Las delegaciones de ambas partes presentaron en Caracas el acuerdo que permite el inicio de una fase pública de negociación.
Fueron necesarios más de dos años de aproximaciones y de diálogos exploratorios para llegar a este punto. El miércoles, en Caracas, el Gobierno y el ELN anunciaron de manera conjunta el inicio de una fase pública de negociaciones para terminar el conflicto armado.
Desde la Casa Amarilla, sede de la cancillería venezolana, las delegaciones encabezadas por Frank Pearl, en el caso del Gobierno, y por “Antonio García”, en el del ELN, leyeron el acuerdo de cinco puntos con los detalles para la instalación de la mesa de conversaciones.
El primero de ellos es la instalación de una mesa pública de conversaciones en Ecuador; el segundo establece que las sesiones de la mesa se llevaran a cabo en Ecuador, Venezuela, Chile, Brasil, y Cuba, países que junto a Noruega serán los garantes del proceso; el tercer acuerdo establece que las conversaciones serán “directas e ininterrumpidas”; el cuarto es ejecutar con “celeridad y rigurosidad” la agenda; y el quinto precisa justamente esa agenda, que será la hoja de ruta de los diálogos de paz.
Según el documento, leído por Pearl y “García”, la agenda tendrá seis puntos:
- Participación de la sociedad en la construcción de paz.
- Democracia para la paz.
- Transformaciones para la paz.
- Víctimas.
- Fin del conflicto armado.
- Implementación.
Por otra parte, el acuerdo contempla cuatro puntos adicionales sobre los detalles de la fase pública. El primero de ellos se refiere a la necesidad de ofrecer “información objetiva al país sobre el curso del debate y los avances de la mesa”. Para ello, se anunció que habrá declaraciones conjuntas al finalizar cada ciclo y cuando las delegaciones lo consideren conveniente. También habrá declaraciones individuales, pero en ellas se deberá preservar la confidencialidad acordada en la mesa.
El segundo acuerdo para la fase pública se refiere a la pedagogía para la paz y destaca la importancia de la participación de la sociedad, la incidencia de la mesa en la transformación del conflicto armado, crear un ambiente favorable para la paz, comunicar la pedagogía como vehículo para la creación de una cultura de paz y, finalmente, de mantener un trato respetuoso en los diálogos.
La logística
Los dos últimos puntos del acuerdo se refieren a asuntos logísticos sobre el funcionamiento de la mesa de conversaciones entre el Gobierno y el ELN. En ellos se definió que cada delegación estará integrada por un máximo de 30 de representantes. Sin embargo, las sesiones de los diálogos contarán con no más de 10 personas por cada una de las partes.
De igual forma, el acuerdo establece que el orden de las conversaciones será el mismo de la agenda para la fase pública y que cualquier cambio deberá ser acordado en la mesa de negociación. Al mismo tiempo, el documento contempla la creación de canales de comunicación con la mesa de conversaciones entre el Gobierno y las Farc en La Habana “para identificar temas en que se requiera coordinación y sincronía”.
Entre otros aspectos, también se considera en el texto que cada delegación podrá contar con los asesores que considere pertinentes, que se tendrán en cuenta las recomendaciones de la sociedad y que se acordarán los mecanismos de seguridad que sean necesarios para los desplazamientos y la permanencia de los negociadores delegados por las partes.
Finalmente, el acuerdo precisa que la financiación de la delegación del Gobierno correrá por cuenta del Estado, mientras que la del ELN y los gastos que ella conlleve surgirá de un fondo con recursos de cooperación internacional.
Además de las firmas de Pearl y “García”, el acuerdo anunciado este miércoles está suscrito por Jaime Avendaño, José Noé Ríos, Paola Celis, Juan Esteban Ugarriza y el mayor general (r) Eduardo Herrera Berbel, eso por el lado del Gobierno. Por el ELN el documento lo firman también “Pablo Beltrán”, “Omaira Vásquez”, “Manuel Martínez”, “Jaime Torres” y “David Cañas Cajiao”.
