inconstitucional el artículo aprobado años atrás por la Constitución y diera paso libre a un eventual tercer gobierno. Esto fue de la mano de la conformación del Tribunal Supremo Electoral, máxima instancia del Órgano Electoral Plurinacional, compuesta por miembros funcionales al MAS. De hecho fue en ese período en el cual varios vocales renunciaron y fueron rápidamente sustituidos por gente de confianza del presidente. De ahí en adelante, una parte de creciente de la población se desencantó del masismo y de las instituciones de ejercicio electoral y vio que sus artimañas, jurídicas y políticas no tenían límites.

El segundo episodio se da en la campaña electoral. La oposición tuvo varios frentes, pero el más visible fue Carlos Mesa, candidato de Comunidad Ciudadana. El MAS impulsó una campaña de Estado. Habida cuenta que las autoridades eran funcionarios y candidatos a la vez, acudieron al aparato estatal para publicitar sus propuestas. Sin el menor disimulo, utilizaron ministerios, helicópteros, coches, medios de comunicación y recursos públicos para apoyar su oferta. Centenas de funcionarios fueron movilizados -por cierto, aquellos que por oficio dan parte de su salario al partido- para encuentros, marchas y eventos. Si bien esa es una práctica que tiene larga data en el país, nunca se había tenido tanto poder en múltiples esferas para que fuera tan efectiva.

El tercer momento fue el día mismo de las elecciones. El país llegó a las urnas con una polarización creciente, pero no extrema y en un clima de tensa calma. Lo demás es historia conocida: todo iba funcionando relativamente como lo previsto hasta que a las ocho de la noche el sistema Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) deja de funcionar misteriosamente. Hasta ese momento, con 83% de las actas contadas, Morales tenía 45% y Mesa 38%, lo que implicaba una segunda vuelta. Veintidós horas más tarde nuevamente el TREP aparece en las redes pero con una tendencia favorable a Morales (46.8% vs. 36.7%). Las distintas explicaciones del porqué del apagón fueron contradictorias, nadie supo explicar qué pasó. Estaba claro que la institución electoral quedaba sobrepasada y quedaba abierto el escenario para la política. No había instancia legítima, autónoma e imparcial: el árbitro -ya de dudosas competencia- había desaparecido. A partir de ahí, el país era otro. Mesa ya se había declarado ganador y empezó la movilización civil.

Entre el 21 y el 31 de octubre, Bolivia vive un cuarto momento en el proceso de descomposición. Por un lado, el presidente deja de gobernar para la nación y deviene un líder de sus bases -sindicales y electorales-; parece que abandonara la presidencia para asumir la conducción de sus militantes. Irrumpe en la discusión para amenazar, agredir, descalificar. Da rienda suelta a sus legionarios para que desaten violencia, y lo hacen con marchas, dinamita, chicotes, palos y piedras. Les da todas las condiciones para que se movilicen: transporte, alimentación, baños públicos, autorización de cualquier exceso. No hay autoridad que regule. Incluso el diputado masista Gustavo Torrico advierte amenazando con el dolor que muchas madres podrían sufrir si sus hijos son asesinados en las movilizaciones.

Por otro lado, la oposición convoca a paro cívico nacional que es acatado con prácticamente en todos los puntos del país. Se organizan cabildos y manifestaciones en las ciudades capitales, bloqueos y marchas que convocan a miles de personas. Los brotes de violencia y choques empiezan a ser cada vez más fuertes. Paralelamente el gobierno llega a un acuerdo con la OEA para realizar una auditoría de las actas, que es rechazada por Mesa y los dirigentes cívicos por calificarla como mañosa, unilateral y focalizarse sólo en algunos puntos de las elecciones y no en el proceso general. Muchas organizaciones civiles también la rechazan y manifiestan su profunda desconfianza. A la vez, empiezan a salir a la luz otras informaciones que siembran más dudas sobre lo sucedido en el OEP. El vocal y vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Iván Costas, renuncia por “la desatinada decisión” de suspender la publicación de los resultados del TREP. Luego se conoce que la orden de cortar la emisión del TREP vino desde altas esferas del gobierno, cuando ya tenían 94% de la información que abarcaba también el área rural. Los empresarios responsables del conteo entregaron un informe el 28 de octubre en el cual afirmaron que la noche del 20 de recibieron la llamada telefónica de la vocal del TSE, María Eugenia Choque, con la instrucción de suspender la difusión -porque los resultados no favorecían lo suficiente al MAS-, mientras que se les corta el servicio de internet, indispensable para su trabajo. Al entregar su informe, Marcel Guzmán de Rojas -gerente de la empresa Neotec- observa “vicios de nulidad” que cuestionan la elección. También en esos días aparecen múltiples denuncias de fraude y pruebas -unas aclaradas y otras no- de distintos actores políticos y profesionales. En ese momento en las calles hay confrontación masiva, dudas bien fundadas de que algo no estuvo limpio en las elecciones, el gobierno apelando a la OEA a la Auditoría.

