Por cada caso que se denuncia, 20 permanecen ocultos. Las redes dedicadas a este delito se están proyectando al interior del país.
El Bronx es quizás la olla más grande de Bogotá. Tras una fachada de habitantes de calle que deambulan por el centro de la capital, operan mafias que poco a poco han convertido este lugar en uno de los mayores expendios de droga del país. Pero no solo hay expendio y consumo. Cada vez son más las denuncias que apuntan a que allí adentro hay redes de trata de personas que obligan a niños y jóvenes a drogarse o prostituirse. También, a cometer delitos: robar, extorsionar o integrarse dentro de las mismas redes.
El poder del Bronx se divide en lo que se conoce como “ganchos”: grupos pequeños que manejan el tráfico de drogas. Bajo el mando de ellos hay patinadores, que llevan la droga de un lado a otro, contadores, que recaudan el dinero, y ‘sayayines’, que garantizan la seguridad de las transacciones. Entre ellos se encargan, entre otras cosas, de reclutar y explotar menores, obligándolos a participar del proceso de distribución y convirtiéndolos en moneda de cambio de operaciones ilegales.
A esa olla fue a parar Anita, nombre cambiado por la Corporación Anne Frank para referirse a una víctima de estos ‘ganchos’. Con su familia, había sido víctima de desplazamiento forzado. A principios de 2014 fue enviada a cuidar a una amiga de su madre, que supuestamente estaba convaleciente. Pocos días después de llegar, fue vendida por la amiga de su madre a una red de trata en el Bronx.
Cuando la Policía logra desmantelar redes de trata, suelen revelar un dato aterrador: el precio de las víctimas. Las investigaciones no se ponen de acuerdo, y no tienen por qué, pues no hay un valor estándar. Por un joven, normalmente una niña, pueden pagar entre seis mil pesos y un millón, dependiendo del físico, de si es virgen, de su lugar de origen o de cuánto les cuesta el traslado.
No se sabe cuánto pagaron por Anita, pero en marzo de 2014 ya estaba siendo esclavizada en el centro de Bogotá. Ese mismo mes su madre la reportó como desaparecida. La niña, que fue rescatada en junio, después de que su madre pagara en vano una extorsión, cuenta cómo fue explotada sexualmente, obligada a cometer delitos y a consumir drogas.
Como el suyo, en 2015, según datos de la Policía, se han registrado más de 300 casos, entre los que se han recuperado 72 niñas. Pero hay un problema enorme de subregistro: existe una aproximación, que se volvió lugar común entre los expertos en trata, que dice que por cada caso que se denuncia hay veinte que no se conocen.
No se conocen porque ni siquiera las víctimas los identifican como trata. El problema de este delito es que juega con un concepto que puede ser escurridizo: la autonomía. Existe trata cuando se le impide a una persona regirse bajo sus propias normas, obligándola a realizar trabajos y sacando provecho económico de ellos.
El caso de Anita es fácilmente identificable como trata porque involucra a una menor, una venta y explotación sexual. Pero en Colombia, donde la prostitución es legal si se ejerce de manera voluntaria, hay redes de tratantes ocultos tras la delgada línea que puede significar la voluntad. No tiene que haber cadenas de por medio. Hay formas más sutiles de coartar la autonomía: amenazar, retener documentos, torturar psicológicamente, aprovecharse de la vulnerabilidad económica o social. Cada una de esas prácticas merece un capítulo aparte, y todas aparecen en la lista de indicadores de trata de personas que tiene la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
En los últimos años ha habido una tendencia que tal vez apunte a un cambio de mentalidad en los tratantes. En 2012, del total de casos registrados, la trata a nivel interno representaba un 27%. En 2014, ya estuvo sobre 30%. Aunque el aumento no es desmedido, parece que para 2016 se confirmará la tendencia. Lo que se desprende de esas cifras es que puede ser que la trata interna comience a ser más rentable, más práctica, menos evidente.
Una posible razón es que en los últimos años las redes internacionales de trata han alcanzado notoriedad. Cada vez se conocen más detalles de las estructuras que manejan rutas a Asia o a Europa. De ahí que los controles sean más fuertes y sea más riesgoso atravesar las fronteras del país.
Al interior de Colombia la cosa cambia. Los controles en carretera son muy bajos, y dentro de una ciudad son casi nulos. Transportar una víctima de una urbe a otra es mucho más fácil y mucho más barato que sacarla del país. Sobre todo cuando los victimarios se aprovechan de situaciones como el desplazamiento forzado, la falta de oportunidades económicas o la falta de información y educación sobre este delito.
Aunque en Colombia no se ha identificado una forma clara en las estructuras de trata, a diferencia, por ejemplo, de la mafia Yakuza en Japón, sí hay tendencias que indican que muchas redes funcionan por nodos. Los nodos son pequeñas estructuras que, sin necesidad de jerarquías entre ellas, se dividen y negocian las distintas partes del proceso de la trata. Unos captan, otros trasladan, otros extorsionan, otros venden.
Además de la aparente facilidad que tienen los nodos para funcionar dentro del país, hay una característica que los hace aún más difíciles de identificar: al principio de la cadena, muchas estructuras están relacionadas con las mismas familias o personas allegadas a las víctimas.
Funcionan con enlaces familiares o de barrio porque es más difícil detectar el modo de captación y muchas veces el delito está naturalizado y los mismos victimarios no lo reconocen. Familiares de víctimas acusados de traficar con personas se excusan porque entienden esas transacciones como normales. Dicen que así ha sido siempre o que su única intención era que las víctimas tuvieran un mejor futuro económico.
A pesar de que desde el año pasado se celebra el Día Mundial contra la Trata de Personas, y de que cada vez más gente se une para identificar y rechazar ese crimen; en el país, sigue habiendo mucha confusión para identificarlo. La línea que separa la trata de otros delitos, e incluso de prácticas legales, es frágil, y las estructuras que delinquen son todavía esquivas y dispersas.
