¿Y si en el Cauca se acaba la guerra por la tierra? | ¡PACIFISTA!
¿Y si en el Cauca se acaba la guerra por la tierra?
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¿Y si en el Cauca se acaba la guerra por la tierra?

Staff ¡Pacifista! - Agosto 12, 2015

Tras los enfrentamientos violentos entre indígenas y policías en febrero pasado, ¡Pacifista! viajó hasta la zona para indagar por la ocupación de tierras.

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Imagen de los enfrentamientos entre indígenas y policías en el Norte del Cauca en febrero pasado. Tomada de: Pulzo.com

 

Por: Esteban Montaño

“Esto apenas está comenzando. Nosotros sabemos por experiencia que los procesos de liberación de la madre tierra son bastante largos. Estamos preparados para que esta lucha continúe por otros diez, veinte o treinta años”, responde el líder nasa Javier Soscué cuando le preguntan sobre la pelea que se volvió a destapar en diciembre del año pasado en el Norte del Cauca. A mediados de ese mes, cientos de comuneros indígenas de distintas zonas del departamento se tomaron varias haciendas cañeras y con ello abrieron un nuevo capítulo en un conflicto histórico entre estas comunidades, el Estado y la poderosa agroindustria del azúcar.

Estas invasiones solo fueron registradas por los medios de comunicación en febrero pasado, cuando el Gobierno ordenó el desalojo. De inmediato se desencadenaron violentos enfrentamientos entre los indígenas y miembros del Escuadrón Móvil Anti Disturbios de la Policía Nacional. Piedras, gases lacrimógenos, balas de goma y hasta voladores hicieron parte del arsenal utilizado por los contendientes. Según Feliciano Valencia, dirigente de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, durante los combates 243 comuneros resultaron gravemente lesionados y uno murió por herida de bala de fuego.

A pesar de este balance, Javier Soscué insiste en que van a seguir ocupando las fincas hasta que el Gobierno reconozca sus demandas territoriales. Eso sí, han cambiado la estrategia y están evitando al máximo las confrontaciones con la Fuerza Pública. “Nuestro interés son las fincas, no el choque con la Policía, por eso estamos haciendo presencia esporádica y sobre todo pacífica. Esto solo se va a solucionar dialogando con todos los actores involucrados en esta situación”, explica Soscué, quien funge como gobernador del cabildo nasa de Corinto, el epicentro de toda esta controversia.

Una de las haciendas cañeras ocupadas vista desde la carretera que conduce de Corinto hacia Cali. Foto: Esteban Montaño.

En este municipio, los indígenas están solicitando siete haciendas que suman cerca de 6.400 hectáreas. Todas están sembradas con caña y son propiedad de Incauca, uno de los principales ingenios azucareros del país. Vistas desde la carretera que une a Corinto con Cali, pareciera que la normalidad reina en estas tierras. Pero al avanzar hacia la montaña, por los caminos de tierra que separan las plantaciones, varias estructuras de madera cubiertas con plástico negro se levantan. Aunque parecen abandonadas, es allí donde se refugian esporádicamente los comuneros encargados de custodiar esos predios en “proceso de liberación”.

De día, los comuneros se retiran hacia las montañas a realizar sus labores cotidianas. Cuando va cayendo la tarde, regresan a las fincas en disputa, instalan carpas, cocinan, comen juntos y duermen allí para demostrar simbólicamente que estos territorios son de su propiedad. También han quitado la caña y plantado en su lugar maíz y fríjol, pero durante el desalojo la Policía ingresó un tractor y destruyó esos nuevos cultivos. En medio de los tallos aplastados y de la tierra removida, el gobernador Soscué dice que están esperando a que llegue la época de invierno para reanudar las siembras del pancoger.

Uno de los campamentos indígenas en las fincas ocupadas. Foto: Esteban Montaño.

Esta obstinación tiene con los pelos de punta a los empresarios agrícolas de la región y no ha faltado quien diga que a este paso los indígenas van a sacar a todos los habitantes del Cauca a codazos. Esa también fue la razón que llevó a la senadora Paloma Valencia a afirmar hace unos meses que iba a proponer una consulta ciudadana para dividir al departamento en dos partes: “una para los indígenas, para que ellos hagan sus paros, sus manifestaciones y sus invasiones, y una con vocación de desarrollo donde podamos tener vías, se promueva la inversión y donde haya empleos dignos para los caucanos”, dijo en ese momento.