Y es así como llegamos al quinto episodio, que se abre el 30 de octubre con la muerte de dos manifestantes cívicos en contra del gobierno en Montero (Santa Cruz) y varios heridos por disparos. Al día siguiente se lleva a cabo cabildos simultáneos en todo el país. La demanda, además del luto por los fallecidos, fue más radical que las anteriores: renuncia de Evo Morales y Alvaro García Linera y nuevos comicios. En estos cabildos la novedad es que aparece una fractura entre los movimientos cívicos y la dirigencia de Carlos Mesa. El recientemente conformado Comité Nacional de Defensa de la Democracia, que bajo la dirección de Comunidad Ciudadana aglutina a varios dirigentes, no participó en los cabildos, e incluso uno de los puntos resolutivos se dice abiertamente que se trata de un movimiento cívico no alineado a Mesa. El gobierno pidió tregua hasta que se conozcan los resultados de la auditoría de la OEA, pero es ampliamente rechazada por todos los sectores de la oposición.

Para el dos de noviembre el panorama ya es completamente diferente. La iniciativa la tuvo el líder cívico Luis Fernando Camacho quien en una multitudinaria concentración en el Cristo Redentor en Santa Cruz dijo que “es necesario que tomemos medidas mucho más duras” y dio un ultimátum a Evo Morales: en 48 horas debe renunciar. Ante sus masas aseguró que “el lunes se va a ir, se va a ir, se los garantizo”. A la vez, se evocó abiertamente a que las Fuerzas Armadas “se pongan del lado del pueblo”, y aseguró que “no estamos derrocando a un Gobierno, estamos liberando a toda una nación”. En su discurso, con una imagen de la virgen en el atril mirando al público y un rosario en su mano derecha, Camacho introdujo el elemento religioso con especial contundencia: Evo ofende al pueblo boliviano y a Dios.

El fin de semana hasta la llegada del lunes 4 es de los más tensos. El gobierno juega todas sus cartas, manda al canciller a la OEA para denunciar un supuesto golpe de Estado, otorga un bono extra de fidelidad a los policías y cerca la Plaza Murillo, moviliza a sus bases. El domingo 3 queda claro que la oposición tiene dos frentes, el de la Coordinadora de Defensa de la Democracia, dirigida por Comunidad Ciudadana, y los líderes cívicos a la cabeza de Santa Cruz. CC se desmarca del ultimátum de Camacho y pide “una nueva elección, administrada por un nuevo OEP imparcial y con la observación rigurosa de la comunidad internacional”.

La primera semana de noviembre el país está al límite de una guerra civil. El martes Camacho vuela a La Paz pero no logra salir del aeropuerto. El miércoles hay enfrentamientos duros en Cochabamba y La Paz, distintos sectores toman algunas oficinas públicas, los bloqueos y desbloqueos son violentos, los grupos de choque del gobierno se intensifican y son confrontados en varios puntos. El seis de noviembre, fruto de los enfrentamientos, muere a golpes un joven de 20 años en Cochabamba que protestaba contra el gobierno; paralelamente, la alcaldesa de Vinto, militante del MAS, es humillada y denigrada públicamente. El vicepresidente Alvaro García concentra la atención en ese hecho denunciando racismo y acusa a la oposición de ser responsable de la violencia; manipula datos e informaciones a su favor. La confrontación entre el bloque oficial, que utiliza al Estado y sus bases afines, y la oposición con distintas estrategias y voces pero que coinciden en la partida de Morales, es radical, y, según parece, irreconciliable.

Luego de este panorama, la moneda está en el aire y minuto a minuto la coyuntura puede cambiar radicalmente. Pero ¿qué está en juego en Bolivia hoy? Lo que se ha puesto en cuestión, al menos hasta el momento, no es lo ideológico, el sentido societal, ni el diseño de Estado; no es una confrontación de clases y menos de grupos étnicos; no son dos proyectos históricos como el socialismo vs. el neoliberalismo (aunque en distintas dosis estos elementos puedan aparecer). Lo que entra en crisis es el modelo autoritario de gestión política con el cual el MAS había actuado con holgura los últimos años, y su capacidad de reproducción. El modelo masista tenía seis pilares: un liderazgo indiscutible tanto al interior del partido como para la nación; un partido que funciona como operador y concentrador del poder distribuyéndolo entre sus bases y sus alianzas estratégicas; una base sindical sólida, estable, fiel y homogénea con capacidad de movilización cuando se la requiera; acuerdos de distinto tipo con organizaciones sindicales y comunitarias en varios puntos del país, los acuerdos se los lograba gracias a concesiones o dádivas específicas negociadas puntualmente con cada sector; control de todos los poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial), los poderes fácticos (arreglos con los medios de comunicación y acuerdos pragmáticos con la banca o empresarios) y los órganos estatales que deben tener cierta autonomía; pacto estratégico con las Fuerzas Armadas a quienes se les da favores para mantener fidelidad. Lo anterior en un clima económico óptimo, apoyado en desarrollo sostenido, acuerdos internacionales de inversión y proceso de equidad y redistribución de los ingresos públicos.

El modelo fue el resultado de una accidentada construcción de años, paso a paso, cada dimensión con un ritmo distinto. Su eficacia fue contundente, tanto que le permitió al gobierno estabilidad política inusual en Bolivia y llevar adelante macro proyectos que en otras coyunturas hubiera sido imposible de realizar. Sin embargo, en los últimos meses las fracturas empezaron a ser cada vez más evidentes, y la capacidad de gobierno más accidentada, lo que explotó en octubre como una demanda de democracia en todo el país. Aparecieron nuevos actores que no el gobierno no controlaba con capacidad de movilización. La reproducción del poder del MAS está tocando el techo. Difícil prever cuál será el desenlace. Por ahora sólo queda esperar.

*Hugo José Suárez es doctor en sociología de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Es investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam).