La Unidad de Víctimas activó la ruta de reparación colectiva en Santa Helena del Opón, en el Magdalena Medio santandereano.
- El 86% de la población de Santa Helena del Opón vive en la zona rural del municipio. Foto: Gobernación de Santander
Fue en el corregimiento San Juan Bosco Laverde, en Santa Helena del Opón (Santander), donde en 1981 surgió uno de los primeros grupos paramilitares del Magdalena Medio. Dirigidos por el inspector de policía Isidro Carreño y en alianza con algunos militares, varios finqueros y campesinos se armaron para expulsar del pueblo a las Farc y al ELN, que extorsionaban y controlaban los desplazamientos de los pobladores. Rápidamente, el radio de influencia del nuevo grupo, conocido como los “masetos”, se amplió a El Carmen de Chucurí, Puerto Parra, Simacota y Barrancabermeja, que tenían una fuerte presencia del ELN.
Servir como punto de partida a la expansión paramilitar significó un punto de quiebre en la historia de Santa Helena del Opón, donde más tarde operaron las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM). Allí se entrenaron algunos de los hombres que desolaron los pueblos de Santander a punta de incendios, masacres, secuestros, y asesinatos de campesinos y líderes sociales. Pero mientras un grupo de pobladores formaban las “autodefensas”, otros labriegos denunciaban que el Ejército estaba jugando sucio en su lucha contra la guerrilla.
El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos recogió algunas de esas denuncias en 1982. El campesino José Medina, por ejemplo, contó que “el Ejército ha matado mucha gente. Ellos llegan echando plomo o lo topan a uno trabajando y lo matan si no tiene el papel que le piden (salvoconducto), porque dicen que uno es guerrillero”. Y agregó que “les quitan los dedos, les chuzan los ojos, les hacen miles de piruetas y luego, si los matan, les ponen vestidos de militar y fusil y cartucheras para pasarlos por guerrilleros”.
A finales de 2014, el Tribunal de Bogotá declaró en su sentencia contra el exjefe paramilitar Arnubio Triana que, durante esa época y en esa región, el Ejército protegió a los ‘paras’. Pero la consolidación de esa alianza no sólo trajo violencia por sí misma, sino que continuó perpetuando la guerra y convirtió al pueblo en objetivo militar de las guerrillas, que buscaban retomar el control.
En 1991, las Farc y el ELN atacaron conjuntamente a Santa Helena del Opón: destruyeron las casas, los negocios y las oficinas públicas; quemaron el puesto de Policía, secuestraron a los uniformados que se rindieron, y dañaron las instalaciones eléctricas y el acueducto. Los guerrilleros también incendiaron la Alcaldía, arruinando documentos importantes para las familias del pueblo, como los papeles de sucesión, pago de impuestos, acceso a programas del Estado y pensiones.
- San Juan Bosco Laverde es uno de los cuatro corregimientos de Santa Helena del Opón.
Con el tiempo, la disputa sangrienta dejó un número desconocido de muertos, desplazados, reclutados, violados, torturados y secuestrados. En junio de 2015, teniendo en cuenta los impactos desproporcionados de la guerra contra la población civil, el exconcejal Emeraldo Torres le pidió a la Unidad de Víctimas que declarara al municipio como sujeto de reparación colectiva. Un año después, la Unidad accedió a esa petición y activó la ruta para empezar a resarcir a la comunidad por los daños causados.
Dos fueron los argumentos que la Unidad tuvo en cuenta para tomar esa decisión. El primero es que en Santa Helena los grupos armados ilegales violaron el derecho colectivo a la libre circulación “por medio de retenes y toques de queda”. Según la entidad, “durante los 80 únicamente se podía dejar el territorio de la comunidad con previa autorización. Posteriormente, en los 90, este tipo de restricciones fueron más severas y causaron desabastecimiento de sal, aceite y cereales durante siete meses, limitando la alimentación a yuca, plátano, maíz y ahuyama”.
Además de esos controles, las guerrillas también “detenían a los buses, requisaban a los viajeros y en algunas ocasiones asesinaban a las personas provenientes de San Juan Bosco”, que cargaba con el estigma de ‘pueblo paramilitar’. El exconcejal Torres le dijo a la Unidad en su petición que “toda persona que fuera de San Juan Bosco la bajaban y mataban. En una ocasión, un hombre se escapó de una requisa de la guerrilla, se botó por una alcantarilla y se perdió por la montaña”.
El segundo argumento de la Unidad es que todos los actores armados violaron los derechos colectivos a la seguridad y a la autonomía organizativa. Por eso, Luis Alfonso Aparicio, director de la entidad en Santander, explica que “lo primero que queremos hacer en Santa Helena del Opón es contribuir a la reconstrucción del tejido social, dignificar y dar visibilidad a las víctimas, y garantizar que no haya repetición de los hechos violentos”.
En su opinión, algunas de las medidas reparadoras que la Unidad deberá negociar con la comunidad son la generación de proyectos productivos, “porque hubo familias que lo perdieron todo”, y la adecuación de las vías del municipio, especialmente la que conduce del casco urbano a la Transversal del Carare. Son 37 kilómetros que los campesinos deben transitar con grandes dificultades para sacar a la venta ganado, cacao, plátano, café, yuca y guayaba, los principales productos agropecuarios de la zona.
En los próximos meses, la Unidad y la mesa de víctimas del pueblo deberán decidir cuáles acciones concretas deberá realizar el Gobierno para reparar a la comunidad, estigmatizada durante años por el papel que jugaron algunos pobladores de San Juan Bosco Laverde en el recrudecimiento de la guerra.