La idea de Valencia no tuvo mucha acogida y en cambio le mereció una lluvia de reproches. Más allá de la efervescencia coyuntural, la polémica generada por la propuesta de la senadora caucana dejó al descubierto una problemática compleja que está lejos de ser resuelta en el país. A pesar de que la Constitución de 1991 reconoció el carácter multiétnico de la sociedad colombiana, 24 años después la tierra sigue siendo la causa de múltiples conflictos entre el Estado, algunos sectores empresariales y las comunidades indígenas y afrodescendientes. La situación del norte del Cauca es emblemática.

Actualmente, los indígenas ocupan el 33% de todo el territorio del departamento a pesar de que representan apenas el 19% de la población. Esto le ha dado artillería a sus críticos para argumentar que sus exigencias son injustificadas. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de estas tierras están por encima de los 1500 metros de altura, tienen pendientes muy pronunciadas y se sobreponen con áreas de conservación como páramos, lagunas y nacimientos de agua. Es decir, su productividad es limitada. Mientras tanto, las zonas más aptas para la agricultura están en la parte plana de la ribera del río Cauca y son propiedad de los ingenios azucareros.

Esta configuración territorial se ejemplifica muy bien en Corinto. Allí el 48% de sus 30.000 habitantes son indígenas, pero no existe un resguardo unificado, la totalidad de sus tierras están en la zona montañosa y los predios no superan las cinco hectáreas por familia. En contraste, las plantaciones de caña se expanden por toda la zona plana del municipio y ocupan una cuarta parte del área total. “Por eso estamos buscando más espacio para nosotros, para no seguir interviniendo las montañas que nos surten de agua a nosotros y a los demás habitantes del departamento”, explica Feliciano Valencia.

Mapa de la distribución territorial de Corinto. A la derecha está la cordillera central. En el centro se observa el tamaño de los predios indígenas y el contraste con el de las haciendas cañeras ubicadas a la izquierda. La parte blanca es el casco urbano del municipio.

De ahí nació la liberación de la madre tierra, una estrategia de los indígenas de esta región por acceder a una cierta cantidad de predios que, según ellos, son imprescindibles para su supervivencia como pueblo. Soscué dice que actualmente se necesitarían cerca de 41.000 hectáreas para satisfacer sus demandas, pero como son conscientes de que se trata de una exigencia muy ambiciosa que es imposible de cumplir para el Gobierno, están dispuestos a negociar y a llegar a una cifra que deje satisfecho a todos los involucrados.

Feliciano Valencia recuerda que desde el principio de las ocupaciones solicitaron al menos 20.000 hectáreas, pero el Gobierno, en cabeza de los ministerios de Agricultura e Interior, afirmó que eso era simplemente imposible porque en esa zona no hay baldíos de la nación que puedan ser adjudicados a esas comunidades. A cambio ofreció 2.000 hectáreas y tres mil millones de pesos para proyectos productivos. En ese punto las conversaciones se rompieron, pero hace pocas semanas surgió una luz de esperanza por cuenta de un decreto expedido el año pasado que abre una puerta para que los indígenas del norte del Cauca puedan ampliar sus resguardos.

Se trata del decreto 2333 de noviembre de 2014, el cual establece un procedimiento para que ciertos territorios sean reconocidos como propiedad de los indígenas aun cuando estos no estén siendo ocupados por ellos en este momento. Para Pedro Posada, director de asuntos indígenas del Ministerio del Interior, esta es la única fórmula a través de la cual se puede tramitar la exigencia de los indígenas sin generar nuevos conflictos con los actuales dueños de esos predios. “En Colombia la propiedad privada se respeta, por eso la posición del Gobierno es que acudamos a los mecanismos legales que se han creado para estos casos”, explica Posada.

Gracias a esta salida los diálogos se restablecieron y, de hecho, esta misma semana el ministro del interior, Juan Fernando Cristo, se reunirá con los representantes de Incauca y de los indígenas para escuchar a cada una de las partes y darle inicio formal al proceso. En términos muy simples, lo que ocurrirá de aquí en adelante es que las comunidades interesadas tendrán que demostrar que los territorios que están solicitando son necesarios para la supervivencia de sus integrantes y el mantenimiento de sus usos y sus costumbres. En caso de que sus reclamaciones sean aceptadas, los actuales dueños deberán ofertar las tierras y el Gobierno destinará los recursos para adquirirlas.

Esto suena sencillo pero es probable que se presenten muchas reticencias por parte de los empresarios y que los indígenas no la tengan tan fácil para demostrar su relación ancestral con esos terrenos. Mientras se conoce el desenlace, la esperanza está abierta: en esta ocasión el diálogo se impuso ante la violencia, algo que no ocurre muy frecuentemente en este país. Como dice Posada, “quedó demostrado que los ataques de lado y lado no solucionaron el problema; y que la única forma de construir una Colombia en paz es que los adversarios arreglen sus problemas dialogando. Yo no veo otra salida”.